Sentencia SL19540-2017 de noviembre 22 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 1

Magistrada Ponente:

Dolly Amparo Caguasango Villota

SL19540-2017

Rad.: 54665

Acta Nº 20

Bogotá, D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

EXTRACTOS: «IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

VIII. CONSIDERACIONES

El tribunal fundamentó su decisión en que, como Suratep al formular el recurso contra la calificación emitida por la junta regional atacó el diagnóstico, implícitamente también estaba controvirtiendo el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, por lo que avaló la modificación que hizo la junta nacional.

La censura radica su inconformidad en que la ARP, al interponer los recursos, únicamente controvirtió el motivo de calificación de síndrome regional complejo, más no el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral fijado por la junta regional en 51,72%, por lo que, al haber disminuido a 37,70%, la junta nacional desbordó su competencia.

Pues bien, en primer lugar, respecto al reparo técnico del opositor, consistente en que los dictámenes emitidos por las juntas no son prueba calificada en casación, advierte la Sala que le asiste razón parcialmente, ya que, en principio, los mismos no son prueba calificada en casación, bajo el entendido que se asemejan a un dictamen pericial, pues para la expedición se requieren conocimientos científicos y técnicos específicos con los que no cuenta el juez. Bajo esa orientación, la Sala no podría valorar el dictamen emitido el 30 de junio de 2006 por la Junta Regional de Calificación de la Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, así como el Acta REP 00109 de 25 de agosto de 2006, mediante la cual dicha entidad resolvió el recurso de reposición interpuesto contra su dictamen. Sobre el particular se pueden revisar las sentencias CSL SL, 18 mayo 2005, rad. 24017, reiteradas CSJ SL, 22 feb. 2006, Rad. 25390; CSJ SL, 5 oct. 2010, Rad. 37072; CSJ SL, 23, mar. 2011, Rad. 39863; CSJ SL, 8 jun. 2011, Rad. 37880; CSJ SL, 14 nov. 2012, Rad. 37823; CSJ SL565-2013; CSJ SL10634-2014, CSJ SL14433-2014, CSJ SL9417-2015, CSJ SL8811-2016, CSJ SL13529-2016 y CSJ SL3160-2017, entre otras.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el dictamen emitido el 26 de octubre de 2006 por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, porque ésta es parte demandada en el presente proceso y, por ende, dicha prueba —denunciada en casación— corresponde a un documento auténtico proveniente de una de las partes, razón por la que, resulta ser prueba hábil en esta sede.

En tal sentido se manifestó la Sala de Casación Laboral en Sentencia CSJ SL5873-2015 en donde adujo que:

[...]no obstante la naturaleza pericial que se le asigna al dictamen de la junta nacional de Calificación, cuya valoración por parte del tribunal no fue reprochada por el impugnante como determinante de error ostensible de hecho; tendría en este caso el tratamiento de documental proveniente de los demandados por lo que eventualmente y de haberse controvertido hubiera podido examinarse en tal calidad por la Sala.

Aclarado lo anterior, la Sala pasa a verificar si el ad quem apreció mal las pruebas denunciadas hábiles en casación y, por ende, si se cometieron los yerros fácticos endilgados.

En cuanto al documento del 24 de febrero de 2006, emitido de la junta regional de calificación de invalidez y que el recurrente denomina como «dictamen», se advierte que corresponde al formulario para evaluación de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de la invalidez, en el que aparece una nota que indica que se canceló el proceso de calificación, hasta tanto se realice el tratamiento médico al promotor del proceso (fls. 33 y 34).

Dicho documento, en realidad, no tiene las características propias de un dictamen, ya que no contiene una calificación o concepto de los expertos sobre temas científicos o técnicos, ni tampoco corresponde a una decisión emitida por éstos y, por ende, no puede ser valorado por la Sala. De su apreciación, la Sala lo único que evidencia es que el trámite iniciado para definir la pérdida de capacidad laboral y su origen, fue suspendido porque se tenía que adelantar el tratamiento médico al demandante, razón por la cual, no se adoptó decisión alguna sobre la condición clínica del accionante ni su incidencia en la capacidad laboral.

Contrario a lo señalado por el recurrente, no es cierto que el diagnóstico y origen se hubiera definido con dicho documento, porque en realidad lo que brota del mismo no permite concluir que se hubiera proferido una valoración del caso, menos aún que en dicho momento quedara establecido el diagnóstico y el origen del accidente, pues, se reitera, lo único que surge es que el trámite que se venía surtiendo ante la junta regional fue suspendido, porque el promotor del litigio iba a ser sometido a un tratamiento médico.

De otra parte, no está en discusión que el día 30 de junio de 2006, la Junta Regional de la Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca emitió el dictamen mediante el cual consideró que el actor padecía «Síndrome doloroso regional complejo miembro superior derecho (analogía)», y lo calificó con un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 51,72%, cuyo origen fue accidente de trabajo. Decisión que fue ratificada a través de acta REP 00109 de 25 de agosto de 2006.

Se recuerda ello, ya que al revisar el escrito contentivo de los recursos de reposición y en subsidio de apelación que interpuso la referida ARP el día 1 de agosto de 2006 ante la junta regional, se advierte que se sustentó en que, de acuerdo a los conceptos médicos y las evaluaciones médicas interdisciplinarias de la Clínica del Dolor, el promotor del proceso no cumplía con los criterios de diagnóstico del síndrome del dolor regional complejo.

Para el efecto, se argumentó que el 21 de marzo de 2006 el paciente fue enviado a valoración por la junta de la Clínica del Dolor, quien le diagnosticó: «Dolor crónico de tipo músculo esquelético en MSD», «síndrome hombro-mano», «Epicondilitis de codo derecho» y «Tenosinovitis de extensores de mano derecha», y que conforme al concepto del 11 de julio de 2006 el equipo de rehabilitación angesiológica integral, con participación interdisciplinaria, emitió concepto, según el cual, se evaluaron los síntomas dolorosos y «Algoritmo diagnóstico sugerido por la IASP (Asociación Internacional para el estudio del dolor), criterios diagnosticados evaluativos aplicables al dolor crónico, en los cuales el paciente no cumple con los criterios diagnósticos del Síndrome Doloroso Regional Complejo tipo II (asociado a lesión incompleta y traumática de un nervio periférico».

La ARP para fundamentar su recurso transcribió las conclusiones de la aludida junta, según las cuales, entre otras: «No hay trastornos tróficos significativos concluyentes de un SDRC, presenta insuficiencia muscular secundaria a inmovilización de muñeca y mano por dolor y por la cronicidad de su patología», así como que el paciente «No presenta insuficiencia motora, las calificaciones de la musculatura de MSD corresponde a desuso del mismo por la cronicidad del cuadro doloroso» (fls. 232 a 234).

De ahí resulta claro para esta Colegiatura, que si la esencia de la inconformidad de la ARP con el dictamen emitido por la junta regional de Calificación de Invalidez se centró en controvertir que el actor tuviera síndrome regional complejo del miembro superior derecho con el que fue diagnosticado, ello tenía una implicación directa sobre el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. En efecto, si se determina que una persona tiene una patología diferente que puede ser menos o más grave que la fijada, tal circunstancia tiene una incidencia determinante sobre el porcentaje total de la pérdida de la capacidad laboral ya que se afecta la calificación de deficiencia, discapacidad y la minusvalía de la persona.

Dicho de otro modo, en criterio de la Sala, cuando la ARP controvirtió la existencia de la patología con que fue catalogado el actor, estaba cuestionando un tema aún más amplio que el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, razón por la que la junta nacional, al resolver el recurso de apelación, bien podía apartarse del porcentaje fijado al encontrar que la junta regional se había equivocado, tal y como ocurrió, pues, a través del dictamen del 7 de septiembre de 2006 la junta nacional modificó el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral por no compartir la patología y gravedad fijada por el organismo regional, ya que éste «sobrevaloró la deficiencia del miembro superior derecho pues aplicó la analogía por amputación de extremidad. Sin embargo, la Sala considera que si existe SDRC pero no tiene la severidad calificada por la Junta Regional de Calificación de Bogotá (analogía de amputación de miembro superior derecho)». De ahí que fijara la pérdida de la capacidad laboral en el 37.70%.

Ahora, si bien en el mencionado recurso no se hizo alusión expresa al porcentaje o no se solicitó la variación del mismo, en criterio de la Sala, en razón del tema debatido, no debía hacerlo, ya que, en verdad, la entidad al exponer su reparo controvirtió un tema aún más general consistente en que el actor no padecía síndrome doloroso regional complejo de miembro superior derecho.

De admitirse el argumento del recurrente, según el cual, si no se aludió expresamente en el recurso a la proporción de pérdida de la capacidad del trabajo la junta nacional no podría modificarla, llevaría a la irracional conclusión, por ejemplo, de que si únicamente se ataca la existencia de determinada patología, y el dictamen del ente nacional concluye que la misma no existía o no era de la misma severidad, se tendría que mantener un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral pese a encontrarse que su causa no existió o no tenía tal gravedad, lo que resulta completamente ilógico.

Ahora, en cuanto al dictamen que se está analizando, emitido el 7 de septiembre de 2006 por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, a través del cual se desató el recurso de apelación, se observa que dicho ente al revisar el caso del demandante encontró que contaba con «Restricción movilidad MSD» y «Pérdida de fuerza por desuso» (fl. 42), lo que arrojó un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 37,70% de origen laboral, lo que conllevó a que fuera catalogado con una incapacidad permanente parcial, cuestionándose por el organismo nacional, en cambio, que la junta regional hubiera emitido la evaluación como si se tratara de una amputación, circunstancia que en realidad no padecía el actor.

De acuerdo con el anterior documento, si la junta nacional advirtió que como consecuencia del accidente de trabajo el actor no sufría del «síndrome doloroso regional complejo» del miembro superior derecho y que su situación no podía asimilarse a la de amputación de la extremidad, como lo catalogó la junta regional, sino de otras patologías («Restricción movilidad MSD» y «Pérdida de fuerza por desuso»), ello incidía directamente en el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, ya que tal circunstancia conducía forzosamente a una variación en el resultado final que arrojó la pérdida de la capacidad laboral.

Ello en modo alguno implica que la junta haya desbordado su competencia al resolver el recurso, como lo sostiene el censor, pues en razón de la apelación formulada por la ARP demandada, la junta nacional debía revisar si la patología existía o no, y al determinar que en realidad el demandante padecía de otra diferente y que el organismo regional sobrevaloró la deficiencia al aplicar la analogía por amputación de extremidad, le correspondía fijar la pérdida de capacidad laboral de acuerdo a lo diagnosticado, tal y como en efecto lo hizo, situación que conllevó a que concluyera que su pérdida de capacidad laboral en realidad fuera del 37,70%.

Vale recordar que la Sala de Casación Laboral ha precisado que el dictamen corresponde a un concepto técnico y científico sobre la valoración completa del estado de salud, para lo cual se utilizan estándares de razonabilidad e integralidad, a través del cual, se evalúa el daño sufrido por el accidente de trabajo y las consecuencias que emanan del mismo, para lo cual se tienen en consideración diversos componentes (CSJ SL13545-2014).

Por su parte, el Decreto 917 de 1999, norma que corresponde al manual único de calificación, en su artículo 7º indica que al realizar la calificación integral de la invalidez, se deben tener en cuenta «los componentes funcionales biológico, psíquico y social del ser humano, entendidos en términos de las consecuencias de la enfermedad, el accidenteo la edad» (subrayado fuera del texto) para lo cual se tiene en cuenta la «deficiencia», «discapacidad» y «minusvalía».

En ese orden, si la junta nacional al valorar el estado de salud del actor, encontró que en verdad el accidente de trabajo no generó la patología diagnosticada inicialmente sino otra, además de encontrar que la junta regional sobrevaloró la deficiencia, tal situación evidentemente tenía repercusión directa sobre el estimativo del daño sufrido y sus consecuencias y, por ende, incidía en el porcentaje que se le asignara al convocante como pérdida de su capacidad de trabajo. De ahí que, bajo esa óptica resulta razonable que se hubiera modificado el aludido porcentaje.

Todo lo anterior, permite concluir que la modificación en el dictamen no obedeció a la supuesta extralimitación de competencias de la junta demandada, como lo aduce el censor, sino a las razones médicas expuestas por ese ente especializado, lo que condujo forzosamente a la variación en el resultado final que arrojó la pérdida de la capacidad laboral.

Por último, la Sala debe puntualizar el argumento referente a la violación medio de los artículos 66 A de la Ley 712 de 2001 y del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil que sustenta el censor, al estimar que la junta nacional abordó un tema que no fue materia de apelación, resulta totalmente desacertado.

Se afirma ello ya que, tales disposiciones contemplan el principio de consonancia al que está atado el juez de alzada en la jurisdicción ordinaria laboral, al resolver el recurso de apelación, así como el principio de congruencia de las decisiones judiciales respecto de los hechos y pretensiones y la demanda - norma aplicable en lo laboral de acuerdo a lo previsto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, preceptos que regulan la actividad de los operadores judiciales, por lo que no resultan aplicables a los trámites que se surten ante las juntas de calificación regional y nacional de invalidez.

En consecuencia, el tribunal no cometió los yerros fácticos endilgados, ya que en modo alguno se equivocó al señalar que como la ARP demandada atacó el diagnóstico, controvirtió también porcentaje, razón por la que, al revisarse aquél, bien podía la junta nacional modificar la pérdida de capacidad laboral que había fijado la regional.

Por lo expuesto, como el recurrente no logró demostrar la comisión de los errores de hecho, no se casará el fallo.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante, toda vez que la demanda de casación no salió avante y tuvo réplica por parte de Suratep, hoy ARL Sura. Se fijan como agencias en derecho a favor de dicha aseguradora la suma de $ 3.500.000.oo M/cte., que se incluirá en la liquidación que se practicara conforme al artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 28 de julio de 2011 por Sala Laboral de Oralidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ALFONSO ESPITIA RODRÍGUEZ contra la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, JORGE FERREIRA GOMEZ, CÉSAR AUGUSTO OSORIO VÉLEZ, LUZ HELENA CORDERO VILLAMIZAR, y la COMPAÑÍA SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES Y SEGUROS DE VIDA – SURATEP S.A., hoy ARL SURA.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Martín Emilio Beltrán Quintero—Dolly Amparo Caguasango Villota—Ernesto Forero Vargas».