Sentencia SL2105-2015 de febrero 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 49370

Magistrada Ponente

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL2105-2015

Acta 03

Bogotá, D. C., once de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver:

V. Alcance de la impugnación

Pretende la parte accionada que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, REVOQUE la decisión del a quo y, en su lugar, absuelva a la demandada en su totalidad.

VI. El recurso de casación

Con tal objeto, formula un cargo por la causal primera de casación, que dentro del término legal no fue replicado.

VII. Cargo único

Acusa la sentencia del Tribunal, por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida de los artículos “260, 467, 469, 480 del CST; 1º de la Ley 33 de 1985; 1º de la Ley 4ª de 1976; 1º de la Ley 71 de 1988; 14 de la Ley 100 de 1993, 1502 del CC. Como violación medio, los artículos 177, 191 (art. 19 L.794/03) del CPC; 66ª, y 145 del CPT y ss.”.

Expresa que la anterior transgresión de la ley se presentó, por haber cometido el Tribunal los siguientes errores evidentes de hecho:

1. No dar por demostrado, en forma contraria a la realidad, que el acuerdo suscrito por la demandada con Sintraelecol el 5 de mayo de 2006 es una convención colectiva de trabajo y no tener por demostrado, estándolo, que representa un acuerdo a modo de paso hacia el propósito conjunto de establecer un “régimen convencional único”.

2. No dar por demostrado, estándolo que el acuerdo celebrado el 5 de mayo de 2006 surge de la necesidad de superar la confusión generada por la existencia de regímenes convencionales dispares originados en los distintos distritos de Atlántico, Cesar, Magdalena y Guajira, que hacen necesario estructurar un camino hacia un “régimen convencional único”.

3. No dar por demostrado, estándolo, pese a tratarse de un indicador económico y constituir hecho notorio, que en 1983 cuando se suscribió la convención colectiva del 1º de agosto de ese año, los índices de precios al consumidor, de inflación y de devaluación eran muy superiores al 15%.

4. No dar por demostrado, pese a ser evidente, que a partir de la expedición de la Ley 71 de 1988, las partes de este proceso dejaron de aplicar los ajustes previstos en la Ley 4ª de 1976.

5. No dar por demostrado, estándolo, que la convención colectiva de trabajo de 1983, suscrita por Electranta con el sindicato de sus trabajadores, se limitó a conservar los derechos contemplados en los artículos 5º, 6º, 7º y 9º de la Ley 4ª de 1976.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que en la convención colectiva de trabajo de 1983 las partes acordaron un mecanismo de incremento de las pensiones y no simplemente uno de ajuste de las mismas.

Como pruebas o piezas procesales mal apreciadas relaciona las siguientes:

a) Compilación de convenciones colectivas de trabajo 1998 - 1999 suscrita Electranta y Sintraelecol (fls. 50 a 129).

b) Hecho notorio representado por los indicadores económicos de 1983.

d) Acuerdo celebrado por Electricaribe y Sintraelecol el 5 de mayo de 2006. (fls. 228 a 235).

Para la demostración del cargo, el recurrente comienza por referir que aunque el Tribunal acudió al respaldo de decisiones de esta Sala, las mismas no fueron adoptadas en lo esencial sobre elementos jurídicos sino sobre una pieza probatoria concreta y por esa razón, no podía considerarse que su expresión constituya en rigor jurisprudencia. Lo anterior para cimentar la convicción de la procedencia del ataque por la vía indirecta.

Indica que los errores del Tribunal radicaron en la apreciación apresurada del documento que aparece a folios 228 y 235, pues le dio el tratamiento de una convención colectiva de trabajo, motivo por el cual le exige para su demostración idónea los requisitos señalados en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando ha debido reparar que, si bien es un acuerdo, no tiene la formalidad de un acuerdo convencional y por la imposibilidad de establecer de inmediato “un régimen convencional único”.

Afirma que el objetivo de ese acuerdo fue el de allanar el camino para llegar a una convención colectiva de trabajo que fuera única rectora de las relaciones laborales que antes se sometían a diferentes acuerdos convencionales celebrados con los trabajadores de las diferentes electrificadoras del Atlántico, Cesar, Magdalena y Guajira, tal como expresa y puntualmente se establece en la parte introductoria del mencionado acuerdo.

En cuanto a lo razonado por el Tribunal que lo llevó a concluir que la pensión de jubilación del demandante debía conservar un ajuste del 15%, conforme lo estipulado en la Convención Colectiva de Trabajo del año 1983, aseguró que no era posible volverla a incrementar dando aplicación a la Ley 4ª de 1976, toda vez que la empresa demandada tuvo en cuenta en materia de ajustes la Ley 71 de 1988 y la Ley 100 de 1993, y como el actor no mostró inconformidad alguna, significa que aceptó el incremento de acuerdo a esas disposiciones legales.

Señala que resulta inexplicable que la alzada no hubiera reparado en que para el año 1983, los índices de depreciación de la capacidad adquisitiva de la moneda, eran inmensamente superiores al 15%. De ahí la modificación que introdujo la referida Ley 71 de 1988 que derogó la Ley 4ª de 1976, expedida para proteger a los pensionados.

Aduce que el objeto de las convenciones colectivas de trabajo, consiste en mejorar las prerrogativas de los trabajadores y no conservar elementos de perjuicio que la propia ley eliminó, dado que “la razón para dejar de aplicar la Ley 4ª de 1976 no fue solamente la expedición de una nueva ley que la derogara sino el superar el mecanismo pernicioso que la misma contemplaba para el ajuste de las pensiones en detrimento de los intereses de los pensionados”; a más que el derecho allí consagrado no podía perpetuarse, ya que no representa ningún beneficio real para el pensionado.

Expone que los verdaderos derechos que el parágrafo del artículo 2º de la convención colectiva preservó de la Ley 4ª de 1976, son los relativos a necesidades de salud, educación, apoyo de sepelios y de mesadas adicionales y es a ello a lo que se refiere la cláusula convencional de 1983.

Agrega, que para entender el sentido de la cláusula convencional en cuestión, era del caso distinguir entre el «ajuste» de la pensión y el “incremento” de la misma, “[…] porque a lo sumo se podría entender que se utilizara el 15% en cuestión para conservar la capacidad adquisitiva de las pensiones que es lo que se prevé en el artículo 53 de la Carta, pero lo que resulta desorbitado es concluir que en la convención colectiva de trabajo se construyó una (sic) herramientas para incrementar el valor de las pensiones. Es decir, aun suponiendo que el sistema de ajustes de la pensión en el 15% fuera un derecho, solo podría utilizarse en la medida en que cumpliera ese propósito de procurar un ajuste pero nunca, se repite, un incremento. Nótese que en situaciones como las del presente año en el que las pensiones se ajustan en un 2%, aplicar un 15% supone incrementar las mesadas en 7 1/2 veces, lo cual debe conducir a un desquiciamiento de la capacidad económica de la empresa y representa, de contera, un claro desconocimiento del postulado de sostenibilidad económica consignado en el artículo 48 de la Constitución, como mandato para el diseño y aplicación de las previsiones sobre pensiones”.

Afirma que como las partes no pactaron convencionalmente un derecho a incrementar constantemente las pensiones, la única comprensión posible es que la remisión que hizo la convención a la Ley 4ª de 1976, es en relación con los artículos 5º, 6º, 7º y 9º de la misma, y no frente al mecanismo de ajuste o actualización de pensiones que allí se contempla.

VIII. Consideraciones

Este cargo, dirigido por la vía indirecta, pretende demostrar que el Tribunal incurrió en yerros protuberantes de índole fáctico:

(i) Cuando apreció erradamente el Acuerdo celebrado por Electricaribe y Sintraelecol el 5 de mayo de 2006, y le dio el mismo tratamiento de una convención colectiva, razón por la cual le exigió los requisitos consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo artículo 469, cuando ha debido reparar que, si bien es un acuerdo, no tiene la formalidad de la convención colectiva por voluntad de las partes y por la imposibilidad de establecer de inmediato “un régimen convencional único”.

(ii) Cuando apreció el par. 1º del art. 2º de la convención colectiva de trabajo vigente entre los años 1983 - 1985, reproducido para los efectos de este proceso en el par. 3º del art. 106 de la compilación convencional 1998-1999, que reza: “Todos los trabajadores que se encuentren pensionados por la Electrificadora del Atlántico S.A., o que se pensionen en el futuro se les seguirán reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976 sin consideración a su vigencia” y, con fundamento en ello, confirmó lo dispuesto por el a quo, en el sentido de ajustar anualmente la pensión del demandante en un porcentaje como mínimo del 15%, condenando a la sociedad demandada al pago de las diferencias que se establecieron.

En este orden la Sala abordará el estudio de la acusación, así:

1. El recurrente endilga al juzgador la errónea apreciación del acuerdo celebrado el 5 de mayo de 2006 entre la demandada y el Sindicato, pues le exigió al mismo las características de una convención colectiva en cuanto a los requisitos establecidos en el artículo 469 del Código Sustantivo de Trabajo.

En primer lugar, debe decirse que le asiste razón a la censura en cuanto a que un acuerdo de esta naturaleza no tiene la necesidad de ser depositado para que surta los efectos queridos por las partes, pues como ya lo ha dicho esta Corporación “como regla general, en el derecho del trabajo los únicos acuerdos que deben ser depositados son los que emanan de un conflicto colectivo de trabajo cuya solución es dada por la mismas partes, pues así lo exige el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, condición que aquí no se puede predicar del convenio celebrado por la empresa y el sindicato, quienes simplemente, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, el cual no repugna en las relaciones obrero patronales, siempre y cuando no se desconozcan los derechos mínimos de los trabajadores, quisieron regular algunas condiciones de trabajo, las cuales no quedaron condicionadas en forma alguna ni se exigió del pacto mismo que fuera depositado a la usanza de las convenciones colectivas de trabajo” (CSJ SL 11321-2014).

No obstante, existe distinción entre los acuerdos extra convencionales que tienen carácter aclaratorio y los modificatorios, pues los primeros son aquellos que buscan esclarecer asuntos confusos y deficientes de lo pactado a través de un instrumento colectivo; mientras que los segundos, son los tendientes a cambiar aspectos que ya han sido previamente definidos en aquél o a introducir unos diferentes a los ya acordados.

Ahora bien, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de este Colegiado, estos últimos —los modificatorios— únicamente son válidos en la medida que mejoren las condiciones pactadas en la convención, en tanto nada impide que los trabajadores o sus representantes, en caso de ser sindicalizados, pacten con sus empleadores prerrogativas superiores a las legal o convencionalmente establecidas.

En tal sentido, se ha pronunciado la Sala en sentencia CSJ SL, 3 jul. 2008, rad. 32347 reiterada en entre otras en la CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 39744, donde se dio plena validez a un acuerdo extra convencional en el que se acordó un beneficio adicional para los trabajadores referente a la estabilidad, y se dijo lo siguiente:

Nada se opone a que en el Derecho del Trabajo los trabajadores, bien sea por si mismos o representados por la organización sindical a la cual pertenecen, celebren acuerdos con los empleadores tendientes a regular diversas situaciones laborales y menos aún, tampoco puede haber oposición o ilicitud en cuanto con ellos se superen los mínimos derechos legales o inclusive convencionales. Si el simple acto unilateral de un empleador puede crear derechos para los trabajadores en tanto superen los mínimos legalmente establecidos, con mucha mayor razón ello puede aplicarse a los convenios directos que celebren con sus servidores.

Un acuerdo, como el que ahora ocupa la atención de la Sala, se convierte en ley para los contratantes sin desconocer el clásico principio que lo informa y según el cual debe ejecutarse de buena fe. Así se desprende claramente de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, que entre otros regulan el efecto de las obligaciones válidamente celebradas y de cuyas fuentes o nacimientos, señaladas en el artículo 1494 ibídem, vale la pena destacar el concurso real de voluntades de dos o más personas o el hecho voluntario de la persona que se obliga. (Resaltado fuera del texto).

Se tiene entonces que tales arreglos producen efectos para las partes, siempre que sean para aclarar y/o mejorar las condiciones que ya han sido pactadas, e incluso, no necesitan ninguna solemnidad y no requieren, como se dijo anteriormente, de depósito en los términos del Código Sustantivo del Trabajo artículo 69, para gozar de plena validez.

Así las cosas, se tiene, que si bien el cargo es fundado en la medida que el Tribunal incurrió en el yerro que se le imputa al exigirle al acuerdo las características propias de una convención colectiva sin ser de esta naturaleza, lo cierto es que este no tiene vocación de prosperidad, por cuanto en sede de instancia se arribaría a la misma conclusión del juez de apelaciones, aunque por una razón diferente, que se expone a continuación.

En efecto, descendiendo al sub examine, se tiene que para la reseñada fecha de suscripción del referido acuerdo extraconvencional —5 de mayo de 2006—, se encontraba vigente la convención colectiva 1998-1999, que en su cláusula 106 parágrafo 3º, contempló que:

Todos los trabajadores que se encuentren pensionados por la Electrificadora del Atlántico S.A. ESP o que se pensionen en el futuro, se les seguirán reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976 sin consideración de su vigencia (Conv, 83-85).

Ahora bien, el pluricitado pacto suscrito por Electricaribe y el Sindicato de Electricidad de Colombia – Sintraelecol (folios 243 a 283), luego de referir que el mismo “contribuye a seguir desarrollando el modelo de relaciones laborales y representa un avance en el interés de las partes para el establecimiento de un régimen convencional único de las distintas convenciones vigentes en la Electrificadora del Caribe S.A. ESP”, en lo concerniente al reajuste anual de pensiones expresó:

Las partes convienen un sistema de reajuste anual de las pensiones aplicables a las que se causen con posterioridad a la firma del presente acuerdo que consiste en que dicho reajuste anual será del IPC causado menos un (1) punto para los cinco (5) años posteriores al de su reconocimiento. Estas pensiones tendrán un beneficio consistente en dos (2) bonos que compensan el sistema de reajuste así: un (1) bono por el importe de la mitad de una mesada en el primer año de aplicación y un bono por el importe de la mitad de una mesada en el quinto año de aplicación. El bono se liquidará con base en el valor de la mesada del año anterior al reajustado y será cancelado dentro de los treinta (30) días siguientes de la fecha del reajuste respectivo.

De lo anterior, resulta claro que tal documento no se propuso hacer la Convención más inteligible o mejorar las condiciones de los trabajadores, sino que su propósito fue el de modificarla en el sentido de disminuir las prerrogativas acordadas. Luego la modificación convencional que se pretendió introducir a través del referido acuerdo extra convencional, resultaba inadmisible jurídicamente por ese medio, pues dicha convención ya había sido suscrita por las partes y debidamente depositada ante el Ministerio del Trabajo, tal y como lo ordena el Código Sustantivo del Trabajo artículo 469.

Así, perfeccionada su vigencia, se hizo realidad convirtiéndola en ley para las partes, de imperativo cumplimiento mientras no fuera anulada e irreversible desde el punto de vista jurídico y, en consecuencia, la única posibilidad viable para que se disminuyeran los beneficios allí consignados, era, precisamente, a través de la denuncia de la convención o, si se presentaba el supuesto, mediante la revisión de que trata el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo.

De ahí, que ningún punto que hubiese sido regulado por la Convención Colectiva de Trabajo podía modificarse a través de un documento, salvo, se itera, si el mismo tiene por finalidad incrementar los beneficios ya establecidos en aquella.

Dicha postura, se acompasa con lo expuesto por esta Sala en Sentencia SL12138-014, proferida en un asunto de similares características y contra la misma entidad demandada.

2. Parágrafo 1º del artículo 2º de la convención colectiva de trabajo vigente entre los años 1983-1985, reproducido para los efectos de este proceso en el parágrafo 3º del artículo 106 de la compilación convencional 1998-1999.

Como quedó visto, el referido texto convencional transcrito establece el reconocimiento para los pensionados de la demandada, de “todos” los beneficios consagrados en la Ley 4ª de 1976, sin consideración a su vigencia. Lógicamente se encuentran inmersos los incrementos anuales, entre el inmediatamente anterior y el nuevo salario mínimo legal, que en ningún caso podrá ser inferior al 15% para las pensiones que tengan hasta un monto equivalente a cinco veces el salario mensual mínimo legal más alto, como lo reclama el demandante. Lo anterior está contemplado en el artículo 1º del referido ordenamiento legal, al que se remite la cláusula convencional.

En efecto, al apreciar el parágrafo convencional en comento, no aparece de bulto que, al estipular que a los pensionados pasados o futuros de la empresa se les reconocerían “todos” los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976, las partes celebrantes de la convención hubieran decidido excluir lo relativo al reajuste anual y automático previsto en el artículo 1º, ni figura, como lo sugiere el recurrente, que únicamente en la norma convencional se aludiera a beneficios concernientes a servicios de salud, becas y auxilios de educación, de apoyo en casos de sepelios y mesadas adicionales, consignados en los artículos 5º, 6º, 7º y 9º de la mencionada Ley 4ª; habida cuenta que de su contenido no es posible colegir intención alguna de las partes en ese sentido.

Así las cosas, no puede decirse que el Tribunal incurrió en un yerro fáctico ostensible, cuando interpretó la disposición convencional de marras e infirió que, cuando la convención se refiere a derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976, se está refiriendo entre otros beneficios o prerrogativas al reajuste pensional, en tanto ella . Y si bien el planteamiento de la censura es respetable y sugestivo, no logra desvirtuar los razonamientos del Tribunal, cuya lectura y comprensión del parágrafo analizado no se muestra manifiestamente equivocado y, además se enmarca dentro de la atribución legal que tienen los jueces de apreciar libremente la prueba, conforme a lo previsto en el CPL y ss. artículo 61. Por eso la Sala respetará la valoración probatoria que soporta la sentencia impugnada.

Ahora bien, la circunstancia aducida por el censor de que para el año 1983, cuando se suscribió la convención que estipuló la cláusula cuestionada, los índices de depreciación de la capacidad adquisitiva de la moneda “eran inmensamente superiores al 15%”, no le quita razonabilidad a la valoración probatoria del Tribunal, en la medida que en atención al origen, naturaleza y finalidad de la convención colectiva de trabajo, son las mismas partes las llamadas a fijar el contenido y alcance de sus normas. Por consiguiente, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, estas tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean lícitos, que no atenten contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores, o en general que no se produzca lesión a la Constitución o la ley (CSJ SL, 18 may. 2005 rad. 23776).

En estas condiciones, acoger convencionalmente un reajuste pensional que no pueda ser inferior al 15% conforme lo estableció la Ley 4ª de 1976, se enmarca dentro de esa voluntad contractual de los protagonistas sociales, donde no es dable a la Corte entrometerse, salvo que esa interpretación no sea sensata o coherente, con características de un desatino de tal envergadura que dé lugar a un error evidente de hecho, que no es el caso que nos ocupa.

Adicionalmente, es pertinente traer a colación lo expresado por esta Corporación sobre dicha temática, en asunto similar seguido contra la misma demandada, en sentencia CSJ SL, 25 oct. 2011, rad. 40551, reiterada en la CSJ SL, 6 mar. 2012, rad. 43851, en la que se puntualizó:

[…] En la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre la Electrificadora del Atlántico S.A., y el Sindicato de Trabajadores de Empresas de Energía Eléctrica de la Costa Atlántica, el 1º de agosto de 1983, con vigencia desde esa misma fecha al 31 de julio de 1985 (fls. 452 a 465), se convino, (art. 2º, pár. 1º) que, <…Todos los trabajadores que se encuentren pensionados por la Electrificadora del Atlántico S.A., o que se pensionen en el futuro se les seguirán reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976 sin consideración a su vigencia>, lo cual se corresponde con la teleología de la negociación colectiva, de procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Para este caso, la disposición convencional transcrita posibilitó que los pensionados y los por pensionar de Electranta, accedieran a las prerrogativas de la Ley 4ª de 1976, aún cuando, posteriormente, fuera retirada del ordenamiento jurídico.

Argumenta el censor que el Tribunal desconoció, que el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976 no consagraba un derecho subjetivo, y no podía ser considerado parte de la Convención Colectiva de Trabajo, porque los reajustes pensionales no son aplicables a los contratos de trabajo.

A juicio de la Sala, la lectura de la cláusula convencional, por parte del ad quem, no se exhibe descabellada, pues es dable entender que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976, se encuentra, precisamente, el derecho al incremento concedido en las instancias, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de una norma legal, que conservará vigencia como norma convencional, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó, entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se beneficien de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden, no queda sino concluir que los desatinos fácticos que se imputan al fallo que se examina, lejos estuvieron de acreditarse, en tanto sus inferencias fueron razonables, y no muestran equivocación ostensible, que resulte suficiente para desquiciar sus conclusiones.

Frente a los alegatos del censor en este cargo, ya la Corte se ha pronunciado en casos similares al presente. Así, en proveído del 23 de enero de 2009, radicado número 30077, expresó:

<En sentir de la censura, carece de sustento jurídico incorporar un texto como el que se comenta en una convención colectiva de trabajo, dado que no es aplicable a los contratos de trabajo.

Olvida el recurrente que las partes, en ejercicio de su libertad de contratación laboral, pueden válidamente estipular que los pensionados sean acreedores de algunos de los beneficios ahí consagrados. A propósito, la jurisprudencia del trabajo y de la seguridad social, en sentencia del 8 de noviembre de 1993 (Rad. 6.441) adoctrinó:

“[…] La convención colectiva de trabajo por disposición perentoria del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo solo regula las condiciones que rigen los contratos de trabajo o las relaciones laborales vigentes, por tanto únicamente es aplicable a los trabajadores aforados y por extensión a todos los no sindicalizados cuando en la convención sea parte un sindicato cuyos afiliados excedan de la tercer parte de los trabajadores de la empresa, según lo dispone el artículo 471 del mismo estatuto.

Entonces, los pensionados en principio no son beneficiarios de puntos de la convención colectiva, salvo cuando el empleador consiente en ello, en ejercicio de su libertad de contratación colectiva, pues respecto de ellos no existe ninguna relación laboral.

En consecuencia los árbitros no están facultados para establecer beneficios indiscriminados a favor de los extrabajadores pensionados, con anterioridad a la expedición del laudo arbitral, por cuanto ellos son ajenos al conflicto colectivo. Situación distinta cuando en el laudo están previstas prestaciones extralegales a favor de los trabajadores activos, para cuando ellos adquieran el status de pensionados, dado que se está regulando una condición a favor de los trabajadores vinculados mediante contratos de trabajo vigentes, por tanto personas comprometidas en el conflicto colectivo”.

Sostiene el ataque que el derecho subjetivo, por su propia naturaleza, “involucra un incremento para el patrimonio de la persona”.

El texto convencional que se estudia extiende a los pensionados “todos los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976”. En ese sentido, no cabría tildar de errado —y menos en la magnitud de manifiesto o evidente— el entendimiento que el Tribunal dio a esa cláusula convencional de aplicar a los demandantes, en su calidad de pensionados, el reajuste anual y automático contemplado en el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.

No entiende la Sala cómo el cargo sostiene que el reajuste prescrito en esta norma legal no es un derecho y que sólo pueden ser considerados como tales los que se prevén en los artículos 6º a 10.

Por supuesto que el reajuste de la pensión es un derecho de los pensionados que cumplan las condiciones ahí señaladas, en cuanto representa para ellos la posibilidad de modificar la relación jurídica que los liga con el pagador de la pensión y de exigir, hasta por las vías judiciales, el reconocimiento de esa facultad.

Puede verse como correlato de esa facultad o posibilidad que existe una obligación jurídica a cargo del pagador de la pensión de efectuar el reajuste, hasta el punto de llegar a ser compelido, con el uso legítimo de la fuerza, por los jueces, en la hipótesis de resistirse a honrar ese compromiso legal.

Bueno resulta precisar que la falta de ejercicio de un derecho no traduce que no exista jurídicamente. Es más, la posibilidad de ejercerlo o no pertenece a su propia naturaleza.

Adicionalmente, cualquier enfrentamiento entre la disposición convencional y la ley, en punto al reajuste anual de las pensiones, habrá de resolverse con el postulado de la norma más favorable. Pero, en todo caso, ello no conduce a la pérdida de aliento de la norma convencional.

De otra parte, no puede remitirse a duda que el referido canon convencional fue el fruto de una negociación, registrada en una convención colectiva, como culminación de un conflicto económico o de intereses.

Tal precepto, entonces, forma parte de lo que en doctrina se denominan cláusulas normativas de las convenciones colectivas, justamente por ser las llamadas a disciplinar o normar las condiciones de trabajo. Pero ello, en manera alguna, tiene la virtud de trocar su naturaleza convencional para pasar a ser una disposición que tuvo venero en un conflicto jurídico o de derecho.

Por último, nada de exótico resulta que en una convención colectiva de trabajo se disponga la aplicación de un mandato legal así haya perdido vigencia. Es perfectamente jurídica y válida una disposición convencional así concebida. Esa ha sido la orientación de esta Sala, vertida en sentencia del 22 de noviembre de 2000 (Rad. 14.489), en la que se dijo:

“[…] Es sabido que el objeto de las convenciones colectivas es regular las condiciones de trabajo dentro de la empresa durante su vigencia, generalmente persiguiendo superar el mínimo de los derechos instituidos para los trabajadores en la ley, por lo que mientras los susodichos convenios estén en vigor, un cambio legislativo no conduce por sí solo a que dejen de aplicarse tales acuerdos con el pretexto de que la mutación legislativa también reguló un tema acordado en la respectiva estipulación convencional. Consecuente con lo anterior, pueden las partes modificar por sí mismas los términos de una disposición convencional, cualquiera que sea la alteración, con la condición de que no afecte derechos mínimos de los trabajadores o el principio de favorabilidad, e incluso también le es dable al legislador regular expresamente materias que modifiquen hacia el futuro prerrogativas convencionales. Empero si después del aludido cambio legislativo las propias partes mediante un nuevo acuerdo colectivo insisten en acordar un beneficio extralegal invocando o remitiéndose a un precepto legal derogado, y si con ello no infringen principios de orden público, no puede decirse que ello conlleve automáticamente la desaparición del mundo jurídico del beneficio convencional.

Todo lo anterior es más relevante en el caso presente, dado que como con pleno acierto lo asentó el sentenciador, si precisamente en la convención colectiva vigente por la época de los hechos, suscrita ya en vigencia de la Ley 50 de 1990, las partes memoraron nuevamente el numeral quinto del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, a pesar de haber quedado éste sin vigencia para algunos trabajadores, fue porque se conservó la posibilidad de reintegro para el personal ubicado en el campo de aplicación de la convención, que sea despedido sin justa causa después de ocho años de servicios, puesto que como lo expresó esta Corporación en proveído del 7 de abril de 1995 (Rad. 7243) ‘no puede el juez en estas materias apartarse de lo literal de las palabras para imponerle a las partes obligaciones que van más allá del texto del convenio normativo, salvo que claramente aparezca que la intención de quienes celebraron la convención colectiva fue diferente’

Por todo lo expuesto, el cargo no sale avante.

Con lo manifestado inicialmente y lo adoctrinado en el pronunciamiento jurisprudencial que se acaba de reproducir, se da respuesta a todas las inquietudes formuladas por el censor en el ataque, que no son de recibo, el cargo no sale avante.

Sin costas en el recurso extraordinario, como quiera que la demanda de casación no tuvo réplica.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 31 de agosto de 2010, en el proceso ordinario adelantado por Rigoberto Castro Cantillo contra la Electrificadora del Caribe S.A. ESP Electricaribe S.A.

Sin costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».