Sentencia SL2176-2017/36968 de febrero 15 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Radicación n.° 36968

Acta 05

Magistrado ponente

Dr. Fernando Castillo Cadena

Bogotá, D. C., quince de febrero de dos mil diecisiete.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, «REVOQUE parcialmente la sentencia del a quo CONDENANDO a la demandada a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, para lo cual deberá revocar el numeral cuarto del fallo, accediendo a las pretensiones de la demanda no reconocidas en la sentencia, reajustar la condena impuesta por concepto de indemnización por terminación injustificada del contrato de trabajo, confirmar las condenas por concepto de traspaso al demandante del vehículo campero camioneta Honda CVR-SI modelo 1998, color plata Brizo, placa CSE-153, tipo Station Wagon, cuatro puertas, Motor No. B20B33033686, chasis N° JHRD1750213156 o su valor comercial actual y confirmar la condena en costas a la accionada».

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados, los cuales se estudiarán en forma conjunta por razones de método.

VI. CARGOS PRIMERO A TERCERO

Acusa la sentencia de violar indirectamente la ley, sin especificar qué artículos, lo que condujo al juzgador a interpretar equivocadamente el artículo 61 del C.P.T. y S.S. así como los preceptos 64, 128, 132 del C.S.T. y la falta de aplicación de los artículos 1546, 1613, 1614 del C.C., 25 y 53 de la C.P., 45, 65, 127, 128, 129, 130 y 467 del C.S.T., en la última de las acusaciones refiere además la violación de medio de los artículos 62, 83 y 145 del C.P.T. y S.S. y 363 del C.P.C.

Endilga, en todos los cargos, la comisión por el Tribunal de los siguientes errores manifiestos de hecho:

. Dar por demostrado, sin estarlo, que el contrato de obra o labor suscrito entre las partes finalizó hasta el momento en que la demandada ejecutó la obra, es decir hasta el 7 de abril de 2000, como lo determinó el Juez de primer grado.

. Dar por demostrado sin estarlo que el despido injusto de que fue objeto el actor fue resarcido con la respectiva indemnización.

. Dar por demostrado sin estarlo que el plazo del contrato principal en virtud del cual se originó el contrato de trabajo se extendió hasta el 28 de enero de 2000. 

.- Dar por demostrado sin estarlo que la demandada no continuó con la obra después del 7 de abril de 2000. 

.- Dar por demostrado sin estarlo que la demandada pagó por concepto de indemnización al actor una suma superior a la que tenía derecho el actor. 

.- Dar por demostrado sin estarlo que el actor no probó perjuicios superiores a los indemnizados. 

.- Dar por demostrado sin estarlo que no hay lugar a la entrega de vehículo del actor. 

.- Dar por demostrado sin estarlo que el salario integral pactado con el actor incluyó la retribución del trabajo nocturno, extraordinario, dominical y festivo, las primas legales y extralegales.

.- Dar por demostrado sin estarlo que el actor recibió el vehículo como un medio para ejercer mejor sus funciones de Gerente de Proyecto y no como retribución al servicio. 

.- Dar por demostrado sin estarlo que no es posible determinar el incumplimiento de la obligación consagrada en la cláusula cuarta del contrato principal VRM 026-97. 

.- Dar por demostrado sin estarlo que no obra prueba de cuál era el salario básico máximo que consagraba la convención para los años 1998 y 1999 y para el cargo que ejercía el actor. 

.- Dar por demostrado sin estarlo que la demandada no adeuda al actor ni salarios ni prestaciones sociales. 

.- No tener por demostrado, a pesar de estarlo, que para la fecha en que la accionada dio por terminado el contrato de trabajo del actor, en forma unilateral y sin justa causa, la demandada había propuesto para la terminación de la obra correspondiente al contrato VRM 026-97 un plazo adicional de 241 días, según consta en la documental visible a folios 49 a 69 del cuaderno principal del expediente. Monto este que excedía en 100 días la indemnización por despido cancelada al actor. 

.- No dar por demostrado a pesar de estarlo que conforme a lo confesado por la accionada, en el interrogatorio de parte obrante a folios 347 a 352 del cuaderno principal del expediente el contrato VRM 026-97 que dio lugar a la vinculación laboral del actor, no se había liquidado para el 23 de enero de 2001. 

.- No dar por demostrado a pesar de estarlo que conforme a lo confesado por la accionada, en el interrogatorio de parte obrante a folios 347 a 352 del cuaderno principal del expediente, según informe oficial emanado de la accionada, a la fecha de despido del actor el informe oficial a diciembre del 99 reportaba la necesidad de 256 días adicionales (fl. 351).

.- No dar por demostrado a pesar de estarlo que conforme a lo confesado por la accionada, en interrogatorio de parte obrante a folios 352 del cuaderno principal del expediente el contrato VRM 026-97 que dio lugar a la vinculación laboral del actor, no se había liquidado para el 5 de abril de 2001. 

.- No dar por demostrado a pesar de estarlo, que de conformidad con lo consignado en la documental obrante a folios 178 a 183 del cuaderno anexos contentivo de la respuesta al oficio 2632 de 26 de septiembre de 2001 al vencimiento de la prórroga del contrato de abril de 2000 y según lo indicado por la accionado en comunicación BCO-2093-CB de 7 de abril de 2000, para la culminación de la obra contratada por ECOPETROL mediante contrato VRM-026-97 faltaban por lo menos 388 días contados a partir de la fecha de expiración del plazo de ejecución, es decir desde el 8 de abril de 2000 hasta el 30 de abril de 2001 (fl. 182).

.- No tener por demostrado a pesar de estarlo que en gracia de discusión y de no llegar a admitirse la prueba documental obrante a folios 592 a 630 del expediente, que no fue remitida oportunamente por ECOPETROL, a pesar de haberse solicitado mediante oficio, el contrato objeto de la relación laboral que rigió entre las partes, para el 24 de enero de 2002, estaba vigente y su ejecución fue objeto de transacción entre la demandada y ECOPETROL. 

