Sentencia SL21811-2017/62173 de noviembre 21 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL21811-2017

Radicación 62173

Acta 43

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el 27 de noviembre de 2012, en el proceso que instauró Julio Nel López Herrera contra el recurrente.

I. Antecedentes

El señor Julio Nel López Herrera demandó al ISS con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez “a que tiene derecho”, el valor del retroactivo desde el momento en que se estructuró la invalidez, es decir, a partir del 18 de mayo de 2007, los intereses moratorios, la indemnización de perjuicios materiales y morales, y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se encuentra afiliado al ISS, seccional Cauca, desde el 20 de febrero de 1977; que durante el período comprendido entre septiembre de 1995 y julio de 1999 canceló ininterrumpidamente a la entidad demandada la cotización para pensión, “y que posteriormente reinició en julio del año 2001, febrero de 2002, mayo de 2002 y mayo de 2004 hasta la actualidad”; que el 1º de febrero de 1997 “bajo un trastorno mental transitorio por el estado de ira e intenso dolor ocasionado al encontrar en su casa a su esposa con otra persona en una situación comprometedora” intentó terminar con su vida y la de su cónyuge con un disparo; que luego de atacar a aquella se propinó un disparo en la cabeza; que fue invadido por sentimientos de ira, frustración y desengaño, “pero que no tuvo la más mínima intención de acceder anticipadamente a la pensión de invalidez”; que solicitó a la junta regional del Valle del Cauca la calificación de su estado de invalidez, esto es, lo relativo al origen, el porcentaje y la fecha de estructuración; que dicho dictamen determinó lo siguiente: “1. Diagnostico: 1.1. Secuelas de herida por arma de fuego en región parietal derecha: Hemiplejía izquierda. 1.2. S.D. convulsivo secundario. 1.3. Hipertensión arterial. HTA. 2. Porcentaje: 74.15%. 3. Fecha de estructuración: Mayo 18 de 2007”; que solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen no profesional; que el instituto demandado mediante la Resolución 3124 del 19 de junio de 1994 negó la prestación reclamada “decisión que fue confirmada con la Resolución 1467 del 8 de abril de 1999”, aduciendo que la invalidez fue provocada; que padece también de hipertensión arterial - HTA y diabetes mellitus de novo asociada a falla renal aguda, enfermedades que no están relacionadas con el disparo, y que han ocasionado su remisión a la unidad de cuidados intensivos en varias oportunidades; que presentó acción de tutela ante los jueces penales del Circuito de Popayán invocando la vulneración de derechos fundamentales tales como la salud —en conexidad con el derecho a la vida— y el mínimo vital; que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán mediante providencia del 20 de noviembre de 2008 decidió tutelar transitoriamente los derechos fundamentales invocados, por lo que ordenó al ISS revocar las resoluciones aludidas y en su lugar, reconocer al actor la prestación pensional deprecada hasta tanto la jurisdicción ordinaria laboral decida de fondo el asunto; que en diciembre de 2008 fue promovido incidente de desacato en contra del gerente del ISS y del jefe del departamento de pensiones, seccional Cauca, quienes de inmediato procedieron a conceder la pensión solicitada; y que el fallo de tutela fue impugnado por el ISS, correspondiéndole su trámite a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, que mediante providencia de febrero de 2008 revocó el fallo de primera instancia, “argumentando que el juez de tutela, no tiene competencia para resolver sobre el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y que el asunto en comento, le corresponde dirimirlo dentro de la jurisdicción laboral”.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones, y centró su oposición en el hecho de que el actor no reunía los requisitos legales para acceder a la pensión solicitada dado que su invalidez fue provocada intencionalmente al provenir de un intento fallido de suicidio. En su defensa propuso las excepciones de prescripción e inexistencia de la obligación.

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 24 de febrero de 2010, condenó al Instituto demandado a reconocer y pagar la pensión de invalidez solicitada a partir del 18 de mayo de 2007, en cuantía igual a un salario mínimo legal mensual vigente “incluidas las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año”, los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso.

