Sentencia SL19480-2017/43044 de noviembre 22 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 1

Rad.: 43044

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

Acta 20

Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…)

X. Consideraciones

El tribunal fundamentó su decisión, básicamente, en los siguientes puntos: i) que la liquidación de Telecom en liquidación fue legal, por encontrarse ajustada a las normas constitucionales; ii) que entre ambas demandadas no operó una sustitución patronal, por cuanto no concurrían los requisitos para ello; iii) que a pesar de que la supresión de los cargos de los trabajadores de Telecom en liquidación no fue ilegal, sí constituyó una terminación sin justa causa de los respectivos contratos de trabajo de los actores, lo cual conllevó el reconocimiento de la respectiva indemnización, que fue cancelada en su oportunidad; iv) y que el reintegro deprecado no era procedente, dado que la ley y la convención colectiva 1994-1995 no lo contemplaban expresamente.

La censura radica su inconformidad en que el tribunal no se hubiera pronunciado sobre la reliquidación de la indemnización por despido injusto de todos los trabajadores demandantes ni acerca de la inclusión del actor Emigdio Jesús Díaz Garnica en el retén social en su condición de “prepensionado”, quien en su decir reúne los requisitos del artículo 11 del Decreto del Decreto 2661 de 1990 para acceder a una pensión.

Lo primero que debe destacar la Sala es que, tal y como lo sostienen las replicantes, ambos cargos adolecen de graves falencias técnicas que imposibilitan su estudio de fondo, pues no se ciñen a los requerimientos establecidos en el artículo 90 del CPTSS y, dado el carácter dispositivo del recurso de casación, no es posible subsanarlas de oficio.

Pues bien, de antemano resalta la Sala que el ad quem no pudo haber incurrido en los errores que le endilga la censura por no haberse pronunciado acerca de las dos pretensiones aquí deprecadas, esto es, sobre la reliquidación de la indemnización por despido sin justa causa con la correspondiente indemnización moratoria y la inclusión de uno de los trabajadores demandantes en el retén social, pues precisamente no lo hizo por cuanto tales súplicas no fueron pedidas en la demanda inicial ni fueron objeto de decisión por parte del juez de primera instancia.

Tampoco los temas referidos fueron materia de apelación por quienes hoy recurren en casación, en el evento de que sin haberse relacionado estos conceptos en la demanda inaugural, se hubiera discutido en las instancias; es más, si la parte recurrente consideraba que era tema del recurso de alzada, ante su no pronunciamiento, debió haber pedido la adición del fallo del Juzgado, en los términos del artículo 311 del CPC, hoy artículo 287 del CGP. En lo que atañe a la imposibilidad de que se presente un dislate fáctico, en relación con un punto que no fue objeto de estudio y resolución en la alzada, se pueden consultar las sentencias de la CSJ SL, 17 sep. 2008, rad. 33450 y CSJ SL, 1º noviembre 2011, rad. 36468.

En efecto, a la luz del artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la competencia del ad quem estaba limitada por las inconformidades planteadas en el recurso de apelación de la parte actora, las cuales se circunscribieron a la nulidad de la terminación de los contratos de trabajo, la sustitución patronal, la pensión sanción, el reintegro y el artículo 5 de la convención colectiva sobre estabilidad laboral; y en relación a todos estos pedimentos, se pronunció en su oportunidad la colegiatura, sin que estuviera facultado para emitir un juicio sobre las pretensiones ahora alegadas en la demanda de casación.

Es de anotar que, si bien en la pretensión subsidiaria número 4 se hizo referencia a una condena por indemnización plena de perjuicios, lo cierto es que nunca se especificó que se tratara de la “reliquidación” de la indemnización por despido injusto, además de que las razones que se adujeron para obtener esa súplica fueron la “promoción automática” y “los factores constitutivos de salario”, que distan de los motivos invocados ahora en la sustentación del cargo, primero respecto de una mala liquidación fundada en la intelección gramatical de la cláusula 5 de la convención colectiva de trabajo 1994-1995, segundo, en la calenda en la que se llevó a cabo la notificación de los despidos de los promotores del proceso. En cuanto a la aludida interpretación gramatical, se pone de presente que fue la propia parte demandante quien, al momento de sustentar el recurso de apelación, contrario a lo que aquí defiende, manifestó que dicha cláusula fue derogada por el artículo 13 de la convención colectiva de trabajo 1996-1997 (fol. 1048, cdno. juzgado).

A lo anterior se suma que, ni siquiera en las liquidaciones de prestaciones definitivas de los demandantes, denominadas “Liquidación Prestaciones Definitivas e Indemnización”, se incluyó expresamente el concepto de indemnización por “despido injusto” prevista en la citada cláusula convencional 5, que es la reprochada en el recurso extraordinario, pues en dichos documentos se hizo una mención genérica a “valor indemnización”, expresión que no contribuye en todo caso a esclarecer el tema debatido (fols. 657,675, 689, 701 y 702).

Del mismo modo, la inclusión del señor Díaz Garnica en el retén social, tampoco fue tema del petitum de la demanda inaugural, pues en la mencionada pretensión subsidiaria 4 se solicitó, de manera general, “las pensiones especiales a que tenían derecho por ser trabajadores oficiales” y, de manera concreta, el pago de la pensión convencional “o de la pensión sanción por ser trabajadores oficiales despedidos sin justa causa”, y por tanto, específicamente nada se dijo acerca de las condiciones del aludido trabajador para ser beneficiario de la figura jurídica relativa al retén social.

Todo ello impide que la Corte se adentre en el análisis de tales pretensiones, pues de hacerlo se vulnerarían abiertamente los derechos de defensa y debido proceso de la parte demandada, ya que, se itera, del examen de la demanda que dio génesis a la presente controversia, ningún pedimento en tal sentido se elevó. Así lo manifestó la Sala en su oportunidad, en un caso análogo contra la misma demandada, cuando en la Sentencia CSJ SL16497-2016 expresó que:

“[…]

Conviene recordar, que es el actor quien marca el thema decidendum, ya que el principio dispositivo del derecho procesal, en materia de los procesos del trabajo y de la seguridad social, está gobernado por la regla que impone al interesado en la resolución de un conflicto jurídico de esta naturaleza, el deber de precisar al incoar el proceso, el tema de decisión y establecer los hechos en que funda su pretensión, quedando eso sí a salvo la facultad que en nuestro ordenamiento procesal habilita a los jueces de primera y única instancia, para decidir extra o ultra petita conforme al artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y, por excepción al fallador de segundo grado. Igualmente, debe memorase que ampliar, de manera extemporánea, la causa procesal con hechos o pretensiones que no fueron planteados en la demanda inaugural, comportaría un atentado al derecho de defensa de la parte demandada, en tanto que se le sorprendería con la inclusión, por primera vez, para el caso en sede de apelación, de una nueva situación”.

Así mismo, la Sala, en CSJ SL, 2 octubre 2012, radicado 41860, reiterada en sentencia más reciente CSJ SL9219-2017, al ocuparse de un caso contentivo de pretensiones nuevas en sede de casación, señaló:

“[…]

Tales pedimentos constituyen pretensiones diferentes a las impetradas en el libelo inicial del proceso; por ende, no fueron materia de discusión en las instancias y, en consecuencia, no es posible que al respecto el colegiado hubiera incurrido en los errores jurídicos que le achaca la censura.

Ello es así, porque conforme a lo consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, la decisión judicial debe ser congruente con lo solicitado en la demanda, de modo que si como quedó visto al historiar los antecedentes, el actor pretendió que a propósito de la declaratoria de la existencia del contrato de trabajo, de la falsa motivación que se invocó para su terminación, y que sus prestaciones legales fueron liquidadas con un salario inferior al realmente devengado, el accionado fuera condenado a pagar sumas dinerarias por concepto de horas extras trabajadas, indemnización moratoria, intereses moratorios e indemnización por despido injusto; ello implicó que fueran dichos pedimentos los que se estudiaran en las instancias, fue a dichas pretensiones a las que se refirió el a quo y sobre las mismas es que el ad quem confirmó la decisión apelada.

No podía ser de otra manera, porque en lo pertinente reza el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil que, “[n]o podrá condenarse al demandado por (…) por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada por ésta”, de modo que la congruencia contemplada en esta norma constituye la pauta orientadora de la decisión que debe adoptar el juez, pues le señala la obligación de estructurar su sentencia conforme a los planteamientos que hagan las partes en sus escritos de demanda y de contestación, memoriales que en el sub judice sin dubitación alguna indican que el demandante jamás impetró la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo,”.

Lo anterior sería suficiente para desestimar los cargos planteados. Sin embargo, la Sala estima necesario referirse a los demás errores técnicos de que adolece la demanda de casación, los cuales se detallan a continuación:

1. El alcance de la impugnación es impreciso, ya que se pide que se case y se modifique la sentencia del tribunal, simultáneamente, lo que es lógicamente imposible, en razón de que, una vez quebrada la misma, ésta desaparece del mundo jurídico y no es viable modificar lo que no existe. Además, en ninguno de los apartes de lo pedido se eleva alguna solicitud relacionada con el reintegro, ni con la aplicación de la figura del retén social, que es el tema que se desarrolla en el cargo segundo.

2. A pesar de que el primer cargo está dirigido por la vía directa, lo cierto es que la sustentación del mismo deja entrever que su inconformidad es eminentemente fáctica, pues alude a fechas de despido, fechas de notificación, interpretación gramatical y reliquidación de las indemnizaciones por despido injusto, acorde con la convención colectiva de trabajo. Entonces, entendiendo la Sala que lo ocurrido fue un lapsus calami y que la senda escogida por el censor sea la indirecta, también se encuentra que éste no cumple con la carga propia de este tipo de ataque, consistente en indicar de manera concreta los errores de hecho que presuntamente cometió el tribunal en relación con la valoración probatoria; también omitió individualizar las pruebas, a pesar de haber hecho alusión a varias documentales, así como explicar por qué dichas falencias tendrían las condiciones características de un yerro protuberante y manifiesto e identificar los raciocinios equivocados del ad quem que habrían propiciado su comisión y cuál habría sido su incidencia frente a lo decidido en segunda instancia.

También es pertinente resaltar que, a lo largo de todo el desarrollo del primer cargo, la censura atribuye errores en la liquidación de la indemnización por despido de los actores y la comprensión del texto convencional, pero lo hace achacándoselos a la demandada Telecom en liquidación, cuando lo que realmente se debe atacar en la esfera casacional son los yerros cometidos por el tribunal. Esto convierte al ataque en infructuoso, así al final de su argumentación se hubiera afirmado que, de haberse considerado las pruebas mencionadas, seguramente el juez de apelaciones hubiera ordenado la reliquidación implorada.

3. La falencia mencionada al inicio de punto anterior también es predicable del segundo cargo, el cual, al ser dirigido por la vía indirecta, debía asimismo hacer alusión a los errores de hecho o de derecho presuntamente cometidos por el Tribunal e individualizar las pruebas dejadas de valorar o apreciadas incorrectamente, lo cual, evidentemente, se omitió. Además de ello, el cargo entremezcla cuestiones fácticas y jurídicas, porque lo encamina por la senda de los hechos y, de manera anti técnica, reclama jurídicamente el desconocimiento de un régimen especial de pensiones para los servidores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom en liquidación y, al mismo tiempo, se exhorta a la Sala a que revise las pruebas del proceso.

4. En cuanto a la proposición jurídica del segundo cargo, el censor denunció, de manera inapropiada, la violación del “artículo 23 Convención Colectiva de Trabajo 1994-1995, artículo 2º de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1997”, como si se tratara de una ley sustancial, cuando es bien sabido que las estipulaciones convencionales en casación corresponden a un medio probatorio y no a una norma sustancial de orden nacional, pues su ámbito de aplicación se circunscribe a quienes en aquel convenio colectivo intervienen. Si la censura, en este segundo ataque, pretendía fundamentar o hacer derivar el derecho del demandante Emigdio Jesús Díaz Garnica en una cláusula o estatuto convencional, concretamente de lo estipulado en el artículo 2º de la convención colectiva de trabajo 1996-1997, era menester que acusara e integrara la citada proposición jurídica con la disposición legal que constituye la fuente de esta clase de prerrogativas, es decir, los artículos 467 y 476 del CST, lo cual en este segundo ataque, que es autónomo del primer cargo, no se hizo en la formulación ni en el desarrollo de la acusación. En torno al tema, la Sala manifestó en la Sentencia CSJ SL 7 mayo 2008, radicado 32506, lo siguiente:

“La censura cae en una inconsistencia al acusar la violación de varios de los artículos de las convenciones colectivas de trabajo o laudos arbítrales de la Compañía Colombiana de Electricidad del año 1962, de Minfomento años 1965 a 1967 y Electromagdalena de los años 1974, 1981 y 1998, como si se tratara de Ley sustancial y al mismo tiempo señalarlos como prueba mal apreciada por el Tribunal; habida cuenta que las disposiciones de un estatuto de esta naturaleza carecen de idoneidad para conformar la proposición jurídica, y en casación corresponden es a un medio probatorio y no a una norma sustancial del orden nacional, pues su ámbito de aplicación se circunscribe a quienes en aquel convenio colectivo intervienen.

Al respecto la Sala ha reiterado que no obstante la gran importancia de los acuerdos colectivos de trabajo en las relaciones obrero-patronales y en la formación del Derecho del Trabajo, jamás pueden participar de las características de las normas legales de alcance nacional, es así que en sentencia del 8 de octubre de 2002 radicado 18946, puntualizó:

‘(…) cabe precisar que a partir de la sentencia de 21 de febrero de 1990, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala en el sentido de que las convenciones colectivas para efectos del recurso de casación, no pueden ser asimiladas a preceptos sustantivos de alcance nacional aptas para estructurar un yerro jurídico por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, sino que se les reconoce el carácter de pruebas y en tal condición sólo pueden acusarse por el sendero indirecto por falta de apreciación o estimación errónea’.

[…]

el discurso del recurrente está dedicado en gran parte al tema de las convenciones colectivas de trabajo, y al modo como los jueces de instancia debieron en su sentir liquidar los compensatorios observando las cláusulas convencionales vigentes para el momento de la presentación de la demanda introductoria, era menester que se acusara e integrara la citada proposición jurídica con la disposición legal que constituye la fuente de esta clase de derechos, esto es, los artículos 467 y 476 del C.S.T., lo cual no se hizo, ni se enuncian en el desarrollo del cargo”.

5. De lo que podría tomarse como una posible sustentación de los cargos, se observa que lo planteado por el recurrente son meras afirmaciones genéricas e imprecisas, que lejos están de conformar una acusación clara y contundente contra la decisión del tribunal y, por el contrario, se asemejan más a un alegato de instancia que no corresponde, en lo absoluto, con el propósito de la casación del trabajo.

En torno al tema, ha manifestado la Sala que:

“[…] la confrontación de una sentencia, en la intención de lograr su derrumbamiento en el estadio procesal de la casación, comporta para el recurrente una labor persuasiva y dialéctica, que ha de comenzar por la identificación de los verdaderos pilares argumentativos de que se valió el juzgador para edificar su fallo; pasar por la determinación de si los argumentos utilizados constituyen razonamientos jurídicos o fácticos; y culminar, con estribo en tal precisión, en la selección de la senda adecuada de ataque: la directa, si la cuestión permanece en un plano eminentemente jurídico; la indirecta, si se está en una dimensión fáctica o probatoria” (ver, entre otras, la CSJ SL, 23 mar. 2011, rad. 41314).

La Sala debe reiterar en este punto, que no basta con enunciar una acusación superficial en contra de la decisión del tribunal, sino que el recurrente tiene la carga de demostrarla sucintamente, a través de argumentos sólidos, concretos y capaces de dar al traste con la presunción de legalidad y acierto con que viene rodeada la providencia impugnada.

Las anteriores consideraciones son suficientes para desestimar los cargos planteados.

Las costas estarán a cargo de la parte recurrente, por cuanto los cargos no prosperaron, y a favor de las demandadas opositoras, que se distribuirán en partes iguales. Se estiman como agencias en derecho la suma de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de julio de 2009, en el proceso ordinario laboral que instauraron Carlos Antonio Elorza Rivera y otros en contra de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom en liquidación, hoy patrimonio autónomo de remanentes Telecom y Teleasociadas en liquidación par y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».