Sentencia SL20466-2017/56031 de diciembre 5 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 1

SL20466-2017

Rad.: 56031

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

Acta Nº 22

Bogotá, D. C., cinco de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la sociedad demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

IX. Consideraciones

Cuando el cargo se encamina por la vía de los hechos, como aquí ocurre, el censor tiene la carga de acreditar de manera razonada la concreta equivocación en que incurrió la colegiatura en el análisis y valoración de los medios de convicción y su incidencia en la decisión impugnada, que lo llevó a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia lo que sí lo está, yerros que surgen a raíz de la equivocada valoración o falta de apreciación de la prueba calificada, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial.

En el sub lite, conforme se desprende de la demanda de casación, los temas puestos a escrutinio de la Sala consisten en dilucidar lo siguiente: (i) si el fallador de segundo grado se equivocó al concluir que la relación jurídica que existió entre las partes del proceso fue de naturaleza laboral, cuando lo cierto es que el vínculo que las unió se originó a través de un contrato de prestación de servicios, actividad que el demandante realizó de forma autónoma e independiente; (ii) si la sociedad demandada obró de buena fe al no consignar la cesantía en un fondo respectivo, por tener el firme convencimiento de que la relación que existía entre las partes era de índole civil y no laboral; y (iii) si erró el sentenciador de alzada al confirmar la condena por indemnización por despido sin justa causa, sin advertir que el accionante fue quien renunció al contrato. Por cuestión de método, se abordará el estudio de la acusación en este orden.

Al efecto, la Sala revisa las pruebas calificadas en casación, para luego, en el evento de acreditarse con estas los yerros fácticos endilgados, valorar la testimonial que, aun cuando no reviste la calidad de prueba idónea, igualmente debió ser derruida por la censura comoquiera que fue soporte esencial de la decisión del tribunal.

1. Existencia de la relación laboral.

Como se recuerda, el juez colegiado, en punto a lo que es objeto de discusión, consideró que en el presente asunto estaba acreditada la prestación personal del servicio del actor, y en consecuencia operó la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que no fue derruida por la demandada, quien solo allegó algunos contratos de prestación de servicios; por el contrario existían otros elementos de convicción que dan cuenta de la subordinación, elemento propio de un vínculo de naturaleza laboral, tales como: i) el auto del 26 de noviembre de 2009, en el que se declararon probados los hechos 3, 4, 7 y 13 contenidos en la demanda inaugural, consistentes en: las funciones que desempeñaba el accionante, que cumplía un horario, que no le pagaron prestaciones sociales ni fue afiliado al sistema de seguridad social y que disfrutaba anualmente de sus vacaciones; ii) que en forma espontánea en la respuesta al hecho quinto del escrito de demanda inicial, la sociedad accionada aceptó que el señor Gutiérrez Ortiz recibía órdenes de Jorge Hernán Londoño y del representante legal suplente de dicha empresa; y iii) de las declaraciones de Fernando Mejía Gutiérrez y Oscar Mesa.

Ahora bien, respecto a los contratos de prestación de servicios que militan a folios 18 a 30, suscritos entre la sociedad recurrente Magnesios Bolivalle S.A. y el señor Tomás Maclovio Gutiérrez Ortiz, encuentra la Sala que dichos documentos no fueron mal apreciados, por cuanto el Tribunal no distorsionó su contenido y se ajustó exactamente a su texto. Aquí debe destacarse que tales contratos simplemente dan prueba de su existencia, pero no de la forma cómo se ejecutaron, aspecto frente al cual el ad quem concluyó, con otros medios de convicción, que su naturaleza realmente correspondía a un contrato de trabajo, ello en aplicación del principio de la primacía de la realidad, de manera que mal puede atribuírsele una indebida valoración por parte del sentenciador, pues, se insiste, sólo reflejan el aspecto formal y nada indican sobre la manera como en la práctica se cumplieron los servicios por parte del actor. En consecuencia, resultan insuficientes tales documentos contractuales para evidenciar una equivocación fáctica manifiesta del tribunal.

También es de resaltar que si bien en la sentencia impugnada, se tuvo por demostrada la prestación del servicio personal y la remuneración percibida por el demandante, según lo pactado en las cláusulas de tales contratos; ello no implica un error evidente, pues es claro que en dichos acuerdos así se estableció, y si bien, como lo afirma el censor, lo que las partes suscribientes allí celebraron fue un contrato de prestación de servicios que se ejecutaría en forma independiente, también lo es que la decisión de segundo grado en ningún momento se soportó en que tal acuerdo no hubiera existido, sino sobre la base de que en el juicio estaba demostrada la prestación del servicio, la cual hacía presumir el contrato de trabajo y, además, en que la prueba testimonial y la confesión judicial que recayó sobre la demandada, muestran el cumplimiento de un horario por parte del actor y el acatamiento de continuas órdenes e instrucciones de los superiores jerárquicos, lo que deja en evidencia para el tribunal que se presentó una relación subordinada y dependiente.

Fluye entonces, que el ad quem no desconoció lo que objetivamente emana de la prueba denunciada, sino que razonó que la misma, de cara a lo que demostraban otros elementos probatorios, resultaba insuficiente para tener por probada que en la realidad existió unos contratos de prestación de servicios independientes como formalmente se pactó.

Por otra parte, debe señalarse que tampoco es posible edificar un error con la valoración de la pieza procesal de la contestación a la demanda presentada por la empresa Magnesios Bolivalle S.A., que la recurrente señala como no apreciada.

Sobre el particular resulta relevante recordar que la errada o falta apreciación de la pieza procesal de la contestación de la demanda, puede generar un error de hecho con el carácter de manifiesto, tal como se dijo en sentencia de la CSJ SL, 5 ag. 1996, Rad. 8616, reiterada, entre otras, en casación CSJ SL, 21 jul. 2004, Rad. 22386 y CSJ SL2052-2014.

Al efecto, el referido acto del proceso, contrario a lo afirmado por el censor, sí fue estimado por el tribunal, dado que se soportó en la respuesta al libelo demandatorio y en lo pretendido y alegado por la parte actora para poder resolver la litis.

La Corte observa que en el hecho quinto de la demanda inicial presentada por Tomás Maclovio Gutiérrez Ortiz, se afirmó que este “recibía órdenes del representante legal suplente de la sociedad Magnesios Bolivalle S.A., siendo el último de ellos el señor Fernando Mejía, y también recibía órdenes DIRECTAMENTE del señor Jorge Hernan Londoño, órdenes todas relacionadas con el trabajo a desarrollar en la mina”, a lo que la sociedad contestó: “AL HECHO QUINTO: ES CIERTO”, lo cual no desconoció la colegiatura.

Tal aceptación de la demandada sin lugar a dudas se constituye en una confesión respecto a que el promotor del proceso recibía órdenes sobre el trabajo a desarrollar por parte de las personas que allí se indican, las cuales, según el certificado de existencia y representación de la empresa, son el señor Jorge Hernán Londoño Pinzón, quien ostenta la calidad de gerente y Fernando Mejía quien funge como gerente suplente, lo cual permitió concluir al tribunal que esto era un signo de la existencia del contrato de trabajo entre el actor y la sociedad accionada.

Por otra parte, se advierte que el recurrente también cuestiona la aplicación del numeral 3º del artículo 31 del CST, frente a la contestación dada a la demanda inicial; sin embargo, no se observa error sobre dicho aspecto, el cual constituye uno de los pilares de la determinación de segundo grado, esto es, la confesión ficta dispuesta por el juzgado de primer grado a través de auto del 26 de noviembre de 2009, por no haber manifestado la demandada las razones de su respuesta, frente a los hechos 3, 4, 7 y 13 de la demanda inaugural, los cuales versan sobre las funciones realizadas por el señor Gutiérrez Ortiz, que cumplía un horario de trabajo, que no le fueron pagadas las prestaciones sociales ni estuvo afiliado a la seguridad social y que anualmente disfrutaba de vacaciones.

En efecto, el tribunal no cometió ningún yerro fáctico, pues no apreció equivocadamente la pieza procesal de la contestación a la demanda con que se dio apertura a la presente controversia, como tampoco el referido auto del 26 de noviembre de 2009 (fl. 105), toda vez que allí el juez instructor dejó expresa constancia que respecto de los referidos hechos (3, 4, 7 y 13) se aplicaban las consecuencias procesales previstas en el citado numeral 3º del artículo 31 del CPTSS, modificado por el artículo 18 de la Ley 712 de 2001, situación que se derivó de la forma en cómo la sociedad accionada contestó la demanda, en tanto, al dar respuesta a tales hechos afirmativos, se limitó a responder “NO ME CONSTA, me atengo a lo que resulte probado”, sin que hubiese aclarado las razones de su contestación.

En ese orden de ideas, no es viable enrostrarle al tribunal un yerro por haber tenido en cuenta, en la sentencia, una confesión ficta que previamente fue establecida en una providencia del juez de conocimiento que se notificó a las partes, con lo cual se garantizó el derecho de defensa y contradicción de la afectada, quien conoció oportunamente la consecuencia de su proceder y no elevó reproche alguno.

Aunado a lo anterior, si el censor aspiraba a acreditar el primer error evidente de hecho, le correspondía demostrarlo no solo con la crítica efectuada a la valoración a los documentos que contienen los contratos de prestación de servicios y a la confesión ficta, sino involucrando igualmente los testimonios, ya que, en el supuesto de tener razón, subsistiría el respaldo brindado por las otras pruebas a las conclusiones fácticas del tribunal, ya que simplemente los denunció pero no desarrolló critica alguna en concreto.

Debe recordarse que las acusaciones exiguas o parciales son insuficientes para quebrar una sentencia en el ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad social, por cuanto dejan subsistiendo sus fundamentos sustanciales y, por tanto, nada consigue el censor si se ocupa de combatir razones distintas a las aducidas por el juzgador o cuando no ataca todos los pilares, porque, en tal caso, así tenga razón en la critica que formula, la decisión sigue soportada en las inferencias que dejó libres de ataque. Lo anterior conlleva a que con independencia del acierto del recurrente y de que la Sala comparta o no sus deducciones, se mantenga la decisión de segundo grado, tal como se dejó sentado en Sentencia CSJ SL13058-2015 reiterada en decisión CSJ SL12298-2017.

Lo anterior se afirma porque no basta con enlistar las pruebas como posibles generadoras del error de hecho, sino que es indispensable que se explique de manera clara y suficiente, respecto de cada una, qué es lo que efectivamente acredita en contra de lo decidido por el tribunal, labor necesaria en el presente asunto y que brilla por su ausencia.

2. Sanción por la no consignación de la cesantía.

Aun cuando la censura en el segundo cargo incurre en una impresión al señalar que en la sentencia de segundo grado le fue impuesta la “sanción del artículo 65 del C.S.T.”, cuando lo cierto es que la condena que impuso el ad quem fue la prevista en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ello no impide el análisis del fondo del asunto, pues, en últimas, lo que expone el recurrente es que siempre actuó de buena fe durante la existencia del vínculo contractual y que si no canceló las prestaciones sociales y obligaciones propias de una relación de naturaleza laboral, fue en razón a que el contrato que considera existió, era de prestación de servicios, aunado a que, del certificado de existencia y representación allegado con la respuesta a la demanda, se desprende que la sociedad está en restructuración.

En cuanto a la buena fe que aduce la censura como motivo para ser relevada de la sanción moratoria, ningún desatino fáctico manifiesto es posible atribuir al fallador colegiado. En primer lugar, porque la recurrente afirma que el tribunal coligió que actuó de mala fe a partir de la valoración del certificado de existencia y representación aportado por el actor, sin tener en cuenta que el allegado por la sociedad al dar contestación a la demanda inaugural, era más reciente y muestra la situación real de la empresa, la cual, como se dijo, se encuentra en restructuración.

Sin embargo, la mala fe de la enjuiciada de cara a la no consignación de la cesantía a un fondo, no fue obtenida por el ad quem principalmente a partir de un ejercicio de valoración probatoria de ese elemento de convicción, sino que fundamentalmente lo extrajo de la respuesta dada a la demanda inicial por la sociedad accionada, y en ese sentido adujo que “tan evidente resulta su conocimiento de la naturaleza de la relación que confesó que el trabajador ejecutaba sus labores bajo la continua instrucción del representante legal y su suplente; de ahí que difícilmente pueda excusar su conducta alegando desconocimiento de las condiciones contractuales”, como también de que no hubiera allegado algún medio de convicción diferente a los contratos de prestación de servicios para comprobar que tenía el firme convencimiento de se trataba de una relación de servicios profesionales, pilares estos que no son confutados por el censor.

Ahora bien, el certificado de existencia y representación de la demandada lo apreció para cuestionar que ésta adujera una presunta ignorancia o desconocimiento de la relación laboral controvertida, cuando dicha sociedad fue “constituida en el año de 1962 y que está conformada por un capital significativo”, lo cual tampoco configura algún yerro en la comprensión de tal probanza, pues ésta, objetivamente valorada (fls. 15 a 17 y 97 a 100) muestra con exactitud que la empresa fue constituida en el año 1962, como también que está conformada por un capital representativo, que fue precisamente lo que dedujo el tribunal.

De otra parte, debe resaltarse que en los casos en los cuales se reclama la existencia de un contrato de trabajo, como aquí ocurre, el juzgador debe analizar si la conducta del empleador incumplido estaba amparada en una justificación o argumento con la fuerza suficiente para estimar que el vínculo existente entre las partes no era de naturaleza laboral y que, por tanto, nada adeudaba por salarios o prestaciones sociales, aun cuando no le asistiera la razón brindada jurídicamente, pero su defensa sea razonable o atendible (CSJ SL 558-2013).

Lo anterior significa que el probarse dentro de un proceso judicial la existencia del contrato de trabajo, en desarrollo del principio de la primacía de la realidad, desechando de esta forma la posición de la demandada sobre su inexistencia, no conlleva necesariamente a colegir que su actuar era caprichoso o tendiente a desconocer abiertamente unos derechos laborales y por tanto desprovisto de buena fe, como tampoco que la simple negativa del vínculo laboral automáticamente la exonera de la sanción moratoria, por cuanto, se insiste, siempre se debe examinar la situación particular, para efectos de establecer si el empleador incumplido ha actuado de buena fe, que fue precisamente lo que hizo el juez de segundo grado.

De otro lado, la sola presencia de un acuerdo de reestructuración resulta insuficiente para colegir de forma automática que a la entidad empleadora no se le pueda imponer el pago de la sanción por la no consignación de la cesantía cuando ha obrado de mala fe. Sobre el particular en Sentencia CSJ SL2448-2017, se dijo:

[…]

Ahora bien, aun cuando del certificado de existencia y representación legal de la sociedad, obrante a folios 11-12 y del acta de reunión de determinación de derechos de voto y acreencias de folios 370-407 se puede derivar que la empresa atravesaba dificultades económicas tiempo antes del 10 de febrero de 2006, momento en que se aceptó la apertura del trámite de reactivación empresarial de la Ley 550 de 1999, tal como lo alega la censura, pues este procedimiento está contemplado para corregir deficiencias que presenten las empresas en su capacidad de operación y permitir su recuperación económica, lo cierto es que esta sola circunstancia no tiene el potencial suficiente para desvirtuar la sentencia impugnada, pues la jurisprudencia de esta corporación ha venido sosteniendo que el estado de insolvencia económica o iliquidez del empleador, por sí solo, no lo exonera de la imposición de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., por cuanto, incluso en estos eventos, el patrono puede ejecutar actos contrarios a la buena fe en el no pago de acreencias adeudadas a los trabajadores a la terminación del contrato, por lo que es necesario que se encuentren debidamente acreditadas las razones atendibles del incumplimiento del patrono para, de esta manera, predicar su buena fe (ver sentencias CSJ SL, 18 sep. 1995, Rad. 7393, CSJ SL, 3 may. 2011, Rad. 37493 y CSJ SL, 14 ago. 2012. Rad. 37288).

Visto lo anterior, el que la demandada hubiera estado en acuerdo de reestructuración, conforme a lo dispuesto en la Ley 550 de 1999, no es constitutivo por si solo para justificar el actuar de la sociedad a lo largo de la relación laboral que fue declarada.

Por último, la circunstancia que el mismo tribunal hubiera absuelto a la demandada de la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, per se no lleva a que igualmente se tenga que absolver de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ya que pueden surgir situaciones distintas para el momento preciso de la terminación del vínculo contractual que lleven al juzgador a efectuar una valoración y conclusión diferente. Así mismo, no es dable que la Sala revise la absolución de la indemnización moratoria por el no pago de los salarios y prestaciones sociales a la ruptura del nexo, para establecer si igualmente el proceder de la empresa demandada fue de mala fe, como ocurrió durante la vigencia de la relación laboral, ya que la única parte que recurrió en casación fue la accionada.

3. Indemnización por despido indirecto.

Pues bien, en el asunto bajo examen, observa la Sala que el tribunal al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, limitó su estudio a los siguientes aspectos: i) si existió un contrato de trabajo entre las partes; ii) el término de duración del vínculo laboral; y iii) el salario tenido en cuenta por el juez de primer grado para la liquidación de las prestaciones sociales y vacaciones. Fue bajo ese horizonte que el ad quem abordó el estudio del recurso de alzada, encontrando, únicamente, que le asistía razón a la sociedad condenada en cuanto al reproche elevado respecto del salario tenido en cuenta por el a quo para liquidar las prestaciones sociales y vacaciones por los años 2008 y 2009, desestimando, por tanto, los demás aspectos que fueron objeto de cuestionamiento en la alzada, y sin hacer alusión alguna a la condena impuesta por el a quo por concepto de indemnización por despido indirecto, que es lo que ahora en el recurso extraordinario reprocha el censor.

Desde esa óptica, es claro que el tribunal no pudo incurrir en el error fáctico que se le enrostra, en la medida que en la decisión cuestionada no estudió ni efectuó análisis alguno en relación con la supuesta improcedencia de la condena por despido indirecto, que es el tema que propone en casación la censura. En lo que atañe a que no es posible que se produzca un yerro fáctico respecto de un punto que no fue objeto de pronunciamiento o resolución en la alzada, la Sala en Sentencia CSJ SL, 8 feb. 2011 Rad. 35493, consideró que:

De tal modo que, no es viable edificar o estimar un error fáctico en relación a un aspecto sobre el cual el tribunal no se pronunció, máxime que el recurrente debe combatir los razonamientos, conclusiones o pilares que verdaderamente sirvieron de base a la decisión atacada y en torno a ellos edificar los posibles errores de valoración en que el sentenciador de segundo grado hubiera podido incurrir.

Providencia que fue reiterada, entre otras, en Sentencia CSJ SL7121-2016, Rad. 44564.

Ahora bien, de considerar la parte convocada a juicio que lo relacionado con la forma de terminación del vínculo laboral, constituía materia sobre la cual el tribunal tenía que pronunciarse en el fallo impugnado, debió acudir al remedio procesal establecido en el artículo 311 del CPC que estaba vigente para la época en que se profirió la decisión, aplicable a los juicios del trabajo a la luz de lo contemplado en el 145 del CPTSS, para solicitar ante esa misma colegiatura, la adición de la sentencia, en tanto, tal normatividad dispone que “cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término (…)”, actuación procesal que en el sub judice no se llevó a cabo.

