Sentencia SL21800-2017/43220 de noviembre 21 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 43220

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Luis Quiroz Alemán

Acta 43

Bogotá, D.C., veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandada Sociedad Médico Quirúrgica del Cauca Ltda., concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Lo plantea el recurrente de la siguiente manera:

“Se pretende con esta demanda, que la Honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia CASE TOTALMENTE la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán el día diez (10) de septiembre de 2.009, siendo Magistrada Ponente la Doctora María Ismenia García Mendoza, providencia en cuanto Revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán, el día 25 de febrero de 2.008, que absolvió de las pretensiones de la demanda a la Sociedad Médico Quirúrgica del Cauca Ltda. y condenó a la Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. a realizar la devolución de saldos indexados por; concepto de cotización al sistema general de pensiones, a favor de la actora Beatriz Eugenia Arias Garzón y, desestimó las demás pretensiones de la demanda.

Como consecuencia de la casación total de la sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, objeto del presente recurso, solicito a la Honorable Sala de Casación Laboral, constituirse en sede de instancia para revocar parcialmente la sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán, calendada 25 de febrero de 2008, en sus ordinales primero, segundo y tercero de la parte resolutiva en cuanto condenó a la Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. a realizar la devolución de saldos, indexados por concepto de cotización al sistema general de pensiones a favor de la actora Beatriz Eugenia Arias Garzón y, desestimó las demás pretensiones de la demanda.

En su lugar se solicita a la Honorable Sala de Casación Laboral de Corte Suprema de Justicia, estimar las pretensiones de la demanda, CONDENANDO a la entidad demanda Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. a reconocer y pagar a favor de la demandante, señora Beatriz Eugenia Arias Garzón, la pensión de invalidez desde la fecha de la estructuración de la misma, liquidada de conformidad al salario real devengado y mientras ésta subsista, ajustada o indexada de acuerdo al IPC. Por último, confirmar los ordinales cuarto y quinto de la providencia de primera instancia”.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que por razones de método, y dada su prosperidad, iniciará con el estudio del segundo.

VI. Cargo segundo

Por la causal primera de casación acusa la sentencia del tribunal por la vía directa, en el concepto de falta de aplicación de los artículos 6º, 7º, 10 y 17 de la Ley 100 de 1993; 2º y 5º del Decreto 2633 de 1994; 1608 del C.C.; 11 del Decreto 2665 de 1988, y 12 del Decreto 2665 de 1988.

Su demostración la hace en los siguientes términos:

El ad quem, al proferir su fallo no tuvo en cuenta o dejó de aplicar los preceptos legales antes mencionados, incurriendo con ello en una flagrante violación de la ley sustancial.

En primer lugar, con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, al definirse al Estado colombiano como Estado social de derecho, se cambió toda la concepción filosófica y el papel que cumple el ser humano dentro de nuestra sociedad; ya que el Estado se instituye y fundamenta su existencia, siempre y cuando todas sus políticas estén orientadas a proteger al ser humano en todos los ámbitos y dimensiones de su vida, solo así se legitima la existencia institucional de nuestro Estado. De igual manera, en la Constitución Política de 1991, en su artículo 48 se consagró a la seguridad social como un derecho de las personas, el cual, con el desarrollo de la jurisprudencia de las altas cortes ha adquirido el carácter de derecho fundamental. No solamente tiene esta connotación dicho derecho, toda vez que, para el Estado y la sociedad constituye un deber, una obligación, en el sentido de que debe garantizarse y buscar materialización universal dentro del territorio colombiano.

Con el fin de desarrollar el precepto constitucional se expide la Ley 100 de 1993, que en su artículo 6º consagra los objetivos de la misma, al establecer que el sistema de seguridad social integral ordenará las instituciones y los recursos necesarios con el fin de garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema; por su parte el artículo 7º establece que el sistema de seguridad social integral garantiza el cubrimiento de las contingencias económicas y de salud. En el mismo sentido, se consagra en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 la obligación de pagar las cotizaciones al sistema de seguridad social mientras esté vigente el vínculo laboral o contractual; de lo que se colige que, es deber del empleador cancelar oportunamente, si estamos en presencia de una relación laboral subordinada.

