Sentencia SL2155-2017/47424 de febrero 8 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL2155-2017

Rad.: 47424

Acta 04

Bogotá, D.C., ocho de febrero de dos mil diecisiete.

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso Carlos Adolfo Lara Galindo, contra la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 12 de mayo de 2010, en el proceso que el recurrente adelanta contra el Banco Cafetero S.A. en liquidación.

I. Antecedentes

El citado accionante promovió demanda laboral contra el accionado, con el propósito de que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 5 de marzo de 1981 hasta el 29 de julio de 2005, y se condene al pago del reajuste salarial para los años 2002 a 2005 conforme al índice de precios al consumidor, de la indemnización convencional y de las prestaciones sociales. Así mismo, se imponga el pago de la indemnización moratoria prevista en el Decreto 797 de 1949, de los intereses moratorios y la indexación (fls. 2 a 6 cdno. 1).

En respaldo de tales pretensiones, manifestó que prestó los servicios durante los extremos señalados; que el último cargo que desempeñó fue el de «Analista Operaciones» en la ciudad de Neiva, con una asignación básica mensual de $1.486.549; que la empleadora no efectuó los aumentos salariales de acuerdo con el IPC tal como lo ordena el Gobierno Nacional, tan solo dispuso el automático del 3% previsto en la convención desde el 1º de junio de 2002; manifestó que durante la vigencia de la relación laboral estuvo afiliado a la organización sindical del banco y por tanto era beneficiario de las prerrogativas de la convención, y que presentó reclamación administrativa ante la demandada (fls. 23 a 29).

El demandado, en síntesis, aceptó los extremos de la relación laboral; el incremento automático del 3% del salario previsto en el numeral 3º del artículo 2º del Laudo Arbitral de 1967, que a su vez se reprodujo en el parágrafo del artículo 25 del Laudo Arbitral de 1982. Se opuso a las pretensiones y en su defensa propuso la excepción previa de inexistencia del demandado, y como excepciones de fondo las que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, pago, buena fe, prescripción, compensación y la genérica (fls. 766 a 788).

II. Sentencia de Primera Instancia

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, mediante fallo de 28 de agosto de 2009, luego de declarar que entre las partes existió un contrato de trabajo, declaró probada la excepción de inexistencia de las obligaciones reclamadas y condenó en costas al demandante (fls. 875 a 883).

III. Sentencia de Segunda Instancia

Por apelación del actor, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó la de primer grado, y se abstuvo de imponer costas en la alzada (fls. 15 a 22 del cuaderno del Tribunal).

Para tomar su decisión, el fallador de segundo grado precisó que de acuerdo con la apelación, le correspondía dilucidar si el actor tenía derecho a los incrementos decretados por el Gobierno Nacional para los servidores públicos.

Determinó que la naturaleza jurídica del banco demandado, corresponde a la de una sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura, sometida a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción laboral, hecho que, adujo, se ratificó en la asamblea extraordinaria de accionistas de 26 de octubre de 1994.

Desde esa perspectiva y conforme a lo previsto en el capítulo IV de los estatutos de la entidad, concluyó que el actor no tenía la calidad de «servidor público» que reclama, dada su condición de trabajador particular, de manera que no tenía derecho a los incrementos salariales solicitados. Apoyó su decisión en una sentencia de esta Sala, cuya radicación omitió.

IV. Recurso de Casación

Interpuesto por el actor, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la Impugnación

Pretende la censura que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula dos cargos, que merecieron réplica oportuna y que la Corte estudiará conjuntamente, porque acusan la misma normativa, persiguen el mismo fin y tienen unidad de designio.

VI. Cargos Primero y Segundo

Por la vía directa (primer cargo) y por la indirecta (segundo cargo), denuncian la aplicación indebida de los artículos 1º y 4º de la Ley 4 de 1992; 467, 468, 476 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 1º, 3º, 9º, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21 y 416 del mismo estatuto; 29, 39, 53, 55 y 230 de la Constitución Política, 25, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En el desarrollo argumentativo de ambos cargos, sostiene el censor que a pesar de que el Tribunal le dio a la Ley 4º de 1992 una interpretación «totalmente correcta», erró al entender que esa normativa era la fuente del derecho reclamado pese a que el sustento de sus pretensiones es el artículo 6 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 1 de diciembre de 1999.

Sostiene que la naturaleza del vínculo laboral del demandante, ya sea como servidor público o trabajador particular, no tiene incidencia para desatar el asunto bajo examen, dado que unos y otros, conforme a lo dispuesto en los artículos 3º y 416 del Código Sustantivo del Trabajo, pueden pactar y beneficiarse de convenciones colectivas de trabajo.

Afirma que la materia objeto de controversia en sede de casación, estriba en la indebida aplicación que hizo al ad quem de la Ley 4º de 1992 para dilucidar el asunto y negar los aumentos salariales y prestacionales de carácter convencional, máxime cuando dicha norma, ni siquiera fue reseñada como fundamento de las pretensiones.

Asevera que la sentencia que cita el Tribunal como soporte de su decisión, es la que termina dándole razón y prosperidad a las pretensiones.

Enlista como errores de hecho, en el segundo cargo, los siguientes:

1. No dar por establecido, estándolo, que los aumentos salariales y prestacionales pedidos en la demanda no dependían de la Ley 4º de 1992 sino de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Bancafe y la Uneb el 1º de diciembre de 1999.

2. No dar por establecido, estándolo, que la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Bancafe y la Uneb le era aplicable a la demandante.

Expresa que tales yerros se cometieron por no haber apreciado correctamente la demanda con la cual se dio inicio al proceso (fls. 23 al 29), y por no haber valorado la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Bancafe y la Uneb (fls. 274 a 285).

VII. Réplica

Le enrostra a ambos cargos, deficiencias de orden técnico y en cuanto al fondo del asunto, asevera que no incurrió el juez de alzada en ningún error jurídico ni fáctico, a más de que su decisión se basó en la línea jurisprudencial que sobre el tema ha fijado esta Sala de la Corte. En su apoyo cita varias providencias.

VIII. Consideraciones

Tiene razón la opositora en las criticas de orden técnico que le enrostra a ambos cargos, no obstante los cuales permiten entender que lo que la censura acusa, es que el asunto se hubiese dilucidado en segunda instancia a la luz de la Ley 4º de 1992 y no del artículo 6 de convención colectiva de trabajo que amparaba a Lara Galindo.

Evidentemente, el accionante fundamentó sus pretensiones encaminadas a obtener el aumento salarial durante las anualidades señaladas, con base en el IPC que el gobierno nacional establece para los servidores públicos, lo cual reiteró en la alzada (fls. 884 a 885).

Fue por lo anterior que el ad quem, de conformidad con el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se adentró en el estudio de la naturaleza jurídica de la demandada y del vínculo laboral del accionante, todo lo cual le permitió arribar a la misma conclusión del juez de primer grado, esto es, que en su condición de servidor del banco su relación de trabajo estaba regulada por las normas propias del sector privado y, en ese norte, no tenía derecho a los incrementos salariales que determina el gobierno para los servidores públicos, reflexiones estas que son acordes con la reiterada jurisprudencia de esta Sala.

En efecto, en Sentencia CSJ SL, 17 feb. 2009, rad. 33644, se expuso:

A través del Decreto 1748 de 1991 que modificó el 2055 del mismo año, la entidad demandada se transformó de Empresa Industrial y Comercial del Estado en Empresa de Economía Mixta, de la especie de las anónimas, vinculada al Ministerio de Agricultura, la que ratificaron los artículos 264 del Decreto 663 de 1993 y 78 de la Ley 510 de 1999; mediante Decreto 92 de 2000 fue vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sometida nuevamente al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, pero se dispuso, expresamente, que el régimen de su personal sería el previsto en sus estatutos; los que valga resaltar, ya habían sido autorizados y protocolizados mediante Escritura Pública 3497 del 28 de octubre de 1999, y en su artículo 29 había dispuesto al respecto, que el Presidente y el Contador del Banco tenían la calidad de empleados públicos y el resto del personal vinculado se sujetaría al régimen laboral aplicable a los trabajadores particulares”.

Sin embargo, debe recordarse, porque resulta importante en el estudio de este asunto, que en materia del régimen aplicable a sus servidores, se ha de observar lo siguiente: a partir del 5 de julio de 1994 el Banco Cafetero cambió su naturaleza jurídica de Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter oficial que hasta entonces tuvo, para transformarse en sociedad de economía mixta sometida al régimen de las empresas privadas, al haber reducido el capital que el Estado tenía en ella, a menos del 90%; lo que quiere decir, que sus trabajadores quedaron sometidos al régimen general de los trabajadores particulares hasta el 28 de septiembre de 1999, momento en el cual sobreviene una variación en el capital social, producido por la inyección económica introducida por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras —Fogafin—, entidad de naturaleza pública, que llevó a sobrepasar el 90% del capital estatal, por lo que quedó nuevamente sometido al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y por tanto sus trabajadores con el carácter de oficiales.

En ese sentido, debe precisarse que, aun cuando en el artículo 28 del Decreto 2331 de 1998, que modificó y adicionó el numeral 4º del Decreto 663 de 1993 o Estatuto Financiero indica que: “Cuando quiera que el Fondo de Garantías de Instituciones Financiera adquiera acciones, o en general, realice ampliación de capital en entidades financieras, que de acuerdo con la ley cambien de naturaleza por dicha adquisición de acciones o ampliación de capital, los trabajadores de tales entidades no verán afectados sus derechos laborales, legales o convencionales, por razón de la participación del Fondo, por lo cual seguirán sujetos al régimen laboral que les era aplicable antes de dicha participación.” para esta Sala, no existe duda de que, frente al caso bajo estudio, los trabajadores del Banco, luego de la reinversión económica realizada por Fogafin, continuaron con el carácter de trabajadores oficiales, dado que la naturaleza jurídica de la empresa, desde el 28 de septiembre de 1999, es oficial. A ello se llega porque la adición introducida al artículo 28 del Decreto 2331 de 1998 por el artículo 32 de la Ley 510 de 1999, dispuso que: “Para estos efectos el Fondo podrá suscribir la porción de capital que considere necesario. En tal evento si la inversión del Fondo llegare a representar más del cincuenta por ciento del capital de la institución inscrita, ésta adquirirá el carácter de oficial

Entonces, de acuerdo con esa línea jurisprudencial, el actor no tenía derecho a los aumentos salariales dispuestos por el Gobierno Nacional para los servidores públicos, conforme lo concluyó el Tribunal.

Ahora, si lo que en esta sede pretende demostrar el recurrente, es que el asunto debió ventilarse conforme a los incrementos salariales consagrados en el artículo 6º de la convención colectiva de trabajo, vigente en la época de los hechos demandados, debe la Sala reiterar lo que desde atrás ha venido sosteniendo, entre otras, en la Sentencia CSJ SL, 7 nov. 2012, rad. 47333, cuando al efecto adoctrinó:

(…) resulta viable deducir, que la normatividad que regula los incrementos salariales de la actora, son las contenidas en los acuerdos convencionales o laudos. Para el caso concreto esa normatividad es el artículo sexto de Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 1º de diciembre de 1999, cláusula que según sostiene la censura, fue objeto de la prórroga automática de que trata el artículo 478 del Códigos Sustantivo del Trabajo, que reza:

“ART. 478. —Prórroga Automática. A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término, las partes o una de ellas no hubieren hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis en seis meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación.

El término de vigencia de una Convención Colectiva de Trabajo pactada a 2 años por las partes que la suscribieron, no lleva a la conclusión obligada de que, expirado ese plazo, el acuerdo deje de regir o pierda efecto, toda vez que de acuerdo con el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, de no producirse su denuncia, o aún cuando ella tenga lugar, sus estipulaciones continúan rigiendo hasta tanto no se suscriba un nuevo convenio, conforme a la prórroga automática prevista en el citado artículo 478 ibídem, salvo que respecto a un determinado beneficio las partes hubieran fijado un específico lapso de vigencia.

Pero el caso particular, la cláusula referida en precedencia, consagró incrementos salariales de acuerdo al IPC, por una sola vez, para los años 2000 y 2001. Luego, no corresponde a una norma de carácter general, virtud que la enmarcaría dentro de los supuestos legales trascritos, para que pudiera operar la prórroga automática de la misma, sino que se trata de una especial, cuyo término de aplicación se encontraba supeditado sólo al período de tiempo que los protagonistas sociales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad pactaron. Por consiguiente, no le asiste razón a la censura para extender tales reajustes más allá del período expresamente estipulado.

De ahí, que el lapso de aplicación de esa cláusula fue fruto de una negociación bilateral, con vista a construir un mejor clima laboral, y para la fijación del incremento previeron las circunstancias sociales y económicas existentes al momento de su aceptación, y como se dijo, únicamente para una determinada vigencia.

Así pues, el Tribunal no cometió el yerro endilgado al establecer que el artículo 6º de la Convención Colectiva no era susceptible de la aplicación del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, pues itérase, los incrementos pactados en ella lo fueron para un determinado lapso, y aplicarle la prórroga automática establecida en dicha disposición, sería tanto como imponer condiciones ajenas al acuerdo surgido entre las partes de la relación laboral, que en últimas fue el plasmado en la propia norma convencional.

Como lo dicho en precedencia, mutatis mutandis, es aplicable al sub lite y no hay razón para variar dicha postura, los cargos no prosperan.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de $3´500.000, que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, No Casa la Sentencia proferida el 12 de mayo de 2010 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en el proceso que Carlos Adolfo Lara Galindo, adelanta contra el Banco Cafetero S.A. en Liquidación.

Costas conforme se dijo en la parte considerativa.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, Presidente de la Sala—Jorge Mauricio Burgos RuizFernando Castillo CadenaClara Cecilia Dueñas QuevedoRigoberto Echeverri BuenoLuis Gabriel Miranda BuelvasJorge Luis Quiroz Alemán.