Sentencia SL2051-2017 de febrero 8 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL2051-2017

Radicación: 45390

Acta 4

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Bogotá, D.C., ocho de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la entidad demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

VII. Consideraciones

Como se recuerda, el tribunal después de (i) verificar la presencia de la relación laboral del promotor del proceso para con la demandada, bajo un contrato de trabajo realidad, en calidad de trabajador oficial; (ii) establecer como extremos temporales del vínculo laboral que lo fue de duración indefinida, los comprendidos entre el 15 de abril de 1996 y el 30 de noviembre de 2003; (iii) determinar que el demandante se encontraba cobijado por la convención colectiva de trabajo, al extenderse sus beneficios por ser el sindicato firmante mayoritario; (iv) definir que el artículo 5º convencional que regula la «ESTABILIDAD LABORAL» de los trabajadores de ISS, tiene plena aplicabilidad en este asunto; y (v) que el despido de que fue objeto el accionante era injusto; estimó que con fundamento en el citado precepto convencional, debía ordenarse el reintegro impetrado, por no haber ninguna razón para negarlo, y agregó que «pese a que el actor desarrolló sus funciones en el área de la salud», no lo afectaba la escisión del ISS ordenada por el Decreto 1750 de 2003, como quiera que con posterioridad a su entrada en vigencia, «el demandante continuó laborando para la parte demandada en virtud de una nueva vinculación contractual» con el mismo ISS, que se extendió hasta el «30 de noviembre de 2003», según se desprende de las pruebas aportadas al proceso.

En sede de casación no se discute la existencia del contrato de trabajo que ató a las partes y que declararon los jueces de instancia, dándole prelación a la primacía de la realidad. La entidad recurrente lo que controvierte es la condena impuesta por el tribunal relacionada con la pretensión principal del reintegro, por cuanto considera que es improcedente desde el punto legal y constitucional.

La censura con el recurso extraordinario plantea la imposibilidad del reintegro del demandante, en esencia porque: (i) Las empresas industriales y comerciales del Estado, como lo es el ISS, por ley y mandato constitucional cuentan con una planta de personal que tiene un total de cargos a desempeñar por trabajadores oficiales, que no puede exceder del número allí fijado, y en los casos de supresión de empleos no es dable por medio de una sentencia judicial modificar dicha planta, para reintegrar a quien fue supuestamente despedido sin justa causa; y (ii) que al haberse escindido el Instituto de Seguros Sociales, mediante el Decreto-Ley 1750 de 2003, no es dable que el accionante continúe vinculado como médico y trabajador oficial, por razón de que a partir del 26 de junio de 2003, la entidad dejó de cumplir funciones de servicios de salud, y sus trabajadores quedaron automáticamente incorporados, sin solución de continuidad, a la planta de personal pero de una de las empresas sociales del Estado que se crearon, mutando su condición a «empleado público», sin que pueda ser considerado de mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, y en tales condiciones debió haberse demandado a la ESE y absuelto al ISS.

En torno al punto relativo a las plantas de personal, esta Sala de la Corte ha explicado con suficiencia que, en casos como el presente, en los que se obtiene la declaratoria de un contrato de trabajo por virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formas, además de que se comprueba su terminación unilateral y sin justa causa, al amparo de la convención colectiva «…prevalece el derecho a restablecer la relación laboral sobre lo dispuesto internamente por la entidad alrededor de su planta de personal. En efecto, se tiene adoctrinado en estos particulares casos, que así no exista el cargo al cual se dispuso el reintegro en la actual planta de personal de la entidad, esto per sé no se erige en razón jurídica suficiente que impida restablecer el vínculo de quien fue despedido sin observar las previsiones legales y convencionales, pues la protección del derecho y por ende la estabilidad del empleo no pueden verse afectados.» (Sent. CSJ SL3841-2015, mar. 25/2015, rad. 45252; que a su vez reiteró las decisiones en el mismo sentido de la CSJ SL, mar. 24/2010, rad. 37912; CSJ SL, mayo 11/2010, rad. 33746; CSJ SL, sep. 7/2010, rad. 37175; y CSJ SL, feb. 28/2012, rad. 38344). De ahí que, frente a este primer tópico no habría impedimento para ordenar el reintegro del actor.

Del mismo modo, esta corporación ha precisado que la escisión del Instituto de Seguros Sociales dispuesta por el Decreto 1750 de 2003, tampoco constituye un impedimento para que se disponga el reintegro del trabajador despedido injustamente, siempre y cuando la persona no haga parte de las dependencias y estructuras escindidas de la entidad, y permanezca laborando con el Instituto de Seguros Sociales, o, porque conserve la condición de trabajador oficial en los eventos en que se desempeñe en funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales.

En sentencia de la CSJ SL12223-2014, septiembre 3 de 2014, radicación 44679, en cuanto a este tema se puntualizó:

Sobre este aspecto, debe recordar la Sala que no todos los cargos relacionados con el área de la salud, quedaron afectados por el proceso de escisión del Instituto de Seguros Sociales, en la medida que, en los precisos términos del Decreto 1750 de 2003, artículo 1º y 17, únicamente los servidores públicos de la vicepresidencia de prestación de servicios de salud, de las clínicas y los centros de atención ambulatoria, quedaron vinculados, sin solución de continuidad, a las empresas sociales del Estado creadas mediante ese decreto, lo que significa que aquellos servidores que prestaban sus servicios en otras dependencias o áreas de la entidad, conservaron la naturaleza de su vínculo laboral por seguir siendo trabajadores del Instituto de Seguros Sociales.

Sin embargo, a contrario sensu de lo sostenido por el tribunal, el demandante que prestaba sus servicios en un centro de atención ambulatoria, CAA, no mantuvo la calidad de trabajador oficial, y por ende, la escisión del ISS sí lo afectó, lo que impide su reintegro con amparo en la convención colectiva de trabajo en los términos planteados por la parte actora, como pasa a explicarse a continuación:

1. Son hechos indiscutidos, que el accionante desempeñó el cargo de médico general del CAA PRADERA - SECCIONAL VALLE, tal como consta en los contratos de prestación de servicios profesionales que se aportaron al proceso, en especial el correspondiente al Nº VA009002 de abril de 2003 (fls. 64 a 65 vto., exp.), así mismo que después del 26 de junio de 2003, cuando operó la escisión del ISS, continuó laborando en el mismo cargo hasta el 30 de noviembre de 2003, conforme da cuenta la documental de folios 34-37 y los dichos de los testigos que refirió el tribunal, pruebas que no fueron objeto de cuestionamiento en el recurso de casación.

2. Que por pertenecer el actor a las dependencias y estructuras escindidas del Instituto de Seguros Sociales, y que la fecha de su retiro se remonta al 30 de noviembre de 2003, es claro que por virtud de dicha escisión que se ordenó mediante el Decreto 1750 del 26 de junio de 2003, publicado en el Diario Oficial 45.230 de la misma fecha, pasó de ser trabajador oficial del CAA PRADERA a «empleado público» de la ESE Antonio Nariño de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del citado decreto, teniendo esta última calidad para el momento de su desvinculación.

Lo que significa, que no procede el reintegro implorado como petición principal, ni el reconocimiento subsidiario de la indemnización por despido como trabajador oficial beneficiario del acuerdo colectivo de trabajo, pues para el 26 de junio de 2003, cuando entró a regir el decreto de la escisión, no se presentó la ruptura del vínculo de trabajo, pues el mismo continuó ejecutándose ya en la nueva condición de servidor público.

3. En igual sentido se pronunció esta Corte en Sentencia CSJ SL, 12 de septiembre de 2006, radicación 26892, reiterada en múltiples ocasiones entre ellas en la SL9348-2016, 15 de junio 2016, radicación 45249, cuando al estudiar un asunto de una persona que venía siendo trabajadora oficial del ISS y adquirió la condición de empleada pública a partir de la vigencia del citado Decreto 1750 de 2003, precisó:

(…) Ha de entenderse entonces, que por mandato legal los demandantes quedaron automáticamente incorporados a la planta de personal de las nuevas entidades creadas por el Decreto 1750 de 2003, que a su vez prevé que dicha incorporación se da sin solución de continuidad, como acertadamente se concluyó en la sentencia gravada.

La circunstancia de que se hubiera previsto en el artículo 17 acusado, la continuidad de la relación implica de suyo, que no puede predicarse ruptura de cara a las vinculaciones laborales anteriores aunque se hubiera variado en algunos casos su régimen —al cambiar de trabajadores oficiales a empleados públicos—; esto significa que a los demandantes se les garantizó la continuidad en el servicio y por ende, la estabilidad laboral.

En ese orden de ideas, como bien lo estimó el sentenciador ad quem, no hay lugar a la indemnización por despido, en cuanto ésta surge como una compensación por la pérdida del empleo que en estos casos no se dio, al haberse garantizado la estabilidad laboral con la incorporación a una de las nuevas plantas de personal.

El hecho de que la norma acusada se refiera a que el cambio del Seguro Social a las nuevas empresas sociales del Estado, se hace sin solución de continuidad de las relaciones laborales, y que el tiempo de servicios en el ISS se computará para todos los efectos legales con el servido en ellas, reafirma que la relación se entiende como una sola, que no hay ruptura del vínculo de trabajo, y que por lo tanto no es procedente se insiste, la indemnización por despido injusto por haberse garantizado la permanencia en el servicio, ni la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas que sólo se hacen exigibles cuando termina la relación laboral.

4. Adicionalmente, conviene aclarar que después de producida la escisión del ISS, el demandante no mantuvo su condición de trabajador oficial, para entender que su posterior retiro lo fue en esa calidad, toda vez que éste no desempeñaba funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, sino se itera era médico general, lo cual confirma su mutación a empleado público.

Así las cosas, como el contrato de trabajo del demandante no finalizó mientras estuvo como trabajador oficial, sino que la relación de trabajo continuó aun cuando por mandato legal varió la forma de vinculación a la administración, no es dable hablar de despido injusto para efectos del reintegro o pago de la indemnización conforme al artículo 5º de la convención colectiva de trabajo y, por esta razón, es que no procede en este proceso tramitado ante la jurisdicción ordinaria de trabajo condena alguna por estas súplicas.

De suerte que, el tribunal cometió los yerros jurídicos endilgados, resultando el primer cargo fundado, y habrá de casarse la sentencia impugnada, en cuanto determinó que el contrato de trabajo del demandante se había extendido más allá del 26 de junio de 2003, y condenó al ISS al reintegro del cargo que venía desempeñando junto con el pago de salarios y prestaciones sociales legales y extralegales dejados de percibir, y no se casará en lo demás; sin que se haga necesario el estudio del segundo cargo por perseguir igual cometido.

VIII. Sentencia de instancia

Además de lo dicho en sede de casación, cabe decir, que la prueba documental que refirió el tribunal obrante a folios 34 y 37 del cuaderno del juzgado, si bien alude a la continuidad de la prestación del servicio hasta el 30 de noviembre de 2003, no da cuenta que después de la escisión al actor lo hubiese contratado directamente el ISS, a través de una dependencia o área no afectada por el proceso de la escisión, y por el contrario el certificado de disponibilidad presupuestal del ISS - Valle del Cauca que aportó la parte actora con la demanda inicial visible a folio 36 ibídem, corresponde al «CAA- PRADERA», data del «28 de mayo de 2003» y alude a un contrato con fecha de iniciación «2003-06-01» y de vencimiento «2003-07-27», lo cual corrobora es que para el 26 de junio de 2003 el demandante se encontraba vinculado con el CAA PRADERA que luego hizo parte de la ESE Antonio Nariño, ello por virtud del artículo 22 del Decreto 1750 de 2003, mutando su condición de trabajador oficial a empleado público, que hace improcedente como ya se analizó impartir condena en este proceso por reintegro o indemnización por despido injusto.

En lo que respecta a la súplica de la indemnización moratoria de que trata el artículo 1º del Decreto-Ley 797 de 1949, en armonía con lo expresado en la esfera casacional, también ha de recordarse lo asentado por esta Sala en sentencia SL519-2013, 31 de julio de 2013, radicación 43983, reiterada en la SL9348-2016, 15 de junio de 2016, radicado 45249, en cuanto a que en los eventos en que en virtud de la escisión operada en el ISS de conformidad con el citado Decreto-Ley 1750 de 2003, el trabajador oficial pasa a la ESE como empleado público sin solución de continuidad, como aquí ocurrió, la relación laboral en efecto no termina en ese momento, ello por expresa disposición legal. En consecuencia, tampoco tiene cabida condena por tal sanción moratoria por ser exigible a la finalización del vínculo laboral, que como se explicó para el 26 de junio de 2003 este hecho no aconteció, pues el nexo continuó ejecutándose, bajo una forma distinta de vinculación a la administración de la que se traía, ahora como empleado público.

En sentencia de la CSJ SL, 13 de marzo de 2013, radicación 39753, reiterada entre otras en la decisión SL705-2013, 2 de octubre de 2013, radicación 43833, dijo la corporación:

Es evidente entonces, que el Decreto-Ley 1750 creó una situación sui generis al prever el paso de dichos trabajadores oficiales a las empresas sociales del Estado como empleados públicos, sin solución de continuidad y que para todos los efectos legales se computaran los tiempos servidos a ambas entidades “sin solución de continuidad” como lo pregona el artículo 17 ibídem, protegiendo a estos servidores la estabilidad laboral, porque no se dio rompimiento de la relación no obstante haber cambiado la forma de vinculación a la administración. Esto significa que cuando se da el paso del Instituto a las ESE’s, no hay lugar a reclamar frente al primero, como bien lo anota el recurrente, las acreencias laborales que son exigibles a la terminación del vínculo como lo son las cesantías, la indemnización moratoria, la indemnización por despido injusto, ni la compensación por las vacaciones, porque en estos casos la relación laboral no termina por expresa disposición legal”.

La misma argumentación sirve para sostener que tampoco resulta procedente el reconocimiento y pago de la cesantía exigible a la terminación del vínculo, junto con sus intereses legales, que es la prestación que está reclamando la parte demandante, quien en el recurso de apelación insiste en que la cesantía se causa es a la culminación de la relación laboral (fl. 638, cdno. ppal.), y por ende la condena que por este concepto impuso el a quo será revocada. Por lo mismo, no hay lugar a la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías a un fondo, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, norma que por demás se aplica a los trabajadores del sector privado y no a los trabajadores oficiales, lo que hace impertinente esta pretensión.

De acuerdo con lo anterior, solo se confirmarán las condenas que impuso la primera instancia por las acreencias laborales de naturaleza legal que se causaron durante la vigencia del vínculo laboral y mientras el demandante estuvo como trabajador oficial, cuya fuente normativa, fundamento legal para su procedencia y liquidación que practicó el a quo, no fueron cuestionados por el Instituto demandado en el recurso de alzada (fls. 629 a 631, cdno. del juzgado), que trae consigo que estos aspectos se mantengan incólumes con independencia de su acierto, y que corresponde a la prima de servicios por $ 524.435, vacaciones y la prima de éstas por $ 1.048.870, así como a la prima de navidad por $ 31.465.

Del mismo modo, se mantendrán inmodificables, tanto las condenas que adicionó el tribunal por acreencias de índole convencional distintas al reintegro, valga decir, las primas de servicios extralegal del año 2002 y primer semestre de 2003 por $ 1.153.756, al igual que la condena por devolución de lo descontado por retención en la fuente; como también las absoluciones que confirmó la segunda instancia por las súplicas que fueron materia de inconformidad en la apelación del actor (fls. 632 a 638 ibíd.), que atañen a la devolución de aportes a la seguridad social, nivelación salarial y prima de vacaciones extralegal, por cuanto en estos puntuales aspectos ninguna de las partes recurrió en casación.

Todas las condenas como lo determinó el juez de conocimiento y lo confirmó el tribunal deberán indexarse.

En cuanto a las excepciones propuestas, se mantiene la declaratoria de prescripción que dispuso el fallador de alzada, pues los demás medios exceptivos no pueden prosperar dadas las resultas del proceso.

De las costas del recurso de casación no hay lugar a ellas por cuanto la acusación salió triunfante. Las de las instancias, no se causan en la alzada y las de primer grado serán a cargo de la parte vencida que lo fue el demandado ISS.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 20 de enero de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario que instauró GILBERTO EMILIO RENDÓN CARBO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en cuanto determinó que el contrato de trabajo del demandante se había extendido más allá del 26 de junio de 2003, y condenó al ISS al reintegro del cargo que venía desempeñando junto con el pago de salarios y prestaciones sociales legales y extralegales dejados de percibir. NO SE CASA en lo demás.

En sede de instancia, se revoca la condena impuesta en el fallo de primer grado por concepto de «Cesantías e Intereses $ 1.372.236», para en su lugar, absolver de estás súplicas; se confirman las demás condenas correspondientes a acreencias legales tales como «Prima de servicios», «Vacaciones y su respectiva prima» y «Prima de navidad», así como la indexación de las sumas adeudadas, confirmando en lo demás dicha decisión con las adiciones que efectuó el tribunal en cuanto a la fecha en que opera la prescripción «derechos causados con anterioridad al 13 de abril de 2002» y las condenas impartidas por «descuentos efectuados al demandante por concepto de retención en la fuente» y «primas de servicio» convencionales, que no fueron objeto del recurso de casación. Para una mayor ilustración se condensan las condenas de ambas instancias que finalmente el demandado INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES debe cancelar al demandante:

a. Prima de servicios legal $ 524.435

b. Vacaciones y su respectiva prima $ 1.048.870

c. Prima de navidad $ 31.465

d. Primas de servicio convencional $ 1.153.756

e. Descuentos por retención en la fuente desde el 13 de abril de 2002.

f. Indexación de las anteriores sumas adeudadas hasta cuando se satisfagan completamente.

En cuanto a las demás pretensiones incoadas se mantendrá su absolución.

Costas como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»