Sentencia SL2146-2017/65399 de febrero 8 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Radicación n.° 65399

Acta 04

Magistrada ponente

Dra. CLara Cecilia Dueñas Quevedo

Reiteración de jurisprudencia

Bogotá, D. C., ocho de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se ordene la indexación de la base salarial de la pensión de jubilación reconocida por el banco, conforme a lo perseguido en la demanda.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado dentro del término legal por el Banco Popular, Colpensiones y la UGPP.

VI. CARGO ÚNICO  

Acusa la sentencia de violar la ley sustancial, por la vía directa y en el concepto de infracción directa de los «artículos 16 y 19 del CST, 8 y 9 de la Ley 153 de 1887, 4 del Código Civil y 4 de la CP, vinculados los artículos 17-b) de la Ley 6/45, 27 del Decreto Ley 3135/68 y 68 del Decreto 1848/69; infracción que se produjo como consecuencia de la interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100/93 relacionado con los artículos 48 y 53 de la Constitución Política».

Para sustentarlo, aduce que la relación laboral quedó definida antes de la Constitución de 1991, pero, en el tránsito de dicha normativa estuvo vigente la relación pensional, razón por la que es jurídicamente válido que se aplique la indexación prevista en la Carta Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo.

Señala que, contrario al criterio del ad quem, es aplicable la actualización del ingreso base de liquidación de pensiones causadas con anterioridad a la Carta Política de 1991, por las siguientes razones: (i) la Constitución y la ley pueden afectar las relaciones en curso; (ii) el derecho comprometido es especialmente protegido conforme al artículo 25 de la Constitución Política; (iii) el interés social debe ceder ante el particular y más tratándose del derecho social al trabajo; (iv) es discriminatorio no acceder a la indexación respecto de los pensionados que causaron la prestación con anterioridad a la Constitución de 1991, cuando todos son afectados por el mismo fenómeno económico y, (v) siempre que surja una ley social en el curso de una relación prestacional, «no hay razón válida para oponerse a su aplicación cuando, al contrario, expresamente el artículo 16 del CST así lo dispone porque no ha tenido ocurrencia el hecho consumado de extinción de la pensión».

Sostiene que el artículo 48 de la Constitución Política no distingue entre las pensiones causadas antes y después de su vigencia. Y que al ser la Constitución norma de normas (art. 4 de la C.P.), el mandato del actualización del IBL debe producir efectos sobre las relaciones pensionales en curso, «pues las normas – y con mayor fuerza las Constitucionales- son decisiones soberanas que se dictan para su plena eficacia».

VII. RÉPLICA

El Banco Popular se opuso al cargo, para lo cual sostiene que no se encuentran demostrados ninguno de los desatinos jurídicos endilgados a la sentencia, en la medida que, a su juicio, no se discuten los verdaderos motivos sobre los cuales se edificó el fallo.

Por su parte, Colpensiones aduce que cumplió con todas sus obligaciones al reconocer la pensión de vejez a través de la Resolución n.° 000345 de 2006. Afirma que no puede determinar si el banco llamado a juicio debe o no indexar al demandante la primera mesada de jubilación, en tanto, es una situación que escapa a sus competencias y que debe ser resuelta por la justicia ordinaria.

La UGPP al oponerse a la prosperidad de la acusación, indica que el recurrente plantea una teoría «interesante», pero no cumple con su deber de demostrar que el sentenciador de segundo grado incurrió en la violación directa de la ley.

VIII. CONSIDERACIONES

Sea lo primero precisar que no le asiste razón a la oposición del Banco Popular al señalar que no se discuten los verdaderos motivos del fallo, en la medida que en realidad el recurrente en el desarrollo del cargo despliega un ejercicio argumentativo a fin de acreditar los yerros endilgados, a través del cual pretende derruir la regla jurídica del Tribunal en la cual fundamentó su fallo, para acreditar que procede la indexación de la primera mesada pensional respecto de las pensiones causadas con anterioridad a la Constitución de 1991.

Establecido lo anterior, es de precisar que no son motivo de controversia entre las partes, los siguientes supuestos fácticos: (i) que el señor Eduardo Tafur Salas laboró para el Ministerio de Justicia del 1 de noviembre de 1954 al 15 de abril de 1958; (ii) que laboró para el Banco Popular desde el 1 de marzo de 1962 hasta el 18 de febrero de 1980; (ii) que nació el 2 de agosto de 1930, por lo que cumplió 55 años de edad el 2 de agosto de 1985, (iii) que a través de Resolución 071 de 1985 el Banco Popular le reconoció la pensión de jubilación oficial en cuantía inicial de $13.558, a partir del 2 de agosto de 1985, con proporción a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social y, (iv) que como ingreso base de liquidación se tuvo en cuenta el salario promedio del último año de servicios y un porcentaje del 75%.

De cara al tema jurídico sometido a consideración, esta Sala de Casación mediante la sentencia CSJ SL736-2013, luego de efectuar un recuento jurisprudencial acerca de la figura de la indexación, concluyó: (i) que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; (ii) que al no existir prohibición expresa alguna por parte del legislador de indexar la primera mesada causada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, no hay cabida para hacer discriminaciones fundadas en la naturaleza de la prestación o en la fecha de su reconocimiento y (iii) que cualquier diferenciación al respecto, resulta injusta y contraria al principio de igualdad.

Así las cosas, la nueva tesis de esta Sala, sostiene que resulta viable la actualización del salario que sirve de base para calcular el monto inicial de la mesada pensional, incluso respecto de aquellas jubilaciones causadas con anterioridad al 7 de julio de 1991 y su respaldo, se finca en la existencia de otros parámetros, igualmente válidos, como lo son la equidad, la justicia y los principios generales del derecho, que gozan de fuerza normativa, en los términos de los artículos 8 de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo.

En efecto, en la aludida sentencia, la Sala asentó su nuevo criterio en los siguientes términos:

De todo lo expuesto, la Sala concluye que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; que existen fundamentos normativos válidos y suficientes para disponer un remedio como la indexación, a pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991; que así lo ha aceptado la jurisprudencia constitucional al defender un derecho universal a la indexación y al reconocer que dichas pensiones producen efectos en vigencia de los nuevos principios constitucionales; que esa posibilidad nunca ha sido prohibida o negada expresamente por el legislador; y que, por lo mismo, no cabe hacer diferenciaciones fundadas en la fecha de reconocimiento de la prestación, que resultan arbitrarias y contrarias al principio de igualdad.  

Todo lo anterior conlleva a que la Sala reconsidere su orientación y retome su jurisprudencia, desarrollada con anterioridad a 1999, y acepte que la indexación procede respecto de todo tipo de pensiones, causadas aún con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991. 

Así las cosas, al margen de que la pensión reconocida a Tafur Salas haya sido causada antes o después de la vigencia de la Constitución Política de 1991, resultaba procedente la indexación del ingreso base de liquidación de la prestación. En esa medida, el Tribunal cometió el yerro jurídico endilgado y por ende se casará la decisión.

Sin costas en casación, dada la prosperidad de la acusación.

XIV. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

Conforme los argumentos expuestos en sede de casación, es procedente la indexación de la primera mesada pensional del actor en razón de la devaluación monetaria ocurrida por el tiempo transcurrido desde la fecha de retiro (19 de febrero de 1980), hasta aquella en la que se hizo exigible la prestación pensional (2 de agosto de 1985).

Al respecto, debe puntualizar la Sala que no fue materia de debate del presente proceso el salario promedio devengado en el último año tomado por el Banco Popular para calcular el valor de la primera mesada, tampoco el porcentaje aplicado, por lo que la Sala para proferir la condena correspondiente tomará los valores reconocidos en la Resolución n.° 071 de 1985 (fls. 6 a 9), así: (i) salario promedio = $187.922,54/12=$15.660,21 y (ii) porcentaje: 75%.

Para actualizar el IBL, se aplicará la fórmula acogida por esta Colegiatura en sentencia CSJ SL, 13 dic. 2007, rad. 31222, en los siguientes términos:

(…) Así pues, que en lo sucesivo para determinar el ingreso base de liquidación de pensiones como la que nos ocupa, se aplicará la siguiente fórmula, que más adelante se desarrollará en sede de instancia: 

 

 

 

xtiano2
 

 

Realizados los cálculos, conforme a la fórmula atrás reseñada, se obtiene un valor inicial de la mesada pensional de $32.011,32, así:

xtiano3
 

 

 

Ahora bien, como el ISS le reconoció a Tafur Salas una pensión de vejez en cuantía inicial de $408.000 a partir del 1 de enero de 2006 (fl. 14), y la pensión de jubilación a cargo del banco tiene el carácter de compartida –tema no controvertido en el proceso-, se calcularán las diferencias pensionales a favor del actor teniendo en cuenta la mesada de jubilación debidamente indexada menos el valor de la mesada por vejez pagada por el ISS.

De otra parte, si bien la pensión de jubilación se causó a partir del 2 de agosto de 1985, como la reclamación fue elevada por el demandante el 26 de abril de 2011 (fl. 2) y la demanda fue radicada el 4 de agosto de 2011 (fl. 22), se encuentran prescritas las diferencias pensionales exigibles con anterioridad al 26 de abril de 2008, de acuerdo a lo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por lo que así se dispondrá en la parte resolutiva.

Pues bien, las diferencias pensionales liquidadas desde el 26 de abril de 2008 y hasta el 31 de enero de 2017, incluidas las adicionales de junio y diciembre, arrojan un retroactivo correspondiente a $48.219.434,35, así:

xtiano4
xtiano4
 

 

En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, se condenará al Banco Popular a la indexación del ingreso base de liquidación pensional y, por tanto, a reconocer y pagar como mesada inicial la suma de $32.011,32, así como al pago de las diferencias pensionales en la cuantía atrás señalada, correspondiente al periodo comprendido desde el 26 de abril de 2008 al 31 de enero de 2017. Dado el fenómeno de la compartibilidad, el mayor valor a cargo del Banco Popular a partir del 1 de enero de 2006 asciende a la suma de $332.737,81, la que para el año 2017 corresponde a $437.286,85.

Así mismo, el Banco Popular podrá a repetir contra la Caja Nacional de Previsión Social, hoy UGPP, el valor por concepto de cuota parte pensional a su cargo, por el tiempo laborado por el actor en el Ministerio de Justicia y en la proporción que corresponda.

Las costas de las instancias estarán a cargo del Banco Popular.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 10 de junio de 2013 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral que EDUARDO TAFUR SALAS adelanta contra el BANCO POPULAR, quien denunció el pleito respecto de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, hoy UGPP, y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES.

En sede de instancia, RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia dictada el 7 de junio de 2012, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, para en su lugar, disponer:

1) Condenar al BANCO POPULAR a reajustar la primera mesada pensional de EDUARDO TAFUR SALAS en cuantía inicial de TREINTA Y DOS MIL ONCE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($32.011,32), a partir del 2 de agosto de 1985.

2) En virtud de la compartibilidad pensional, el valor del mayor valor a cargo del Banco Popular a partir del 1 de enero de 2006 asciende a la suma de TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($332.737,81). Para el año 2017, la mesada a su cargo corresponde a CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($437.286,85).

3) El BANCO POPULAR podrá a repetir contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, hoy UGPP, el valor por concepto de cuota parte pensional a su cargo, por el tiempo laborado por EDUARDO TAFUR SALAS en el MINISTERIO DE JUSTICIA y en la proporción que corresponda.

4) Condenar al BANCO POPULAR a reconocer y pagar a EDUARDO TAFUR SALAS la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($48.219.434,35) por concepto de diferencias pensionales causadas desde el 26 de abril de 2008 hasta el 31 de enero de 2017.

5) El Banco Popular debe continuar a futuro con el pago del mayor valor a su cargo, para lo cual efectuará los reajustes de ley a que haya lugar.

6) Declarar prescritas las diferencias exigibles desde el 2 de agosto de 1985 hasta el 25 de abril de 2008.

SEGUNDO: Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».