Sentencia SL19488-2017 de noviembre 22 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL19488-2017

Radicación: 63964

Acta 20

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VIII. Consideraciones

En este asunto lo que la censura principalmente reprocha, es que el tribunal no hubiera entendido que la declaración de existencia del contrato de trabajo se pretendía era respecto de Ace Seguros S.A., cuando realmente todas las pretensiones están dirigidas a obtener la condena en su contra, y que so pretexto de un error en la formulación de la demanda inicial, concretamente al plantear la declaración de la existencia del contrato de trabajo, hubiera negado sus pedimentos, no obstante que, según afirma, se encuentra demostrado en el proceso y no forma parte de la discusión, que quien fue el verdadero empleador del actor es la aquí demandada; dislates cuya ocurrencia atribuye a la errada valoración de la pieza procesal de la demanda introductoria y a la falta apreciación de algunas pruebas, así como por el exceso de ritualidades por parte del juzgador.

Debe recordarse que el fallador de alzada, en esencia despachó desfavorablemente las súplicas incoadas, porque estimó que la primera pretensión del actor contenida en la demanda inicial persiguió: «Que se declare que entre el grupo empresarial ACE LIMITED y el señor Miguel Sierra Martínez existió un contrato laboral a término indefinido a partir del 1º de abril de 1997 hasta el 1º de abril de 2009», y que respecto de la demandada Ace Seguros S.A. nunca se pretendió la declaratoria de un contrato de trabajo en virtud del cual ésta hubiera actuado en condición de empleadora, solamente se persiguió su condena frente a las peticiones relacionadas en el líbelo demandatorio, siendo en criterio de tal fallador indispensable que se hubiera solicitado tal declaración, lo cual omitió el demandante, que lleva a que no se pueda establecer la relación laboral entre las partes en contienda.

Desde ya ha de decirse que el tribunal cometió los yerros fácticos endilgados con el carácter de ostensible, por cuanto efectivamente apreció con error la pieza procesal de la demanda inaugural, como pasa a verse.

En la demanda introductoria y su escrito de subsanación (fl. 1 al 30 y 71 a 74), se pretendió, inicialmente, que se declare que entre el demandante y el grupo empresarial denominado Ace Limited existió un contrato laboral a término indefinido a partir del 1º de abril de 1997 hasta el 1º de abril de 2009; que así mismo se peticionó que declare que Ace Seguros S.A. no pagó los salarios y prestaciones como lo establecen las leyes colombianas en el periodo comprendido entre el 1º de febrero de 2007 y el 1º de abril de 2009.

Dichas peticiones deben relacionarse con los restantes pedimentos que el actor formuló, todos encaminados a que se condenara a Ace Seguros S.A. como el responsable del pago de las acreencias laborales demandadas, como por ejemplo, la cuarta en la que se solicita que: «que se condene a la compañía ACE Seguros S.A. para que reconozca y pague el valor de la reliquidación final de prestaciones sociales en la que incluya el valor real del salario mensual devengado ($ 48.006.000), y las sumas beneficios y auxilios entregados periódicamente, desde la fecha de terminación del contrato de trabajo hasta cuando efectivamente se cancele», lo que no deja duda que para el periodo reclamado a dicha empresa, frente a Ace Seguros S.A. se pregona su condición de empleador.

Así las cosas, el juez colegiado al interpretar la demanda inaugural y el escrito de subsanación, debió entender que respecto de quien pretendía el demandante la declaratoria de la existencia del contrato de trabajo para el lapso del 1º de febrero de 2007 al 1º de abril de 2009, era la accionada Ace Seguros S.A. y no Ace Limited en relación a la cual no se peticionó ninguna condena.

Se afirma lo anterior porque no debe olvidarse que los operadores de la justicia les corresponde interpretar la demanda inaugural, mirándola como un todo, integral y no por partes, y menos aislándola de su contexto general, dentro del cual puede encontrarse la verdadera intención y finalidad de quien busca en la administración de justicia la reparación de un derecho que le fue conculcado.

En efecto, al encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al formular sus súplicas, lógicamente sin aislar o desligar el petitum de la causa petendi, buscando siempre una afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico sentido o aspiración de quien procura una tutela efectiva de sus derechos.

Sobre el particular se estima pertinente traer a colación las orientaciones fijadas por la Corte en sentencia CSJ SL 14 de febrero de 2005, radicación 22923, en la que se dijo:

[…]

Esto porque en todos los eventos en que el sentenciador se encuentre ante una demanda oscura, vaga o imprecisa, está en el deber de interpretarla, teniendo en cuenta todo el libelo y el cuidado de no alterar sus factores esenciales, a fin de descubrir la auténtica intención del suplicante.

No se puede olvidar que en el derecho procesal la demanda como constitutiva del derecho de acción, es de gran trascendencia en la estructuración y culminación del proceso, la cual debe ajustarse en su forma y contenido de los artículos 25, 25A, 26, 70 y 76 del C. de P.L. y de la S.S., modificados los tres primeros por los cánones 12,13 y 14 de la Ley 712 de 2001.

[…]

Desde antaño, es jurisprudencia adoctrinada que cuando el juez al momento de dictar sentencia se encuentra ante una demanda que no ofrezca la precisión y claridad debidas, bien por la forma como aparecen las súplicas, ora en la exposición de los hechos, también en los fundamentos de derecho, o en las unas y en los otros, está en la obligación de interpretarla para desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante, al formular sus súplicas, para lo cual debe tener muy presente todo el conjunto de ese libelo, sin que pueda aislar el petitum de la causa petendi, buscando siempre una afortunada integración, por cuanto los dos forman un todo jurídico; y además si es necesario para precisar su auténtico sentido y aspiración procesal, tener en cuenta las actuaciones que haya desarrollado el actor en el trámite del proceso, lo cual debe observar celosamente el instructor judicial a manera de saneamiento, a efecto de evitar una nulidad o una decisión inhibitoria con grave perjuicio para los litigantes y talanquera infranqueable para que se llegue a la norma individual constituida con la sentencia de fondo, lo que choca con el deber ser de la administración de justicia.

Pero la labor interpretativa no puede ser ni mecánica ni ilimitada, siempre deberá dirigirse a consolidar su naturaleza y los fines que se buscan con la demanda, sobre todo en casos donde se presenta de manera oscura e imprecisa, haciendo que surja lo racional y lógico de la pretensión querida por el demandante, sin ir a caer en exigencias extravagantes, bien de datos, factores o circunstancias que no son indispensables para determinar el alcance de la pretensión deseada con amparo en la Constitución y la ley.

Es que hoy más que nunca se debe ser objetivo en la contemplación de la demanda introductoria del proceso y es cuando la labor del juez dispensador del derecho debe estar siempre dirigida a desentrañar no sólo el sentido, alcance o el propósito del precepto jurídico portador del ritual y el derecho, sino también el entendimiento cabal de la conducta del sujeto de derechos que ha venido a la jurisdicción en procura de una tutela oportuna de los mismos, que en el desarrollo de la justicia social es de trascendental importancia.

Por ello al encargado de administrar justicia, se le atribuye como misión ineludible interpretar los actos procesales y extraprocesales que se relacionen en cada litigio que se le asigne por competencia, a efecto de aplicar con acierto las disposiciones legales y constitucionales que regulen la materia puesta a su disposición, para una solución adecuada y justa.

Así las cosas, cuando la demanda no ofrece claridad y precisión en los hechos narrados como pedestal del petitum, o en la forma como quedaron impetradas las súplicas, tiene dicho tanto la jurisprudencia como la doctrina, que para no sacrificar el derecho sustancial, es deber del fallador descubrir la pretensión en tan fundamental pieza procesal y tratar de borrar las imprecisiones, lagunas o vaguedades que en principio quedan exteriorizadas.

Con razón se ha dicho que “la torpe expresión de las ideas no puede ser motivo de repudiación del derecho cuando éste alcanza a percibirse en su intención y en la exposición de ideas del demandante”, lo cual no es más que la protección de los principios que orientan la observancia del derecho sustancial por encima de las formas, dentro del marco del debido proceso a que se contraen los artículos 29, 228 y 230 de la carta mayor. (Casación Civil, dic. 12/36. T. XLVII, pág. 483).

Así las cosas, el tribunal incurrió en los yerros fácticos que le enrostra la censura, pues de haberse despojado del excesivo rigorismo que aplicó en su decisión y, en cambio, hubiera interpretado la demanda en su contexto, habría entendido que de quien en verdad se pretendía la declaratoria de la relación laboral para el periodo reclamado era de la demandada Ace Seguros S.A., pues fue frente a ésta que se solicitaron todas pretensiones condenatorias, por lo que el cargo en ese sentido resulta fundado.

Ahora bien, pese a que lo precedente le da la razón a la censura en su acusación, no es posible casar la sentencia recurrida, en los términos del alcance de la impugnación, pues si se acometiera el estudio de instancia, la Corte encontraría prontamente que en la demanda inicial se pretendió que se declarara la existencia de la relación laboral con extremos temporales del 1º de abril de 1997 al 1º de abril de 2009, los cuales no se demostraron dentro del proceso y, por el contrario, tanto el demandante como el demandado indicaron que las labores en la sociedad Ace Seguros S.A., el señor Miguel Sierra Martínez las cumplió únicamente del periodo comprendido entre el 1º de febrero de 2007 y el 1º de abril de 2009.

Sin embargo, como las condenas se limitaron al último tiempo mencionado del 1º de febrero de 2007 hasta el 1º de abril de 2009, que corresponde al periodo laborado para la accionada Ace Seguros en Colombia, igualmente resultaría imposible despacharlas y establecer si le asiste al actor el derecho a las súplicas pretendidas en ese especifico lapso, ya que la reliquidación de prestaciones y demás acreencias laborales que persigue se funda en que no se tuvo en cuenta «el valor real del salario mensual devengado», pero en ninguno de los hechos que soportan las súplicas se especifica cuál es la diferencia salarial y su origen, como tampoco el monto de lo recibido mes a mes , que deje al descubierto una deficiencia en cuanto al salario base que se debió tener en cuenta para liquidar los derechos salariales y prestacionales demandados.

En efecto, la pretensión cuarta por ejemplo, se hizo consistir en que «se condene a la compañía ACE Seguros S.A. para que reconozca y pague el valor de la reliquidación final de prestaciones sociales en la que incluya el valor real del salario mensual devengado (48’006.000), y las sumas beneficios y auxilios entregados periódicamente, desde la fecha de terminación del contrato de trabajo hasta cuando efectivamente se cancele», pero no se dijo en la demanda inicial cuales fueron los valores pagados y las diferencias por las sumas dejadas de cancelar, que monto se tuvo en cuenta como salario por la demandada y a que se refieren los «beneficios y auxilios entregados periódicamente», que acrecienten su verdadera remuneración, pues no es suficiente con que se haga una exposición genérica.

Lo mismo sucede con los otros conceptos, tales como que se le reconozcan bonos de productividad en moneda americana por los años 2008 y 2009, ya que en la relación de los hechos de la demanda inicial que soportan las pretensiones, no se hace ninguna referencia a los mismos y tampoco demuestra la parte actora que la compañía demandada haya establecido tales remuneraciones a favor del accionante en moneda extranjera; al igual ocurre con la petición de que se pague el valor de las acciones (ingreso por stock options) equivalente a US 130.000 dólares americanos, aspiración que tampoco se explica de donde nace, máxime que en el contrato de trabajo que suscribieron las partes, obrante a folios 42 a 51 y 144 a 151, se pactó fue un salario integral en moneda colombiana por la suma de $ 17.951.153.

Del mismo modo, cabe destacar que frente a los beneficios extralegales de naturaleza no salarial, según lo pactado en el anexo 1 del citado contrato de trabajo, relativos a «bono por firma de contrato», «bono anual por desempeño», «membrecía de club», «gastos de traslado», «asesor en impuesto», y «beneficio anual» (fl. 52 a 53 y 152 a 153), no hay claridad si se trata de los conceptos acá demandados, y de ser así, no se desvirtuó en el plenario lo que acordaron de mutuo acuerdo los contendientes inicialmente en el contrato de trabajo, en relación con los pagos que excedan el salario integral en cuanto a que no constituyen salario, así:

«BENEFICIOS EXTRALEGALES

Las partes expresamente acuerdan que los beneficios extralegales que reconociere La Compañía, si El Empleado cumple con los requisitos y condiciones para acceder a ellos, tales como, pero no limitados a los que se describen en el anexo 1 que hace parte integrante del presente contrato, así como todo beneficio o auxilio, incluidos auxilios por alimentación, salud, educación o vivienda o el pago de premios, primas extralegales o bonificaciones por cualquier concepto, en dinero o en especie, o medio de transporte o préstamos, que llegue a recibir El Empleado o cualquier pago o beneficio que exceda en cualquier forma o por cualquier causa el salario integral expresado en la cláusula cuarta no constituye salario, y en consecuencia tampoco serán tenidas en cuenta para efectos de calcular el pago de vacaciones, indemnizaciones, contribución en seguridad social, aportes parafiscales, y en general para el pago de cualquier otro concepto de carácter laboral.

Las partes reiteran su acuerdo sobre la naturaleza no salarial de cualquier pago que se reconozca en adición al salario integral con base en la facultad otorgada por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990.»

Y así mismo, en el anexo 1 parte final de que se estipuló por las partes la naturaleza no salarial de los beneficios extralegales:

[…].

El empleado acusa recibo de un ejemplar original de este anexo 1 de su contrato de trabajo, y declara, para todos los fines y efectos legales que, habiendo leído y comprendido el anexo 1, está totalmente de acuerdo con todos sus términos condiciones o declaraciones; razón por la cual reitera su acuerdo sobre la naturaleza no salarial de los mencionados beneficios extralegales y ratifica las autorizaciones dadas a la compañía para que se realicen los mencionados descuentos por nómina o de la liquidación final de acreencias laborales, de sus salarios, vacaciones, beneficios extralegales y además acreencias laborales, cuando hubiere lugar a ello (lo resaltado es de la Sala).

Lo precedente imposibilita tener esos conceptos adicionales como salario, que se recibían además del salario integral pactado, lo cual en la demanda de casación no se logra aclarar, ni desvirtuar.

De otro lado, no es posible tener como pactado salarialmente entre las partes, los conceptos y condiciones que refiere el documento de folios 37 a 41, fechado diciembre 11 de 2006, cuya traducción obra a folio 128 a 138, por cuanto proviene de la firma Ace Limited y no de la aquí demandada, Ace Seguros S.A.

Del mismo modo, de la liquidación final de prestaciones sociales y demás acreencias laborales que la accionada le practicó al actor, por un neto a pagar de $ 201.446.307,99 para el periodo del 1º de febrero de 2007 al 1º de abril de 2009, luego de aplicar algunos descuentos que corre a folio 143, se desprende los conceptos allí liquidados, más no los salarios base que se utilizaron, aun cuando se observa que lo pagado por «indemnización por retiro» que se tasó en la suma de $ 265.254.829,68, cuya reliquidación se pretende mediante esta acción judicial es una cantidad muy superior a la que le hubiera correspondido por un lapso trabajado de 2 años y 2 meses con el salario integral pactado, por ello no sirve como referente para confrontarlo con lo que alude el demandante escuetamente en la demanda inicial que como se dijo, dicha pieza procesal en definitiva, no es clara y sí genérica.

En ese orden, en verdad la demanda inaugural se exhibe débil e inconsistente, pues el actor aspira a obtener el pago por varios conceptos con la simple mención genérica de los mismos. Las súplicas generales o abstractas, a no dudarlo, lesionan frontalmente los derechos de defensa y contradicción, ya que ponen a la contraparte en la imposibilidad de asumir una oposición congruente frente a lo que se implora.

Así es posible concluir que al inobservar la parte actora lo estatuido en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que busca que las pretensiones y los hechos de la demanda inicial sean planteados con claridad y precisión, es decir, alejados de toda ambigüedad, no le es dable a la Corte dilucidar si le asiste derecho o no al actor respecto de las pretensiones reclamadas, debiendo asumir esa parte, las consecuencias desfavorables de su demanda deficiente.

Sobre el tema, en sentencia de la CSJ SL, 25 oct. 2011, radicación 40109, se dijo:

Conviene agregar, que las pretensiones de una demanda, además de reunir las exigencias propias de su formulación, requieren ser claras y precisas y traer consigo los supuestos fácticos que las apoyen o las respalden, que es lo que finalmente permite al Juez del trabajo resolverlas, pues la claridad y precisión de las peticiones y los hechos son fundamentales. De allí que se sostenga que una demanda deficiente perjudica al propio accionante, en la medida que el juez no puede sustituirlo en la afirmación de los hechos omitidos, ni modificarlos cuando la manifestación es defectuosa, a más que ello iría en contra del derecho de defensa que le asiste al demandado.

[...].

Igualmente, en casación del 23 de mayo de 2001 radicado 15771, reiterada en sentencia del 13 de octubre de 2006 radicación 28130, la Sala puntualizó:

“[...] El derecho de defensa y el debido proceso exigen que la relación jurídica procesal quede delimitada ab initio en el juicio. Es por eso que el demandante, al elaborar su demanda laboral, debe ser cuidadoso no sólo al formular las pretensiones, sino de manera muy especial al presentar los hechos que constituyen la causa petendi. Si bien las falencias en cuanto a las primeras pueden ser reparadas en los juicios del trabajo por el juzgador de primer grado, en el desarrollo de la facultad extra petita, a condición de que los hechos que le sirven de apoyo hayan sido planteados y discutidos en juicio, no puede ese mismo funcionario, ni ningún otro, corregir el rumbo del proceso trazado por el accionante, alterando la causa petendi en que éste fincó su acción”.

Por todo lo dicho, aun cuando el cargo es fundado, respecto a identificar la persona jurídica de quien se persigue no solo las condenas sino la declaración de la existencia del contrato de trabajo del actor en el periodo reclamado, no puede salir avante ante la ambigüedad de la demanda y su subsanación con la que se dio apertura a la presente contienda judicial, en lo que atañe a las pretensiones y los hechos que la soportan, que no permite su prosperidad por los motivos indicados en este proveído.

No hay lugar a costas en el recurso extraordinario.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de enero de 2013 por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Miguel Sierra Martínez contra ACE Seguros S.A.

Costas como quedó dicho.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»