Los mencionados preceptos jurídicos fueron vulnerados por juzgador de segunda instancia, toda vez, que se desconoció la finalidad que busca el sistema de seguridad social colombiano, adoptado a través de la Ley 100 de 1993, al condenarse a un empleador, a pagar una pensión de invalidez, sin tener en cuenta que no existe certeza de que ese empleador particular (persona jurídica) subsista en el tiempo; toda vez que se trata de una clínica privada, cuya vida jurídica está amenazada debido a la crisis económica por la que atraviesa.

En este evento, debió tenerse en cuenta que precisamente, con esa finalidad se creó el sistema general de seguridad social integral, con el fin de que las contingencias de vejez, invalidez, de muerte, de desempleo y de desprotección en general, fueran asumidas por entidades especializadas, creadas para cumplir esa misión; trasladando esa responsabilidad del empleador a las mencionadas entidades.

VII. Réplica

La hace Porvenir S.A., y sostiene que el cargo no puede prosperar, porque el tribunal acertó al definir el derecho debatido y cargarle a la demandada Sociedad Médico Quirúrgica del Cauca Ltda. el reconocimiento pensional, en razón a que la trabajadora no estaba haciendo cotizaciones, debido a la mora de su empleadora en el pago de las mismas, para el momento de la estructuración del riesgo y que, además, la obligación se satisfizo con posterioridad a la ocurrencia del siniestro.

VIII. Consideraciones

El recurrente de forma imprecisa plantea la falta de aplicación de algunos preceptos legales, lo cual es un defecto superable, pues ha de entenderse que se refiere al concepto de infracción directa, como lo ha interpretado la jurisprudencia de esta sala.

El eje central del cargo apunta, a que a partir de la Ley 100 de 1993, las contingencias derivadas de la invalidez, la vejez y la muerte, entre otras, deben quedar cubiertas por el sistema integral de seguridad social. En desarrollo del argumento, cita los artículos 7º y 17 de la Ley 100 ibídem, referidos a la cobertura en las contingencias y a la obligación de cotización por parte del empleador, para concluir que la finalidad del sistema de seguridad social es la de asumir tales riesgos, desplazando a los empleadores en su cubrimiento, por lo que concluye que el tribunal vulneró los preceptos citados al condenar al empleador al reconocimiento de la pensión de invalidez en favor de la actora.

El opositor, Porvenir S.A., acepta la vigencia de la relación laboral entre la actora y la Sociedad Médico Quirúrgica del Cauca Ltda., se reafirma en que la demandada estuvo en mora en el pago de las cotizaciones, y que la consecuencia legal de tal omisión le impone la asunción del riesgo, como acertadamente lo declaró el tribunal.

Para resolver sobre la prosperidad del cargo propuesto, la Corte recuerda lo adoctrinado en la Sentencia CSJ-SL 3707-2017 en la que se dijo lo siguiente:

“Se ha de precisar que tiene establecido la jurisprudencia de la sala que ‘en el caso del trabajador dependiente afiliado al sistema, en los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la condición de cotizante está dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral, y por virtud de la prestación efectiva del servicio y por el tiempo en que esto ocurra, se causan cotizaciones, y se adquiere la categoría de cotizante, independientemente de que se presente mora patronal en el pago de las mismas’. (CSJ S.L., 10 feb. 2009, rad. 34256).

Esto significa que no se equivocó el tribunal cuando tuvo al causante como cotizante activo y dirimió la controversia a la luz de lo dispuesto en el literal a) del numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, por ser la norma vigente al momento del deceso. Tampoco erró cuando incluyó en la sumatoria de cotizaciones las correspondientes a los tiempos que prestó servicios al municipio empleador, así su pago haya sido extemporáneo, porque en realidad fueron causadas por asegurado al prestar servicios subordinados y estar vigente su afiliación a la administradora de pensiones demandada.

Ahora bien, en cuanto a las alegaciones del censor referentes a la responsabilidad en caso de mora en el pago de aportes a la seguridad social, cumple recordar que la Corte en Sentencia CSJ S.L., 22 jul. 2008, rad. 34270, varió su jurisprudencia y estableció que cuando se presente dicha situación, y esto impida el acceso a las prestaciones, si además medió incumplimiento de la administradora en el deber legal que tiene de cobro, es a esta última a quien le incumbe el pago de las mismas a los afiliados o sus beneficiarios.

Precisó la Corte para el caso de los afiliados en condición de trabajadores dependientes, que si han cumplido con el deber que les asiste frente a la seguridad social de prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes y que antes de trasladar a éste las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber de cobro.

Los siguientes son los términos de la Sentencia CSJ S.L., 22 jul. 2008, rad. 34270, referida:

Las administradoras de pensiones tanto públicas como privadas son elemento estructural del sistema de seguridad social; mediante ellas el Estado provee el servicio público de pensiones, hoy tienen fundamento constitucional en el artículo 48 de la Carta Política, cuando le atribuye al Estado la responsabilidad por la prestación del servicio público de la seguridad social bajo su “dirección, coordinación y control”, y autoriza su prestación a través de “entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley”.

Las administradoras de pensiones han de estar autorizadas para fungir como tales si cumplen una serie de requisitos que las cualifican, bajo el entendido de que toda su actividad ha de estar ordenada a cumplir con la finalidad de prestar el servicio público de la seguridad social.

Ciertamente las administradoras de pensiones como prestadoras del servicio público de pensiones, su comportamiento y determinaciones deben estar orientadas no sólo a alcanzar sus propias metas de crecimiento y beneficio, sino a satisfacer de la mejor manera el interés colectivo que se realiza en cada persona que queda desprotegida por haberse cernido sobre sí una enfermedad o trauma que lo deja inválido, o la muerte sobre el miembro de la familia del cual depende, o sobre su afiliado cuando le llega el momento de su retiro de la vida productiva por imposición o disfrute de la vejez.

Es razón de existencia de las administradoras la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, ubicadas en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de gestoras de la seguridad social, actividad que por ejercerse en un campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses públicos, se ha de estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares.

Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual.

Dentro de las obligaciones especiales que le asigna la ley a las administradoras de pensiones está el deber de cobro a los empleadores de aquellas cotizaciones que no han sido satisfechas oportunamente, porque a ellas les corresponde garantizar la efectividad de los derechos de los afiliados mediante acciones de cobro como lo dispone el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

Si bien la obligación de pago de la cotización está radicada en cabeza del empleador (L. 100/93, art. 22), antes de trasladar las consecuencias del incumplimiento de ese deber al afiliado o a sus beneficiarios, es menester examinar previamente, si las administradoras de pensiones han cumplido el que a ellas les concierne en cuanto a la diligencia para llevar a cabo las acciones de cobro.

El afiliado con una vinculación laboral cumple con su deber de cotizar, desplegando la actividad económica por la que la contribución se causa. Esto genera un crédito a favor de la entidad administradora, e intereses moratorios si hay tardanza en el pago.

Las administradoras de pensiones y no el afiliado, tienen por ley la capacidad de promover acción judicial para el cobro de las cotizaciones, por lo tanto no se puede trasladar exclusivamente la responsabilidad de la mora en el pago de las cotizaciones a los empleadores, sino que previamente se debe acreditar que las administradoras hayan adelantado el proceso de gestión de cobro, y si no lo han hecho la consecuencia debe ser el que se les imponga el pago de la prestación.

Se ha argüido que la atribución de las prestaciones en caso de mora en las cotizaciones a las administradoras de pensiones afecta el equilibrio financiero del sistema; pero es que este no puede obtenerse disminuyendo la cobertura y en perjuicio del trabajador que sí cumplió con su deber ante la seguridad social como era causar la cotización con la prestación de sus servicios, sino mediante la acción eficaz de las administradoras de pensiones de gestionar el recaudo de los aportes, pues ese mecanismo no puede valer para proteger a las administradoras contra riesgos causados y no para la protección del afiliado.

Como la sala no encuentra motivos de peso para modificar su criterio, se ha de concluir que no incurrió el tribunal en los yerros jurídicos que le endilga el cargo, máxime que la administradora demandada no demostró haber cumplido con el deber de cobro, y que de todas maneras, por tratarse de la muerte por causas de origen común de un cotizante activo, la norma que regula la prestación como arriba se indicó, es el literal a) del numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, que exige 26 semanas de aportes en cualquier tiempo, las cuales se cumplen en el sub lite, aspecto fáctico que no se discute en esta acusación orientada por el sendero de puro derecho.

