Sentencia SL21444-2017 de diciembre 14 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL21444-2017

Radicación: 47275

Acta 23

Magistrado Ponente:

Dr. Donald José Dix Ponnefz

Bogotá, D.C., catorce de diciembre de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JUDITH PATRICIA MORENO ZEA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 30 de abril de 2010, en el proceso que instauró la recurrente contra EMTELCO S.A.

I. Antecedentes

La parte actora solicitó se declarara que con la demandada existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 16 de septiembre de 1996 y el 15 de septiembre de 2005, que finalizó por causa atribuible al empleador; en consecuencia, pretendió el pago de la indemnización de perjuicios prevista en el artículo 51 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945, en concordancia con el 64 del Código Sustantivo de Trabajo, los intereses a las cesantías y la prima de vacaciones correspondientes a 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, la prima de navidad por los años 1996 y 1997, la indemnización moratoria del Decreto 747 de 1949, la indexación, lo extra y ultra petita, y las costas del proceso.

Indicó que el 16 de septiembre de 1996 se vinculó con la demandada mediante contrato de trabajo a término indefinido, que fue finalizado por el empleador el 15 de septiembre de 2005 sin que mediara justa causa; que ocupó el cargo de asistente administrativa de la gerencia de servicios informativos; que la accionada no pagó los emolumentos que solicita con la demanda; que presentó solicitud pretendiendo sus derechos, pero fueron negados bajo el supuesto de que el contrato no era a «término definido, sino que estábamos frente a un contrato a seis meses (término presuntivo)»; que la demandada es una sociedad de economía mixta (fls. 3 a 10).

La entidad accionada al dar respuesta se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, señaló que el contrato se pactó en los términos del artículo 40 del Decreto 2127 de 1945 y, que se prorrogó de 6 meses en 6 meses; aceptó los extremos de la relación, pero negó que la finalización haya sido sin justa causa, pues atendió la legislación aplicable a la parte actora. Refirió que la demandante no tenía derecho a las primas de navidad ni a los intereses a la cesantía.

Propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas, prescripción, cobro de lo no debido, falta de título y causa para pedir, buena fe, pago y compensación (fls. 36 a 53).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Séptimo de Descongestión Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., mediante fallo de 28 de febrero de 2008, absolvió a la demandada de todas las pretensiones y le impuso las costas a la accionante (fls. 242 a 249).

III. Sentencia de segunda instancia

La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., al resolver el recurso de apelación de la parte demandante, mediante providencia de 30 de abril de 2010, confirmó lo resuelto por el a quo, y le asignó las costas a la recurrente (fls. 280 a 288).

Dejó por fuera de controversia la existencia de la relación de trabajo, los extremos, y el cargo desempeñado por la accionante como asistente administrativa de la gerencia con un salario básico mensual de $ 1.819.948,85, como quiera que no encontró oposición por parte de la accionada y por hallar tales hechos demostrados con la liquidación definitiva de prestaciones de folio 68, el contrato de trabajo (fls. 55 a 57); las afiliaciones a seguridad social en salud y pensiones, caja de compensación familiar de folios 58 a 64 y la carta de terminación del contrato (fl. 65).

En esa medida, restringió la temática a elucidar lo relacionado con la finalización del contrato de trabajo, razón por la cual se remitió al documento por medio del cual se comunicó a la actora tal circunstancia (fl. 13). Sostuvo que al ser la empleadora una sociedad de economía mixta del orden municipal (fls. 21 a 24), con participación accionaria superior al 99% de entidades del Estado, de acuerdo con el certificado de folio 54, sus servidores son,

[…] por regla general trabajadores oficiales y por ende se rigen por el Decreto 2127 de 1945 y no por las normas del Código Sustantivo del Trabajo. En ese hilo conductor, encontramos que con la decisión de terminación del contrato, la empleadora no despidió a su servidor por justa causa, por que dichas causales están consagradas en el artículo 48 de Decreto 2127, es claro que la figura a la cual recurrió la empresa fue a uno de los modos de terminación del contrato, precisamente el consagrado en el literal a) del artículo 47 del mismo decreto, esto es “por expiración del plazo pactado o presuntivo”.

Desde esa óptica, encontró válida la invocación del plazo presuntivo y aclaró que tal conducta no convertía el contrato a término indefinido en permanente período de prueba, por cuanto el Decreto 2127 de 1945 estableció específicamente en su artículo 40, que el contrato celebrado por tiempo indefinido o sin fijación de término alguno, se entenderá pactado por seis meses. Anotó que el legislador frente a los contratos de trabajo del Estado limitó la autonomía de la voluntad y por ello dispuso que así se pacten expresamente a término indefinido, la vinculación contractual laboral con el Estado, por razones de interés general está limitada de seis en seis meses, sin que esta disposición pueda entenderse como supletoria a falta de estipulación del período contratado, tal como lo dispone el artículo 43 del Decreto 2127 de 1945. Se apoyó en precedente de esta corporación «(Sent. de casación, feb. 21/2005, exp. 24.028…)». Así, concluyó que la empleadora no despidió a Judith Patricia Moreno Zea, sino que la terminación del contrato de trabajo acaeció en virtud de la expiración del plazo presuntivo, y por tanto no se generó indemnización alguna.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte, case totalmente la sentencia del ad quem y, que en sede de instancia, se revoque la decisión del juez de primer grado y en consecuencia acceda a las súplicas de la demanda inicial.

Con tal propósito formula un cargo, que fue oportunamente replicado y que a continuación se estudia.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia por vía directa en la modalidad de infracción directa, del artículo 2º de la Ley 64 de 1946, que modificó el 8º de la Ley 6ª de 1945, «cuyo alcance e interpretación fue realizada por la Corte Constitucional en Sentencia C-003 de enero 22 de 1998».

Manifiesta la censura que si bien el colegiado aludió al artículo 43 del Decreto 2127 de 1945, no lo hizo respecto del 2º de la Ley 64 de 1946; que la sentencia de la Corte Constitucional en referencia tiene efectos «erga omnes» y que al no ser tenida en cuenta por el tribunal,

[…] otro hubiera sido su pronunciamiento, puesto que a más de ser norma posterior a la invocada repetidamente por el tribunal, es aplicable a las relaciones laborales de la administración pública y debe entenderse que la administración pública, puede válidamente celebrar contratos de trabajo a término indefinido, a las voces de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la parte resolutiva de tal fallo.

Acto seguido, se refirió a la cláusula 4 del contrato a término indefinido en la que se indicó que «“La duración del contrato será indefinida, mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo, pero LA EMPRESA como EL TRABAJADOR, podrán darlo par terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a treinta (30) días. LA EMPRESA puede prescindir del preaviso pagando a EL TRABAJADOR los salarios correspondientes a tal periodo y en la misma forma procederá EL TRABAJADOR para lo cual autoriza expresamente se le haga el descuento del preaviso de su liquidación”».

De igual modo, reseñó la Sentencia «003 de enero 22 de 1998, expediente D-1697», de la Corte Constitucional, y la sentencia de esta Sala de Casación, CSJ SL, 20 de mayo de 2008, radicación 32006 en la que según se «aceptó que perfectamente los entes del Estado pueden celebrar contratos a término indefinido»; para aseverar que resultaba «forzoso y necesario» que los jueces al revisar un contrato de trabajo a término indefinido celebrado entre una entidad pública y un particular, debían examinar el asunto desde la perspectiva dada por la Ley 6ª de 1945, según el alcance que al respecto desarrolló la Corte Constitucional.

Plantea que se dejó de lado la voluntad de las partes consagrada en el numeral 4º del contrato de trabajo celebrado entre Moreno Zea y Emtelco S.A., cuestión que transgrede lo previsto en el artículo 53 superior; en ese orden, anota que de haberse tenido en cuenta la preceptiva denunciada, se habría aceptado que la voluntad de las partes efectivamente quedó plasmada en la cláusula 4 en referencia, y por tanto, se hubiera reconocido que no solo hubo una terminación ilegal del contrato de trabajo, sino que la accionada vulneró los derechos de la demandante al dejar de pagar la cesantía, prima de navidad, de vacaciones y las indemnizaciones pretendidas.

VII. Réplica

Afirma la parte opositora que las normas acusadas en la proposición jurídica no son de índole sustancial del orden nacional, por cuanto no contienen derecho alguno; de igual modo, expone que el submotivo que debió denunciarse es la interpretación errónea al apoyarse la sentencia impugnada en un criterio jurisprudencial; que se «Entremezcla impropiamente aspectos fácticos y jurídicos», pues si bien se dirige el cargo por la vía directa, trascribe la cláusula 4 del contrato de trabajo que es una prueba del proceso, imposible de analizar por la senda jurídica.

Que no ataca la totalidad de los pilares de la sentencia, toda vez que la censura nada dice respecto al plazo «“y por otro lado no se acreditó norma convencional alguna en la que se pactara la inaplicabilidad del presuntivo, o la estipulación indemnizatoria para su aplicación”»; que lo solicitado en el alcance de la impugnación no se acompasa con lo alegado en el desarrollo del cargo pues se trae un hecho nuevo como el impago de la cesantía que nunca se solicitó en la demanda inicial.

Expone que al ser la demandada una sociedad de economía mixta del orden municipal, con capital estatal superior al 90%, la invocación del plazo presuntivo es perfectamente válido, de acuerdo lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 2127 de 1945. Se apoyó en sentencia «radicada con el número 32.006 de 20 de mayo/08», y «número 32.827 de 26 de agosto/08».

VIII. Consideraciones

No le asiste razón a la réplica cuando asevera que en la proposición jurídica no se acusan normas sustanciales de orden nacional, pues los artículos 2º de la Ley 64 de 1946 y 8º de la Ley 6ª de 1945 son disposiciones relevantes para el tema en discusión, de manera que se cumple con la carga de denunciar la violación de alguna norma legal sustancial de alcance nacional, que constituyen la base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente, haya sido violada.

En lo que si acierta la réplica es que dada la senda directa por la que se encauza el cargo, no le era dable a la recurrente entrelazar fundamentos jurídicos con fácticos cuando invoca la cláusula 4 contractual, lo cual no venera los parámetros propios de la vía escogida en su ataque, cuando sabido es que al dirigir el cargo por el sendero de puro derecho no cabe discusión alguna sobre las premisas fácticas.

De igual modo, el censor al finalizar el ataque afirmó que la accionada no pagó a la demandante la cesantía, lo que se contrapone con lo solicitado en el alcance de la impugnación, donde pretendió respecto de la labor de la Corte al actuar como tribunal de instancia, que revoque la decisión de primer grado y acceda «a las súplicas de la demanda introductoria del proceso», escrito que no contiene el impago de la cesantía.

No obstante de superarse los anteriores dislates, en punto a la temática que expone el cargo, ha sostenido la jurisprudencia de la Sala que la terminación del contrato de trabajo por vencimiento del plazo presuntivo, es un acto unilateral de connotación formal, pues el modo de la terminación, en este caso, se encuentra establecida previamente la ley.

Discrepa la recurrente de que el tribunal no tuvo en cuenta el alcance e interpretación que hizo la Corte Constitucional en la Sentencia C-003 de 1998, cuando dijo que al pactar las partes de manera expresa que el contrato de trabajo será a término indefinido, no es posible acudir a la figura del plazo presuntivo; y, que el sentenciador tampoco estudió el asunto con sustento en la Ley 6ª de 1945.

Para el ad quem, cuando las partes establecen que el contrato de trabajo tiene un «término indefinido» o no le señalan límite temporal alguno, debe entenderse celebrado por periodos de seis meses en seis meses, al encontrarse de esta manera determinado por los artículos 40 y 43 del Decreto 2127 de 1945, sin que sea posible convertir el contrato a término indefinido en «permanente periodo de prueba».

Esta corporación en Sentencia CSJ SL-1497-2014, en cuanto a la duración del contrato de trabajo de los trabajadores oficiales, esto es el plazo presuntivo, estableció:

En concordancia con lo anterior, esta Sala de la Corte ha entendido que la ley establece una suerte de presunción legal de que el contrato de trabajo pactado de manera indefinida con trabajadores oficiales, se entiende celebrado por periodos de seis meses, a menos, ha precisado, que tal cuestión se modifique por la vía de la negociación individual o colectiva de las condiciones de trabajo. En la Sentencia CSJ SL, 21 de febrero de 2005, radicación 23957, reiterada, entre otras, en las CSJ SL, 30 de junio de 2005, radicación 24607; CSJ SL, 28 de mayo de 2008, radicación 31490; CSJ SL, 30 de septiembre de 2008, radicación 32558; CSJ SL, 24 de marzo de 2010, radicación 34584; y CSJ SL 2 de mayo de 2012, radicación 39479, la Corte señaló al respecto:

El plazo presuntivo es el imperio de la ley en favor del Estado cuando funge como empleador y por ende de la sociedad sobre la voluntad de las partes. La ley presume que en todo contrato laboral concertado por aquél, la ausencia de una estipulación sobre la duración del contrato implica, aunque parezca contradictorio, la fijación de un plazo de vigencia del contrato de seis meses según el Decreto 2127 de 1945. La presunción es legal, y por eso tanto en la contratación individual como en la colectiva, las partes pueden acordar lo contrario y apartarse del plazo presumido por el legislador. Y aquí, como ocurre con el régimen de los contratos a término fijo, con los cuales la identidad es manifiesta, en los gobernados por el plazo presuntivo la intención que exprese una de las partes de no prorrogar el contrato solamente es unilateral en apariencia, porque el imperio de la ley impone un contexto contractual en el cual se asume que las partes convinieron la fijación de un plazo semestral (resaltado fuera de texto).

La Corte también ha definido que cuando las partes, a través de la negociación individual o colectiva de las condiciones de trabajo, consientan en apartarse de la figura del plazo presuntivo, tienen que elaborar cláusulas convencionales o contractuales expresas, que no dejen duda de que su intención es la de excluir los periodos de seis meses, así como de eliminar la terminación del contrato de trabajo por el vencimiento del plazo presuntivo y sancionar al empleador por la terminación unilateral del contrato de trabajo.

En cuanto a la infracción directa del artículo 2º de la Ley 64 de 1946 que se le atribuye al juez de apelaciones, debe atenderse que la Corte Constitucional en Sentencia C-003 de 1998, en su numeral segundo, declaró inexequible:

[…] la siguiente parte del artículo 2º de la Ley 64 de 1946: “a menos que las partes se reserven el derecho de terminarlo unilateralmente mediante aviso a la otra con antelación no inferior al período que regule los pagos del salario de acuerdo con la costumbre, y previa cancelación de todas las deudas, prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar. Puede prescindirse del aviso, pagando igual salario”.

Es así, que a esta Sala no le asiste duda que el sentenciador no incurrió en la trasgresión de marras, pues al haberse proferido la Sentencia por la Corte Constitucional el 22 de enero de 1998, y que el contrato terminó el 15 de septiembre de 2005, aspecto que no generó ni genera ninguna controversia por la censura, es evidente que tal disposición no se encontraba en el ordenamiento jurídico y en consecuencia la facultad de reservarse el derecho a la terminación mediante el preaviso no tenía ninguna aplicación.

En la sentencia proferida por esta Sala de Casación cuyos apartes se transcribieron, también adoctrinó:

Tras todo lo anterior, la Corte debe reiterar que: i) la figura del plazo presuntivo se encuentra plenamente vigente para los trabajadores oficiales, aún a pesar de la Sentencia CC C-003/98; ii) por ello, cuando no se determine el plazo del contrato de trabajo o se diga que es indefinido, debe entenderse celebrado por periodos de seis meses; iii) dicha figura puede ser excluida a través de la negociación individual o colectiva de las condiciones laborales, pero requiere de cláusulas claras y expresas; iv) y, en esa dirección, el empleador estatal puede acudir válidamente a la forma de terminación de la relación laboral establecida en el literal a) del artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, esto es, por el vencimiento del plazo pactado o presuntivo, sin tener a cargo indemnización alguna.

De acuerdo con los anteriores planteamientos, el tribunal no incurrió en infracción jurídica alguna al determinar que el vínculo debía entenderse celebrado por periodos de seis meses, al amparo de lo establecido en los artículos 40 y 43 del Decreto 2127 de 1945.

Por último, considera la Sala que el juez de apelaciones nada dijo respecto de las pretensiones relacionadas con la prima de navidad, de vacaciones y las indemnizaciones, luego no son de recibo las aseveraciones que en esta sede la recurrente expone cuando aduce la vulneración que de tales derechos pudo incurrir la demandada, pues le correspondía acudir a los remedios procesales correspondientes si consideró que tales aspectos debían ser resueltos.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Costas en el recurso de casación a cargo de la recurrente, por cuanto la acusación no salió avante y hubo réplica. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de $ 3.500.000, y practíquese conforme lo establece el artículo 366 del Código General del Proceso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 30 de abril de 2010, en el proceso que instauró JUDITH PATRICIA MORENO ZEA contra EMTELCO S.A.

Costas, conforme se estableció en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Donald José Dix Ponnefz—Jimena Isabel Godoy Fajardo—Jorge Prada Sánchez.