Sobre este punto la Sala en Sentencia CSJ SL, 29 jun. 2001, Rad. 15456, manifestó:

En reiteradas oportunidades ha sostenido la Corte que el recurso de casación, dada su propia naturaleza de ser extraordinario, no está instituido como sucedáneo para corregir yerros que pueden ser subsanados en las instancias mediante otros mecanismos jurídicos especialmente previstos para el caso, como son la aclaración, corrección y adición de las sentencias, consagrados en los artículos 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en lo laboral por la remisión expresa del artículo 145 del C. de P. L.

En sentencia del 8 de septiembre de 1998 (Rad. 10967), dijo la Sala, en un caso que era susceptible de ser subsanado mediante la adición de la sentencia, pero que, para el evento de la corrección, resulta igualmente apropiado por existir igual razón jurídica, lo siguiente:

“En segundo lugar y dada la omisión del tribunal, debe indicarse que el procedimiento correcto a seguir por la parte afectada era solicitar la adición de la sentencia como lo dispone el artículo 311 del C.P.C., aplicable en el procedimiento laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y no, como lo hizo, interponer el recurso de casación, que dada su naturaleza de extraordinario, no está instituido para evitar yerros que pueden subsanarse mediante la utilización de herramientas jurídicas regladas para el caso.

“Al respecto dijo la Corte en sentencia del 11 de febrero del año en curso:

‘... resulta pertinente reiterar que el recurso extraordinario no puede servir de mecanismo alternativo para subsanar irregularidades en que pudo haber incurrido el fallador al momento de decidir el litigio, y que eran viables remediar a través de las herramientas jurídicas previstas para el efecto, que es lo que ocurre en este caso, cuyo conducto procesal pertinente era el solicitar la adición de la sentencia a fin de que se dictara una complementaria en donde se pronunciara sobre el punto no resuelto.

‘En efecto, las normas procesales ya señaladas y aplicables por analogía al campo laboral en virtud a lo dispuesto en el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral, le exigen al juez al proferir la sentencia definitiva, que sea congruente con la cuestión litigiosa, esto es, que no omita resolver sobre los pedimentos impetrados en la demanda, ni sobre los medios exceptivos de defensa formulados por quien fue convocado al proceso en calidad de contradictor’.

‘Y es por lo anterior que cuando se dan algunas de las referidas falencias, el mismo artículo 311 del C.P.C., modificado por el artículo 1º numeral 141 del Decreto 2282 de 1989, prevé el mecanismo tendiente a conjurar tales irregularidades bien por actuación de oficio del juez o en virtud de solicitud de parte, a través de una sentencia complementaria donde se resuelva sobre la pretensión o excepción cuyo pronunciamiento fue omitido; instrumento éste que no fue utilizado por el impugnante dentro del término que allí mismo se establece y que ahora pretende revivir a través de un recurso restringido y extraordinario, que supone en quien lo ejerce, haber agotado sin éxito ante las instancias todos los medios de impugnación e instrumentos que el procedimiento establece. Así lo ha precisado ya esta Sala de la Corte, entre otros, en el fallo de octubre 29 de 1997, Radicación 9895” (sentencia de 11 de febrero de 1998, Radicación 10115)’.

En definitiva, la esfera casacional no es la propicia para ventilar tal inconformidad, por lo que el juez plural no pudo haber incurrido en el yerro que se le enrostra.

En consecuencia, por todo lo expuesto, el tribunal no cometió los errores fácticos que se le endilgan y, por ende, los cargos no prosperan.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la sociedad recurrente demandada, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $7.000.000,oo, que se incluirán en la liquidación que realice el juez de primera instancia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de noviembre de 2011, en el proceso ordinario laboral que instauró Tomás Maclovio Gutiérrez Ortiz contra Jorge Hernán Londoño Pinzón y Magnesios Bolivalle S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».