III. Sentencia de segunda instancia

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, mediante fallo del 27 de noviembre de 2012, confirmó la decisión de primera instancia e impuso el pago de las costas a la demandada.

Centró su estudio en resolver los siguientes problemas jurídicos: “1. Se determinará, si atendiendo a las particulares circunstancias del caso, procede el reconocimiento de la pensión de invalidez, no obstante la excepción prevista en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993. 2. Se establecerá el cumplimiento de semanas mínimas de cotización al sistema, por parte del demandante, exigidas para el reconocimiento del derecho pensional demandado”.

Frente a lo primero, dijo que era pertinente establecer la finalidad perseguida por el legislador con la expresión “(...) no provocada intencionalmente (...)” contenida en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, disposición que transcribió en su integridad.

Manifestó que los jueces del trabajo “como jueces constitucionales” están obligados a materializar el derecho fundamental a la seguridad social, acudiendo a “principios superiores y legales que expresamente se han consagrado”, en la labor de interpretación de las distintas normativas pensionales en conflicto.

Señaló que el artículo 48 de la Constitución Política “garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social integral, bajo la dirección y vigilancia del Estado”, y agregó que dicho mandato constitucional ha sido regulado a través de la Ley 100 de 1993 y leyes modificatorias, dentro del cual se encuentra la pensión de invalidez.

Citó apartes de la Sentencia T-122 de 2010 de la Corte Constitucional, sobre el alcance del derecho a la prestación de invalidez. Del contenido de la providencia referida, coligió que la finalidad de esta pensión es la de proteger los derechos al trabajo y al mínimo vital de la persona que ha sufrido una merma considerable en su capacidad laboral, por enfermedad o accidente, que le impide generar recursos para su sostenimiento.

Adujo que “bajo el simple tenor literal” de la expresión “(...) no provocada intencionalmente (...)”, se deduce que no hay lugar al reconocimiento de la prestación cuando el afiliado de forma intencional se provoca el estado de invalidez. Empero, sostuvo que de tal literalidad, “resulta evidente que el legislador está persiguiendo o impidiendo el reconocimiento del derecho pensional por invalidez, a los afiliados para pensiones que se causen por sí o por medio de terceros, en forma premeditada, las lesiones corporales o se induzcan estados emocionales, que conduzcan a un estado de discapacidad laboral en el porcentaje constitutivo de invalidez, con el único propósito de obtener el derecho a la pensión de invalidez”.

En tal sentido, precisó que le corresponde al juez establecer a cabalidad “si las lesiones físicas y/o psicológicas que generan la discapacidad laboral del afiliado, al punto de la invalidez calificada, fueron causadas directa o indirectamente en forma intencionada para acceder al reconocimiento del derecho pensional por invalidez”.

Anotó que “no toda lesión física y/o emocional que se cause en forma directa o indirecta el afiliado y de lugar a la calificación de la invalidez, debe considerarse como causal eximente del derecho, porque el legislador expresamente califica la conducta dañina con el elemento de la premeditación o intencionalidad, ligada a la consecución del reconocimiento del derecho a la pensión por invalidez”.

Asentó que se encuentra plenamente probado en el proceso que el señor López Herrera, además de generarle lesiones personales a su esposa, también “se causó una herida en su cabeza, con arma de fuego (...)”, lo cual, aparece demostrado con las afirmaciones que en los hechos de la demanda efectúa la apoderada del demandante al manifestar que: “(...) mi representado, bajo un trastorno mental transitorio por el estado de ira e intenso dolor ocasionado al encontrar en su casa a su esposa con otra persona en una situación comprometedora, quiso con un disparo, terminar con la vida de su cónyuge y seguidamente con la suya propia, propinándose un disparo en la cabeza”, y en el interrogatorio de parte realizado al actor quien afirmó paladinamente que “Causé lesiones a la persona y seguidamente me lesioné, por ira y dolor (...)”.

Arguyó que de conformidad con los anteriores medios de prueba, “surge una confesión de la parte demandante sobre el origen de algunas de las lesiones constitutivas de la invalidez calificada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil (...)”.

Expresó que “el demandante sí tuvo la intención de causarse la muerte con arma de fuego en los hechos del año de 1997, porque nadie se dispara en la cabeza para causarse lesiones, pero la entidad demandada, teniendo la carga probatoria, no presentó evidencias probatorias que indiquen con total certeza, que tal conducta del demandante hubiese tenido como única finalidad obtener una calificación de invalidez y de paso, reclamar el derecho a la pensión de invalidez; y, menos aun cuando para la fecha de los hechos, el señor Julio Nel López Herrera afirmó se encontraba laboralmente activo al servicio de Metaltec, con una experiencia laboral de aproximadamente veinte (20) años”.

Bajo ese contexto, consideró que no se había configurado la excepción prevista en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, por lo que debía confirmarse la sentencia de primer grado.

Sobre la fecha de estructuración de la invalidez, explicó que la apoderada del ISS, en el escrito de apelación respectivo, no expuso en forma clara cuál era la fecha que en su criterio debía aplicarse, pues se limitó a expresar que “(...) la fecha señalada en la sentencia como de estructuración de la invalidez no corresponde a la realidad”, por lo que la Sala se abstendría de estudiar este punto acogiendo “en consecuencia la fecha de estructuración definida en la sentencia de instancia del 18 de mayo de 2007, conforme al dictamen pericial realizado por la misma entidad demandada”. En sustento de lo anterior, citó apartes de la sentencia de esta Sala de la Corte, del 15 de mayo de 2007, radicación 27299.

Con relación al segundo problema jurídico, esto es, el número de semanas cotizadas por el demandante, acogió las consideraciones efectuadas por el a quo, en el sentido de que “el actor alcanzó un total de 144 semanas cotizadas en el periodo comprendido entre el 18 de mayo de 2004 al mismo día y mes de 2007, incluyendo las semanas cotizadas bajo el régimen subsidiado”.

Al respecto, señaló que conforme a las documentales de folios 3 a 15 (Tomo I), 42 a 59 (Tomo II) y 62 a 74, 90 a 97 (Tomo III), aportadas por el instituto demandado, efectivamente el señor López Herrera “estuvo cotizando activamente para el riesgo de pensiones bajo el régimen subsidiado, dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez —mayo 18/2007—, en suma superior a las 50 semanas exigidas por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por medio del artículo 1º de la Ley 860/03”.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el instituto demandado, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del tribunal, para que en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado, y en su lugar, “disponga la absolución de mi representada”, condenando en costas como corresponda.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que no fue replicado y se decide a continuación.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia recurrida de violar por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea “los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, el último modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y, como consecuencia de ello, por aplicación indebida los artículos 48 de la Constitución Política; 2º, 7º, 10, 13, 40 y 141 de la Ley 100 de 1993; 195 del CPC y 145 del CPT y de la S.S., como violación de medio”.

Aduce que es un hecho aceptado por el tribunal y no discutido en el cargo, que el señor López Herrera se causó una herida en la cabeza con arma de fuego el 1º de febrero de 1997, lo que le produjo una serie de lesiones y secuelas “de las que pretende derivar una pensión de invalidez, en contravía a lo que dispone la ley en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, al establecer que se considera invalida la persona que (sic) cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”. Como fundamento de lo anterior, transcribe apartes de la sentencia del tribunal.

Dice que a pesar de no reunirse los requisitos legales para acceder a la prestación pensional solicitada, el ad quem consideró que se cumplían plenamente las exigencias de que tratan los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, con lo cual se le da un entendimiento o alcance que no tienen.

Manifiesta que si el tribunal hubiera interpretado correctamente las normas referidas, la conclusión a la que habría llegado no sería otra distinta a que “se carecía de un requisito esencial, en concreto, aquel que establece que se considera invalida la persona que (sic) cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.

Sostiene que para el tribunal: “la entidad demandada, teniendo la carga probatoria, no presentó evidencias que indiquen con total certeza, que tal conducta del demandante hubiese tenido como única finalidad obtener una calificación de invalidez y de paso reclamar la pensión de invalidez”, pero, alega que tal afirmación, “no se compadece con la exigencia de la norma”, pues el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 no señala en ninguno de sus apartes que “la intencionalidad se oriente a obtener la pensión de invalidez”, por manera que, tal supuesto no está en la ley “como una condición de la intencionalidad”.

Asevera que la norma cuestionada solo se refiere a que no haya una provocación intencional, y agrega que en el sub lite, es palmario e indiscutible que la ocurrencia del infortunio se presentó “por provocación intencional del propio demandante”, por lo que no hay lugar a declararla.

Remata, entonces, en que “se infiere que no se reúnen las condiciones por ser una excepción la ocurrencia, otras consideraciones sobre el cumplimiento del resto de requisitos que trae la norma, de nada sirven, porque los requisitos no se exigen parciales sino totales y en consecuencia de lo dicho, la decisión censurada debió ser en sentido absolutorio”.

VII. Consideraciones

En la medida que el cargo se orienta por la vía directa, se parte de la total conformidad del censor con los supuestos de hecho que encontró probados el tribunal, según los cuales: i) al actor se le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 74.15%, ii) el estado de invalidez se estructuró el 18 de mayo de 2007, y iii) el afiliado cotizó al ISS un total de 144 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a su discapacidad, esto es, más de las 50 que exige el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.

Ahora bien, la discusión jurídica radica en que para el instituto recurrente el tribunal interpretó erróneamente la normativa que gobierna la situación pensional del demandante, esto es, los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones, pues conforme el primero de los mentados preceptos “se considera invalida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”, por lo que, en su sentir, como la merma de la capacidad laboral se presentó “por provocación intencional del propio demandante” no se cumplió con uno de los requisitos previstos en la disposición citada, y en consecuencia, “la decisión censurada debió ser en sentido absolutorio”. Así, estima el recurrente que el ad quem si bien utilizó la norma aplicable al caso le dio un sentido distinto del que realmente tiene.

Por su parte, el tribunal soportó su decisión de reconocer la prestación económica pretendida, en que las lesiones corporales que generaron la discapacidad laboral del demandante, “al punto de la invalidez calificada”, no fueron causadas “en forma intencionada para acceder al reconocimiento del derecho pensional por invalidez”.

Para resolver el punto de derecho en discusión, comienza la Sala por advertir que la normativa denunciada buscó eliminar los incentivos al fraude mediante el establecimiento de un requerimiento mínimo de semanas de cotización que el afiliado debía realizar antes del estado de invalidez, y que por regla general, se suele excluir a quienes de manera voluntaria se lastiman o cometen cualquier conducta que genera una invalidez, sancionando, por ejemplo, a la persona que atenta contra su propia salud. En efecto, con la imposición de tales requisitos se busca desestimular la ejecución de conductas que puedan dirigirse a obtener ese beneficio económico, de manera artificial e injustificada; conjurando un posible dolo del afiliado.

Empero, en el presente caso, encuentra la Sala que el demandante no podía conocer de antemano que iba a sobrevivir de un ataque con arma de fuego en la cabeza, es decir, no tenía forma de determinar premeditadamente su posible estado de invalidez, por la potísima razón de que su intención no pudo ser otra distinta que la de acabar con su vida. Y es que, como con acierto razonó el tribunal, “nadie se dispara en la cabeza para causarse lesiones”, dadas las escasas posibilidades de supervivencia en casos como este; por tanto, es por lo menos ilógico intentar establecer en el sub lite un presunto intento de fraude.

Lo contrario implicaría una lógica demasiado siniestra y absurda, consistente en que el demandante se disparó en la cabeza para accidentarse e intentar reclamar la pensión, sin considerar que el resultado de su actuación fue un hecho fortuito e indeseado, toda vez que, el sentido específico que a dicha acción le imprimió el demandante, no estaba encaminado al desenlace finalmente logrado.

Además, importa a la Sala destacar que el afiliado no abandonó la cotización una vez transcurrido el tiempo mínimo requerido, sino que la prolongó por más de veinte años en forma ininterrumpida, como lo encontró demostrado el tribunal al manifestar que “para la fecha de los hechos, el señor Julio Nel López Herrera afirmó se encontraba laboralmente activo al servicio de Metaltec, con una experiencia laboral de aproximadamente veinte (20) años”.

Respecto a la problemática planteada, resulta pertinente traer a colación la Sentencia C-1094 de 2003 proferida por la Corte Constitucional, que abordó el estudio de los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, referente a los requisitos y a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

Los actores impugnan estos dos artículos al encontrarlos violatorios de varios mandatos superiores, en especial los contenidos en los artículos 1º, 13, 42, 48 y 158 de la Carta Política. Formulan los siguientes reparos específicos de constitucionalidad:

El artículo 11 vulnera el derecho de igualdad entre grupos familiares de afiliados al sistema, al establecer requisitos diferentes de cotización para efectos del derecho a la pensión de sobrevivientes en consideración al siniestro de enfermedad o de accidente que ocasione la muerte del causante. En el mismo sentido, es inconstitucional por extender tal distinción a los eventos en que la causa del fallecimiento sea el homicidio o el suicidio.

(...).

Indica lo anterior que la intención del legislador al incorporar la “densidad de cotización” como criterio para fijar los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes fue la de propiciar una cultura de afiliación al sistema general de pensiones y la de controlar los fraudes que pudieran cometerse al amparo del anterior régimen.

Dicha finalidad no es cuestionada por los actores ni será objeto de pronunciamiento por la Corte debido a las restricciones que impone la naturaleza no oficiosa de la acción pública de inconstitucionalidad.

Lo que rechazan los accionantes es el trato diferente no justificado ni razonable que la ley dispensa a los miembros del grupo familiar de quien muere por enfermedad o por accidente, así como la extensión de los mencionados porcentajes diferentes a los casos de suicidio y homicidio.  

Para esta corporación, si bien no se desconoce que puedan ocurrir algunos eventos en los cuales el deceso del afiliado se produzca por negligencia o descuido de su parte, ello no es suficiente respaldar su generalización y, de paso, desestimar que, por principio, las muertes por enfermedad se producen por factores ajenos a la voluntad del afiliado, que responden a aspectos como aquellos propios de la evolución de la enfermedad, la cobertura y exclusiones del sistema de seguridad social, el tipo de afiliación, la capacidad económica de la persona, la ubicación geográfica y la eficacia de las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo del Estado, entre otros. Estas circunstancias y la ausencia de argumentos para sustentar la distinción de trato frente a la muerte causada por accidente, hacen que la referida diferenciación carezca de fundamento razonable que la justifique desde una perspectiva constitucional.

La restricción es igualmente injustificada desde el punto de vista de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, a quienes se les impone una condición más gravosa, basada en circunstancias ajenas a su voluntad.

Así entonces, no hay criterios objetivos que comprueben que la muerte por enfermedad de un afiliado al sistema general de pensiones deba merecer una exigencia superior a la fijada para los casos de muerte por accidente, cuando se trata de fijar la “densidad de cotización” para efectos de la pensión de sobrevivientes.

Así mismo, carece de fundamento razonable y suficiente la distinción que el legislador introduce para establecer la densidad de cotización a partir del suicido u homicidio como causas de fallecimiento del afiliado. Este criterio, por sí solo, no es suficiente para soportar tal tipo de diferenciación entre los miembros del grupo familiar del afiliado en uno y otro caso, máxime si actúan como contrapeso los principios constitucionales de igualdad y universalidad de la seguridad social.

Además, en consideración a los efectos del siniestro, no es razonable afirmar que en los casos de suicido se ponga en mayor riesgo la finalidad perseguida por el legislador, esto es el fomento de la cultura de la afiliación a la seguridad social o el control de los fraudes al sistema, que aquel que pueda derivarse de las muertes causadas por accidente. Se vulnera pues el derecho a la igualdad al exigir esos porcentajes diferentes.

De conformidad con las precedentes consideraciones, la Sala declarará inexequible el parágrafo 2º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Así mismo, y solo por los cargos analizados, se declarará la exequibilidad del resto del artículo en referencia, en el entendido que para el caso del literal a) del numeral 2º será exigible haber cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que el afiliado al sistema que fallezca cumplió 20 años de edad y la fecha se su muerte (subrayas fuera del texto original).

De la providencia citada, fluye con claridad como desde una perspectiva constitucional, carece de fundamento “razonable y suficiente” la distinción impuesta por el legislador al establecer los requisitos de acceso a la prestación pensional de sobrevivencia, en los eventos en que la causa del fallecimiento del afiliado sea el homicidio o el suicidio.

De lo anteriormente expuesto, se colige, primero, que debe distinguirse entre el suicidio consciente y el inconsciente, dependiendo de si el actor tiene o no la capacidad para comprender el acto que pretende realizar; y segundo, que la denominada “ira o intenso dolor” son conceptos distintos, pero que, a la postre, hacen referencia a la particular situación en que se encuentra una persona, y que le producen cambios que alteran o influyen en su estado de ánimo.

De todo lo hasta ahora dicho, resulta palmario que el sujeto no puede ser castigado si su conducta no fue intencional, esto es, realizada con conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y de querer. Aunado a que en el presente caso, el fin perseguido por el demandante, se repite, no fue el de causarse lesiones corporales que le provocaran un estado de discapacidad en el porcentaje constitutivo de la invalidez —con el único fin de obtener el reconocimiento prestacional—, sino el de causarse la muerte; y en tal sentido, no pudo tener la intención de defraudar al sistema. Máxime cuando, el suceso se desencadenó de manera casual, dado que no hubo o, por lo menos no se probó, una preparación ponderada por parte del demandante.

En síntesis, no se observa, como lo pretende el recurrente, que el tribunal hubiera distorsionado el contenido del precepto legal denunciado al utilizar metodologías en su interpretación o integración que desvirtuaran su recta aplicación, apartándose de su cabal y genuino sentido. Para la Sala, entonces, cuando la lesión es resultado de un estado patológico de la persona, plenamente acreditado en el proceso, puede haber lugar a la pensión de invalidez; pero no cuandoquiera que la lesión es producto de una circunstancia particular o específica, descriptiva de la animosidad, porque allí lo que se establece es un acto ilícito, que si bien no es constitutivo de delito, si atenta contra principios y valores de orden social que no pueden ser patrocinados, en desmedro de los propósitos y principios de la seguridad social.

Por lo demás, en este caso la falta de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez tiene efectos incontrovertibles en términos de vulneración del derecho fundamental al mínimo vital del afiliado, quien en su estado grave de discapacidad no tiene un sustento o una prestación que lo proteja ante esta contingencia, cuando bien sabido es que la seguridad social debe velar conforme lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 100 de 1993, por proteger a aquellas personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta, como es el caso del inválido o discapacitado.

En las condiciones reseñadas, el tribunal no cometió los yerros jurídicos denunciados, por lo que, no prospera el cargo.

Sin costas en el recurso extraordinario dado que no hubo réplica.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 27 de noviembre de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Julio Nel López Herrera contra el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones).

Sin costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.