Sentencia SL19549-2017/55453 de noviembre 22 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL19549-2017

Rad.: 55453

Acta Nº 20

Magistrada Ponente:

Dra. Dolly Amparo Caguasango Villota

Bogotá D.C., veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

El recurso fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

La recurrente pretende que la Corte case el fallo impugnado para que, en sede de instancia, la reemplace por una decisión del siguiente tenor:

Revocase el punto PRIMERO de la sentencia de segunda instancia calendada el 15 de diciembre de 2011, mediante la cual se revoca el fallo proferido por el juzgado 10 laboral del circuito de Bogotá de fecha 16 de agosto de 2010 y en su lugar dispone: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida en este proceso por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, de fecha 17 (sic) de agosto de 2010, obrante a folios 200 a 207 del cuaderno Nº 1 (fl. 25).

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica. Por razones de metodología, la Corte abordará inicialmente el estudio del segundo de ellos, planteado por la vía fáctica.

VI. Segundo cargo

Denuncia la sentencia de ser violatoria, por “infracción indirecta” de los artículos 26, 39, 46, 47, 49 y 74 de la Ley 100 de 1993.

Para demostrar el cargo, señala que el tribunal dejó de apreciar los siguientes elementos de prueba: (i) la Resolución 02375, en la que el ISS admitió que la convivencia de la demandante con el causante inició a partir del año 1978, pero que la misma debe ser, al menos, desde que éste cumplió con los requisitos para pensionarse (fls. 14 a 16 y 98 a 100); (ii) concepto de la coordinadora nacional de atención al pensionado (fls. 59 y 60); e (iii) investigación 6894 (fls. 124 y 125).

Explica que, de haberse apreciado tales elementos de prueba, el ad quem hubiera podido tener por demostrada su convivencia con el causante. Agrega que el tribunal “dejó de estudiar la historia laboral incorporada al proceso y aportada con la demanda en la que se recaudaron las pruebas que demostraron la convivencia”, por lo cual, al incurrir en “un error por dejar de analizar las pruebas específicas mencionadas”, hay lugar a revocar la sentencia de segundo grado.

VII. Réplica

La entidad accionada alega que en el recurso de casación no se indicó la vía de ataque; que la sustentación combina vías, conceptos, argumentos jurídicos y fácticos de forma indiscriminada y desconoce las reglas técnicas del recurso, defectos que no pueden ser subsanados de oficio.

Expone que, teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento del pensionado, esto es, el 16 de junio de 1998, la normatividad aplicable a su caso es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, conforme al cual es ineludible demostrar, en el caso del cónyuge supérstite o compañero permanente, la convivencia derivada del vínculo afectivo con el pensionado o afiliado por lo menos dentro de los dos años anteriores a su deceso, postura que se apoya en la Sentencia CSJ SL, 8 feb. 2002, rad.16600.

VIII. Consideraciones

En síntesis, la recurrente reprocha que el ad quem no hubiera inferido, de las pruebas obrantes en el expediente, que convivió con el causante durante los dos años anteriores a su fallecimiento, pese a que ello estaba suficientemente demostrado.

Para resolver este asunto, resulta importante referir los siguientes supuestos fácticos que admitió el tribunal y que no fueron objeto de cuestionamiento por las partes: (i) mediante la Resolución 6384 de 1975, el Instituto de Seguros Sociales concedió pensión de vejez en favor de Jean Vallot, a partir del 31 de marzo de 1975 (fl. 14); (ii) Jean Vallot falleció el 16 de junio de 1998; (iii) a través de la Resolución 02375 del 7 de julio de 2000, el Instituto de Seguros Sociales concedió pensión de sobrevivientes a Jean Andrés Vallot Alarcón, en calidad de hijo del causante y negó dicho derecho a la demandante, al no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, concretamente, no probar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez y hasta su muerte, pues la convivencia inició en el año 1978; y (iv) los hijos comunes de la demandante y el causante, Lucette y Jean Andrés Vallot Alarcón nacieron el 30 de mayo de 1979 y el 30 de agosto de 1983, respectivamente, esto es, mucho antes del fallecimiento del causante, ocurrido el 17 de junio de 1998 (fls. 5 y 6).

Ahora bien, como quedó expuesto en líneas anteriores, la recurrente considera que en el proceso se acreditó suficientemente la convivencia con su compañero permanente, pese a lo cual el tribunal estimó que los elementos de juicio obrantes en el expediente no daban cuenta de esa situación, pues “los únicos medios de prueba en ese sentido fueron las declaraciones extrajuicio […] quedando por tanto sin prueba en este sentido, ya que de conformidad con el numeral 2 del artículo 229 del CPC, estas declaraciones debieron ser ratificadas en el juicio” (fl. 21). Según la censura, aparte de esas declaraciones, existen elementos que demuestran con suficiencia el requisito de la convivencia que, al no ser valorados por el ad quem, conllevaron a la comisión de los yerros fácticos denunciados.

En consecuencia, la Sala se adentrará en su estudio.

Pruebas no apreciadas por el tribunal.

a. Resolución 02375 del 7 de julio de 2000, proferida por el Instituto de Seguros Sociales (fls. 14 a 16 y 98 a 100).

Se trata del acto administrativo mediante el cual el ISS negó a Hercilia Alarcón Martínez la pensión de sobrevivientes que solicitó en condición de compañera permanente de Jean Vallot, al no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Según la recurrente, con dicha resolución se acredita que convivió con el causante desde 1978 “pero que la norma establece que esa convivencia debe ser por lo menos desde que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión” (fl. 28).

Del análisis de ese elemento de prueba se advierte que, si bien, el ISS admitió que la convivencia entre la accionante y su compañero inició en el año 1978, ese hecho no resultaba suficiente a efectos de reconocer la prestación solicitada, en tanto dicha vida en comunidad inició con posterioridad a la fecha en que el causante adquirió su pensión de vejez, esto es, 1975, lo que a la luz del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, impedía otorgar ese derecho. Sobre este último aspecto se hará referencia más adelante.

b. Concepto de la coordinadora nacional de atención al pensionado del ISS (fls. 59 y 60).

En este documento, la coordinadora de atención al pensionado del ISS refiere que la afiliada aseguró convivir con el causante desde el año 1978 hasta el 16 de junio de 1998. Esa afirmación, aparte de no ser suficiente para que la accionada declarara la existencia del derecho pensional, en realidad, solo es una manifestación de parte sobre su postura en el proceso, que requiere ser corroborada por otros medios de convicción, por lo que, en sí misma, no permite demostrar el elemento de convivencia que se discute en este caso.

Por lo demás, dicho elemento de juicio reitera, con ocasión de un derecho de petición que presentó la accionante ante el ISS, los motivos por lo que esa entidad consideró que aquella no tenía derecho al reconocimiento pensional, por lo que, desde el punto de vista fáctico, nada aporta a lo aquí discutido.

c. Investigación Nº 6894 emitida por la funcionaria del ISS (fls. 123 y 124).

Contrario a lo que sucede con los anteriores elementos de prueba, en este documento sí se hace referencia expresa a la convivencia de la demandante y su compañero dentro de los dos años anteriores al fallecimiento, con ocasión de la investigación que, al respecto, efectuó una funcionaria del ISS.

En términos generales, dicho informe está compuesto de dos partes: el primero, relativo a la diligencia de inspección administrativa practicada a la residencia ubicada en el municipio de Apulo, Cundinamarca, en el que la investigadora dejó constancia de que en “la casa un año después del fallecimiento del asegurado existen casi todos los objetos personales de este, fotos de familia, el carro y otros indicadores de la convivencia del asegurado en dicha residencia” (fl. 123); el segundo la declaración de la demandante en la que afirma que convivió con Jean Vallot durante 21 años hasta la fecha de su muerte, así como la de varios residentes y vecinos del municipio quienes confirmaron que “Mesie Vallot (Como le decían por ser francés). Sí convivía con la señora Ercilia Alarcón Martínez y que éste dependía económicamente de el puesto que no trabaja (sic) (fl. 124).

Por lo anterior, la funcionaria del ISS concluyó que “de acuerdo a lo observado e investigado […] la señora Ercilia Alarcón Martínez y el señor Jean Vallot sí convivieron juntos por espacio de veinte y un años (21) hasta el momento del fallecimiento de éste […]” (fl. 124).

Pues bien, dicho elemento de prueba, así como los referidos con anterioridad, no fueron valorados por el tribunal quien, limitándose a las declaraciones extrajuicio aportadas por la demandante, consideró que la convivencia no estaba acreditada. En ese entendido, la Sala considera que el tribunal sí incurrió en los defectos fácticos que se le endilgan; imprecisión que tuvo como causa la falta de valoración de los elementos de prueba que componían el expediente administrativo adelantado por el ISS y denunciados en esta sede. En consecuencia, se casará el fallo recurrido.

Ahora, en el primer cargo se formuló un ataque por la vía jurídica, con el que se pretende demostrar que la Ley 100 de 1993, en decir del recurrente, consagró una excepción frente a la obligatoriedad de probar el requisito de la convivencia de los cónyuges o compañeros permanentes cuando se ha procreado uno o más hijos comunes. Sin embargo, como quiera que en este caso sí se probó el elemento de convivencia entre la demandante y el compañero permanente, resulta innecesario entrar a analizar las eventuales excepciones legales al cumplimiento de una exigencia que fue acreditada, por lo que la Corte se releva de su estudio.

Sin costas en esta sede porque el cargo prospera.

IX. Sentencia de instancia

Aparte de las consideraciones que se hicieron con ocasión del recurso de casación, la Sala debe precisar que las pruebas obrantes en el expediente acreditan con suficiencia que la demandante convivió con Jean Vallot desde 1978 hasta el momento de su fallecimiento, circunstancia que la hace acreedora a la pensión de sobrevivientes que reclama.

En efecto, para la Sala resultan trascendentales los resultados que arrojó la investigación administrativa atrás referida, en la que la misma accionada admitió la convivencia entre la actora y el causante; la diligencia de inspección administrativa mediante la cual se demostró que en la vivienda de ella se conservaban los elementos personales de su compañero, un año después de su fallecimiento e incluso, la misma resolución en la que el ISS negó el reconocimiento pensional y el concepto de la coordinadora de atención al pensionado, en la que se advierte que el fundamento para no reconocer la pensión no fue el no haberse acreditado la convivencia entre los compañeros durante los dos años anteriores al fallecimiento —pues, de hecho, se acepta que la misma inició en el año 1978— sino por incumplimiento del otro de los requisitos contemplados en la Ley 100 de 1993.

Además, obran en el expediente las declaraciones extrajuicio aportadas por la accionante, con la demanda inicial, en la que tres testigos, vecinos del barrio, admiten conocerla a ella y a Jean Vallot, coinciden en manifestar que desde hace 20 años vivían en unión libre y que tienen dos hijos; declaraciones que refuerzan la prueba de la convivencia echada de menos por el ad quem (fls. 8 a 11). En ese orden de ideas, la Corte considera que la convivencia, en los términos exigidos por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, está demostrada.

Ahora, en el recurso de apelación, el Instituto de Seguros Sociales insistió en que la demandante no aportó suficientes elementos de juicio para demostrar que convivía con el causante, circunstancia que no podía ser deducida de simples indicios. Para la Sala, sin embargo, las pruebas que acaban de referirse acreditan con suficiencia que desde 1978, la demandante decidió hacer vida común con el causante; que la misma permaneció hasta la muerte de éste último y que incluso, los elementos personales de su compañero se conservaban en su lugar de habitación un año después de su fallecimiento, tal como lo constató el mismo ISS en la investigación administrativa que adelantó una de sus funcionarias (fls. 123 y 124).

Resulta relevante, además, que en el trámite administrativo el ISS no hubiese invocado algún argumento tendiente a desvirtuar la convivencia entre los compañeros, distinto a la mera afirmación de que no hacían vida en común antes de 1978. Por ende, su alegato no tiene vocación de prosperidad.

Ahora bien, debe aclararse que el Instituto de Seguros Sociales no negó la pensión a la demandante por no haberse acreditado la convivencia dentro de los dos años anteriores al fallecimiento de su compañero; lo hizo porque aquella no había vivido con el trabajador desde el momento en que le fue reconocida su pensión de vejez, para el caso, 23 de julio de 1975, pues la misma se inició en 1978, requisito que estaba previsto en la versión original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en los términos vigentes para el año 1998 cuando se produjo la muerte del pensionado, fragmento de la norma que se declaró inexequible mediante Sentencia C CC-1176 de 2001, pero con efectos hacia el futuro.

Esta circunstancia, sin embargo, no incide en el derecho que tiene la accionante a obtener esa prestación. En efecto, en cuanto a la procedencia de la pensión de sobrevivientes por la muerte de un pensionado que adquirió su estatus e inició una convivencia estable y habitual con la cónyuge o compañera permanente desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, de cara a la inexequibilidad de un aparte del artículo 47 literal a) de dicha normativa relativo a que la vida marital con el causante deba hacerse “por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez”, la Sala ha tenido la oportunidad de precisar que esa exigencia que rigió por algún tiempo, no resulta extensible frente a los pensionados que con antelación a la nueva ley de seguridad social habían conformado una convivencia permanente, teniendo la beneficiaria por tanto jurídicamente derecho a que se le transmita o sustituya la pensión.

En efecto, en Sentencia CSJ SL 2 jul. 2008, Rad. 31916, reiterada en decisiones CSJ SL 14 sep. 2010, Rad. 32650 y SL853-2013, se puntualizó:

[…] Por lo anterior, es claro que en realidad los cargos no cuestionan los que fueron los verdaderos soportes de la decisión que se impugna. Sin embargo, se manifiesta que si bien un aparte del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, aquel que exigía al cónyuge o compañera o compañero permanente acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, esa declaratoria de inexequibilidad produce efectos hacia el futuro.

Sobre el particular, importa anotar que, como lo tomó en consideración el tribunal, aun con antelación a la decisión que excluyó del mundo jurídico la antes señalada disposición legal, esta Sala de la Corte ha venido sosteniendo que no era aplicable esa exigencia que contemplaba el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en aquellas situaciones en que la convivencia y la calidad de pensionado se hubiesen configurado antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones del sistema de seguridad social integral consagrado por la Ley 100 de 1993.

Tal orientación doctrinaria se cimentó en la consideración de que, en esas concretas y precisas hipótesis fácticas, la pensión de vejez se exhibe como un derecho adquirido, que ingresó al patrimonio del causante, y como tal, con vocación legítima para transmitirlo a los causahabientes que la ley aplicable determine, una vez acaecido su fallecimiento. De tal suerte que una nueva ley no puede desconocerlo o conculcarlo, mediante la exigencia de presupuestos distintos a los consagrados en la norma vigente cuando se consolidó ese derecho a la pensión de vejez.

Para absolver al Instituto demandado de la pensión de sobrevivientes impetrada por la actora consideró el tribunal que para la fecha en que se inició la vida marital entre la demandante y su compañero permanente Rafael Emilio Correa Córdoba (1984), “ya éste era pensionado”. Con base en esta aserción, aceptada por la impugnante, interpretó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que “lo determinante antes que cualquier otro tipo de exigencia, es que se acredite que la vida marital comenzó, por lo menos, desde el momento mismo en que el pensionado reunió los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez o de invalidez”.

El literal a) del artículo 47 en cuestión erige como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en forma vitalicia, al cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite y establece a continuación los requisitos que estas personas deben reunir a efectos de recibir ese beneficio en los siguientes términos:

En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido.

[…] Independientemente de la conveniencia o inconveniencia de este requisito desde el punto de vista social, no ofrece discusión su aplicación inmediata frente a quienes se hayan pensionado o se pensionen a partir del 1 de abril de 1994, fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993 en el sistema general de pensiones, o habiéndose pensionado antes inicien vida marital con posterioridad.

Sin embargo, resulta impropio entender que dicho precepto se aplica cuando, como en el sub lite, las condiciones de pensionado y de compañera permanente surgieron y se consolidaron con anterioridad a tal fecha, puesto que estas circunstancias estructuran para estos efectos un derecho adquirido, toda vez que a diferencia del simple afiliado —que no puede transmitir lo que no tiene causado en su favor—, el pensionado por vejez o invalidez que tuvo la condición de compañero permanente, adquirió un derecho (pensión) que ingresó a su patrimonio y por tanto está legalmente autorizado para transmitirlo en el mismo monto a los causahabientes que la ley determine, una vez ocurra su deceso, sin que una nueva ley pueda desconocerlo o conculcarlo mediante la variación de las reglas normativas existentes al momento de la consolidación de esos dos presupuestos.

[…] En consecuencia, los pensionados antes de la vigencia de la nueva ley, que tenían el período de convivencia permanente señalado en las disposiciones precedentes, consolidaron el derecho a transmitir la pensión que devengaban en favor de su cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente o hijos con derecho, según el caso, en el mismo monto y condiciones estatuidos en la legislación vigente al momento en que se consolidaron las circunstancias mencionadas. Esos pensionados, al haberse definido antes de la Ley 100 una situación jurídica en su favor, originada en el derecho a la pensión y la convivencia permanente, tienen derecho a seguir amparados por la normatividad anterior.

[…] De otro lado, como bien lo refiriera la oposición, lo que pretende el nuevo requisito introducido por la Ley 100 es evitar las convivencias precarias, fraudulentas o no inspiradas en los sólidos cimientos configurantes de un verdadero núcleo familiar, las que muchas veces surgen con el exclusivo designio de acceder a gozar de la pensión de quien está a punto de fallecer, mediante procedimientos reprobables desde todo punto de vista. Estas situaciones excepcionales, desde luego, no pueden quedar cobijadas legal ni jurisprudencialmente porque no encajan dentro de una auténtica noción de seguridad social. A diferencia de lo anterior, no puede cerrar los ojos la Corte ante la evidencia inocultable de que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se desarrollaron convivencias verdaderamente responsables y estables, acreditadas judicialmente de manera fehaciente, que aun cuando iniciadas después de la adquisición del status de pensionado, estaban protegidas por el ordenamiento jurídico entonces en vigor y tuvieron larga duración, como la del caso que ocupa la atención de la Sala de más de 11 años de vida marital, respecto de las cuales sería, además, manifiestamente inequitativo y apartado de los postulados que informan la Carta Política, la justicia, la seguridad social y el respeto de los derechos sociales consolidados antes de la vigencia de la Ley 100, desconocer la plena eficacia de los derechos de los causahabientes viudos o huérfanos desamparados por el deceso de quien era el soporte económico del núcleo familiar.

En este orden de ideas, la Sala concluye que la demandante tiene derecho a obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por haber convivido con el causante desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, así lo hubiera hecho después del reconocimiento a éste de la pensión de vejez.

Ahora, en el recurso de apelación, el ISS explica que, si bien el juez de primera instancia tuvo por no contestada la demanda, “se tuvieron por presentadas oportunamente las excepciones incoadas por el instituto” (fl. 40), circunstancia que no tuvo en cuenta el a quo.

Al respecto, la Corte encuentra que, en efecto, mediante auto del 5 de febrero de 2010, el juzgado décimo laboral del circuito de Bogotá tuvo por no contestada la demanda por parte del ISS, precisando que, en todo caso, se tendrían presentadas oportunamente las excepciones incoadas por la accionada. Decisión que fue reiterada a través de auto del 6 de mayo de 2010, en la cual se dejó en firme dicha determinación (fl. 50). Pese a ello, el juez de primera instancia no se pronunció sobre las excepciones propuestas en el fallo de primera instancia, razón por la cual la Sala procede a su estudio.

En cuanto a la excepción de prescripción, la entidad adujo que, el 3 de julio de 1998, la demandante había presentado reclamación administrativa solicitando el derecho pensional, por lo que no transcurrieron más de tres años desde el fallecimiento del causante, ocurrido el 16 de junio de ese mismo año (fl. 14). Sin embargo, al haberse presentado la demanda por parte de Hercilia Alarcón Martínez hasta el 31 de agosto de 2009, como consta a folio 23, esto es, pasados más de tres años del deceso de su compañero, se declararán prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 31 de agosto de 2006, así mismo, se declararán prescritos los intereses moratorios que corrieron por dichas mesadas.

En consecuencia, se revocará la sentencia de primer grado y, en su lugar, se condenará a la entidad demandada a reconocer a Hercilia Alarcón Martínez la sustitución de la pensión que en vida disfrutó Jean Vallot, en un 50% del monto otorgado por la entidad al citado, a partir del 16 de junio de 1998, incluidas las mesadas causadas, derecho que acrecerá cuando el hijo menor deje de disfrutar el porcentaje que le corresponde. Se declararán prescritas las mesadas causadas, con anterioridad al 31 de agosto de 2006 y los intereses moratorios que corrieron por dichas mesadas.

Por lo anterior, se ordenará el pago de la pensión de sobrevivientes a la demandante, a partir del 31 de agosto de 2006 con los reajustes legales y los intereses moratorios respectivos.

Teniendo en cuenta que los argumentos expuestos por la parte apelante prosperaron de forma parcial, la Sala se abstendrá de imponer costas en la alzada y las de primer grado serán a cargo de la parte vencida que lo fue el ISS.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 15 de diciembre de 2011, en el proceso ordinario laboral que Hercilia Alarcón Martínez adelanta contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

En sede instancia, se resuelve:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 17 de agosto de 2010, por el juzgado décimo laboral del circuito de Bogotá. En su lugar, CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales a reconocer a Hercilia Alarcón Martínez la sustitución de la pensión que en vida disfrutaba Jean Vallot, en un 50% del monto otorgado por la entidad al citado, a partir del 16 de junio de 1998, incluidas las mesadas causadas, derecho que acrecerá cuando el hijo menor dejó de disfrutar el porcentaje que les corresponde.

2. DECLARAR prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 31 de agosto de 2006 y así mismo, los intereses moratorios que corrieron por dichas mesadas.

3. CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales a pagar a Hercilia Alarcón Martínez la sustitución de la pensión que en vida disfrutaba Jean Vallot, en un 50% del monto otorgado por la entidad al citado, junto con los intereses de mora, a partir del 31 de agosto de 2006, incluidas las mesadas causadas, con los reajustes legales, derecho que acrecerá cuando el hijo menor dejó de disfrutar el porcentaje que les corresponde.

4. Costas como se indicó en la parte motiva de este proveído.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».