.- No dar por demostrado a pesar de estarlo que el actor sufrió un perjuicio mayor al que pudiera ser resarcido con el pago de la indemnización tarifada en el art. 64 del C.S.T., cual es la frustración del derecho de uso y la propiedad del vehículo campero camioneta Honda CVR-SI Modelo 19998 color plata brizo Placa CSE-153 tipo Station Wagon, cuatro puertas, Motor No. B20B330033686, Chasis No. JHRD1750WC213156 o de recibir, en su defecto, su valor comercial. 

.- No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que el valor comercial del vehículo indicado en el numeral anterior es de $43.370.000 m/cte, tal como consta a folio 75 del proceso. 

.- No dar por demostrado, a pesar de estarlo que el demandante disfrutó del vehículo campero camioneta Honda CVR-SI Modelo 19998 color plata brizo Placa CSE-153 tipo Station Wagon, cuatro puertas, Motor No. B20B330033686, Chasis No. JHRD1750WC213156 como parte de la contraprestación por el servicio prestado a la accionada. 

.- No dar por demostrado a pesar de estarlo que el acto administrativo mediante el cual se dispuso la liquidación unilateral del contrato VRM-023-97 Resolución No. 005 de 4 de julio de 2001, confirmada mediante resolución No. 007 de 23 de agosto de 2001, fue liquidada mediante la Resolución No. 001 de 9 de marzo de 2002. 

.- No dar por demostrado a pesar de estarlo que la demandada le canceló al actor de manera permanente viáticos. 

.- No dar por demostrado a pesar de estarlo que al actor se le descontaron por concepto de seguridad social, sumas superiores a las consagradas convencionalmente para trabajadores de ECOPETROL. 

.- No dar por demostrado a pesar de estarlo que los beneficios convencionales relacionados con primas extralegales, viáticos y aportes a la seguridad social eran aplicables al actor. 

.- No tener por demostrado, a pesar de estarlo, que de acuerdo con lo pactado entre la accionada y ECOPETROL la demandada estaba obligada a reconocer al demandante, como mínimo, lo señalado en la convención colectiva de trabajo entre ECOPETROL y su sindicato de base. 

.- No tener por demostrado a pesar de estarlo que para la fecha de contratación del actor, la convención colectiva de trabajo era la vigente para los años 1997 a 1999 allegada al proceso. 

.- No dar por demostrado a pesar de estarlo que, en todo caso el plazo de ejecución del contrato de trabajo entre la demandada y Ecopetrol comprendía, conforme a lo consignado dentro de la cláusula sexta, el plazo para la ejecución del contrato y el señalado para su liquidación. 

.- No dar por demostrado a pesar de estarlo que conforme a los términos de la licitación presentados por la accionada a ECOPETROL era su obligación hacer extensivos los beneficios convencionales al actor y garantizar por lo menos el pago del mismo salario de los directivos de dicha entidad, y reconocimiento de viáticos y de primas extralegales. 

Enlista, como pruebas deficientemente apreciadas, el contrato de trabajo (folios 303 a 306), el contrato VRM-026-97 (folios 254 a 299), la respuesta al oficio 2632 de 26 de septiembre de 2001 (folios 5 a 50), la carta de terminación del contrato y la liquidación (folios 101 y 102), el contrato VRM 035-98, VRM-029-00 (folios 230 a 252 y 51 a 78 del cuaderno anexos), los documentos de folios 184 y siguientes, la carta de aceptación (fol. 301), los documentos de folios 74 y 75, 109 a 130.

Como pruebas dejadas de apreciar señala el otrosí No. 001-2002 al contrato de transacción celebrado entre las partes, en relación con el contrato VRM-023-97 y sus modificaciones (folio 163 a 169 – 401 a 407), el contrato de transacción suscrito entre ECOPETROL y la demandada (folios 408 a 426), la Resolución No. 007 de 23 de agosto de 2001 (folios. 126 a 141), documento de folios 103 a 124, la Resolución No. 001 de 2002 (folios 171 a 184), los documentos de folios 46 a 69, el interrogatorio de parte (folios 347 a 352), los documentos de folios 178 a 183 y de 592 a 630 correspondiente al acta de liquidación final del contrato de transacción, documental de folios 33 a 36 que da cuenta del valor del alquiler mensual del vehículo, la relación de pagos por concepto de viáticos (folios 1 a 7 y 186 a 482), los comprobantes de pago de salarios y autoliquidación de aportes a la seguridad social (folios 7 a 30 y 11 a 88), los documentos de folios 102 a 156 y 381 a 400, las convenciones colectivas de trabajo (folios 131 a 226) y la documental de folios 454 a 501.

En el acápite de demostración se refiere al contrato de obra o labor y copia el fragmento pertinente de la sentencia que discute, e indica que la equivocación fue la de contabilizar, para efectos de la indemnización por despido injusto, la fecha en la que se dejó de ejecutar el contrato, y no cuando fue liquidado, pese a ser esta última la que se adecúa a la hermenéutica del artículo 64 del C.S.T.

Dice que el contrato VRM – 026 – 097 se adicionó en punto a su ampliación, y que ello no fue advertido por el sentenciador, el que asegura «no tuvo en cuenta … que según el contrato de transacción celebrado entre ECOPETROL y la demandada, visible a folios 403 a 426 del cuaderno principal del proceso y el Otro Si No. 001-2002 a dicho contrato de transacción las partes en forma expresa dispusieron dejar vigente la liquidación del contrato como tal (folio 24), es decir que para el 24 de enero de 2002 la labor contratada no había finiquitado y en tal sentido correspondía al actor por concepto de indemnización los salarios causados entre la fecha de su despido y el 24 de enero de 2002».

Que según la documental de folios 592 a 630, la liquidación del contrato que originó la relación laboral se terminó hasta el 29 de octubre de 2003 y que la demandada conocía que para la fecha de despido del actor «como mínimo se requería para la culminación de la obra pactada en el contrato VRM 026-97 un plazo adicional de 241 días y así lo indicó en escrito visible a folios 46 a 69 del cuaderno principal del expediente, este plazo adicional hubiera representado para el actor, por lo menos 100 días más de salario para el actor, adicionales a los 141 días pagados por indemnización a la liquidación final de la relación laboral».

Afirma que en el interrogatorio de parte (fols. 347 a 352) la demandada confesó que el contrato VRM 026-97 no se liquidó el 23 de enero de 2001 «y que según el informe oficial presentado por la accionada para la época del despido del accionante, diciembre de 1999, no eran sólo 241 días los requeridos para culminar la obra correspondiente al contrato VRM 026-97 sino 256 días (fl. 351)».

Enfatiza en que «corresponde para este caso establecer como fecha límite para la cuantificación de la liquidación aquella en que se liquidó el contrato VRM 026-97 porque este constituyó la obra o labor contratada por la demandada o en todo caso la fecha en que suscribió el otro si del contrato de transacción relacionado con el contrato VRM-026-097 ÚNICA DOCUMENTAL REMITIDA POR ECOPETROL AL MOMENTO DE REQUERIRLE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO VRM 026-97, es decir que en el peor de los casos la indemnización ascenderá a 756 días de salario, considerando el plazo transcurrido entre el 19 de diciembre de 1999 y el 24 de enero de 2002, suma que supera con creces el valor reconocido por este concepto, según la liquidación visible a folio 102 del proceso».

Explica que de la documental de folios 592 a 630 se extrae que el convenio se liquidó hasta el 29 de octubre de 2003, y que la indemnización debió ser por 1031 días.

Reflexiona, sobre la que califica equivocación del juzgador, al decir que la única indemnización posible por el despido injusto es la prevista en el artículo 64 del C.S.T., y sostiene que esta Sala de la Corte, entre otras, en decisión CSJ SL 12 de dic. 1996, rad. 8533, ha destacado que nada se opone a que se pretendan adicionalmente perjuicios materiales y morales, siempre y cuando se encuentren acreditados, y que esa tesis fue además ratificada por la Corte Constitucional en decisión C-1507 de 8 de noviembre de 2000; que en este caso la terminación intempestiva produjo que el trabajador no continuase con el disfrute del vehículo, ni pudiera adquirirlo, lo que era suficiente para que fuera resarcido, y que no era viable que la empresa se beneficiara de su propia actuación.

Frente al salario en especie, esgrime que fue valorada deficientemente la aceptación de folio 301, en tanto no se apreció que el vehículo se le entregó como contraprestación del servicio, y que según los documentos de folios 33 a 36 el alquiler mensual del automotor era de $3.687.084, el cual no se incluyó dentro del salario.

Estima que la equivocada hermenéutica del colegiado, del artículo 132 del C.S.T. sobre el pacto de salario integral, le condujo a negarle la incidencia de la provisión del transporte, el cual tenía carácter remuneratorio, de allí que procedía el reajuste en su pago y en el de todas las prestaciones sociales, vacaciones e indemnización.

De las primas convencionales, cuestiona que, pese a que el Tribunal validó el derecho, se abstuvo de imponerlo por aducir que aquellas se encontraban incluidas en el valor del salario, lo que a su juicio constituye un error en la valoración del acuerdo salarial, en los términos descritos en los folios 303 a 305 del expediente pues sostiene que, como expresamente no se incluyeron en el contrato, debe entenderse que se adeudan lo que de contera impone el pago de la sanción moratoria.

Insiste, en que el Tribunal apreció con error el contrato de trabajo del actor en el que se contempló que su duración se extendía hasta la culminación de la obra contratada, sujeta a la liquidación efectiva de dicho contrato administrativo y no hasta la fecha en que se desarrolló la obra; que, según la cláusula sexta del convenio VRM-0266-97, su vigencia principió desde que quedó perfeccionado y cubrió el plazo para la ejecución, de manera que no era posible avalar el pago de una indemnización por despido injusto que fue deficitaria, pues la liquidación aconteció solo el 29 de octubre de 2003.

Añade que según los documentos de folios 184 y siguientes y 204 en adelante, del cuaderno de anexos, la obra terminó luego del 11 de julio de 2000 y por acta de transacción las partes establecieron las condiciones para ejecutarla, de forma que la terminación unilateral causó un grave perjuicio al trabajador, al que se suma no haber contabilizado correctamente su salario.

Que el Otrosí 001-002 al contrato de transacción en relación con el VRM 026-97 y sus modificaciones, obrante de folios 163 a 169, ratifica que terminó el 24 de enero de 2002; que según los folios 46 a 69 «la demandada había propuesto para la terminación de la obra correspondiente al contrato VRM 026-97 un plazo adicional de 241 días, monto este que excedía en 100 días la indemnización por despido cancelada al actor».

Arguye que en el interrogatorio de parte, absuelto por el representante legal de la accionada, se confesó que para el 23 de enero de 2001 el pluricitado convenio no había culminado, y que incluso, para la fecha de desvinculación del accionante, se había reportado la necesidad de ampliarlo por 256 días y que todo ello también lo avalan los documentos de folios 178 a 183 y que «el acta de liquidación final … del contrato de transacción obrante a folios 592 a 630 del expediente, que a pesar de haber sido agregado con los alegatos de conclusión de segunda instancia, fue solicitado mediante oficio a ECOPETROL entidad que no lo remitió al Juzgado de conocimiento. Si el ad quem hubiera apreciado esta documental hubiera dado por hecho que la obra no terminó de ser ejecutada sino hasta el 29 de octubre de 2003».

Agrega que de folios 1 a 7 y de 186 a 482 se encuentra la relación de viáticos en los que se evidencia que debió computarse una suma diaria, por 548 días, de $150.000, así como reembolsado los aportes a seguridad social (fols. 7 a 30); que las convenciones colectivas de folios 131 a 226 le debieron servir al juzgador para extraer el pago de la prima convencional; y que de la documental obrante a folios 454 a 501 del cuaderno principal se extraía que al momento de la licitación la empresa demandada se acogió a las condiciones de licitación pública fijadas por ECOPETROL.

En la última de las acusaciones, explica que desde la etapa probatoria se requirió a ECOPETROL para que allegara copia del acta de liquidación del contrato VRM 026-97, pero solo se adosó la de transacción y las demás se incorporaron al presentar los alegatos de segunda instancia, pero el Tribunal se abstuvo de usar las facultades del artículo 83 del C.P.T. y S.S., pero que si «hubiera tenido en cuenta como prueba de la terminación de la obra o labor contratada con el actor el acta de liquidación visibles a folios 592 a 630 del plenario y hubiera considerado probada con esa documental como fecha de culminación de la obra o labor contratada el 29 de octubre de 2003».

VIII. RÉPLICA

Reprocha que las acusaciones se dirigieran en la modalidad de interpretación errónea, pero que la discusión fuera por la vía de los hechos, lo que califica de inadmisible, y esgrime que se trata de un alegato de instancia, en contravía de lo previsto en el artículo 91 del C.P.T. y S.S.

VIII. CONSIDERACIONES

Dado que los cargos utilizan similar contenido normativo, se dirigen por la misma vía y comparten idéntica finalidad, procede esta Sala de la Corte a estudiarlos conjuntamente.

En lo relativo a las deficiencias anotadas por el opositor, considera esta Corte que, si bien existe equivocación del censor de acudir a la modalidad de interpretación errónea, cuya estirpe es eminentemente jurídica, del resto de la acusación e incluso de la alusión que hace a la falta de aplicación, como de la demostración, extrae esta Sala que la elección fue la vía indirecta, a través de la aplicación indebida, lo que además se consolida al integrar todas las acusaciones.

Ahora bien, para definir la controversia el Tribunal estimó que no era posible imponer el pago de un mayor valor por razón de que la indemnización que realizó la demandada se hizo en exceso y con respeto del contrato de obra y labor pactado entre las partes, así mismo, destacó que no era viable otorgarle carácter salarial al rubro de transporte, dado que el vehículo que se le entregó al demandante no se hizo como retribución de sus servicios, que no se demostró la causación de viáticos y, finalmente, tampoco un valor superior al percibido por los trabajadores de ECOPETROL S.A.

- Una precisión previa

El artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo dispone como una de las modalidades del contrato aquella celebrada por «el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada», en la que lo que delimita su duración, es la consecución de un determinado resultado.

Si bien aquel tiene una naturaleza incierta, sometida a la ejecución de determinadas actividades, el límite se circunscribe, entre otros, a la finalización o verificación de una serie de etapas que deben ser precisas, impidiéndose de esa manera perpetuarse en el tiempo, caso en el cual sería de carácter indefinido.

Esa necesidad del trabajo limitada temporalmente, permite indicar que las partes conocen sobre su incidencia, en el que se mantiene hasta tanto se encuentre ejecutando la labor, o hasta su finalización.

Hecha la anterior precisión y como ya se destacó, puede observarse palmariamente que los cargos están orientados a que se determine que el juzgador se equivocó en cuanto: (i) a la terminación del contrato de trabajo; (ii) que hay lugar a la entrega del vehículo; (iii) al reconocimiento de las primas extralegales de servicios y vacaciones; y (iv) al pago de los viáticos y devolución de los aportes al sistema general de seguridad social.

Aquí, se impone a la Sala recordar lo que de antaño ha enseñado en torno a que, cuando el ataque se endereza por la vía de los hechos, no es cualquier desatino del juzgador el que da al traste con su proveído, sino únicamente aquél que tenga la connotación de «manifiesto». Ese carácter surge frente a transgresiones fácticas patentes, provenientes de equivocaciones en el examen de los elementos de persuasión que conforman el haz probatorio, ya bien por haberlos apreciado equivocadamente, ora por no haberlos estimado.

De manera que no basta que el recurrente dé explicaciones, así sean razonables, sobre los eventuales asertos erróneos del fallador o que se limite a enfrentar sus conclusiones con las de éste, sino que además de identificar y demostrar el desacierto de hecho ostensible debe acreditar, con base en el contenido de las pruebas, qué es lo que ellas en verdad acreditan, y su incidencia en la equivocada resolución judicial.

Bajo las aristas en precedencia, entonces, procede la Sala a analizar las diferentes probanzas que el cargo relaciona, lo cual arroja el siguiente resultado:

1º) Sobre la terminación del contrato de obra o labor contratada 

Como se recuerda el juzgador razonó que si bien el contrato se prorrogó hasta el 7 de abril de 2000 «de los documentos de folios 184 y siguientes y 204 y siguientes del cuaderno de anexos, se desprende que la demandada no continuó con la ejecución de la obra después de dicha fecha. En efecto, en el informe mensual de avance del contrato suscrito en diciembre de 1999 se habla de una ejecución del 64,6% de la obra. Posteriormente el 11 de julio de 2000 la empresa ECOPETROL decidió declarar la realización del riesgo de incumplimiento amparado por una póliza expedida por la CHUBB DE COLOMBIA y liquidar unilateralmente el contrato. En el acto correspondiente puntualiza que la obra se ejecutó en un 66%. Es decir la obra nunca terminó ya que hubo incumplimiento de la demandada y liquidación del contrato».

Al estudiar las pruebas denunciadas, la Sala encuentra a folios 303 y 304 que José Antonio Sarmiento fue contratado como Gerente de Proyecto, en la ciudad de Bogotá en el marco de la «AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS EXTERNOS DEL CIB (BLENDING) EN BARRANCABERMEJA Y EN VIRTUD DEL CONTRATO VRM-026-97 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 1997 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS Y EL CONSORCIO ABB-KLEIN», con iniciación a partir del 23 de febrero de 1998 y en él se indicó celebrarse «bajo la modalidad de obra o labor contratada conforme a la definición de la obra establecida en este mismo documento, pero los dos (2) primeros meses de su vigencia se entenderán de periodo de prueba».

El reseñado Contrato VRM-026-97 identificó como objeto la «PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE, GESTIÓN DE COMPRAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS, EJECUCIÓN DE TODAS LAS OBRAS CIVILES, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE INSTRUMENTACIÓN, OBRAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y LAS DEMÁS REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS SISTEMAS A CONTRATAR DEL PROYECTOAMPLIACIÓN Y ACTUALICACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS ELEMENTOS EXTERNOS EL CIB» (folio 254); en su cláusula sexta se contempló su vigencia y el plazo para la ejecución de los trabajos en los siguientes términos:

«6.1. La vigencia del contrato empezará a contarse en la fecha en que quede perfeccionado y cubrirá el plazo para la ejecución del contrato y el término que se haya señalado para practicar la liquidación del mismo. 6.2. El CONTRATISTA se obliga a entregar los trabajos contratados a plena satisfacción de ECOPETROL en un plazo de CUATROCIENTOS OCHENTA DÍAS CALENDARIO (480) contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos y de lo cual se dejará constancia en acta firmada por el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA. Adicionalmente el CONTRATISTA se obliga: a) Presentar las garantías y seguros de que tratan las cláusulas Décima Novena y Vigésima, en los términos y condiciones señalados en dichas disposiciones y pagar el Impuesto de Timbre Nacional y los derechos de publicación de este contrato en el diario único de Contratación Pública, apéndice del Diario Oficial dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de suscripción del contrato; así mismo deberá presentar a ECOPETROL la programación detallada de los trabajos PDT, el Programa de Utilización del anticipo, el flujo de fondos, el Programa de Salud Ocupacional, el Programa de Aseguramiento de Calidad y el Procedimiento de coordinación, dentro de los QUINCE (15) días calendario siguientes a la fecha de suscripción de este contrato; b) Presentar el Plan de Manejo ambiental dentro de los noventa (90) días calendarios siguientes a la fecha de firma de este contrato; c) Presentar las respectivas facturas del anticipo y Pago Anticipado, dentro de los TRES (3) días calendario siguientes a la fecha de la comunicación de aprobación de la correspondiente garantía; d) Iniciar los trabajos y suscribir el acta de iniciación de los mismos dentro de los TREINTA (30) días calendarios siguientes a la fecha de la firma del contrato. PARÁGRAFO. Los trabajos de construcción y montaje se iniciarán cuando esté aprobada la Ingeniería Detallada correspondiente en un cien por ciento (100%); e) Suscribir dentro de los DIEZ (10) días calendario siguientes a la entrega de los trabajos el Acta de finalización de los Trabajos; y f) Suscribir el Acta de Liquidación del contrato dentro de los TRES (3) MESES siguientes a la fecha de terminación del plazo contractual, en la cual se indicará, además, el valor final del contrato» (folio .

Así mismo, consta de folios 234 a 250 el contrato 035-98 adicional al VRM 026-97, en el que se señaló como objeto la «CONTRATACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES A LOS PACTADOS EN EL CONTRATO PRINCIPAL. ARREGLO TRANSACCIONAL A LAS DIFERENCIAS PRESENTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO PRINCIPAL», allí se plasmó que

a partir del mes de abril de 1998 se vienen desarrollando entre representantes de ECOPETROL y el CONSORCIO reuniones tendientes a (i) dirimir las diferencias que hasta la fecha se han presentado con ocasión de la ejecución del contrato principal y que aparecen relacionadas en las comunicaciones que para el efecto se han cruzado las partes, controversias algunas generadas por hechos constitutivos de fuerza mayor o por demoras en la entrega de áreas por parte de ECOPETROL; (ii) Dar claridad al alcance del contrato principal, en lo relacionado con a) una serie de actividades que, según EL CONSORCIO se presentaron en su oferta como alternativas para una optimización futura de la refinería y su valor no se encontraba dentro de la oferta, pero que a juicio de ECOPETROL hace parte del alcance ofrecido y aceptado de la propuesta de aquél y b) el alcance del sistema de mezcla para las unidades de crudo; (iii) definir los trabajos adicionales que se deberían llevar a cabo para atender nuevos requerimientos operacionales de la refinería de ECOPETROL en Barrancabermeja; (iv) establecer los trabajos que se deben suprimir como consecuencia de las modificaciones al alcance del objeto contractual; (v) dar claridad al alcance del contrato principal, identificando aquellos trabajos que pese a haber sido considerados por EL CONSORCIO como adicionales en su reclamación, hacen parte del objeto contractual; y (vi) resolver la petición de restablecimiento económico del contrato presentada por EL CONSORCIO. 

Tal acuerdo transaccional se previó con sus consecuencia jurídicas de cosa juzgada, con la finalidad de precaver eventuales litigios y en la cláusula sexta dispusieron las partes ampliar el plazo así «Como consecuencia de los trabajos adicionales que EL CONSORCIO debe realizar en desarrollo de este contrato, así como por las diferentes circunstancias que han incidido en el retraso de las obras, las partes acuerdan ampliar el plazo para la ejecución de los trabajos en doscientos setenta (270) días calendario, contados a partir del día cuatro (4) de mayo de 1999. En consecuencia EL CONSORCIO se obliga a entregar la totalidad de los trabajos contratados, incluyendo los adicionales establecidos en este documento, a más tardar el día veintiocho (28) de enero del año 2000. PARAGRAFO. Las partes acuerdan que las consecuencias económicas que se derivan de la ampliación del periodo de ejecución del contrato principal de que trata este punto, por los hechos que han justificado la ampliación del mismo, serán asumidas por cada una de ellas, es decir, EL CONSORCIO no cobrará a ECOPETROL sobrecostos por ningún concepto, por ejemplo, pero sin limitarse a ellos, a los que se ocasionan por la mayor permanencia en la obra, ni ECOPETROL exigirá suma o cargo alguno por los beneficios dejados de percibir como consecuencia del desplazamiento de la fecha de finalización de los trabajos».

Pese a tales acuerdos, lo cierto es que mediante contrato VRM-028-00 adicional No. 2 AL VRM-026-97 (folios 230 a 232), se modificó nuevamente el plazo de cumplimiento en las adicionales 2 y 3, de la siguiente forma: «el día 23 de agosto de 1999 ECOPETROL y el Consorcio ABB KLEIN … suscribieron el Acta de suspensión de los Trabajos en la cual se dejó constancia de la decisión de ECOPETROL de suspender los trabajos correspondientes a los contratos VRM -026-97 y VRM -035-98 Adicional N° 1. Una vez desaparecidas las causas que motivaron la suspensión, es decir el día 6 de septiembre de 1999, los trabajos se reanudaron en esta fecha. Para efectos del plazo extintivo de los contratos VRM-026-97 y VRM-035-98 Adicional 1 el tiempo de suspensión no se contabiliza, quedando en consecuencia como fecha de finalización … el día once (11) de febrero de 2000. De todo lo anterior se dejó constancia en el Acta de Formalización de Reiniciación de los Trabajos N° 1 suscrita entre las partes el día 28 de enero de 2000», de forma que se convino en el primero de ellos ampliar el plazo hasta el 2 de marzo de 2000 “con el exclusivo propósito de terminar la obra” (folio 231), y tal fecha se extendió en el Contrato VRM-020-00 ADICIONAL N° 3 alVRM-026-97 hasta el día 7 de abril de 2000 (folios 76 a 78 cuaderno anexos), para ello se explicó que «a la fecha de terminación del contrato principal y sus adicionales N° 1 y N° 2 el proyecto presenta un atraso del 28,5% frente al Programa Detallado de Trabajo aprobado por ECOPETROL. Desde el mes de diciembre del año inmediatamente anterior las partes han venido discutiendo sobre las causas que han generado el atraso del proyecto sin que hayan logrado o resuelto un acuerdo sobre tales causas, sus efectos, ni sobre el plazo adicional requerido para la ejecución total del objeto del Contrato Principal y su Adicional N° 1» y, además, se pactó que dentro de ese nuevo plazo las partes buscarían solucionar tales problemáticas y que «se continuará así mismo con la ejecución del contrato principal y su adicional N° 1 (VRM-035-98) bajo las condiciones en ellos pactadas. Igualmente durante ese plazo las partes entregarán para evaluación y discusión el análisis total de los costos en que consideren haber incurrido por el atraso a que se refiere el considerando quinto (5) de este documento, por la suspensión de los trabajos a que se refiere el considerando tercero de este documento y por los hechos que dieron lugar a la suscripción del contrato adicional N°2».

En correspondencia con lo anterior, a través de la Resolución No. 005 de 2001 (folios 442 a 451), Ecopetrol liquidó de manera unilateral el contrato VRM-026-97, por el presunto incumplimiento del contratista, decisión que no se repuso según se desprende de la Resolución No. 007 del 23 de agosto de 2001 (folios 427 a 441).

Aparece en autos el otrosí No. 001-2002 AL –Contrato de Transacción- en cuyo numeral primero la demandada y Ecopetrol acordaron «ampliar el plazo establecido en el Parágrafo 1º de la Cláusula 1ª del Contrato de Transacción, en el sentido (sic) que las garantías exigidas en dicha Cláusula deberán ser entregadas a entera satisfacción de ECOPETROL, antes del día 28 de febrero de 2002».

También obra en el expediente el documento de fecha 7 de abril de 2000 (folios 492 a 496), en el que el Consorcio ABB-KLEIN dejó constancia de que no había podido concluir las obras pactadas, por presuntos incumplimientos de Ecopetrol, igualmente se lee que, «[…] vencido el término de vigencia del Contrato sin que se hayan adoptado las medidas para que el CONSORCIO pueda continuar con su ejecución como sería la prórroga del plazo, el aumento del valor del mismo y el cumplimiento o el allanamiento a cumplir por parte de ECOPETROL de las obligaciones a su cargo, se debe proceder entonces a la liquidación del contrato hasta suscribir el Acta de Liquidación del mismo a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo contractual[…]».

Llegados a este punto del sendero, y con el ánimo de dar respuesta al recurrente, estima la Corte pertinente traer a colación pasajes de la sentencia CSJ SL15170-2015, del 4 de nov. 2015, rad. 40019, en la que esta Sala al estudiar el mismo contrato VRM-026-97, las adiciones y su vigencia, el cual, se repite, fue suscrito por ABB INDUSTRIAL SYSTEMS INC. SUCURSAL COLOMBIA y ECOPETROL, en un proceso seguido precisamente en contra de la misma sociedad hoy demandada, determinó:

[…] la duración de la obra o labor del contrato de trabajo no podía identificarse simple y llanamente con la finalización física de las obras contratadas por Ecopetrol, sin tener en cuenta la suerte del contrato VRM-026-97, como lo sugiere la censura, pues ello daría pie a que, ante la suspensión de las obras y su estado de indefinición, por la liquidación estatal unilateral del contrato, se proyectara la duración del vínculo laboral de manera indefinida e indeterminada, lo que reñiría abiertamente con la voluntad de las partes al escoger un modelo de vinculación determinado «por la duración de la obra o labor contratada».  

Al respecto resulta necesario resaltar también que, dentro del texto del contrato de trabajo, las partes habían previsto que la terminación del vínculo podría darse, entre otras cosas, «…cuando la obra sea suspendida por causas fuera del control del EMPLEADOR y este decida suspenderla temporal o definitivamente…», que fue precisamente lo que sucedió cuando Ecopetrol decidió unilateralmente la liquidación forzosa del contrato de obra.  

De acuerdo con todo lo anterior, en el proceso estaba claro que la «obra o labor» para la cual había sido empleado el actor estaba ligada a la vigencia del contrato de obra VRM-026-97, suscrito entre Ecopetrol y el Consorcio ABB-KLEIN, de manera que terminado este último, por su liquidación unilateral, era razonable asumir que la referida obra o labor había culminado y se justificaba, por esa misma vía, la expiración del contrato de trabajo. Tal inferencia concuerda con el hecho de que a la demandada le fue imposible continuar las labores de «gerencia de construcción», así como con la cláusula del contrato de trabajo que autorizaba su terminación «…cuando la obra sea suspendida por causas fuera del control del EMPLEADOR y este decida suspenderla temporal o definitivamente…»  

4. Por otra parte, es cierto que, como lo señala la censura, en el contrato de transacción suscrito entre Ecopetrol y los Consorcios ABB Automation Inc. – Asesorías y Construcciones S.A., en relación con el contrato VRM-023-97 y sus modificaciones, y ABB Automation Inc. – Talleres de Mecánica I. Klein y Cia Ltda. – Asea Brown Boveri Ltda., en relación con el contrato VRM-026-97 y sus modificaciones (fol. 40 a 58), así como en el Otrosí No. 1 a dicho acuerdo (fol. 33 a 39) y el Otrosí No. 2 (fol. 419 a 423), el Consorcio ABB-KLEIN se comprometió a cumplir con las obligaciones establecidas en los documentos «…Alcance Anticipado para el Proyecto de Ampliación y Actualización Tecnológica de los Elementos Externos del CIB…» y «…Alcance Limitado Proyecto de Ampliación y Actualización Tecnológica de los Elementos Externos del CIB…» Igualmente que, de conformidad con el acta de liquidación del contrato de transacción (fol. 1096 a 1134), se dio cumplimiento a las referidas obligaciones y se dio como fecha de finalización de las mismas el 15 de junio de 2003. 

En segundo lugar, porque los contratos de transacción se referían a un «alcance anticipado» y a un «alcance limitado» de las obras (fol. 1103), más no a la totalidad del contrato VRM-026-97, ni a las precisas labores de «gerencia de construcción» encomendadas al demandante. De allí que no era dable deducir simple y llanamente que la precisa obra o labor que administraba el demandante se llegó a cumplir el 15 de junio de 2003, como lo sugiere la censura.  

Y, finalmente, para la Sala el hecho de que, varios meses después de la paralización de las obras y la liquidación unilateral del contrato VRM-026-97, las partes hubieran zanjado sus diferencias a través de una transacción y que, dentro de dicho contexto, hubieran reemprendido parte de los trabajos pactados, hasta lograr su finalización, constituye una situación sobreviniente, que se identifica con una nueva contratación, y que no desdibuja el hecho de que, para la fecha de terminación del contrato de trabajo, 17 de abril de 2000, la obra para la cual había sido contratado el actor debía entenderse terminada, por su suspensión y por la posterior liquidación unilateral del contrato que le daba vida – VRM-026-97 -.  

En los referidos términos, el Tribunal no incurrió en algún error de hecho manifiesto al concluir que las labores para las cuales había sido contratado el actor habían finalizado y que, como consecuencia, su contrato de trabajo había expirado, no por un despido unilateral e injustificado, sino por la culminación de la obra o labor contratada.  

De manera que, trasladando dichos argumentos al asunto bajo examen, no se encuentra acreditado el error que le achaca la censura al Tribunal en cuanto a que «solo hasta el 29 de octubre de 2003, el contrato VRM-026-97 se liquidó» (folio 15 cuaderno de la Corte).

2º) Atinente a la entrega del vehículo

2.1 Carta de aceptación (folio 301)

Este documento consigna:

«ABB industrial Systems Inc. acuerda adquirir un carro para el uso del Sr. Jose (sic) Antonio Sarmiento que sera (sic) entregado al Sr. Sarmiento a la finalización del Proyecto anteriormente indicado [Contrato VRM-026-97] en concepto de Bonus de Finalización de Proyecto, que estará sujeto a la vinculación laboral con ABB Industrial Systems del trabajador a la terminación del proyecto».

De una lectura somera del anterior elemento de juicio emana palmariamente que las partes, de común acuerdo, pactaron una condición (hecho futuro e incierto) para la entrega del vehículo, cual era, que el actor estuviera vinculado con la sociedad llamada al proceso para el momento del fenecimiento del proyecto (Contrato VRM-026-97), acontecimiento que, como quedó acreditado, no se cumplió.

Recuérdese que el contrato laboral celebrado entre las partes en contienda terminó el 19 de diciembre de 1999 y la obra, según lo explicado y decidido por el Tribunal, feneció el 7 de abril de 2000.

Así las cosas el juez colegiado no desoyó las voces objetivas de dicho convenio.

2.2. Contrato de trabajo (folios 303 a 306) 

En el contrato de trabajo se incluyó una cláusula de remuneración, del siguiente tenor: «[…] EL EMPLEADOR pagará a este [el trabajador] un SALARIO INTEGRAL DE NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL (9.500.000) PESOS MENSUALES. El salario integral pactado en este contrato retribuye al empleado el trabajo ordinario, el trabajo nocturno, extraordinario, dominical y festivo, las primas legales y extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie, excepto las vacaciones […]» (Resalta la Sala).

Tampoco incurrió el Tribunal en los dislates fácticos enrostrados por la censura, pues en verdad existió un pacto de salario integral que incluyó los conceptos concernientes a los subsidios y suministros en especie, como lo fue el otorgamiento de vehículo.

2.3. El documento de folios 34 y 35 carece de firma. Al respecto tiene adoctrinado esta Corte que «documentos como el de folio 50, que menciona la censura como inapreciado, no están firmados o manuscritos por la parte contra quien se oponen y pudiera indicar que provienen de la enjuiciada, por manera que carecen de mérito probatorio, en virtud de lo normado por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral en los términos del artículo 145 del procesal del trabajo» (sentencia CSJ SL13696-2016, del 17 de ago. 2016, rad. 48943).

Nótese, además, que en el cargo lo que se propone es un debate interpretativo relacionado con los alcances del artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, totalmente ajeno a la vía indirecta, por la que se encamina la acusación.

Así las cosas, frente a este tópico, el cargo también es infundado.

3º) Primas extralegales de servicio y vacaciones 

Tal como se explicó en el numeral en precedencia, al quedar comprendidas en el pacto de salario integral las primas extralegales, no se evidencia un error evidente del juzgador en la apreciación de la prueba denunciada por el recurrente.

4º) Viáticos y devolución de aportes  

El actor demandó estos rubros bajo el entendido de que se le aplicara la convención colectiva de trabajo de Ecopetrol.

En términos genéricos el juez de segundo grado, frente a los beneficios convencionales, luego de copiar la cláusula cuarta del contrato principal VRM-026-97, aseveró que «de esta cláusula contractual se desprende que la demandada se obligó a pagar a los trabajadores que no fueran de dirección, como mínimo, los mismos salarios y prestaciones que consagra la Convención Colectiva. Y en cuanto a sus empleados de dirección, como lo era el demandante, debía la demandada cancelar como salario, una suma que no debía ser inferior al salario básico máximo que estipulara la Convención Colectiva de Trabajo. Ahora bien, en el expediente no obra prueba de cuál era el salario básico máximo que consagraba la convención para los años 1998 y 1999 para el cargo que ejercía el actor, razón por la cual no es posible determinar el incumplimiento de dicha obligación contractual».

Agregó que «tampoco surge obligación reclamada del Decreto 284 de 1957 por cuanto no se demostró que en ECOPETROL hubiera trabajadores del mismo cargo y las mismas labores que el actor y que desempeñaran sus funciones en la misma zona».

Al recurrente competía rebatir tales inferencias, faena que no cumplió por lo que se deben mantener incólumes y con ello el fallo conserva su doble presunción de acierto y legalidad.

Reitera la Corte que para la prosperidad del recurso de casación es necesario que el recurrente controvierta todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basa la sentencia acusada, pues nada conseguirá si ataca razones distintas de las expresadas por el Tribunal como soporte de la decisión impugnada o apenas alguna de ellas.

En lo que respecta a los viáticos el juez plural anotó que «aduce el actor que se le deben pagar viáticos por el tiempo en que estuvo en la ciudad de Bogotá ya que fue contratado en Barrancabermeja para desempeñar sus labores en dicho sitio. Basta la lectura del contrato de trabajo celebrado entre las partes para llegar a la conclusión que la sede del trabajador era Bogotá, de acuerdo con la cláusula primera».

Este planteamiento tampoco fue controvertido por el impugnante, pues en el ataque sostiene que «la relación de pagos por concepto de viáticos, obrantes a folios 1 a 7 y 186 a 482 del cuaderno de anexos del expediente denominado «DOCUMENTOS INSPECCIÓN JUDICIAL. Si el ad quem los hubiera tenido en cuenta, hubiera tenido por demostrado que el extrabajador tiene derecho a que la accionada le pague el valor de los viáticos por la suma diaria de $150.000 M/cte por un total de 548 días por lo menos».

Entonces, ante la orfandad argumentativa del cargo en los aspectos señalados, que constituyeron el fundamento esencial para la decisión, se reitera, las conclusiones del Tribunal permanecen intactas.

Y atinente a la devolución de aportes a la seguridad social, el fallador afirmó que «no existe ninguna evidencia de que tal estipulación fuera incluida dentro de los pliegos de la licitación que culminó con el contrato celebrado entre las partes y ECOPETROL. De otra parte, los documentos que aparecen en los folios 109 y siguientes tienen vigencia claramente determinada del 1º de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1996, es decir, antes de que se suscribiera el contrato VRM-026-97 del 10 de diciembre de 1997».

Por su parte, el recurrente dice que «los comprobantes de pago de salarios y autoliquidación de aportes a la seguridad social, obrantes a folios 7 a 30 del cuaderno principal y 11 a 88 […] Si el ad quem los hubiera tenido en cuenta, hubiera tenido por demostrado que al extrabajador se le descontaron con destino al sistema integral de seguridad social, aportes para salud y pensiones en un monto superior al establecido convencionalmente por ECOPETROL para sus trabajadores».

Pues bien, no se observa equivocación del sentenciador, desde el punto de vista fáctico, en la apreciación del documento titulado «GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO- Orientación para contratistas-», por cuanto del mismo dimana que su vigencia es de «Enero 1º de 1995- Diciembre 31 de 1996» y eso fue precisamente lo que coligió el juzgador de alzada. Luego si el recurrente no logró derruir este colofón, debe permanecer indemne en cuanto a que no se acreditó que el demandante era acreedor de los beneficios estatuidos en la convención colectiva de trabajo de Ecopetrol, en los términos expuestos en los cargos.

De todo lo asentado emerge la improsperidad de los ataques, al no demostrarse los errores evidentes de hecho.

Las costas se impondrán al recurrente dado que hubo réplica, y en ellas se incluirán $3.500.000 como agencias en derecho, que el juez de primer grado tendrá en cuenta al momento de hacer la respectiva liquidación, como lo prevé el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 15 de febrero de 2008, en el proceso que JOSÉ ANTONIO SARMIENTO GONZÁLEZ contra la sociedad ABB INDUSTRIAL SYSTEMS INC. SUCURSAL COLOMBIA.

Costas, como se dijo.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.