Por último, no es de recibo el argumento consistente en que conceder las prestaciones a cargo de las administradoras de pensiones, en los eventos de mora o pago tardío de cotizaciones por parte de los empleadores, afecta el equilibrio financiero del sistema, o se constituye en una actitud que favorece la impunidad frente a estos últimos, pues es lo cierto que las gestoras de la seguridad social cuentan con todos los mecanismos administrativos y judiciales para recuperar esos recursos, y la ley prevé sanciones para los incumplidos que van desde las pecuniarias como los intereses moratorios o la imposición de cálculos actuariales, y la penales, para cuando se hayan efectuado los descuentos a los trabajadores y los dineros se hayan desviado o aplicado a finalidades distintas de la seguridad social.

La Corte encuentra que a partir de la aceptación de los presupuestos fácticos de la sentencia, y bajo la premisa jurisprudencial transcrita, le asiste razón a la parte recurrente, en que el tribunal ignoró la normas citadas en la proposición jurídica, las que estructuran el conjunto de obligaciones a cargo de las entidades del sistema de seguridad social integral en pensiones.

De la aplicación de la normas contenidas en los artículos 7º, 15, 17 y 24 de la Ley 100 de 1993, se impondría que ante los hechos no discutidos de la afiliación de la trabajadora por parte de su empleadora, de la estructuración de la invalidez en vigencia del contrato de trabajo, de la mora reconocida tanto por el empleador como por la sociedad administradora de fondos de pensiones, del convenio y efectividad del pago de las cotizaciones en mora; la conclusión que se acompasa con la jurisprudencia actual de la Corte es la de imponer el reconocimiento de la pensión de invalidez a Porvenir S.A. y no a la empleadora como lo hizo el tribunal, contrariando el precedente en la materia.

En el presente caso, la réplica sugiere que la empleadora demandada pretende favorecerse de su propia incuria, en el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones; afirmación que bajo la teoría general de las obligaciones en materia civil podría tener cabida, porque allí la disposición y naturaleza de los derechos distan de la naturaleza y disposición de los que emanan del sistema de seguridad social, los cuales tienen el carácter de irrenunciables.

Por lo expuesto el argumento de la mora y el pago de las cotizaciones al sistema con posterioridad a la ocurrencia del siniestro, son contenidos obligacionales que solo competen y afectan a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y a los empleadores, que dicho sea de paso, en el caso que nos ocupa, llegaron a un acuerdo y en virtud del mismo se produjo un pago, que en nada afecta los derechos del afiliado.

En síntesis, el tribunal en el fallo impugnado ignoró el marco normativo aplicable al caso y la interpretación actual de la Corte, contenida en el precedente transcrito.

Se sigue de lo dicho que el cargo prospera y se casará la sentencia impugnada, lo cual hace innecesario el estudio de los otros dos, en tanto tienen el mismo alcance y están encaminados a igual propósito.

En sede de instancia y antes de proferir la decisión que ponga fin al proceso, la Corte encuentra que aun cuando existen hechos probados en el proceso, como los acreditados a folio 403 del expediente, en el que se certifica por parte de Porvenir S.A. el número de semanas cotizadas entre el 21 de noviembre de 2000 y el 20 de noviembre de 2001 en favor de la actora, el recurso de apelación propuesto por la demandada Porvenir, cuestiona las condenas impuestas por el juez, que ordenan la devolución de los aportes consignados en la cuenta de ahorro individual de la demandante, habida cuenta que con cargo a ellos se viene cumpliendo una sentencia de tutela, que obliga al fondo a pagar una pensión equivalente al salario mínimo, de cuyos pagos solo aparece prueba hasta el año 2007, razón por la cual se hace necesario para mejor proveer, ordenar de oficio el recaudo de las siguientes pruebas, las que deben ser aportadas por la demandada Porvenir S.A. en el término de 15 días a partir de la notificación de esta providencia: i) Historia laboral que contenga las cotizaciones que registra la señora Beatriz Eugenia Arias Garzón, identificada con la C.C. Nº 34.568.699 expedida en Popayán, en el sistema general de seguridad social en pensiones, y ii) Los pagos realizados por Porvenir a la mencionada señora, por concepto de mesada pensional, que de manera provisional se han realizado, actualizados hasta la fecha.

No se imponen costas en el recurso de casación por la prosperidad del cargo.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el diez (10) de septiembre de dos mil nueve (2009) por la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Beatriz Eugenia Arias Garzón contra la Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y la empresa Médico Quirúrgica Del Cauca Ltda.

En sede de instancia, y para mejor proveer, por secretaría se ordena el recaudo de la prueba enunciada en la parte motiva.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase».