Sentencia SL15882-2017/51004 de septiembre 20 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL15882-2017

Rad. 51004

Acta 34

Bogotá, D.C., veinte de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «(…).

V. Recurso de casación (demandante inicial)

Interpuesto por el accionante primigenio, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

IX. Consideraciones

No tiene razón el opositor en las observaciones formales que le atribuye a la demanda de casación. Aunque es cierto que el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo no prevé textualmente la «falta de aplicación” como modalidad de infracción de la ley sustancial, sí consagra la infracción directa, que, en esencia, es una noción que denota la inaplicación de los preceptos que materialmente regulan la situación controvertida. Así pues, si lo pretendido es acusar al sentenciador de no haber empleado las normas que gobiernan las premisas fácticas del caso, da igual, invocar la infracción directa, la falta de aplicación o la inaplicación. Estas tres locuciones apuntan a una misma situación, y su diferencia es puramente lingüística y no sustancial.

En cuanto a que el recurrente incurre en el desacierto de combinar razonamientos de derecho y fácticos en el contexto de una misma acusación, cumple anotar que, si bien en un apartado se alude de manera equívoca y poco precisa a la circunstancia de que el banco accionado reconoció voluntariamente la pensión, lo cierto es que toda la estructura del cargo, incluida su proposición y argumentación, es estrictamente jurídica. De ahí que para la Corte tal impropiedad es perfectamente salvable en perspectiva a lo que distingue y caracteriza a la acusación en su conjunto.

Por último, no es cierto que los principios generales del derecho común y particulares del derecho del trabajo referenciados por el recurrente no posean un carácter sustancial. Tal debate se ha zanjado en innumerables oportunidades en las cuales se ha sostenido que estos enunciados, no obstante su textura abierta, están revestidos de fuerza normativa y vinculante, a tal punto que la Corte ha encontrado refugio en dichas normas para solucionar satisfactoriamente dilemas que han sido sometidos a su escrutinio.

Y precisamente con base en estos principios generales del derecho, dentro de los que se encuentra la equidad, la igualdad y la justicia, es que esta corporación ha considerado que la actualización de los salarios base de liquidación procede incluso respecto a pensiones causadas con anterioridad al 7 de julio de 1991. Así, en sentencia CSJ SL736-2013, reiterada en muchísimas otras (CSJ SL9380-2017; SL7700-2017; SL9742-2017; SL8942-2017), la Corte asentó:

A pesar de que la Corte ha tenido una preocupación especial por contar con una fuente normativa que legitime la indexación, el hecho de que se disponga respecto de los salarios tenidos en cuenta para liquidar pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de normas como la Constitución Política de 1991 o la Ley 100 de 1993, no implica desconocer abiertamente esa sana previsión, sino reconocer la existencia de otros parámetros normativos anteriores e igualmente válidos, como la equidad, la justicia y los principios generales del derecho, que tienen fuerza normativa, en los términos de los artículos 8 de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, y que, como lo había concluido la Sala en su primigenia jurisprudencia, respaldan plenamente la actualización de las obligaciones dinerarias.

Tras ello, la Corte no hace más que reafirmar que la fuente de la indexación no solo reposa en la ley, sino que también puede encontrar asidero en los principios de la Constitución Política de 1991 (ver sentencias del 20 de abril de 2007, Rad. 29470 y 26 de junio de 2007, Rad. 28452 y del 31 de julio de 2007, Rad. 29022) y, como con anterioridad se había discernido, en principios anteriores a ella como la equidad y la justicia, que han estado presentes durante toda la historia del derecho laboral colombiano y que encuentran pleno respaldo constitucional

(…) De todo lo expuesto, la Sala concluye que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; que existen fundamentos normativos válidos y suficientes para disponer un remedio como la indexación, a pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991; que así lo ha aceptado la jurisprudencia constitucional al defender un derecho universal a la indexación y al reconocer que dichas pensiones producen efectos en vigencia de los nuevos principios constitucionales; que esa posibilidad nunca ha sido prohibida o negada expresamente por el legislador; y que, por lo mismo, no cabe hacer diferenciaciones fundadas en la fecha de reconocimiento de la prestación, que resultan arbitrarias y contrarias al principio de igualdad.

Todo lo anterior conlleva a que la Sala reconsidere su orientación y retome su jurisprudencia, desarrollada con anterioridad a 1999, y acepte que la indexación procede respecto de todo tipo de pensiones, causadas aún con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991.

En virtud de lo expuesto y sin que sean necesarias otras consideraciones, el cargo es fundado.

Sin costas en casación.

X. Recurso de casación (parte demandante en reconvención)

Interpuesto por el accionante en reconvención, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

XI. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que se case la sentencia fustigada en cuanto confirmó el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo del a quo. En su lugar, en sede de instancia, pide que se revoque el citado numeral y, en su reemplazo, se condene a Luis Alfonso Lozano Ospina a lo peticionado en la demanda de reconvención.

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica.

XII. Cargo único

Le endilga a la providencia atacada de violación de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, «de los artículos 6º, numeral 1º y 8º del decreto 2591 de 1991; aplicación indebida de los artículos 48, 86 de la C.N., 332 del CPC, 62, 65 (L. 712/2001, art. 29), 66 (10 de la L. 1149/2007; 19, 260 del CST, 8º de la ley 153 de 1887; interpretación errónea de los artículos 1º y 31 del Decreto 2591 de 1991”.

En sustento de su acusación, el recurrente señala que si el Tribunal hubiese reparado en el texto de los artículos 6º, numeral 1º, y 8º del Decreto 2591 de 1994, habría concluido que: (i) la tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial; (ii) procede en presencia de un perjuicio irremediable y únicamente como mecanismo transitorio; (iii) que aunque no se diga en el fallo, la orden de tutela solo opera por el tiempo que tarde la adopción de la decisión por el juez natural; y (iv) que, por tanto, la acción ordinaria debe instaurarse en un plazo máximo de 4 meses, lo que significa que (v) si no se instaura en tiempo, la orden de tutela queda sin efectos.

En tal dirección, argumenta que el demandante contaba con otro medio de defensa a su alcance, y prueba de ello, es el presente juicio ordinario laboral; que el Tribunal le dio una aplicación errada al instituto de la cosa juzgada, debido a que la decisión final la adopta el juez natural; y que, por tal motivo, Citibank tenía legitimación para cuestionar la orden de tutela, aunque no hubiese impugnado la decisión.

Asegura que la decisión del ad quem es incoherente habida cuenta que admite la improcedencia de la indexación, empero no modifica el efecto del fallo de tutela. Plantea, además, que el juez le dio un tratamiento igual al recurso de apelación y a la impugnación, sin reparar en que la no interposición de este último mecanismo no convierte en definitivo el fallo de tutela, «pues siempre queda la revisión discrecional por parte de la Corte Constitucional y la decisión que corresponda por parte del juez de conocimiento del otro medio de defensa judicial, cuando se da la existencia del mismo”.

XIII. Réplica

Al oponerse a la prosperidad del cargo, el accionado en reconvención afirma que el banco no acompañó copia auténtica de la acción de tutela, ni resumió las pretensiones de su contrademanda. Por otra parte, asevera que las normas relacionadas en el cargo son inaplicables, además que la corrección monetaria fue reconocida inicialmente por Citibank, de manera voluntaria, lo cual fue expuesto en la acción de amparo. Por último, manifiesta que la tutela se concedió definitivamente y esa decisión no fue apelada.

XIV. Consideraciones

En esencia, el recurrente acusa al Tribunal de haber infringido las disposiciones que regulan la acción de amparo, habida cuenta que esta solo procede como mecanismo transitorio y por un lapso máximo de 4 meses, dentro de los cuales debe incoarse la acción ordinaria.

Argumenta que, debido a lo anterior, el fallo de tutela no surte efectos de cosa juzgada y, por ello, la decisión puede ser modificada por el juez natural en el marco de un proceso ordinario.

Pues bien, para dar respuesta a estos planteamientos, cumple recordar que no necesariamente la orden de tutela tiene una vigencia temporal. Los artículos 6º, numeral 1º y 8º del Decreto-Ley 2591 de 1991 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, consagran respectivamente:

ART. 6º—Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante […].

ART. 8º—La tutela como mecanismo transitorio. Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado.

En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.

Si no se instaura, cesarán los efectos de éste.

Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás precedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso.

De los textos transcritos se infiere que es admisible recurrir a la acción de tutela como mecanismo definitivo o transitorio. El primer caso tiene lugar ante la inexistencia de recursos o medios de defensa adicionales al alcance del ciudadano, los cuales deben ser evaluados en concreto, “en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”. Por lo tanto, en este evento, la tutela procede, bien sea porque no existe en el mundo jurídico una alternativa judicial diferente o ya sea porque, a pesar de existir, este instrumento jurídico no es idóneo y eficaz para salvaguardar los derechos fundamentales, en función de la situación objetiva y particular que rodea al accionante.

La segunda hipótesis se configura cuando la persona, a pesar de contar con un recurso ordinario disponible, suficiente y eficaz, acude a la acción constitucional para evitar un perjuicio irremediable. En este escenario la orden de tutela permanece vigente “durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado”, a condición de que la acción ordinaria se promueva «en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela”.

Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional en sentencia T-250-2015, adoctrinó:

El principio de subsidiariedad, contenido en el artículo 86 de la Constitución Política, implica que por regla general, no puede utilizarse la acción de tutela para el reconocimiento y pago de derechos pensionales, al existir mecanismos judiciales ordinarios, con los que pueden debatirse los asuntos derivados del litigio pensional.

Sin embargo y como regla exceptiva, la procedencia de la acción de tutela, cuando existen otros medios de defensa judicial, se sujeta a las siguientes reglas: i) procede como mecanismo transitorio, cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de defensa, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del peticionario; ii) procede la tutela como mecanismo definitivo: cuando el medio ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia […].

En estos términos, el recurrente no tiene razón en su argumento, pues también existe la posibilidad de conceder un amparo de manera definitiva, lo cual debe ser objeto de análisis por el juez de tutela en cada caso. Ahora bien, el juicio de procedibilidad que se esboce al respecto, es un “elemento constitutivo e inescindible del fallo” (SU-1219-2001) que, por tanto, hace tránsito a cosa juzgada. Dicho de otro modo: la decisión de amparar un derecho de manera transitoria o definitiva, corresponde al juez constitucional y, tal determinación, es un aspecto que se elucida en la sentencia de tutela.

Otra precisión. La cosa juzgada constitucional, derivada de un fallo de tutela que ampara de manera definitiva los ius fundamentales, se proyecta sobre el proceso ordinario. En efecto, si desde el prisma de la Constitución es procedente la tutela de los derechos fundamentales, es equivocado sostener que en el plano legal —que hoy se redimensiona e integra en un plano constitucional— la protección no tiene cabida.

La coherencia del sistema jurídico se asegura en la medida en que cada uno de sus enunciados normativos es compatible entre sí, lo cual se vería comprometido si se aceptara que al abrigo de las normas constitucionales un sujeto tiene un derecho pero en el nivel legal no lo tiene. Hoy la legalidad se incorpora en la constitucionalidad y, por consiguiente, debe aceptarse que la cosa juzgada constitucional de los fallos de tutela definitivos —no transitorios— impide que la jurisdicción ordinaria vuelva a tratar y decidir un asunto definido en sede constitucional.

De esta manera, el plano constitucional y el legal no son dos dimensiones ubicadas en espacios paralelos; ambos interactúan en un mismo universo jurídico y, por tanto, no puede aseverarse que las resoluciones inimpugnables y definitivas derivadas de fallos de tutela pueden ser revividas por el juez ordinario, bajo la idea errada de que este actúa en un mundo extraño al imperio de la Constitución.

Ambos jueces —constitucional y ordinario—, se repite, operan en un mismo orden jurídico y, en esa medida, la posibilidad planteada por el recurrente de que la justicia ordinaria pueda modificar lo resuelto con efectos de cosa juzgada por la jurisdicción constitucional, raya con la coherencia normativa que caracteriza los sistemas jurídicos modernos y con los postulados de seguridad jurídica, buena fe y certeza, esenciales para la paz social y la estabilidad de un Estado constitucional de derecho.

Queda a salvo, desde luego, la posibilidad de enervar la cosa juzgada a través de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 frente a providencias judiciales —en su sentido amplio— que “hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza”, siempre que se den las condiciones y requisitos consagrados en esa disposición, pero ello es otro tema, como también lo sería aquellas decisiones corroídas por fraude.

Finalmente, no está por demás señalar que la circunstancia de que la Corte Suprema de Justicia sea respetuosa del instituto de la cosa juzgada constitucional y de las sentencias dictadas por otras jurisdicciones, no significa, de suyo, que en todos los casos, esta comparta los planteamientos jurídicos de los jueces de tutela. En su calidad de máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria (C.P., art. 234), esta corporación tiene autonomía e independencia en la construcción de la doctrina laboral y la interpretación con autoridad, de las normas que componen el Derecho del Trabajo.

Dicho lo anterior, la Sala advierte que en el sub examine no se discute que mediante sentencia de tutela del 8 de junio de 2007, el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal Municipal con función de garantías tuteló los derechos fundamentales de Luis Alfonso Lozano Ospina y, como consecuencia de ello, ordenó a Citibank-Colombia efectivizar el pago actualizado de la mesada pensional. Lo anterior con la precisión de que «las diferencias pensionales reliquidadas con anterioridad al mes de octubre de 2006, deben ser objeto de controversia a verificarse por la Jurisdicción ordinaria laboral”.

Así pues, el fallo de tutela contiene dos órdenes, una definitiva de indexar o efectivizar el pago actualizado de la primera mesada pensional, y otra sujeta al control judicial de la justicia ordinaria, a la cual se difirió resolver, con efectos concluyentes, si el actor tiene derecho a las diferencias pensionales causadas entre la fecha del reconocimiento pensional y octubre de 2006.

La primera de estas órdenes, conforme se expuso en líneas precedentes, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, comoquiera que no fue impugnada ni seleccionada para revisión por la Corte Constitucional, además que contiene un mandato definitivo. La segunda, no surte los efectos de la res judicata habida cuenta que, precisamente, quien debe cerrar el debate sobre el derecho a las diferencias pensionales retroactivas es esta jurisdicción.

Deviene de todo lo anterior, que el Tribunal no incurrió en ningún desacierto jurídico al confirmar la decisión del juzgado, en cuya virtud la empresa accionada debió impugnar la decisión de amparo, pues de no hacerlo, la decisión adoptada por la justicia constitucional no podía ser revocada o reformada en lo relativo a la procedencia de la corrección monetaria de la pensión.

Como consecuencia de lo expresado, el cargo es infundado.

Las costas de este recurso extraordinario estarán a cargo de Citibank-Colombia. Se fijan como agencias en derecho la suma de siete millones de pesos ($7´000.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

XV. Sentencia de instancia

Al resolver el recurso de casación propuesto por el demandante inicial, la Corte estimó que era fundado, para lo cual evocó su actual jurisprudencia frente al tema de la indexación de la primera mesada pensional.

En su demanda el actor persigue exclusivamente el pago de las diferencias pensionales causadas entre la fecha de reconocimiento de la pensión y el 18 de octubre de 2006, día anterior a la data en que la accionada empezó a cancelar la pensión de manera actualizada.

A folio 74 del expediente se encuentra la hoja de vida de Luis Alfonso Lozano Ospina, en la cual se registra que devengó un último sueldo de $154.973 y se pensionó a partir del 16 de abril de 1989 con una mesada de $116.230, equivalente al 75% de su salario. Igualmente, es un supuesto fáctico pacífico que al actor se le pagó la pensión debidamente actualizada a partir del 19 de octubre de 2006. Con estos datos, se procederá entonces a la liquidación de las diferencias pensionales, como se expresa a continuación:


ULTIMO SALARIO
ULTIMO SALARIO

 

De acuerdo con lo anterior, la primera mesada pensional del actor, debidamente indexada, asciende a $595.677,47 para el año 1989. En cuanto a las diferencias pensionales causadas entre el 8 de octubre de 2004 y el 18 de octubre de 2006, Citibank - Colombia le adeuda al demandante la suma de $156.653.565,21.

Es imperioso aclarar que si bien el derecho a la actualización del valor de la pensión no es susceptible de prescripción, por tratarse de un aspecto ínsito y definitorio del derecho irrenunciable a la pensión como tal, sí lo son las diferencias pensionales exigibles mes a mes, con arreglo al artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Por este motivo, se declararan prescritas las diferencias exigibles con antelación al 8 de octubre de 2004, teniendo en cuenta que la demanda se presentó ese mismo día y mes del año 2007. A ello cumple añadir que si bien el actor reclamó a la entidad financiera el reconocimiento de la indexación, ello se hizo el 11 de agosto de 1998 (fl. 16).

Finalmente, la Sala desestimará la petición de intereses de mora, dado que conforme a la jurisprudencia vigente, estos solo tienen cabida frente a pensiones expresamente reguladas en la Ley 100 de 1993. En su lugar, se ordenará la indexación de los créditos insolutos, por un monto de $100.839.330,06 al 31 de agosto de 2017, conforme al cálculo que antes se refirió.

Las costas de ambas instancias estarán a cargo de Citibank - Colombia.

XVI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 31 de agosto de 2010 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso ordinario laboral que Luis Alfonso Lozano Ospina adelanta contra Citibank - Colombia en cuanto confirmó el numeral primero del fallo del a quo. No la casa en lo demás.

En sede de instancia, REVOCA el numeral primero del fallo de primer nivel y, en su lugar, DISPONE:

1.1. DECLARAR que el demandante Luis Alfonso Lozano Ospina tiene derecho al pago actualizado de su pensión, conforme lo dispuso en forma definitiva el juez de tutela.

1.2. DECLARAR que el valor de la primera mesada pensional del actor, debidamente indexada, asciende a $595.677,47.

1.3. CONDENAR a Citibank - Colombia a pagar al demandante la suma de $156.653.565,21, correspondiente a las diferencias pensionales comprendidas entre el 8 de octubre de 2004 y el 18 de octubre de 2006.

1.4. CONDENAR a Citibank - Colombia a pagar al demandante la suma de $100.839.330,06 por concepto de indexación de las diferencias pensionales adeudadas al 31 de agosto de 2017. Lo anterior sin perjuicio de la que se cause hasta la fecha en que se realice el pago de los saldos insolutos.

1.5. DECLARAR prescritas las diferencias pensionales exigibles con anterioridad al 8 de octubre de 2004.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, presidente de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.