Sentencia SL1975-2017 de febrero 15 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL1975-2017

Radicación: 59917

Acta 5

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., quince de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VII. Consideraciones

En esencia, el tribunal destacó que, por regla general, la administración no podía ir en contra de sus actos propios y revocar o modificar unilateralmente derechos concedidos a los particulares, entre otras cosas, debido al respeto de la buena fe. Sin embargo, advirtió que, en todo caso, dicho principio encontraba excepciones justificadas, como cuando el reconocimiento de alguna prestación había sido fruto de actos fraudulentos o delictivos. Con base en ello, para el caso concreto, determinó que la disminución de la pensión de jubilación del actor había tenido origen en una «…revisión con fundamento legal…», en la que se había establecido la falsedad de los documentos presentados para aumentar la cuantía, de manera que no había sido arbitraria, sino que había respondido a previsiones legales y se había dado en «…cumplimiento de una orden judicial…», contenida en las sentencias emitidas por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Santa Marta y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.

La anterior aclaración resulta necesaria, en orden a poner de relieve que el fundamento jurídico de la decisión del tribunal no fue el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, que, como consecuencia, no fue aplicado de manera expresa ni tácita en la sentencia gravada, de manera que nunca pudo haber sido interpretado de manera errónea, como lo denuncia la censura. En efecto, el tribunal nunca dio por sentado que la administración hubiera revocado unilateralmente su decisión, con fundamento en la citada disposición, sino que, se repite, verificó que la disminución de la pensión del actor se había dado en «…cumplimiento de una orden judicial…», emanada de la jurisdicción ordinaria penal, lo que constituía una excepción válida y justificada a la regla de no ir en contra de los actos propios.

Ahora bien, esa argumentación del tribunal resulta plenamente coherente si se tiene en cuenta que la Resolución 866 (fls. 13 a 17), por medio de la cual «…se da cumplimiento a la sentencia del 12 de febrero de 2001 dictada por el Tribunal Superior de Santa Marta - Sala Penal - y se revoca la Resolución 239 del 6 de febrero de 1996 expedida por… Foncolpuertos en cuanto afecta la mesada pensional de Rafael Alfonso Rovira…», cuya legalidad se controvierte en el proceso, fue expedida por la entidad demandada el 9 de noviembre de 2001, cuando aún no había sido expedida la Ley 797 de 2003. Por lo mismo, no era lógicamente posible que la administración se hubiera apoyado en una disposición hasta ese momento inexistente, ni que el tribunal hubiera indagado por su correcta aplicación al caso concreto.

Con sustento en lo anterior, se repite, el tribunal nunca pudo haber incurrido en la interpretación errónea del artículo 19 de la Ley 797 de 2003, pues nunca hizo eco de sus reglas, de manera que toda la argumentación del cargo deviene infundada. A lo anterior cabe agregar que el censor no cuestiona las verdaderas bases de la sentencia recurrida, que, como ya se dijo, estuvieron dadas en que la administración simplemente le dio cumplimiento a una orden judicial, y que, en todo caso, el actor no podía beneficiarse de hechos ilícitos cometidos por sus abogados, ya que, entre otras cosas, su derecho pensional «…en sí mismo…» no había sido afectado.

Para ahondar en razones, la Corte considera pertinente resaltar que en este caso estuvo suficientemente probada la falsedad de los documentos presentados para obtener un aumento de la cuantía de la pensión del actor y que, ante tal supuesto, aún si se admitiera que hubo aplicación del artículo 19 de la Ley 797 de 2003, de acuerdo con lo previsto en la sentencia de la Corte Constitucional C-835 de 2003, la administración estaba plenamente facultada para revocar directamente los actos administrativos producidos con fundamento en esas conductas punibles, así no estuviera demostrada la responsabilidad penal del actor. Frente a este tópico, la Corte Constitucional señaló:

[…] cuando el incumplimiento de los requisitos aludidos esté tipificado como delito y la Corte señala claramente que basta con la tipificación de la conducta como delito, para que la administración pueda revocar, aunque no se den los otros elementos de la responsabilidad penal, de tal manera que en el evento de que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa o se halla comprobado el incumplimiento de los requisitos, basta con que sean constitutivos de conductas tipificadas por la ley penal, hipótesis en la cual se inscribe la utilización de documentación falsa, en conexidad o no con conductas tipificadas por la ley penal tales como el cohecho, el peculado, etc… Resalta la Sala.

Por lo expuesto, el cargo es infundado.

VIII. Segundo cargo

Se estructura de la siguiente forma:

Acuso la sentencia de segundo grado por la vía directa por violación de la ley sustancial en la modalidad de aplicación indebida del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social e infracción directa del numeral 10 del artículo 1625 del Código Civil, del artículo 2513 del mismo código civil, inciso 2º, adicionado por el artículo 2º de la Ley 791 de 2002 y del artículo 2535 del citado código civil en relación con los artículos 467, 468, 469, 470, 471 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 1º, 17 y 36 de la Ley 6ª de 1945, artículos 14 y 27 del Decreto 3135 de 1968, artículos 68 y 73 del Decreto 1848 de 1969 y los artículos 1º, 2º, 11, 13, 25, 29, 48, 53, 83, 84 y 229 de la Constitución Política.

En desarrollo de la acusación, el censor resalta que el tribunal concluyó que no estaba prescrita la facultad de la demandada para revisar sus propios actos y que, tras ello, aplicó de manera indebida los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que «…consagran la prescripción trienal por vía de acción y de excepción…», esto es, a favor del pensionado y de la administradora de pensiones.

Advierte también que aunque esta sala de la Corte ha defendido la imprescriptibilidad de la pensión de jubilación, también ha sido clara al sostener que sí prescriben los factores salariales que sirven de base para su liquidación, de manera que, en este caso, el tribunal debió declarar la prescripción de la acción de la demandada, encaminada a reliquidar su pensión de jubilación, pues transcurrieron más de tres años desde la fecha en la que le fue reconocida. Precisa, igualmente, que si este tipo de acciones prescriben para el trabajador, deben prescribir, en iguales condiciones, para las entidades pagadoras o administradoras de fondos de pensiones.

IX. Consideraciones

En cuanto a la excepción de prescripción, el tribunal estimó genéricamente que «…las prestaciones reconocidas pueden ser revisadas en cualquier tiempo.»

Ahora bien, si se tiene en cuenta que en este caso no fue desvirtuado el supuesto según el cual la disminución de la pensión de jubilación del actor, ordenada a través de la Resolución 86 de 2001, se dio como consecuencia del cumplimiento de una decisión judicial emanada de la jurisdicción ordinaria penal, no le asiste razón a la censura al decir que la administración estaba simplemente discutiendo los factores salariales que integraban la prestación y que, por ello, estaba sometida a los términos de prescripción establecidos en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que, como consecuencia, no pudieron haber sido indebidamente aplicados.

Antes bien, tratándose del cumplimiento de una decisión emitida por la justicia penal en la que se comprobó la afectación del erario, por cuenta de conductas punibles, la reflexión del tribunal cobra plena validez, pues, ciertamente, la administración no solo está facultada, sino que está obligada, a cumplir la decisión en cualquier tiempo.

Como consecuencia, el cargo también es infundado.

Sin costas en el recurso de casación.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 21 de septiembre de 2012, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario laboral promovido por RAFAEL ALFONSO ROVIRA MERCADO contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL PASIVO SOCIAL DE PUERTOS DE COLOMBIA.

Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»