Sentencia SL2034-2016 de febrero 17 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL2034-2016

Radicación 72904

Acta 05

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Se considera

Sea lo primero señalar que aun cuando la argumentación vertida por el recurrente a efectos de obtener la nulidad de la referida determinación del Tribunal, no es amplia, lo cierto es que cumple con la carga argumentativa suficiente para efectos de que la Sala emita un pronunciamiento sobre el particular.

Así, se tiene que el aspecto cuestionado por la empresa convocante, se limita a que el Tribunal le impuso una nivelación salarial que no fue objeto del conflicto colectivo, por lo que este desbordó su ámbito de competencia.

Pues bien, no es necesario realizar mayor esfuerzo para evidenciar que en realidad, el Laudo Arbitral cuestionado, en esta cláusula, no impuso ningún tipo de nivelación salarial, entendida esta como la operación mediante la cual determinado trabajador acrecienta su salario en relación con lo percibido por otro, respecto de quien se predica igualdad en los términos del artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, pues lo que en realidad decidió y quedó claramente establecido en la estipulación objeto de estudio, es la aplicación de unos incrementos salariales para los trabajadores que desempeñen los cargos que allí se enlistan y en los periodos que la misma contiene, punto que por demás —tal como quedó visto en la transcripción pertinente—, fue materia del pliego de peticiones presentado por el sindicato en conflicto.

Luego lejos está el Tribunal de Arbitramento de haber desbordado su competencia como lo alega la recurrente, pues itérese no se ocupó de elaborar nivelaciones salariales bajo el postulado legal que predica que un trabajo desempeñado en un puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales, debe corresponderle un salario igual.

En consecuencia, no se anulará la disposición aludida.

Anulación DE LOS INCISOS 6º Y 7º DEL NUMERAL 6º de la PARTE RESOLUTIVA DEL LAUDO ARBITRAL - Prima de antigüedad - Pago de primas

Texto del pliego de peticionesTexto del Laudo Arbitral

ARTICULO (sic) DECIMO (sic) OCTAVO.- PRIMA DE ANTIGÜEDAD.
La EMS ESP, a partir de la entrada en vigencia de la presente convención colectiva de trabajo, pagará a todos sus trabajadores profesionales una primea de antigüedad, en los siguientes parámetros:
A. Al cumplir cinco (5) años de servicios, medio (1/2) mes de salario básico.
B. Al cumplir diez (10) años de servicios, dos terceras partes (2/3) de un mes de salario básico.
C. Al cumplir quince (15) años de servicios, un (1) mes de salario básico.
PAR. PRIMERO.—A partir de los quince (15) años de servicios continuos o discontinuos, se pagará al trabajador una prima anual de un (1) mes de salario básico. La prima anual de antigüedad aludida en este parágrafo, se causará en la fecha en que el trabajador cumpla quince años de servicios y se continuará pagando sucesivamente por año cumplido a partir de los quince años de servicios.
PAR. SEGUNDO.—Las primas enunciadas en el presente artículo se aplicaran (sic) de manera inmediata y para su liquidación y pago se debe tener en cuenta el tiempo de antigüedad que cada uno de los trabajadores profesionales tenga en la EMSA ESP al momento de entrar en vigencia la presente convención colectiva[.]

ARTICULO (sic) DECIMO (sic) NOVENO.- PAGO DE PRIMAS
La EMSA ESP, pagará a sus trabajadores las siguientes primas:
A. Una prima de vacaciones equivalente a Cuarenta y Cinco (45) días de salario promedio por año para las vacaciones que se cumplan a partir de la vigencia de la presente convención [.]
B. Una prima semestral en el mes de junio equivalente a cuarenta y cinco (45) días de salario promedio que devengue cada trabajador beneficiario de la presente convención colectiva.
C. Una prima semestral en el mes de diciembre equivalente a cuarenta y cinco (45) días de salario promedio que devengue cada trabajador beneficiario de la presente convención colectiva.
PAR. PRIMERO.—Las primas de los literales B y C se pagarán a los trabajadores profesionales que hayan prestado sus servicios durante la totalidad del semestre respectivo y proporcionalmente a las fracciones siempre que estas hayan sido superiores a un (1) mes.
PAR. SEGUNDO.—Las primas de los literales B y C reemplazan en su totalidad a las primas de servicio, que la EMSA ESP hubiere decretado hasta el momento. Si en el futuro alguna disposición legal establece prestaciones similares a las consagradas en los literales A, B y C de este artículo, se imputarán a ellas y tan solo se pagará la diferencia si fueren superiores a las decretadas.

PRIMA DE ANTIGÜEDAD
La ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP, a partir de la entrada en vigencia del presente Lauda Arbitral, pagará a todos los beneficiarios de éste (sic) laudo, una prima de antigüedad, en los siguientes términos:
A. Al cumplir cinco (5) años de servicios, medio (1/2) mes de salario básico.
B. Al cumplir diez (10) años de servicios, dos terceras partes (2/3) de un mes de salario básico.
C. Al cumplir quince (15) años de servicios, un (1) mes de salario básico.
PAR. PRIMERO.—A partir de los quince (15) años de servicios continuos o discontinuos, se pagará al trabajador una prima anual de un (1) mes de salario básico. La prima anual de antigüedad aludida en este parágrafo, se causará en la fecha en que el trabajador cumpla quince años de servicios y se continuará pagando sucesivamente por año cumplido.
PAR. SEGUNDO.—Las primas enunciadas en el presente artículo se aplicaran (sic) de manera inmediata y para su liquidación y pago se debe tener en cuenta el tiempo de antigüedad que cada uno de los trabajadores profesionales tenga en la ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP al momento de entrar en vigencia el presente Laudo Arbitral.
PAR. TERCERO.—Para efectos prestacionales esta prima no constituye salario.
PAGO DE PRIMAS
A. Una prima de vacaciones, equivalente a un mes de salario promedio por año, para las vacaciones que se cumplan a partir de la vigencia del presente Laudo Arbitral.
B. Una prima semestral en el mes de junio equivalente a un mes de salario promedio.
C. Una prima semestral en el mes de diciembre equivalente a un mes de salario promedio.
PAR. PRIMERO.—Las primas de los literales B y C, se pagarán a los trabajadores beneficiarios del presente Laudo, que hayan prestado sus servicios durante la totalidad del semestre respectivo y proporcionalmente a las fracciones siempre que estas hayan sido superiores a un (1) mes.
PAR. SEGUNDO.—Las primas de los literales B y C reemplazan en su totalidad a las primas de servicio, que la ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP, hubiere decretado hasta el momento. Si en el futuro alguna disposición legal establece prestaciones similares a las consagradas en los literales A, B y C de este artículo, se imputarán a ellas y tan solo se pagará la diferencia si fueren superiores a las decretadas.
PAR. TERCERO.—Las primas anteriores no constituyen salario para efecto de liquidación de prestaciones sociales.

Manifiesta el impugnante textualmente: «el otorgamiento de pago de las primas —antigüedad y otras— previstas en las cláusulas ya señaladas contienen una inequidad manifiesta en relación con los demás regímenes prestacionales vigentes en la Empresa».

En contraposición, la agremiación sindical arguye que la inequidad de este aparte, es planteada en su recurso en la medida que el Tribunal «fue corto el tomar la decisión frente a las primas (…) por debajo de aquellas que hoy existen en la convención de SINTRAELECOL».

Se considera

Claro es para la Sala que lo expuesto por la empresa recurrente es exiguo a los efectos que persigue, esto es, la anulación de los incisos 6º y 7º del Laudo Arbitral, pues simplemente se limita a señalar que lo allí dispuesto resulta inequitativo en relación con otros regímenes prestacionales existentes al interior de la empresa; empero, no refiere ningún sistema de beneficios diferente al que hoy es objeto de estudio y menos aún, realiza algún tipo de parangón que le permita a la Sala evidenciar la alegada «inequidad manifiesta» que pone de presente la impugnante.

Lo anterior, es suficiente para no acceder a la anulación de la decisión arbitral respecto de los incisos en comento.

Anulación del inciso 10 del numeral 6º de la parte resolutiva del laudo arbitral - Auxilio por servicio de energía

Texto del pliego de peticionesTexto del Laudo Arbitral

ARTICULO (sic) VIGESIMO (sic) NOVENO.- AUXILIO POR SERVICIO DE ENERGIA (sic) ELECTRICA (sic).
La EMSA ESP reconocerá a los beneficiarios de la presente convención colectiva de trabajo, el equivalente de hasta 300Kwh mensuales que le corresponda sufragar por concepto de pago de servicio de energía eléctrica, aplicable al inmueble donde resida o habite el trabajador beneficiario.
Así mismo, por los conceptos de conexión, matrícula, derecho de red, derechos de instalación, derechos de transformación y subestación a sus trabajadores profesionales se le aplicara (sic) un descuento del 50% del valor que corresponda cancelar por dichos conceptos, siempre y cuando los anteriores derechos se causen en la casa de habitación del trabajador beneficiario.
PAR. PRIMERO.—El descuento por conexión, matrícula, derecho de red, derechos de derechos de instalación, derechos de transformación y subestación, solo se aplicara una (1) sola vez[.]
Tanto el descuento como el pago de que trata este artículo, se hará únicamente para el consumo de energía eléctrica a tarifa residencial y para su casa de habitación y no constituye salario en especie.
PAR. SEGUNDO.—Los trabajadores de la EMSA ESP que tengan su residencia en municipios y poblaciones donde la empresa no preste el servicio, deberán registrar ante la EMSA ESP la dirección de sus respectivas residencias.
PAR. TERCERO.—La EMSA ESP pagará el valor equivalente de hasta 300 KWH mensuales del valor del consumo de energía eléctrica a los trabajadores de que trata el parágrafo segundo (s) mediante la presentación del respectivo recibo debidamente cancelado a las diferentes empresas suministradoras de tal servicio.
En ningún caso la EMSA ESP cancelará más de un (1) recibo por trabajador por servicio de energía eléctrica correspondiente a un mismo periodo.

AUXILIO POR SERVICIO DE ENERGIA (sic) ELECTRICA (sic).
La EMSA ESP reconocerá a los beneficiarios del presente laudo Arbitral, el equivalente de hasta 105 Kwh mensuales que le corresponda sufragar por concepto de pago de servicio de energía eléctrica, aplicable al inmueble donde resida o habite el trabajador.
Así mismo, por los conceptos de conexión, matrícula, derecho de red, derechos de instalación, derechos de transformación y subestación a sus trabajadores profesionales beneficiarios se le aplicará un descuento del 50% del valor que corresponda cancelar por dichos conceptos, siempre y cuando los anteriores derechos se causen en la casa de habitación del trabajador beneficiario.
PAR. PRIMERO.—El descuento por conexión, matrícula, derecho de red, derechos de derechos de instalación, derechos de transformación y subestación, solo se aplicara una (1) sola vez.
Tanto el descuento como el pago de que trata este artículo, se hará únicamente para el consumo de energía eléctrica a tarifa residencial y para su casa de habitación.
PAR. SEGUNDO.—el auxilio por servicio de energía eléctrica, no constituye salario para efectos prestacionales.
PAR. TERCERO.—En ningún caso la EMSA ESP cancelará más de un (1) recibo por trabajador por servicio de energía eléctrica correspondiente a un mismo periodo

Expone la empresa empleadora, como fundamento de su posición:

En relación con el servicio de energía concedido es cierto que hubo oferta por parte de la Empresa, pero bajo la condición de explorar la legalidad del auxilio a la luz de la legislación vigente en materia de tarifas de servicios públicos y la reglamentación pertinente. Como quiera que la organización sindical no aceptó de entrada la propuesta de la Empresa, no se profundizó sobre la legalidad del mismo; no obstante es claro ahora que el auxilio pretendido contraviene los preceptos legales, tal como se explicará en el trámite del recurso.

Refiere el sindicato opositor al respecto: «la empresa pretende la ilegalidad de un beneficio convencional denominado Auxilio de energía, que no es ilegal para pactar con SINTRAELECOL, pues así está en la convención con dicha entidad sindical, inclusive en mejores condiciones: (…)».

Se considera

Cuestiona el recurrente que el Tribunal haya impuesto el auxilio de energía cuando el mismo «contraviene los preceptos legales».

Nuevamente, es claro que tal argumentación resulta insuficiente en aras que la Corte proceda a cumplir el cometido que pretende, pues omite la elaboración de un discurso tendiente a demostrar la supuesta inequidad de la imposición de tal prerrogativa.

Ahora bien, el impugnante refiere que dicha transgresión legal «se explicará en el trámite del recurso», olvidando que tal como lo sostuvo la Corte en providencia AL2314-2014, con ocasión de la expedición de la Ley 1563 de 2012, el plazo para interponer y sustentar el recurso de anulación es de tres días, contados a partir de la notificación del laudo, lo cual debe hacerse ante el Tribunal de Arbitramento respectivo, como requisito previo a la remisión del expediente a esta Corporación, por lo que no resultaba viable que con posterioridad a tal oportunidad, el impugnante pretendiera ampliar sus cuestionamientos.

Lo anterior, no obsta para señalar que el Tribunal sí tenía competencia para imponer ese tipo de prerrogativa, en tanto constituye un beneficio económico para los trabajadores a quienes se les extienda los beneficios del laudo arbitral. Además, en relación con lo solicitado en el pliego de peticiones, no se advierte que con lo otorgado se hayan desconocido los parámetros la equidad y principios tales como los de proporcionalidad y razonabilidad, menos aún cuando la empresa empleadora tiene como objeto la comercialización de energía.

Por tanto, no se anulará la disposición bajo estudio.

IV. El recurso de anulación interpuesto por la Asociación de Trabajadores Profesionales de la Electrificadora del Meta S.A. ESP - Asprofemsa

4.1. Alcance del recurso.

La agremiación sindical recurrente solicita, de una parte, la devolución del Lauto al Tribunal de Arbitramento a fin de que se pronuncie frente a algunos de los puntos del pliego respecto de los que se abstuvo de hacerlo y, de otra, la nulidad de algunas de sus disposiciones. En ese orden, se adentra la Sala al estudio del recurso propuesto.

4.2. Devolución del laudo al tribunal por no pronunciamiento- «Violación de la obligación legal de decidir sobre los puntos que no hubo acuerdo entre las partes (Competencia)».

4.2.1. Aspectos generales.

En lo fundamental ASPROFEMSA critica al Tribunal por cuanto, en el numeral quinto de la parte resolutiva del laudo arbitral, no se pronunció sobre los artículos 10, 21, 22, 23, 26, 30 y 31 del pliego de peticiones relativos a «Comité de Coordinación Laboral», «Servicios Médicos», «Fondo de vivienda», «Fondo para el fomento de la educación del trabajador o su familia», «Fondo de empleados», «Escalafón» y «Ascensos y Promociones», respecto de los cuales no se produjo acuerdo entre las partes.

Afirma el recurrente que los puntos del pliego de peticiones arriba precisados, se encuentran dentro de la órbita de las facultades del Tribunal de Arbitramento, por lo que este no podía abstenerse de decidir sobre el contenido de los mismos y, en consecuencia, tiene el deber legal de resolverlos. Esta es la razón por la cual, solicita »luego de anular, ordenar a los árbitros que fallen sobre los puntos que no lo hicieron».

Cita en apoyo de su petición, el contenido del artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo y lo sentado por esta Sala en auto CSJ AL, diciembre 2 de 2008, radicación 36926.

Se considera

Pues bien, sea lo primero señalar que esta Sala de la Corte ha explicado en repetidas oportunidades, que al desatar el recurso de anulación presentado contra un laudo arbitral proferido para resolver un conflicto colectivo, sus funciones se concretan a verificar su regularidad y comprobar que el organismo arbitral no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado.

En esa dirección, ha sostenido la Sala que, en principio, «(…) no es jurídicamente posible que el Tribunal de arbitramento se inhiba de resolver sobre el fondo del asunto, pues tal proceder deja insoluble parcialmente el conflicto colectivo de trabajo, perdiendo su razón de ser ese mecanismo previsto por el legislador para dirimir los conflictos colectivos de trabajo, donde se somete la solución de las diferencias a la decisión de particulares investidos transitoriamente de jurisdicción» (CSJ SL; jun. 13/2007, rad. 32093).

No obstante, esta Magistratura también ha sostenido que para que la decisión inhibitoria sea cuestionable y obligue a la devolución del laudo, con el ánimo de remediar la omisión y lograr un pronunciamiento completo, debe ser incontrovertible que el Tribunal tenga competencia frente a los puntos sobre los cuales hubiere dejado de adoptar una resolución de fondo. Luego, la decisión inhibitoria es admisible únicamente en torno a aquellos temas que no entran dentro de los márgenes de su competencia.

Así lo reiteró en sentencia CSJ SL, enero 22 de 2008, radicación 34861, en la que precisó:

Los razonamientos en precedencia mantienen su vigencia bajo los siguientes criterios: (i) Si el tribunal de arbitramento tiene competencia para definir los puntos del pliego de peticiones que no pudieron ser resueltos en la etapa de arreglo directo, no es jurídicamente viable que se inhiba. De suceder así debe la Corte devolver el laudo para que el tribunal efectúe pronunciamiento de fondo; y (ii) sólo es procedente la inhibición cuando los árbitros efectivamente carecen de competencia. En similar sentido lo sostuvo esta Corporación en sentencia de homologación de 19 de julio de 1982 al discurrir: “Si el sentenciador estima que no tiene competencia, su decisión tiene que ser inhibitoria. No puede concluir afirmativamente ni negativamente sobre lo pedido. Si procede en forma diferente, con el supuesto de su incompetencia, su decisión no sólo contraría la normatividad de los presupuestos procesales sino que es ilógica en el campo del Derecho (Gaceta Judicial Nº 2410, pág. 655)” (resaltado fuera del texto original).

En el presente asunto, el laudo arbitral, en el numeral quinto de su parte resolutiva, refiere «De acuerdo con lo expuesto en la parte motiva al Tribunal no le asiste competencia sobre los puntos:, décimo (Comité de coordinación laboral), vigésimo primero (Servicios médicos), vigésimo segundo (Fondo de vivienda), vigésimo cuarto (Fondo para el fomento de la educación del trabajador o su familia), vigésimo sexto (Fondo de empleados), vigésimo octavo (Permisos remunerados), trigésimo (Escalafón), trigésimo primero (Asensos y promociones), trigésimo segundo (Apoyo a la investigación), y trigésimo tercero (Reemplazos temporales)» (fl. 226).

En este orden de ideas, le corresponde a la Sala verificar frente a cada uno de los puntos cuya omisión de resolución se endilga, cuál fue la decisión del Tribunal para inhibirse o abstenerse de emitir un pronunciamiento, lo argumentado por el recurrente y la posición del replicante.

4.2.2. Artículos del pliego de peticiones, cuyo pronunciamiento por parte del Tribunal de Arbitramento se pretende:

Artículo 10 del pliego de peticiones - Comité de coordinación laboral

Afirma el recurrente que en este pedimento no se solicitó la simple creación de un comité, sino que en él se consagró un trámite disciplinario que garantiza el debido proceso; empero, ello no fue objeto de estudio por parte del Tribunal de Arbitramento, lo que afirma, contraría la jurisprudencia de esta Sala contenida en la SL8693-2014, cuyo texto reproduce en lo pertinente. En consecuencia, solicita la devolución del expediente al referido Colegiado.

La Electrificadora del Meta se opone a tal solicitud, bajo el argumento de que en dicha cláusula no se establece simplemente un procedimiento disciplinario, sino la creación de un comité paritario al que se le asigna la competencia de disponer y decidir sobre sanciones y despidos a imponer, por lo que tal estipulación despoja al empleador de su competencia sancionatoria. Refiere además que la previsión de oír al trabajador con el acompañamiento de dos miembros de la organización sindical, previo a la imposición de una sanción, es un asunto ya establecido por el legislador.

Se considera

La Corte ya ha expuesto su criterio, el cual reitera en esta oportunidad, en punto a la facultad de los árbitros de establecer un procedimiento disciplinario previo a la imposición de sanciones o al despido y no ha encontrado razones que conduzcan a colegir que esta clase de decisiones constituyan una extralimitación en la competencia de los árbitros al tenor del artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, sino que por el contrario, ello responde a la protección del proceso tendiente a garantizar al trabajador la estabilidad en el empleo y para que, previamente a su desvinculación por justa causa, tenga la oportunidad de presentar sus descargos y que sea una comisión paritaria la encargada de revisar la veracidad de los motivos que invoca la empresa para finiquitar el contrato de trabajo con justa causa.

No obstante, la disposición en estudio, no contiene verdaderamente la estructuración o creación de un procedimiento disciplinario como lo pretende hacer ver la organización sindical recurrente, pues lo que ella consagra es la creación de un organismo que —además de conocer de las diferencias que plantee el sindicato por la aplicación e interpretación de la convención colectiva de trabajo o el laudo arbitral y las discrepancias que se susciten por el incumplimiento de los distintos contratos laborales—, determinará la viabilidad de las sanciones disciplinarias «que pretenda imponer el Empresa a algún afiliado de ASPROFEMSA», lo que en realidad significaría coartar el ejercicio de la potestad sancionatoria del empleador.

En consecuencia, no le era dable al Tribunal de Arbitramento pronunciarse sobre el particular, pues como en realidad lo adujo dicho colegiado, la disposición en torno al contenido de esa petición, solo sería posible, por acuerdo entra las partes contratantes, es decir, a través de las convenciones colectivas de trabajo o pactos colectivos, mas no puede ser impuesta al empleador mediante un laudo arbitral, como aquí se pretende.

Por tanto, resulta acertada la decisión del Colegiado de no pronunciarse sobre dicha petición.

Artículo 21 del pliego de peticiones - Servicios médicos

Refiere el Sindicato impugnante que el Tribunal adujo para no examinar esta petición, que ella contiene prestaciones no contempladas en el sistema integral de seguridad social en salud, lo que en su sentir, en realidad constituye un argumento para decidir el punto, pues es respecto de aquellas prestaciones que contempla la Ley 100 de 1993 que no le está permitido fallar. Luego, tenía competencia para referirse a aquellas peticiones que mejoren la situación de los trabajadores en materia de salud. Apoya su postura en la Sentencia CSJ SL, julio 19 de 1982, de la cual no señala número de radicado.

A su turno, la empleadora manifiesta que no se encuentra dentro de la esfera de los árbitros crear obligaciones en materia de seguridad social que se encuentren asignadas a los entes que por ley les corresponde asumir el riesgo, por lo que son las partes involucradas en el conflicto colectivo quienes deben convenir libremente si el empleador debe reconocer «una suma adicional».

Se considera

Reiteradamente ha estimado la Sala que no está dentro de la esfera de los árbitros crear obligaciones en materia de seguridad social a cargo del empleador, que se encuentren asignadas a los entes a quienes por ley corresponde asumir el riesgo.

No obstante, también ha adoctrinado que, «por medio del conflicto colectivo y la dinámica que le es propia, lo que los trabajadores buscan es precisamente la defensa y la mejora de sus derechos laborales, bien sea superando los establecidos legal o extralegalmente o creando nuevos derechos» y que, «esa finalidad de mejoramiento de los derechos y beneficios de los trabajadores que apareja la negociación y el conflicto colectivo, se replica a los arbitradores, quienes para decidir en equidad igualmente pueden pronunciarse con respecto a cualesquiera mejoras que superen los mínimos previstos en la ley, bien sea mediante la creación de nuevos beneficios o la complementación de los ya existentes» CSJ SL13016-2015 (se resalta).

Así las cosas, resulta claro para la Sala que el argumento esbozado por el Tribunal a efectos de no emitir un pronunciamiento sobre tal aspiración de la agremiación sindical, esto es, por considerar que supera la órbita de sus competencias en cuanto contiene prestaciones distintas a las contempladas en el sistema de seguridad social en salud, no puede ser avalada, pues en virtud de la investidura que les es otorgada en el seno de la negociación colectiva, tienen plena facultad para incrementar o complementar los mínimos que superen la ley, incluida la de seguridad social en salud, claro está sin que ello afecte la estructura y el funcionamiento del mismo sistema.

En tales condiciones, le corresponderá al Tribunal cuestionado pronunciarse frente a este punto del pliego de peticiones, en aquello que supere los mínimos amparados por el régimen e seguridad social en salud y, en tal virtud habrá de devolverse el laudo a dicho Colegiado para lo pertinente.

Artículos 22, 24 y 26 del pliego de peticiones - Fondo de Vivienda, Fondo para el Fomento de la Educación del Trabajador o su Familia y Fondo de Empleados

Alega la organización colectiva en cuanto al fondo de vivienda que «la razón de los arbitradores es la que da base a la petición, pues ellos reconocen que existe en la empresa un reglamento, que un grupo de los profesionales de la Asociación que represento se benefician del reglamento que existe, pero se rehúsan a fallar el punto, que ya ha sido reconocido por la parte empresarial, en forma voluntaria para los miembros del ASPROFEMA, y tal como la sentencia plantea, corresponde tal beneficio a una función social inherente a la propiedad que estando vigente, debe necesariamente incorporarse a las normas que rigen la relación de empleador y trabajadores por la vía de la convención colectiva y en esta caso por medio del laudo, como un derecho propio de los trabajadores y un deber de responsabilidad social de la empresa».

En lo que a los referidos fondos respecta, afirma la impugnante ASPROFEMSA, que se trata de una petición de carácter económico que debió ser fallada por el Tribunal.

Por su parte, expone la empresa empleadora, que crear o instituir estos tres fondos, es un tema que le corresponde privativamente a las partes, pues situación diferente es cuando ellos han dispuesto con anterioridad su creación y la discusión gira en torno a su funcionamiento o patrimonio, en tanto es, respecto de tales asuntos que la decisión arbitral puede recaer, y concluye «la creación de los mencionados fondos corresponde a facultades propias del empleador que se enmarcan dentro del derecho a la libre empresa, que apareja la potestad de dirección, organización, conducción y manejo empresarial».

Se considera

En la forma como se encuentran redactadas las peticiones reseñadas, resulta evidente que ellas no encierran conflicto jurídico alguno, en la medida que responden a la solución de una controversia eminentemente económica y, en tal perspectiva, los árbitros tenían plena facultad para emitir un pronunciamiento, independientemente que concedan o no las aspiraciones del conglomerado sindical.

Por tal motivo, se devolverá el expediente para que dentro de los cinco (5) días siguientes a su instalación, se pronuncie acerca de lo solicitado en los puntos 22, 24 y 26 del pliego de peticiones.

Artículos 30 y 31 del pliego de peticiones - Escalafón - Ascensos y promociones

En punto a estos artículos del pliego de peticiones, refiere el sindicato recurrente que no corresponden al resorte del empleador, ni que contemplan puntos jurídicos, «pues ellos forman parte de la obligación social de la propiedad y que deben ser fallados por los árbitros dado que el quantum de la decisión de los mismos corresponde a aquellos puntos que las partes no acordaron y que no tienen prohibición legal, tal como en este caso ocurre pues no son aspectos que toquen derecho alguno y ni la ley ni la jurisprudencia los han excluido de las facultades arbitrales».

En contraposición, manifiesta el ente empleador que tales aspectos, escapan de la competencia de los árbitros por tratarse de asuntos de «naturaleza administrativa», conforme el criterio expuesto por esta Sala en la sentencia CSJ SL, octubre 27 de 2010, radicación 41497, por lo que no podía el Tribunal de Arbitramento imponer a la empresa un sistema de escalafón que modificara su «estructura organizacional» y «su política salarial».

Se considera

Tiene establecido la jurisprudencia de la Sala que los árbitros no pueden adoptar previsiones que afecten las facultades reconocidas por la ley al empleador, entre ellas las que tienen que ver con las políticas relativas a la promoción y ascenso de sus trabajadores por vacantes o nuevos cargos, ni en lo atinente a la metodología para su implementación. En efecto estos temas gravitan en la órbita del derecho a la libre empresa, al que le son inherentes las atribuciones de dirección, organización, conducción y manejo empresarial.

En este caso, es evidente que los árbitros no tenían la facultad para pronunciarse sobre estos aspectos, so pena de afectar las prerrogativas reconocidas al empresario por la Constitución y la ley.

Así, en sentencia CSJ SL 718-2013, en la que se rememoró la providencia CSJ SL, julio 15 de 2008, radicación 35927, precisó la Corporación:

La implementación en la empresa de una carrera técnica profesional para los ingenieros afiliados a ASIEB, que permita la promoción en el empleo y los ascensos en condiciones de igualdad y equidad, con base en el tiempo de servicio a la empresa, los estudios universitarios, cursos de mejoramiento profesional que se adelanten, corresponde a una decisión propia del empleador, pues es de su potestad determinar las condiciones de administración de su actividad económica, que conforme a su libre parecer sean las adecuadas para la acertada gestión de sus negocios, pues es lo que está acorde con la iniciativa privada y la libertad de empresa garantizada en la Constitución Nacional, de manera que no está dentro de la órbita de competencia de los tribunales de arbitramento fijar condiciones que tengan que ver rigurosamente con el manejo de la empresa y fue precisamente en estos términos que en un tema análogo dijo la Corte, en sentencia de 15 de julio de 2008, radicada con el número 35927, lo siguiente:

“En cuanto a la obligación impuesta a la empresa de reglamentar un escalafón que garantice a sus trabajadores el ascenso a cargos vacantes se observa que trasciende las facultades de los tribunales de arbitramento, pues no es factible que a través del laudo se produzca una intromisión en la dirección de la empresa, en tanto corresponde al fuero interno del empleador imprimir las condiciones que estime convenientes para la adecuada conducción y orientación del manejo de sus negocios, que tiene sustento en la iniciativa privada y la libertad de empresa garantizados en la Constitución Nacional, obviamente dentro de límites de la responsabilidad social y de todo orden impuestos en el sistema constitucional y legal. En consecuencia se anulará el artículo estudiado”.

En similar sentido se pronunció esta Sala en la sentencia de anulación CSJ SL 3269-2014.

En consecuencia, no se accederá a lo pretendido por la asociación recurrente en cuanto a la devolución del Laudo al Tribunal para que se pronuncie acerca de las aspiraciones contenidas en los artículos 30 y 31 del pliego de peticiones.

4.3. Disposiciones del laudo arbitral cuya anulación se persigue.

La Asociación de Trabajadores Profesionales de la Electrificadora del Meta S.A. ESP, refiere de manera general que al Tribunal de Arbitramento le corresponde fallar en equidad los puntos sometidos a su consideración, por tratarse de un conflicto económico y que las cláusulas acusadas —unas negadas y otras concedidas—, violentan tal principio.

Cuestiona entonces la decisión adoptada en el laudo, en referencia con los siguientes artículos del pliego de peticiones.

4.3.1. Anulación de peticiones negadas por el Tribunal.

Artículo 8º del pliego de peticiones - Estabilidad laboral

En punto a la petición consagrada en el artículo 8º del pliego de peticiones «estabilidad laboral», aduce el impugnante que la argumentación del Colegiado es «totalmente incoherente», en tanto el hecho de conceder otra prestación no impone «la negativa de esta solicitud, que corresponde a la estabilidad relativa y la tabla indemnizatoria que son de la competencia del Tribunal»; que su otorgamiento no es inequitativo en tanto de ella depende la estabilidad laboral y que esta Sala así lo ha sostenido.

Al replicar el asunto, la Electrificadora del Meta S.A. ESP, sostienen que la redacción de la cláusula impone un modo específico de contratación —a término indefinido— y «una acción de reintegro para todas las acciones judiciales que interponga el trabajador», temas que escapan a la competencia del Tribunal. Reproduce apartes de la sentencia de anulación CSJ SL, mayo 13 de 2008, radicación 34622 y concluye que por ello, los árbitros optaron por conceder la prima de antigüedad y salvaguardar la equidad, antes que declarar su falta de competencia para pronunciarse sobre el particular.

Artículo 12 del pliego de peticiones - Factores para la liquidación de prestaciones sociales

En cuanto al pedimento contenido en el artículo 12 del pliego de peticiones «FACTORES PARA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES», reprocha el recurrente que el Tribunal desconoció la figura de «armonización convencional», en tanto lo decidido genera una diferencia entre los trabajadores de la empresa, pues los profesionales no tienen la cobertura de la convención de SINTRAELECOL. Cita apartes de la sentencia CSJ SL, febrero 28 de 2012, radicación 50795 y afirma que la determinación adoptada genera «un problema rotundo de inequidad, pues la tesis jurisprudencial apunta a la existencia del respeto de una (sic) condiciones mínimas de igualdad y equidad, pues lo contrario equivale a generar diferencias insolubles entre el sector trabajador de una empresa».

La empresa en conflicto asevera que el derecho a la igualdad solo se afectaría en la medida que las circunstancias fácticas no justifiquen «desde el punto de vista de su diferencia, racionalidad, razonabilidad y finalidad un tratamiento distinto».

Señala que no puede pretenderse que una organización sindical naciente como lo es la recurrente, obtenga en su primer conflicto colectivo idénticas prestaciones que las obtenidas por un sindicado con más de 20 años de actividad, circunstancia que determina la imposibilidad de establecer un parámetro de comparación válido para reclamar el derecho a la igualdad.

Se considera

Tal y como quedó dicho, el Tribunal se pronunció sobre las peticiones contenidas en los artículos en mención, en el sentido de negarlas. En el primero de los casos (art. 8º), señaló su negativa, pero aclaró que por razones de equidad accedería al pago de la prima de antigüedad y, en el segundo (art. 12), adujo que los factores para liquidar prestaciones sociales se indicarán en cada beneficio que llegaré a reconocer el mismo Laudo Arbitral.

En esa dirección, lo cierto es que para la Sala no es posible variar el resultado del laudo en cuanto a estos temas, dado que los puntos sometidos al estudio de la Sala vía recurso de anulación se tratan de unas peticiones que fueron negadas, y es bien sabido que esta Corporación no tiene competencia para proferir la decisión de remplazo.

Por ende, la competencia de la Corte no la habilita para, en lugar de ellos, disponer sobre dichas solicitudes, dado el carácter eminentemente sancionador del laudo; es decir, limitado a anular o no anular la disposición adoptada por el Tribunal. Ello, sin desatender la excepcional oportunidad en que la Sala ha encontrado plausible la modulación del laudo que, por supuesto, no aplica a situaciones como la presente, en la que, se reitera, se resolvieron negativamente las aspiraciones sindicales.

Así lo explicó este Colegiado, en fallo de anulación CSJ SL10179-2015, en la que se reiteró la sentencia CSJ SL, noviembre 25 de 2008, radicación 37482:

(…) es del caso reiterar que el Tribunal expresó la razón que le dirigió a no acceder a ese pedimento, por ende, la competencia de la Corte no le habilita para, en su lugar, disponer sobre dicha solicitud, dado el carácter eminentemente sancionador del laudo, es decir, limitado a anular o no anular la disposición adoptada por el Tribunal y en manera alguna, a dictar una decisión de reemplazo. Ello, sin desatenderse la excepcional oportunidad en que la Corte ha encontrado plausible la modulación positiva del laudo que, por supuesto, no aplica a situaciones, como la presente, en que se resolvió por el Tribunal negativamente la petición.

En efecto, en sentencia de anulación de 25 de noviembre de 2008 (rad. 37482), que aquí se reitera, así explicó la Corte la situación anunciada:

“Ha explicado esta Sala de la Corte que las precisas facultades que surgen para ella en virtud de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, dentro del denominado actualmente por la ley recurso de anulación, se limitan a verificar la regularidad del laudo y otorgarle fuerza de sentencia si el Tribunal de Arbitramento no extralimitó el objeto para el que se le convocó, o anularlo en caso contrario, ello respecto de los puntos que quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes en la etapa de arreglo directo y que cobijen la totalidad de los que son materia del diferendo; a verificar que el pronunciamiento del tribunal no afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo; y, de manera excepcional, a disponer la anulación de disposiciones del laudo que sean manifiestamente inequitativas, todo lo anterior dentro del marco de las facultades propias de los árbitros para decidir conflictos de intereses económicos; o para que el expediente sea devuelto al Tribunal por no haberse resuelto las diferencias que dieron origen a su convocatoria.

“Por eso es que en sentencia del 16 de marzo de 2005 (rad. 23.843), ratificada entre otras muchas, en sentencia de 12 de octubre del mismo año (rad. 27.857), recordó la Corte que cuando se trata de conflictos colectivos económicos no le es dado, en tanto disponga la anulación del laudo o parte de él, dictar la providencia que ha de reemplazarlo, puesto que el fundamento del fallo arbitral no es en derecho sino en equidad.

“No obstante, dicho rigor respecto de los extremos de la decisión del recurso extraordinario, de anular o no anular las disposiciones del laudo, fue atenuado por la Sala a partir de la sentencia de 15 de mayo de 2007 (rad. 31.381), en el sentido de considerar permisible cierta modulación de los efectos del laudo arbitral que, sin sustituir con ello la orientación esencial de la voluntad de los árbitros, permita alcanzar a través de éstos un verdadero contenido en términos de equidad.

En síntesis, no hay lugar a anular las disposiciones cuestionadas, ni a modificarlas o complementarlas, menos aún procede la devolución del Laudo al Tribunal a fin de que se pronuncie respecto de la mismas, como lo solicita el sindicato impugnante, pues itérese, las mismas no se dejaron de fallar sino que fueron resueltas de manera adversa.

4.3.2. Anulación de peticiones concedidas por el Tribunal.

Contenidas en el numeral sexto de la parte resolutiva del Laudo Arbitral que se cuestiona, se procede a su estudio:

Anulación del inciso 5º del numeral 6º de la parte resolutiva del laudo arbitral - Salarios

Texto del pliego de peticionesDecisión Laudo Arbitral

ARTICULO (sic) DECIMO (sic) SEPTIMO (sic).- SALARIOS
A partir de la vigencia de, la presente Convención Colectiva, la EMSA ESP incrementará la asignación básica mensual de los trabajadores profesionales para para (sic) cada año de vigencia, en el IPC ponderado nacional año completo más 3 puntos o en el mismo porcentaje decretado por el gobierno nacional para el salario mínimo legal mensual vigente, siempre y cuando este haya sido mayor que el IPC más los puntos acordados
PAR.—Los incrementos salariales correspondientes a cada año de vigencia de la presente convención colectiva, se aplicarán a la estructura salarial existente en la empresa.


SALARIOS
A partir de la vigencia del Laudo Arbitral la ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP incrementará la asignación básica mensual de los trabajadores profesionales beneficiarios de la siguiente manera:
I. Del primero (1º) de octubre de dos mil quince (2015) al treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis (2016): A. Para los trabajadores con los cargos de Analista I, Analista II y Analista III el 1.5% B. Para los trabajadores con los cargos de Analista IV, y Líder I y Líder II el 1%.
II. Del primero (1º) de octubre de dos mil dieciséis (2016) al treinta (30) de septiembre de dos mil diecisiete (2017): A. para los trabajadores con los cargos de Analista I, Analista II y Analista III el 1.5% B. Para los trabajadores con los cargos de Analista IV, y Líder I y Líder II el 1%.
PARAGRAFO (sic): Para el incremento del segundo año de vigencia del Laudo Arbitral, el porcentaje se aplicará sobre el mayor valor que resulte entre el incremento del salario mínimo legal para el año 2016, o el IPC acumulado del año 2015.

El recurrente afirma que el Tribunal no consultó el principio de equidad al fallar esta petición, en la medida que decidió aumentar el salario a partir del 1º de octubre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016 en un 1.5 % a un grupo de trabajadores y en un 1% a otro, con lo que desconoció que el IPC certificado por el DANE que va corrido desde enero de 2015 a la fecha de la presentación del recurso, equivale al 4.76%, lo que significa que en lugar de aumentar el salario lo disminuyó, con lo cual desconoció el concepto de vital y móvil de aquel, en tanto jurisprudencialmente se ha establecido que «el IPC es un referente básico que debe ser respetado en materia de aumentos salariales» y que igualmente, discrimina a un grupo de trabajadores.

De otro lado, la empresa opositora manifiesta que los árbitros no están en la obligación de fallar retrospectivamente. Cita en apoyo, apartes de la sentencia CSJ SL, marzo 31 de 2004, radicación 23556.

Se considera

Sea lo primero señalar que la decisión del Tribunal de otorgar unos incrementos salariales en cuantía inferior al IPC certificado por el DANE para los periodos comprendidos entre el 1º de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, no involucra per se una manifiesta inequidad que conlleve la anulación de la cláusula como lo solicita el recurrente, menos aún se puede predicar que con tal determinación el Tribunal optó por disminuir los salarios de los beneficiarios del laudo.

Ahora bien, aun cuando pareciera razonable, frente a dicha decisión del laudo, alegar la vulneración del derecho a una «remuneración mínima y vital móvil», contenido en el artículo 53 de la Carta Política, lo cierto es que tal postulado, en principio, se predica respecto de quienes perciben como ingreso, el salario mínimo legal que debe reconocerse a todos los trabajadores en el Estado Social de Derecho «fundado en la dignidad humana», pero lo cierto, es que lo decidido por los árbitros no desconoce este principio rector, pues tal situación no es la que corresponde al caso en estudio.

En efecto, basta mirar el contenido de los folios 156 y 157 del expediente para evidenciar que el «personal profesional» de la empresa, es decir, los beneficiarios del Laudo, devengan salarios en cuantía superior al mínimo establecido por el Gobierno Nacional, en escalas que van en orden ascendente desde el cargo de «ANALISTA I» que tiene una asignación de $ 1.847.363 a «LIDER II» con un «sueldo» de $ 5.776.612.

Además de lo anterior, se tiene que el Tribunal estatuyó en el parágrafo de la citada disposición que el porcentaje ordenado para el segundo año de vigencia del laudo arbitral «se aplicará sobre el mayor valor que resulte entre el incremento del salario mínimo legal para el año 2016, o el IPC acumulado del año 2015», por lo que no puede desconocerse que dicho incremento será, en todo caso, superior al IPC, que se genere para tal anualidad.

De otra parte, discrepa la organización sindical de la decisión adoptada por el Tribunal, pues en su sentir, los términos en los que se ordenó el incremento salarial, comporta una desigualdad entre el colectivo beneficiario del laudo.

— Pues bien, sin duda alguna, el reajuste del salario de los trabajadores constituyó uno de los puntos trascendentales del conflicto colectivo que, a la postre, fue definido con una cláusula que los árbitros consideraron ajustada a la equidad. En dicha consigna, el Colegiado ordenó un aumento salarial para las dos primeras anualidades de vigencia del laudo, en los siguientes términos: «A. Para los trabajadores con los cargos de Analista I, Analista II y Analista III el 1.5% B. Para los trabajadores con los cargos de Analista IV, y Líder I y Líder II el 1%».

Ahora, a juicio de la Corte, en los términos en que fue dispuesto por el Tribunal, tal incremento no se exhibe, prima facie, manifiestamente desconocedor del principio de igualdad, pues la distinción que se dispuso en punto al porcentaje del mismo, es válido en atención a los diferentes cargos que desempeñan los afiliados al Sindicato en conflicto.

Así, se observa que para todos aquéllos trabajadores que desempeñen los cargos con remuneración menor —«Analista I, Analista II y Analista III»— dispuso un incremento superior en un 0.5%, del que le concedió a quienes se desempeñan en un cargo mejor retribuido —«Analista IV, y Líder I y Líder II»—, diferencia porcentual minúscula que no refleja más que la intención de implementar un mínimo beneficio a los trabajadores con menores ingresos, actuación que en sí misma considerada, no puede ser calificada de inequitativa frente a lo obtenido por sus mismos compañeros de causa, cuya retribución es visiblemente superior, tal como se puede contrastar en el citado documento visible a folios 156 y 157.

En tal perspectiva, resulta justificativa la diferencia que encierra la cláusula objeto de estudio, pues diferente fuera si el Tribunal hubiere efectuado tal distinción entre un grupo de trabajadores que desempeñaran el mismo cargo y percibieran el mismo salario, pues, en esas condiciones, en principio, le cabría un juicio de inequidad como el que propone el sindicato recurrente.

De lo anterior se tiene que no es sostenible predicar que la decisión arbitral en el tópico que se examina es inequitativa, subjetiva o contraria a la ley y a la Constitución Nacional, pues por lo visto.

En consecuencia, no se anulará esta decisión.

Anulación de los incisos 7º y 12 del numeral 6º de la parte resolutiva del laudo arbitral - Pago de primas - Permisos especiales

Por la unidad de materia que encierra la argumentación del sindicato recurrente en punto a estos dos beneficios, la Sala se pronuncia respecto de ellos, en forma conjunta.

Texto del pliego de peticionesDecisión Laudo Arbitral

ARTICULO (sic) DECIMO (sic) NOVENO. PAGO DE PRIMAS
La EMSA ESP, pagará a sus trabajadores las siguientes primas:
A. Una prima de vacaciones, equivalente a Cuarenta y Cinco (45) días de salario promedio por año para las vacaciones que se cumplan a partir de la vigencia de la presente convención.
B. Una prima semestral en el mes de junio equivalente a cuarenta y cinco (45) días de salario promedio que devengue cada trabajador beneficiario de la presente convención colectiva.
C. Una prima semestral en el mes de diciembre equivalente a cuarenta y cinco (45) días de salarlo promedio que devengue cada trabajador beneficiario de la presente convención colectiva
PAR. PRIMERO.—Las primas de los literales B y C se pagarán a los trabajadores profesionales que hayan prestado sus servicios durante la totalidad del semestre respectivo y proporcionalmente a las fracciones siempre que estas hayan sido superiores a un (1) mes.
PAR. SEGUNDO.—Las primas de los literales B y C reemplazan en su totalidad a las primas de servicio, que la EMSA ESP hubiere decretado hasta el momento. Si en el futuro alguna disposición legal establece prestaciones similares a las consagradas en los literales A, B y C de este artículo, se imputarán a ellas y tan solo se pagará la diferencia si fueren superiores a las decretadas.
ARTICULO (sic) TRIGESIMO (sic) QUINTO.- PERMISOS ESPECIALES
La EMSA ESP garantizara (sic) y reconocerá los siguientes permisos especiales:
a. Un permiso de 5 días hábiles al mes para un miembro de la junta directiva para ejercer labores propias de la Asociación. Este tiempo no es acumulable
b. Cuando se programen cursos o congresos que interesen a la Asociación, la EMSA ESP otorgara (sic) los permisos necesarios para tal fin a los miembros de junta directiva. Los mismos deberán programarse anticipadamente para garantizar la prestación del servicio.
c. Cuando se programen cursos o congresos que interesen a los fines de la
Asociación, la Empresa otorgara (sic) permiso hasta a 2 trabajadores afiliados para que asistan a los mismos, este permiso no debe entorpecer la prestación del servicio y se debe programar con tiempo suficiente antes de iniciar el mismo. Estos permisos serán anuales.
d. En el evento de que ASPROFEMSA se fusione con un sindicato o asociación de carácter nacional, EMSA ESP otorgara (sic) trescientos sesenta y cinco (365) días remunerados para un permiso permanente al trabajador que sea electo para ocupar un cargo en la Junta Directiva Nacional con el sueldo promedio mensual correspondiente a los doce (12) meses anteriores a la fecha en que se inicie el permiso.
e. Igualmente en caso de fusión, a los trabajadores elegidos estatutariamente a la Asamblea Nacional de Delegados, por el término de su duración registrado en la respectiva convocatoria
f. Un (1) permiso permanente para el miembro de la Asociación que resulte elegido al Comité Ejecutivo de la Federación o Confederación a la que se encuentre afiliado ASPROFEMSA, con el sueldo promedio mensual correspondiente a los doce (12) meses anteriores a la fecha en que se inicie el permiso.
La solicitud de los anteriores permisos, su asignación y la rotación de los mismos deberá llevar la firma del presidente de ASPROFEMSA
PAR. PRIMERO.—Para que los trabajadores beneficiarios de la presente convención colectiva puedan cumplir las comisiones programadas fuera de su sede de trabajo habitual, La (sic) EMSA ESP pagará a partir de la firma de la presente convención colectiva de trabajo los días de viáticos necesarios y causados, de acuerdo con la escala aprobada para viáticos en la presente convención colectiva.
PAR. SEGUNDO.—Es entendido que el trabajador o trabajadores que hagan uso de los permisos especiales continuarán devengando los mismos salarios básicos y prestaciones sociales, presumiéndose que no ha existido discontinuidad en la prestación de los servicios.
PAR. TERCERO.—La EMSA ESP pagará el precio de la matrícula del instituto o entidad que dicte los cursos a los cuales asistirán los afiliados a ASPROFEMSA.
PAR. CUARTO.—Los permisos especiales serán solicitados a la administración de la Empresa con una anterioridad mínima de tres (3) días a fin de que la empresa pueda suplir las necesidades del servicios, los cuales tendrán la respuesta mínimo dos (2) días antes de salir a cumplirlos.

PAGO DE PRIMAS
A. Una prima de vacaciones, equivalente a un mes de salario promedio por
año, para las vacaciones que se cumplan a partir de la vigencia del
presente Laudo Arbitral.
Una prima semestral en el mes de junio equivalente a un mes de salario promedio.
Una prima semestral en el mes de diciembre equivalente a un mes de salario promedio.
PAR. PRIMERO.—Las primas de los literales B y C se pagarán a los trabajadores beneficiarios del presente Laudo, que hayan prestado sus servicios durante la totalidad del semestre respectivo y proporcionalmente a las fracciones siempre que estas hayan sido superiores a un (1) mes.
PAR. SEGUNDO.—Las primas de los literales B y C reemplazan en su totalidad a las primas de servicio, que la ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP, hubiere decretado hasta el momento. Si en el futuro alguna disposición legal establece prestaciones similares a las consagradas en los literales A, B y C de este artículo, se imputarán a ellas y tan solo se pagará la diferencia si fueren superiores a las decretadas.
PAR. TERCERO.—Las primas anteriores no constituyen salario para efecto de liquidación de prestaciones sociales.
PERMISOS ESPECIALES
La ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP garantizará y reconocerá los siguientes permisos especiales:
Un permiso de dos (2) días hábiles al mes para un miembro de la junta directiva para ejercer labores propias de la Asociación. Este tiempo no es acumulable.
Cuando se programen cursos o congresos que interesen a la Asociación, la ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP otorgará dos (2) permisos, no mayores a cuatro (4) días cada uno. Los mismos deberán programarse anticipadamente para garantizar la prestación del servicio. Estos permisos serán anuales.
PARAGRAFO (sic) PRIMERO: Los permisos sindicales no causarán viáticos.
PARAGRAFO (sic) SEGUNDO: Para efecto del contrato de trabajo los permisos no generan solución de continuidad.
PARAGRAFO (sic) TERCERO: Los permisos sindicales deben ser gestionados con cinco (5) días de anticipación al uso del mismo.

Luego de reproducir lo que al respecto consagra la Convención Colectiva suscrita con SINTRAELECOL, manifiesta el recurrente que dicho acuerdo establece la concesión de prerrogativas en materia de prima de antigüedad y permisos sindicales, superiores a las otorgadas en el Laudo Arbitral objeto de estudio, lo que de por «si (sic) genera ya la violación a la equidad.

La Electrificadora del Meta, no efectúa reparo alguno sobre estos puntuales aspectos.

Se considera

Frente al cuestionamiento del recurrente, es preciso señalar que esta Sala de la Corte ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en torno a que, si bien los árbitros en sus decisión deben estar sustentados en la equidad y en el respecto al principio ius fundamental de igualdad, ello no significa que deban adoptar en el laudo, exactamente las disposiciones de otros estatutos colectivos, pues lo que les compete, luego de un examen cuidadoso de las peticiones consignadas en el respectivo pliego y de lo preceptuado sobre la materia en otros instrumentos colectivos vigentes en el respectivo contexto laboral, es dilucidar si existe en juego un problema de igualdad y decidan de tal forma, que en el laudo no se consignen tratos discriminatorios, que no obedezcan a criterios objetivos.

Así lo adoctrinó esta Sala en sentencia de anulación (SL17368-2015), en la que se rememoró la sentencia CSJ SL, diciembre 4 de 2012, radicación 55501, en la que se sostuvo:

Cuestiona el recurrente que el Tribunal haya impuesto un incremento salarial equivalente a $ 45.000, a partir del 1º de enero de 2015, pues considera que dicha disposición desconoce el estado financiero de la empresa y, además, es atentatoria del derecho de igualdad, como quiera que los trabajadores afiliados a SINTRAPETROQUIM, tienen establecido convencionalmente un incremento salarial de $ 41.0000, lo que los deja en situación de desventaja respecto de los afiliados a SINTRAINCAPLA.

Sea lo primero señalar en cuanto a la vulneración del principio de igualdad que pregona la recurrente, que esta Sala de la Corte ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en torno a que, si bien los árbitros en sus decisión deben respetar tal principio ius fundamental, ello no significa que deban adoptar en el laudo, exactamente las disposiciones de otros estatutos colectivos, pues lo que les compete, luego de un examen cuidadoso de las peticiones consignadas en el respectivo pliego y de lo preceptuado sobre la materia en otros instrumentos colectivos vigentes en el respectivo contexto laboral, es dilucidar si existe en juego un problema de igualdad y decidan, de tal forma que en el laudo no se consignen tratos discriminatorios, que no obedezcan a criterios objetivos.

Así lo adoctrinó esta Sala en sentencia de anulación CSJ SL, diciembre 4 de 2012, radicación 55501, en la que puntualizó:

(…) esta Sala puntualiza que la heterocomposición equitativa del conflicto —que es la misión legalmente adjudicada a los árbitros en esta situación—, no puede darse por fuera del marco constitucional ius fundamental. De allí que, al momento de ejercer su papel, los árbitros deben tomar en consideración, cuando sea necesario, lo estatuido en otras convenciones o pactos colectivos, vigentes en el respectivo ámbito laboral. Así lo expresó esta Corporación en su sentencia radicación 50995, del 28 de febrero de 2012:

“(…) los beneficios contenidos en una convención colectiva de trabajo que rigen en determinada empresa, pueden servirle de referencia o de parámetro a los árbitros en trance de solucionar un conflicto colectivo suscitado entre esa misma empresa y otro sindicato que en ella también funcione”.

Pero también, precisa la Corte, al tomar tal referencia los árbitros han de efectuar un juicio de igualdad, o sea, decidir teniendo en cuenta la prescripción fundamental contenida en el principio de igualdad y no discriminación. Ello no necesariamente significa que deban adoptar en el laudo exactamente las disposiciones de otros estatutos colectivos, sino que, luego de un examen cuidadoso de las peticiones consignadas en el respectivo pliego sometidas a su arbitrio, y de lo preceptuado sobre la materia en otros estatutos colectivos vigentes en el respectivo contexto laboral, diluciden si existe en juego un problema de igualdad —a la luz de los principios fundamentales ya señalados— y decidan —dentro de las posibilidades fácticas concretas, esto es, en forma ponderada—, de modo que en el laudo no se entronicen tratos discriminatorios, vale decir, tratamientos diferentes que no obedezcan a criterios objetivos. En otros términos, los tratos diferentes que se consagren en el laudo han de ser —se itera, mirando las características concretas— objetivos y debidamente justificados.

Ahora, retomando las cláusulas en cuestión, se observa que el Tribunal se limitó a conceder los beneficios pretendidos por la agremiación sindical, en proporción razonada, pues la diferencia, en contraste con lo que al respecto dispone la convención colectiva de trabajo suscrita con SINTRAELECOL y que pone de presente la asociación impugnante, a simple vista es moderada y acorde con las prácticas de negociación colectiva conocidas.

Así las cosas, los beneficios contenidos en un acuerdo colectivo de trabajo que rija en determinada empresa, pueden servir de referencia o de parámetro a los árbitros para solucionar un conflicto colectivo suscitado entre esa misma empresa y otro sindicato que en ella también funcione; empero, ello no significa que se deba adoptar en el laudo, exactamente las disposiciones de otros estatutos colectivos, como lo entiende el recurrente.

Entonces, a juicio de la Corte, las cláusulas cuestionadas, no se exhibe manifiestamente inequitativas, pues no solo no se alejan de las prerrogativas a que aspiraba el sindicato con la presentación del pliego de peticiones, sino que el otorgamiento que de las mismas efectuaron los árbitros, es producto del genuino ejercicio de la negociación colectiva, bajo la modalidad de heterocomposición.

Por tanto, no se anularán las disposiciones bajo estudio.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: PRIMERO. NEGAR la solicitud de anulación parcial elevada la ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP, contra el laudo arbitral proferido el 30 de septiembre de 2015, por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre la recurrente y la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES PROFESIONALES DE LA ELECTRIFICADORA DEL META, ASPROFEMSA.

SEGUNDO: ACCEDER a la devolución del laudo para que el Tribunal dentro de los cinco (5) días siguientes a su instalación, se pronuncie sobre los puntos 21, 22, 24 y 26 del pliego de peticiones, conforme quedó explicado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NO ANULAR los demás artículos del Laudo controvertidos por parte de la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES PROFESIONALES DE LA ELECTRIFICADORA DEL META, ASPROFEMSA, ni acceder a la petición de su devolución para que el Tribunal se pronuncie respecto a los puntos 10, 30, y 31 del pliego de peticiones.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Ministerio del Trabajo, para lo de su cargo.»