Sentencia SL21847-2017/44497 de agosto 30 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 44497

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Luis Quiroz Alemán

Acta 22

Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IX. Consideraciones

Le asiste razón al opositor en los reparos que formula a la demanda por lo siguiente: i) Evidentemente la proposición jurídica en forma impropia incluye como violadas normas del reglamento del Banco y de la convención colectiva de trabajo ii) Los cargos resultan incoherentes, pues por una parte se encaminan a demostrar la naturaleza jurídica del banco y la condición de trabajador oficial del demandante y por otra a que se le aplique el régimen laboral contenido en la Ley 50 de 1990, cuyos destinatarios son los trabajadores particulares.

Sin embargo, la Corte considera posible superar tales deficiencias y haciendo un ejercicio interpretativo se pronunciara sobre el ataque propuesto, considerando oportuno sentar una nueva doctrina frente al tema, a partir de las siguientes consideraciones:

Sobre la naturaleza jurídica de las sociedades de economía mixta y el régimen de sus servidores:

El artículo 97 de la Ley 489 de 1998, define las sociedades de economía mixta expresando:

“Las sociedades de economía mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley.

Las inversiones temporales de carácter financiero no afectan su naturaleza jurídica ni su régimen.

‘PAR.—Los regímenes de las actividades y de los servidores de las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte de la Nación, de entidades territoriales y de entidades descentralizadas, sea igual o superior al noventa (90%) del capital social es el de las empresas industriales y comerciales del Estado”.

En desarrollo del estudio de la naturaleza jurídica de las sociedades de economía mixta y el régimen jurídico aplicable a sus servidores, la Corte Constitucional ha expresado, que el legislador puede legítimamente establecer diferencias o salvedades a la regla general. En la Sentencia C-338-2011 se consignó:

“Ahora bien, aunque la regla general indica que las sociedades de economía mixta están sujetas a un régimen de derecho privado, el hecho de que al legislador le corresponda definir su régimen jurídico le permite introducir “diferencias” [ o “salvedades a la aplicación del régimen general establecido para dichas sociedades de economía mixta”.

Tales diferencias o salvedades se fundan en “el porcentaje de capital público presente en dichas entidades”, ya que, en atención al porcentaje de la participación del Estado o de sus entes territoriales en las empresas de economía mixta, puede el legislador en ejercicio de sus atribuciones constitucionales establecer, si así lo considera pertinente, regímenes jurídicos comunes o diferenciados total o parcialmente, pues es claro que para el efecto existe libertad de configuración legislativa”.

[…]La Corte ha advertido que las salvedades al régimen de derecho privado basadas en el porcentaje de participación pública tienen un importante fundamento en la preponderante misión que les atañe a las sociedades de economía mixta “de atraer el capital privado hacia el desarrollo conjunto de proyectos de interés general y asumir directamente dentro de un ente societario los resultados de la correspondiente gestión con sus beneficios y responsabilidades”, elemento que “permite encontrar razonable que el legislador determine modulaciones en cuanto al régimen aplicable.

De lo expuesto se concluye que cualquier participación de capital privado mantiene la naturaleza de sociedad de economía mixta, y que el legislador puede en ejercicio de su potestad, crear condiciones particulares y excepciones a la regla general, en materia de la naturaleza jurídica del vínculo de sus servidores.

La jurisprudencia de esta sala sobre el régimen legal laboral de los servidores del Banco Cafetero.

Se venía sosteniendo por esta Corporación, que el régimen laboral los servidores del Banco Cafetero, por causa de las variaciones en la composición del capital de la entidad, había sido el siguiente:

CSJ SL12687-2015

Pese a las deficiencias formales que exhibe la demanda de casación interpuesta en este asunto, algunas puestas de presente por la réplica, importa anotar que el tema referido ya ha sido examinado por esta Sala de la Corte, en múltiples pronunciamientos, en los que se analizaron los efectos de los cambios de naturaleza jurídica del Banco Cafetero, especialmente el relacionado con el régimen pensional aplicable a sus servidores. En ese sentido, además de las sentencias mencionadas por el Tribunal, se pueden rememorar las de 15 de febrero de 2007, radicación 28999, 19 de julio de 2007, radicación 31110, 3 de diciembre de 2007, radicación 29256, y 12 de diciembre de 2007, radicación 30452. En esta última esto dijo la Sala:

“1º) Desde el 5 de julio de 1994, el Banco Cafetero, o BANCAFÉ, mutó su naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, de carácter oficial, que hasta el día anterior había ostentado, para convertirse en sociedad de economía mixta, sometida al régimen de las empresas privadas por tener un capital estatal inferior al 90%. Por ello, las personas vinculadas al Banco como trabajadores oficiales, a partir de esa fecha, cambiaron su estado jurídico laboral, para quedar sometidos al régimen general de los trabajadores particulares.

“2º) Esta calidad de trabajadores privados se conservó hasta el 28 de septiembre de 1999, porque desde ese momento, una variación del capital social de Bancafé, producido por la reinversión hecha por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), ente de naturaleza pública, trasmutó nuevamente su carácter de sociedad de economía regida por el derecho privado, al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado sometidas al derecho público. Este hecho lo consideró la Corte como trascendental, para sumar el tiempo laborado con posterioridad a la citada fecha, a efectos de establecer el total de días servidos en la entidad, con miras a la pensión oficial reclamada con sustento en la Ley 33 de 1985.

“3º) Sin embargo, por Decreto 92 de 2000 se reformó la estructura de Bancafé y se dispuso expresamente que el régimen de personal será el previsto en sus estatutos. Estos, habían sido autorizados y protocolizados mediante Escritura Pública 3497 del 28 de octubre de 1999, en cuyo artículo 29 se estableció que el Presidente y el Contralor del Banco tenían la calidad de empleados públicos y el resto de personal vinculado se sujetaría al régimen laboral aplicable a los trabajadores particulares.

“4º) Para la Corte, la transformación de la naturaleza del vínculo laboral de los servidores de Bancafé en 1994, esto es, de trabajadores oficiales a trabajadores particulares, no puede concebirse en perjuicio de los derechos adquiridos de personas que, antes del 5 de julio de 1994, ya habían completado al menos el tiempo de servicios exigido en la Ley 33 de 1985 para obtener derecho a la pensión oficial, consagrada en tal estatuto. De suerte que al cumplir la edad requerida en dicha ley, en nada le afectaba la mutación societaria acaecida en 1994.

“5º) Con base en la más reciente sentencia de la Sala de Casación, en el que también fue objeto de pronunciamiento el tema ahora examinado, el nuevo escenario producido a partir del Decreto 092 de 2000 tampoco puede afectar los derechos de aquellos trabajadores que, hallándose cobijados por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hubieren permanecido vinculados al Banco y completado los 20 años de servicios después del 28 de septiembre de 1999, cuando reasumió el carácter de empresa industrial y comercial del Estado.

“Es decir, los empleados que el 1º de abril de 1994 ostentaban la condición de trabajadores oficiales, si reunían los requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, podían agregar, al tiempo completado hasta el 5 de julio de 1994 como trabajadores oficiales, el que laboraron a partir del 28 de septiembre de 1999. De modo que si, al momento de su retiro, la sumatoria de los dos períodos trabajados como servidores oficiales (el anterior a 1994 y el posterior a 1999) arroja los 20 años de servicios, es de recibo la pensión jubilatoria de la Ley 33 de 1985, al celebrar el cumpleaños 55”.

“Lo expuesto deja en evidencia que no se equivocó el tribunal al estimar que una vez descontado el tiempo comprendido entre el 5 de julio de 1994 y el 29 de septiembre de 1999, durante el cual los trabajadores del Banco Cafetero ostentaron la calidad de particulares, el actor prestó sus servicios como trabajador oficial de la entidad demandada y en la Caja Agraria en Liquidación por un total de 20 años, 10 meses y 20 días, lo que superaba ampliamente el tiempo de servicio exigido por la Ley 33 de 1985”.

Como el demandante no completó el tiempo de servicios requerido por el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es decir, 20 años como trabajador oficial, no le asiste derecho a la pensión de jubilación regulada por ese precepto”.

El marco normativo vigente y aplicable para el momento en que ocurrieron los cambios de naturaleza jurídica del Banco Cafetero.

La normatividad vigente para los diferentes momentos de cambio de naturaleza del Banco Cafetero disponía lo siguiente:

Para el periodo anterior al 5 de julio de 1994, la naturaleza jurídica del Banco Cafetero era la de una empresa industrial y comercial del Estado, lo cual de conformidad con el Decreto 3135 de 1968, impone que sus servidores son por regla general trabajadores oficiales.

A partir del 5 de julio de 1994, la naturaleza jurídica del Banco Cafetero fue la de sociedad de economía mixta, con un capital público inferior al 90%, razón por la cual el régimen laboral de sus servidores pasó a ser el de los trabajadores particulares regulado por el Código Sustantivo de Trabajo.

El 29 de septiembre de 1999, con ocasión de la participación de recursos inyectados por Fogafín al Banco Cafetero, el capital estatal fue del 99.9999948%, hecho que no debió afectar el régimen laboral de los servidores de la Entidad, debiendo preservarse el de trabajadores particulares, de conformidad con lo dispuesto tanto en el numeral 28.3 del Decreto Legislativo 2331 de 1998 (noviembre 16 de 1998), como en el artículo 97 de la Ley 489 de 1998 (diciembre 29 de 1998), que en su orden establecieron lo siguiente:

28.3. Adicionase el numeral 4º del artículo 320 del Decreto 663 de 1993 con los siguientes incisos:

“Cuando quiera que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras adquiera acciones, o en general, realice ampliaciones de capital en entidades financieras, que de acuerdo con la ley cambien de naturaleza por dicha adquisición de acciones o ampliación de capital, los trabajadores de tales entidades no verán afectados sus derechos laborales, legales o convencionales, por razón de la participación del fondo, por lo cual seguirán sujetos al régimen laboral que les era aplicable antes de dicha participación.

“Lo anterior, sin perjuicio de los eventos en los cuales, de acuerdo con la ley y los estatutos de la entidad con sus correspondientes modificaciones, cargos de dirección o confianza deban ser desempeñados por empleados públicos, los cuales se sujetarán en todo caso, al régimen previsto para este tipo de empleados”.

“ART. 97.Sociedades de economía mixta. Las sociedades de economía mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley.

Para que una sociedad comercial pueda ser calificada como de economía mixta es necesario que el aporte estatal, a través de la Nación, de entidades territoriales, de entidades descentralizadas y de empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta no sea inferior al cincuenta por ciento (50%) del total del capital social, efectivamente suscrito y pagado. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-953 de 1999.

Las inversiones temporales de carácter financiero no afectan su naturaleza jurídica ni su régimen.

De los anteriores contenidos normativos se concluye que el régimen laboral aplicable a los servidores del Banco Cafetero, a partir del 29 de septiembre de 1999, debía conservarse, y en consecuencia, seguirse aplicando el Código Sustantivo de Trabajo.

Ley aplicable al trabajador demandante para fijar el monto de la indemnización por despido injusto.

Atendiendo el mandato del artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo, la ley laboral tiene efecto general inmediato, razón por la cual se aplica a los contratos de trabajo que estén vigentes, pero no tiene efectos retroactivos, esto es, no afecta situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores.

El demandante estuvo vinculado al Banco Cafetero desde el 16 de marzo de 1979 hasta el 31 de julio de 2005. Para el 1º de enero de 1991, fecha a partir de la cual entró a regir la Ley 50 de 1990, el actor tenía la condición de trabajador oficial. Luego, desde el 5 de julio de 1994 y hasta la finalización de su contrato de trabajo, por las razones ya expuestas, tuvo la condición de trabajador particular y su régimen legal laboral fue el del Código Sustantivo del Trabajo.

Por razón del mismo mandato contenido en el artículo 16 del estatuto laboral, la Ley 789 de 2002, incluida como violada dentro de la proposición jurídica, es la aplicable para tasar la indemnización por despido injusto, ya que era la vigente para el momento de la terminación del contrato de trabajo. No correspondía aplicar el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 como erradamente lo aplicó el tribunal, ni el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, como equivocadamente lo pretende el recurrente, porque el servidor solo adquirió el estatus de destinatario del régimen de los trabajadores particulares en el año de 1994; de manera que no acumulaba los diez años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 50 ibídem, que le hubiera permitido conservar la tabla indemnizatoria del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965; ni le era aplicable la dispuesta en el artículo 6º de la mencionada Ley 50, porque para el 27 de diciembre de 2002, fecha en que se expidió la Ley 789, el actor no tenía diez o más años de servicio requeridos para conservar la tabla anterior; razones por las que la única ley aplicable era, como dispone la regla general, la vigente al momento en que se produce el hecho del despido.

Sobre la pretensión subsidiaria de reconocimiento de la indemnización convencional

Está aceptado por el actor y probado en el proceso, que con fecha 1º de marzo de 2000, se acogió a la modalidad de salario integral, y renunció a los beneficios de la convención colectiva de trabajo, razón suficiente para desatender la solicitud formulada como subsidiaria.

Bajo las anteriores premisas resultaría probada la violación a la ley sustancial propuesta por el actor respecto a la 789 de 2002, lo que conduciría a casar la sentencia atacada, pero resultaría inútil, por cuanto en sede de instancia, se confirmaría la sentencia absolutoria, por las razones aquí expuestas, pues la indemnización por terminación del contrato sin justa causa resultaría inferior a la pagada por el Banco demandado, en razón de la aplicación de la tabla indemnizatoria contenida en el estatuto legal antes citado.

De lo dicho en precedencia, surge la improsperidad de los cargos.

Sin costas en el recurso extraordinario, pues los ataques resultaron fundados.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de julio de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Luis Fernando Páez Martínez, contra el Banco Cafetero en liquidación.

Sin costas.

Notifíquese y cúmplase. En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen».