Sentencia SL2352-2018 de junio 21 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 1

Magistrado Ponente:

Martín Emilio Beltrán Quintero

SL2352-2018

Rad.: 63508

Acta 19

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por BLANCA IMELDA HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el 30 de abril de 2013, en los procesos ordinarios laborales, acumulados, el primero seguido por la recurrente contra MARÍA TERESA DAZA DE CARO, CLARA DAZA DE LARROTA, y solidariamente contra LUIS ENRIQUE CARO cónyuge de la primera; y el segundo adelantado contra MARÍA TERESA DAZA DE CARO, CLARA DAZA DE LARROTA y ALVARO DAZA SÁNCHEZ en calidad de herederos de MATILDE SÁNCHEZ VIUDA DE DAZA.

I. ANTECEDENTES

La señora Blanca Imelda Hernández de Hernández demandó a María Teresa Daza de Caro y Clara Daza de Larrota, a fin de que se declare que entre ellos existió un contrato de trabajo que se ejecutó entre el 15 de septiembre de 1979 y el 1º de abril de 1983, el cual fue terminado de manera unilateral y sin justa causa por parte de las demandadas; asimismo se declare que entre la demandante y María Teresa Daza de Caro y solidariamente contra su esposo Luis Enrique Caro, existió un contrato de trabajo que tuvo vigencia del 2 de enero de 1987 al 30 de septiembre de 2002, fecha en que fue terminado sin justa causa por parte de éstos; igualmente se declare que coexistió un contrato de trabajo entre la actora y la señora Clara Daza de Larrota desde el 2 de abril de 1983 hasta el 13 de julio de 2001.

Consecuencia de las anteriores declaraciones solicita se condene a las demandadas a pagarle, a partir del 1º de octubre de 2002, la pensión sanción prevista por el artículo 267 del CST, modificado por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, junto con las mesadas causadas a partir de la citada fecha. De manera subsidiaria pidió el pago de las cotizaciones dejadas de realizar por los demandados y conforme al tiempo laborado con cada uno de ellos, los cuales conforman el cálculo actuarial que deberá cancelarse al Instituto de Seguros Sociales o a la entidad que lo reemplace, los intereses moratorios y las costas del proceso.

En respaldo de sus pretensiones, en resumen, sostuvo que como empleada del servicio doméstico, a partir del 15 de septiembre de 1979, prestó sus servicios personales de manera simultánea, a la señoras Clara Daza y a María Teresa Daza y a su cónyuge Luis Enrique Caro, labores que desempeñaba tres días a la semema, en la casa de la familia Daza, ubicada en la Cra. 33 Nº 94-10, barrio La Castellana de la ciudad de Bogotá D.C.; que a partir del 1º de abril de 1983, la señora María Teresa Daza y su cónyuge Luis Enrique Caro se trasladaron de vivienda, acordando que tres días de la semana la actora estaría a su servicio, y los dos días restantes, serían trabajados en favor de Clara Daza.

Relató igualmente que el 31 de diciembre de 1985, la señora María Teresa Daza y su cónyuge Luis Enrique Caro le dieron por terminado su contrato de trabajo, pagándole a cambio la indemnización correspondiente, la cual comprendía el periodo laborado entre el 1º de abril de 1983 y el 31 de diciembre de 1985; relación laboral que volvió a ejecutarse el 2 de enero de 1987 y fue terminada el 30 de septiembre de 2002, fecha en que le fueron canceladas las prestaciones sociales. Dijo también que el 28 de octubre de 2003, la señora María Teresa Daza y por concepto de aportes a la seguridad social, le entregó la suma de $ 2.630.000.

Afirmó igualmente, que durante el año de 1986, continuó trabajando con la señora Clara Daza durante dos días a la semana, quien le canceló su contrato de trabajo el 13 de julio de 2001, pagándole la indemnización correspondiente y el valor de las prestaciones sociales.

Narró también que las citadas señoras nunca la afiliaron a la seguridad social, por tanto, no tiene derecho a la pensión de vejez, tal como lo certifica el Instituto de Seguros Sociales. Mencionó que nació el 18 de julio de 1945, por ende, cumplió los 50 años de edad el mismo día y mes de 1995. Finalmente relató que ante el Juzgado 4º Laboral del Circuito de Bogotá persiguió el pago de la pensión de vejez, derecho distinto al aquí demandado (fls. 1 a 7, cdno. 1).

Los convocados al proceso, al dar respuesta a la demanda, por medio de un mismo apoderado, admitieron únicamente los hechos referidos a que le cancelaron las prestaciones sociales e indemnización correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de abril de 1983 y el 31 de diciembre de 1985 y que la actora inició un proceso en su contra ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, el cual fue decidido de manera adversa a los intereses de la actora. Sobre los demás dijeron que no eran ciertos o que simplemente no se admitían.

Se opusieron a las pretensiones, en su defensa formularon las excepciones previas de cosa juzgada y prescripción; mismas que fueron enunciadas como de fondo, agregando la de inexistencia de la obligación (fls. 48 a 54, cdno. 1).

De otra parte y de manera casi simultánea, la señora Blanca Imelda Hernández de Hernández, demandó a María Teresa Daza de Caro, Clara Daza de Larrota y Alvaro Daza para que, en calidad de herederos de su señora madre Matilde Sánchez viuda de Daza, fueran condenados a pagarle la pensión sanción, o en su defecto el pago del título pensional correspondiente a los aportes no efectuados al régimen pensional, durante el tiempo que como empleada del servicio doméstico prestó sus servicios a la citada viuda de Daza, que corresponde al periodo que va del 15 de septiembre de 1979 al 14 de marzo de 1997, fecha en la cual falleció la empleadora.

En respaldo de tales pretensiones, en esencia, sostuvo que, en calidad de empleada del servicio doméstico, estuvo al servicio de la señora Matilde Sánchez viuda de Daza, durante el periodo que va del 15 de septiembre de 1979 al 14 de marzo de 1997, fecha en la cual falleció; que durante dicho periodo no fue afiliada a la seguridad social, por tanto no puede acceder a la pensión de vejez que cubre el sistema; afirmó igualmente que nació el 18 de julio de 1945 y en consecuencia, cumplió los 50 años de edad el mismo día y mes de 1995. Sostuvo igualmente que los demandados son los herederos de la señora Matilde, razón por la cual, son los directamente responsables de las acreencias pensionales por ella solicitadas, aclaró que éstos en nombre de su señora madre, le cancelaron las prestaciones sociales a las cuales ella tenía derecho (fls. 1 a 6, cdno. 2).

Las convocadas al proceso, al dar respuesta a la demanda, por conducto del mismo apoderado, aceptaron los hechos referidos a que la demandante fue empleada doméstica de su señora madre; la fecha de su fallecimiento y que en nombre de ella le cancelaron a la demandante sus prestaciones sociales; precisaron que la actora prestó sus servicios a su procreadora hasta el año 1989, y que, a partir de 1990, fue contratada por Clara Inés Daza Sánchez; que la razón de no haberla afiliado a pensiones estuvo soportada en lo previsto por la Ley 11 de 1988.

Se opusieron a las pretensiones, en su defensa formularon las excepciones previas de cosa juzgada y prescripción; mismas que fueron esbozadas como de fondo, agregando la de inexistencia de la obligación (fls. 31 a 36, cdno. 2).

El juez del conocimiento de ambos procesos, que fue el Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 26 de abril de 2010, decreto su acumulación a fin de ser tramitados bajo la misma cuerda procesal (fls. 127, cdno. 1).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá, puso fin a la primera instancia mediante sentencia del 31 de agosto de 2010 por medio de la cual resolvió lo siguiente:

PRIMERO: ABSOLVER a los demandados MARÍA TERESA DAZA DE CARO, CLARA INÉS DAZA SÁNCHEZ y ALVARO DAZA SÁNCHEZ, como herederos de la señora MATILDE SÁNCHEZ VDA DE DAZA, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por la demandante BLANCA IMELDA HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 

SEGUNDO: ABSOLVER al demandado LUIS ENRIQUE CARO de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por la demandante BLANCA IMELDA HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 

TERCERO: CONDENAR a las demandadas CLARA INÉS DAZA y MARÍA TERESA DAZA a pagar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a su entera satisfacción los aportes al sistema de seguridad social en pensión a favor de la demandante BLANCA IMELDA HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ a prorrata por el tiempo trabajado a su servicio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 

CUARTO: CONDENAR en costas a las demandadas CLARA INÉS DAZA Y MARÍA TERESA DAZA. Oportunamente tásense. 

(Lo resaltado es del texto original)

Para tomar tal determinación, el a quo luego de analizar los diferentes medios de convicción allegados a los dos procesos que fueron acumulados, especialmente el interrogatorio de parte rendido por la propia demandante, concluyó que la señora Matilde Sánchez viuda de Daza, nunca tuvo la calidad de empleadora de la demandante, quienes sí ostentaron tal calidad fueron las señoras María Teresa y Clara Inés Daza; con la primera desde el mes de abril de 1983 hasta diciembre de 1985, tiempo durante el cual laboró tres días a la semana; y desde el 2 de enero de 1987 hasta el 30 de septiembre de 2002, lapso durante el cual y hasta el 31 de diciembre de 2001 trabajó tres días semanales y de ahí en adelante hasta el 30 de septiembre de 2002 laboró cinco días a la semana; con la segunda, esto es, con Clara Inés Daza, estuvo vinculada «desde 1990 hasta julio de 2001», laborando dos días a la semana.

Precisado lo anterior, descartó la procedencia de la pensión sanción reclamada por la actora, de una parte, porque en el proceso no se había demostrado el hecho del despido, y de otra porque sumados los días laborados con cada una de ellas, no alcanzaba los años necesarios para poder acceder a la prestación por ella reclamada. Más adelante concluyó:

Sin embargo, se condenará a las demandadas CLARA INÉS DAZA y MARÍA TERESA DAZA a pagar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a su entera satisfacción los aportes al sistema de seguridad social en pensión por el tiempo trabajado a su servicio, siendo claro que al haberse establecido que se trata de una coexistencia de contratos las demandadas deberán pagar a prorrata el aporte pensional que se ordena. 

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de la parte demandante, conoció la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, quien mediante la sentencia dictada el 30 de abril de 2013, confirmó el fallo de primer grado. Se abstuvo de imponer costas en la alzada.

En sustento de su decisión, el tribunal comenzó por abordar el tema referido a la forma como el fallador de primer grado contabilizó el tiempo laborado por la demandante, que a su vez sirve de base para condenar a las demandadas a efectuar los aportes a la seguridad social, pues según lo plantea el apelante y contrario a la sostenido por el a quo, tal periodo debió realizarse sobre la totalidad del tiempo que duró la relación laboral y no sólo por los días efectivamente laborados con cada una de las empleadoras.

Precisado lo anterior, el tribunal recordó que no era materia de discusión que en el proceso estaba demostrada una coexistencia de contratos de trabajo de la actora con las señoras María Teresa Daza y Clara Inés Daza, durante los extremos laborales fijados por el fallador de primer grado, recordando que con la primera laboró durante tres días a la semana y con la segunda por dos días también semanales.

Teniendo en cuenta ello, consideró que no era viable aceptar la tesis planteada por la parte apelante, pues lo cierto es que la actora en su calidad de empleada del servicio doméstico no prestó sus servicios a las demandadas durante el periodo corrido, pues con una trabajó tres días semanales, al paso que con la otra dos, y fue sobre este tiempo que cada una de ellas le remuneraba sus servicios, por tanto, la obligación de hacer los aportes a la seguridad social corresponde al tiempo efectivamente laborado con éstas de manera individual, «entender esto de una manera diferente sería imponer una carga desproporcionada al empleador pues como ya se manifestó, estarían realizando cotizaciones sobre periodos no contratados ni laborados».

Aclarado lo anterior, abordó el segundo punto de inconformidad planteado por la parte demandante, referido a si el fallador de primer grado se había equivocado al dejar por fuera el tiempo comprendido entre el mes de septiembre de 1979 y marzo de 1983, que según lo sostiene la actora en el mismo laboró para la señora Matilde Sánchez Vda. de Daza.

Para dilucidar lo precedente, abordó el estudio del interrogatorio de parte rendido por la señora Blanca Imelda Hernández, para con ello concluir que no se equivocó el a quo, en su decisión, en razón a que es la propia demandante quien confiesa que durante el periodo comprendido entre el mes de septiembre de 1979 hasta marzo de 1983, no le prestó sus servicios a la señora Matilde Sánchez Vda. de Daza, pues es clara en precisar que durante ese periodo no trabajó para la señora madre de las señoras María Teresa Daza y Clara Inés Daza, por tanto mal podía declarar una relación contractual laboral que la misma demandante desconoce.

Finalmente sostuvo que se equivocó el fallador de primer grado al considerar que no se había demostrado en el proceso, el vínculo laboral habido entre la actora y Clara Inés Daza Sánchez, pues lo cierto es que dicho nexo sí terminó sin justa causa, tal como se desprende de la testimonial rendida por esta última. Con todo, tal determinación, en lo absoluto incide en la reclamación pensional solicitada por la actora, pues el tiempo por ella servido a la citada Daza Sánchez es insuficiente para condenarla a pagar la pensión sanción.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Se formula de la siguiente manera:

La impugnación que mediante esta demanda se presenta, tiene como finalidad que la Honorable Corte Suprema de Justicia CASE TOTALMENTE la sentencia impugnada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Laboral de Descongestión, proferida el 30 de abril de 2013, mediante la cual se absolvió a los demandados solidarios en su calidad de herederos y empleadores directos, del reconocimiento a favor de la trabajadora de la pensión sanción y en su lugar condenó exclusivamente al pago de aportes al sistema de pensiones por los días laborados, lo cual va en contravía del derecho sustantivo laboral. 

Una vez casada la sentencia, solicito al alto tribunal que, actuando en sede de instancia, REVOQUE en su totalidad la sentencia del Juzgado Octavo (8) Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá, proferida el 31 de agosto de 2010, y en su lugar acceda a las pretensiones principales o subsidiarias de las demandas acumuladas 257/2008 y 739/2008 en los siguientes términos: 

Declarar la coexistencia de un contrato laboral entre la demandante Blanca Imelda con la señora MARÍA TERESA DAZA y su esposo Luis Enrique Caro. En dos periodos desde abril 1º de 1983 hasta diciembre 31 de 1985 y posteriormente entre el 2 de enero de 1987 hasta septiembre 30 de 2002, para un total de 18 años y 6 meses. 

Declarar la coexistencia de un contrato laboral entre la demandante Blanca Imelda con la señora CLARA INÉS DAZA, desde enero 1 de 1990 hasta julio 13 de 2001, para un total de 11 años. 6 meses y 13 días. 

Declarar la coexistencia de un contrato laboral entre la demandante Blanca Imelda con la señora MATILDESÁNCHEZ(q.e.p.d.), desde septiembre 15 de 1979 hasta marzo 14 de 1997, para un total de 22 años y 6 meses. Periodo del cual son responsables los demandados en calidad de herederos.

Declare que las demandadas no afiliaron a la trabajadora al sistema de seguridad social en pensiones, y que la relación laboral terminó sin justa causa. 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones condene a los demandados en forma solidaria, tanto por su condición como empleadores directos así como herederos de la causante Matilde Sánchez, al reconocimiento y pago de la PENSIÓN SANCIÓN, por cumplir más de 10 años de servicio con la misma empleadora y alcanzar 55 años de edad desde el 18 de julio de 2000. 

Ordenar que se haga efectivo el pago de la pensión sanción a razón de un salario mínimo legal mensual vigente, desde octubre primero de 2002, cuando se terminó la relación laboral sin justa causa. 

En subsidio de lo anterior, se condene a las demandadas a reconocer y pagar al seguro social, hoy Colpensiones, el valor del cálculo actuarial correspondiente a los periodos durante los cuales estuvo vigente la relación laboral y no solo respecto de los días efectivamente laborados, conforme las fechas señaladas en la parte declarativa. 

Con tal propósito formula dos cargos, oportunamente replicados, de los cuales y por cuestión de método, la Sala comenzará estudiando inicialmente el segundo dirigido por la vía de los hechos, para finalizar con el primero encaminado por la senda del puro derecho.

VI. CARGO SEGUNDO

Alega que la sentencia recurrida es violatoria por la vía indirecta, bajo la modalidad de aplicación indebida, del siguiente elenco normativo:

Del Código Sustantivo Laboral artículo 47 (D. 2351/65, art. 5º) contrato a término indefinido, de los decretos 2663 y 37 43 de 1950 los artículos 158, 162 sobre jornada ordinaria y excepciones a su límite, artículos 193, 196 y 197 sobre la coexistencia de prestaciones comunes aún en trabajadores de jornada incompleta. Sobre la pensión sanción, la Ley 71 de 1961 artículo 8º, modificada por la Ley 50 de 1990 artículo 37 y modificada por la Ley 100 de 1993 artículo 133. Sobre la afiliación al sistema de seguridad social, el Decreto 1824 de 1965, el Decreto 3041 de 1966 y el artículos 6º y 7º del Decreto 1650 de 1977, Ley 11 de 1988, Decreto 824 de 1988, el Decreto 326 de 1996 artículos 5º y 23 y Ley 100 de 1993. 

Dice que tal violación se dio a causa de «[...] no dar por probado estándolo, que la señora Blanca Imelda Hernández prestó sus servicios como empleada doméstica a favor de la señora MATILDE SÁNCHEZ viuda de DAZA».

Yerro fáctico que, según su decir, fue cometido por no haber valorado las confesiones de las demandadas María Teresa Daza (fls. 77 y 78 del, cdno. 1 y 49 a 52, cdno. 2) y Clara Inés Daza Sánchez (fls. 79, cdno. 1 y 52 a 54, cdno. 2) contenidas en los interrogatorios de parte absueltos por las partes.

En la demostración del cargo, asevera que no comparte la decisión del Tribunal referida a que en el proceso no existe plena prueba que permita concluir que entre la actora y la señora Matilde Sánchez Vda. de Daza, se hubiese ejecutado un contrato de trabajo que se desarrolló del mes de septiembre de 1979 al mes de marzo de 1983, pues de haberse valorado las confesiones de las demandadas, hubiere concluido con facilidad que entre la madre de ellas y la aquí demandante sí se ejecutó un verdadero contrato de trabajo.

Más adelante concluye:

Las demandadas María Teresa y Clara Inés Daza Sánchez, en las presentes declaraciones están confesando hechos relevantes para el destino del presente juicio y que realmente les afecta, pues ellas fueron demandadas solidariamente y en el proceso acumulado fueron vinculadas en calidad de HEREDERAS DE LA CAUSANTE MATILDE SÁNCHEZ, de suerte que al admitir que la demandante prestó los servicios para su señora madre, se hacen responsables de las obligaciones laborales pendientes de su señora madre, en la medida que al no existir un trámite de sucesión donde hubiesen aceptado la herencia con beneficio de inventario las declarantes aceptan las obligaciones de la causante a título universal y en consecuencia sus confesiones sobre la existencia de la relación laboral entre septiembre de 1979 y diciembre de 1989 con la señora Blanca Imelda Hernández, les hace merecedoras de soportar las cargas laborales pendientes de tal vínculo contractual, lo que implica sumar dicho tiempo de servicio para efectos de la pensión sanción. 

VII. LA RÉPLICA

La parte demandada aduce que el cargo no puede prosperar, en tanto fue la propia demandante, quien confesó que «nunca tuvo una relación laboral» con la señora Matilde Sánchez viuda de Daza, máxime que nada dice sobre esta probanza, soporte esencial de la sentencia recurrida.

VIII. CONSIDERACIONES

Comienza la Sala por recordar que la demanda de casación, a efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, debe satisfacer una serie de requisitos de técnica que estipulan las normas procesales, tanto en su planteamiento como en la demostración, reglas adjetivas que de no cumplirse pueden llevar a que el recurso extraordinario resulte infructuoso.

Además de ello, como insistentemente lo ha expresado esta Corporación, el recurso extraordinario no le confiere competencia para juzgar el pleito, esto es, establecer a cuál de las partes en contienda le asiste la razón, puesto que la labor de la Corte se circunscribe a enjuiciar la sentencia y determinar si el tribunal, al resolver la segunda instancia, dirimió rectamente el conflicto a la luz de las normas jurídicas que debía emplear.

Realizadas las anteriores precisiones, encuentra la Corte que el escrito con el cual se pretende sustentar la acusación adolece de deficiencias de orden técnico que comprometen la prosperidad del cargo, tal como en seguida procede a detallarse:

1. El numeral 4º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que la demanda debe contener «la declaración del alcance de la impugnación», que como lo ha reiterado la Sala consiste en la indicación de lo que «[...] se debe casar, es decir, la parte de la sentencia acusada que debe quebrase, o la totalidad de la misma, conforme a las circunstancias del caso; la actividad de la Corte en sede de instancia, o sea señalar si el fallo de primera instancia debe confirmarse, revocarse o modificarse; y en estos dos últimos casos, qué debe disponerse como reemplazo» (CSJ SL, 20 oct. 2005, Rad. 24440, reiterada, entre otras, en sentencia SL675-2018).

En ese contexto, es evidente que el alcance de la impugnación en el sub examine, se encuentra mal formulado, pues si la Sala accediera a «CASAR TOTALMENTE» la sentencia recurrida, como lo solicita la censura, dejaría de tener efectos no sólo la declaratoria del contrato de trabajo de la demandante con la señora María Teresa Daza, por tres días a la semana, durante los periodos que van del mes de abril de 1983 hasta diciembre de 1985 y desde el 2 de enero de 1987 al 30 de septiembre de 2002; sino también la declaratoria del contrato de trabajo entre la accionante y Clara Inés Daza, el cual se ejecutó por dos días a la semana, «desde 1990 hasta julio de 2001», declaratorias estas que a su vez generan el pago de los aportes a la seguridad social, como lo decidió el fallador de primer grado y lo confirmó el tribunal.

En este orden de ideas, si la parte recurrente quería tener consistencia en el ataque, con absoluta claridad debía solicitarle a la Corte la casación parcial de la sentencia materia del recurso, precisándole qué puntos debían ser quebrantados por esta Corporación a través del recurso extraordinario; hecho ello, tenía la carga de solicitarle a la Corte, en sede instancia, también con precisión, qué ítems del fallo de primer grado debían revocarse, que desde luego no son todos, pues como se dejó visto, es el propio recurrente quien está conforme con las declaratorias de los contratos de trabajo de la actora para con las señoras María Teresa y Clara Inés Daza.

2. De otra parte, este cargo dirigido por la vía indirecta, deja libre de ataque el soporte esencial que tuvo el fallador de segundo grado para descartar la existencia de una relación laboral entre Blanca Imelda Hernández de Hernández y la madre de las aquí demandadas, señora Matilde Sánchez viuda de Daza, durante el periodo comprendido entre el mes de septiembre de 1979 a marzo de 1983, que corresponde a la confesión contenida en el interrogatorio de parte rendido por la demandante Hernández de Hernández, quien fue clara y concluyente en manifestar que entre ella y la señora Sánchez viuda de Daza, nunca hubo un contrato de trabajo (fls. 81 a 83).

Entonces, como la causa eficiente para el tribunal abstenerse de declarar la existencia de la presunta relación laboral existente entre Blanca Imelda Hernández de Hernández y la Matilde Sánchez viuda de Daza, fue la confesión de la primera, esto es, las promotoras del proceso, en punto a que tal vínculo jamás existió, resultaba imperioso su ataque y derribamiento, más como ello no sucede, la inferencia que el tribunal dedujo de tal medio de convicción, se mantiene inmodificable, precisamente por estar amparada la decisión impugnada de la doble presunción de acierto y legalidad de que llegan investidas las sentencias recurridas en casación.

Lo dicho en precedencia es suficiente para desestimar el cargo.

IX. CARGO PRIMERO

Expresa que la sentencia recurrida es violatoria por la vía directa, bajo la modalidad de «aplicación indebida» del:

[...] Del Código Sustantivo Laboral artículo 47 (D. 2351/65, art. 5º) contrato a término indefinido, de los decretos 2663 y 3743 de 1950 los artículos 158, 162 sobre jornada ordinaria y excepciones a su límite, artículos 193, 196 y 197 sobre la coexistencia de prestaciones comunes aún en trabajadores de jornada incompleta. Sobre la pensión sanción, la Ley 71 de 1961 artículo 8º, modificada por la Ley 50 de 1990 artículo 37 y modificada por la Ley 100 de 1993 artículo 133. Sobre la afiliación al sistema de seguridad social, el Decreto 1824 de 1965, el Decreto 3041 de 1966 y el artículo 6º y 7º del Decreto 1650 de 1977, Ley 11 de 1988, Decreto 824 de 1988, el Decreto 326 de 1996 artículos 5º y 23 y Ley 100 de 1993.

En la demostración del cargo, comienza por precisar que no son materia de controversia los siguientes hechos:

[...] A) que la trabajadora Blanca Imelda efectivamente prestó sus servicios como empleada doméstica a favor de las demandadas MARÍA TERESA DAZA por tres días a la semana y para CLARA INÉS DAZA durante dos días a la semana. B) que los periodos en los cuales trabajó la demandante fueron para Clara Inés Daza entre el primero de enero de 1990 y el 13 de julio de 2001 y para María Teresa Daza en dos periodos entre abril 1 de 1983 hasta diciembre 31 de 1985 y posteriormente desde el 2 de enero de 1987 hasta septiembre 30 de 2002.

A renglón seguido dice que:

La vulneración del derecho sustantivo por parte del tribunal de instancia, radica en la falta de aplicación del artículo 47 del Código Sustantivo Laboral (D. 2351/65, art. 5º) sobre el contrato a término indefinido, en concordancia con los decretos 2663 y 3743 de 1950 los artículos 158, 162 sobre jornada ordinaria y excepciones a su límite. 

Luego manifiesta que si bien es cierto la demandante laboró en las fechas señaladas para cada empleadora y que lo hizo en jornadas de dos o tres días a la semana, también es verdad que al tenor de la normatividad dejada de aplicar, se desprende sin lugar a dudas, que el contrato verbal que no haya sido pactado a un plazo o condición determinada se entiende a término indefinido y rige mientras subsistan las causa que le dieron origen, de manera que el hecho que la demandante haya laborado por días, no quiere decir que el contrato laboral tuviese vigencia única y exclusivamente durante los días de prestación real del servicio, para lo cual transcribe en su apoyo el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo.

Más adelante expone que la jornada laboral no modifica la naturaleza del contrato de trabajo, para con ello sostener que se equivoca el tribunal al concluir que «la trabajadora del servicio doméstico por días no tiene derecho a las prestaciones sociales completas, por no laborar durante todos los días de la vigencia de la relación laboral», pues el tribunal confunde la jornada de trabajo acordada por las partes con un «contrato intermitente inexistente en nuestra legislación laboral».

Finalmente, luego de un confuso discurso, concluye lo siguiente:

El Tribunal Superior en su Sala de Descongestión, en la providencia atacada, no dio aplicación a este marco normativo y parece que simplemente acude a criterios subjetivos para señalar que en su sentir se trata de una carga excesiva el imponer a las demandadas el cotizar al sistema de pensiones por el servicio doméstico contratado por días. Pues como vemos la legislación laboral señala todo lo contrario, es decir, en primera instancia la obligación directa del empleador de reconocer una pensión de jubilación a los trabajadores que en forma continua o discontinua le prestaran sus servicios por espacio de 20 años; sin embargo al establecerse el seguro de invalidez, vejez y muerte administrado por el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, se trasladó dicha responsabilidad a la entidad oficial, previa afiliación y cotización por parte de los empleadores e incluso efectuando las reservas de capital necesarias de aquellos períodos durante los cuales no hubiesen sido afiliados. Que tal obligación de afiliación y cotización, surge por el solo hecho de estar presente un contrato de trabajo y no se distingue la naturaleza del mismo, ni su plazo y menos sobre la jornada laboral para excluirlo de tal derecho prestacional. Pero no obstante lo anterior, al tratarse de trabajadores de servicio doméstico que devengaran menos del salario mínimo, se quería una regulación especial y por ello viene la Ley 11/88 la cual crea unrégimende excepción, es decir, se confirma que la regla general es la obligación de afiliar y cotizar por el tiempo de vigencia de la relación laboral y sobre el salario mínimo, pues la excepción está en cotizar sobre una base inferior, esto es, sobre el 50% del smlmv, sin que nada se dijese sobre la posibilidad de cotizar sobre los días efectivamente laborados y menos aún estimar que durante los días de no prestación del servicio se entendería que no existe la relación laboral, por el contrario reitera el Decreto 824/88 que en el caso de los trabajadores por días, también se está frente a un patrono con obligación de afiliarlo a la seguridad social; y en caso de no hacerlo, se configuró la pensión sanción como penalización para aquél empleador que no afilió al empleado al sistema y adicionalmente lo despide sin justa causa después de haber laborado por espacio de 10 y 15 años de servicio, pues la legislación ofreció las facilidades al patrón, de afiliar incluso a los trabajadores domésticos por días, a través de las denominadas entidades agrupadoras, donde varios empleadores de un mismo trabajador podían acudir para efectuar su cotización proporcional y allí si construir de forma solidaria la pensión del trabajador doméstico respecto de los cuales subsiste la obligación de cotizar en forma permanente mientras subsista la relación laboral. (Resaltas y subrayas son del texto original)

X. LA RÉPLICA

La parte demandada aseguró que la razón por la cual el tribunal dejó de aplicar la «Ley 71 de 1961» y las demás normas sobre seguridad social enlistadas en la proposición jurídica, obedece al hecho de que las mismas no son las llamadas a desatar el caso bajo estudio, ello en razón a que en el proceso está plenamente demostrado que la actora trabajó con la señora Clara Inés Daza, por los periodos dados por demostrados por el tribunal, esto es, dos días a la semana y con María Teresa Daza tres días, por tanto no tiene derecho a la pensión por ella solicitada, al no reunir el requisito del tiempo servido.

XI. CONSIDERACIONES

Como el cargo está dirigido por la vía directa, la censura no discute que la actora «prestó sus servicios como empleada doméstica a favor de las demandadas MARÍA TERESA DAZA por tres días a la semana y para CLARA INÉS DAZA durante dos días a la semana» y que «los periodos en los cuales trabajó la demandante fueron para Clara Inés Daza entre el primero de enero de 1990 y el 13 de julio de 2001 y para María Teresa Daza en dos periodos entre abril 1 de 1983 hasta diciembre 31 de 1985 y posteriormente desde el 2 de enero de 1987 hasta septiembre 30 de 2002».

Lo que no comparte la censura, es que el tribunal haya ordenado el pago de las cotizaciones «en proporción a los días que laboró la empleada en cada uno de los sitios de trabajo», cuando en verdad debió condenarlas a pagar las cotizaciones como si ella hubiese laborado de manera continua durante todos los periodos de las relaciones laborales que la unieron a la actora con cada una de las demandadas.

Para dilucidar lo anterior, pertinente es recordar que la razón que llevó al fallador de segundo grado a condenar a las demandadas a pagar los aportes en proporción a los días laborados con cada una de ellas, obedeció al hecho de que era una empleada del servicio doméstico por días; esto es, la actora no laboró para cada una de ellas durante todos los días de la semana por periodos completos, sino que lo hizo tres días con María Teresa Daza y dos días con Clara Inés Daza, por tanto, cada una de las empleadoras, debe efectuar las cotizaciones al sistema de seguridad social.

Conclusión que desde ya advierte la Corte, no luce equivocada, menos resulta violatoria del artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, como lo plantea la censura, en razón a que tal modalidad de cotización al sistema de seguridad social, para el caso de las empleadas del servicio doméstico que laboraran por días con diferentes empleadores, fue prevista por el artículo 3º de la Ley 11 de 1988, cuando al efecto señalaba que «Los trabajadores del servicio doméstico que laboren por días con distintos patronos, cotizarán por intermedio de todos ellos sobre el salario en dinero devengado con cada patrono, sin que los aportes que deben cancelarse con base en las distintas remuneraciones puedan ser inferiores a los previstos en el artículo 1o. de esta ley» (Se subraya).

Alternativa esta que en momento alguno perdió vigor con la expedición de la Ley 100 de 1993; todo lo contrario, su artículo 18 fue claro en señalar que los trabajadores que laboren con diferentes empleadores, que es el caso bajo análisis, efectuaran los aportes en proporción al tiempo y salario por ellos devengado, máxime que el inciso cuarto de tal disposición, dejó en vigor la Ley 11 de 1988. Opción esta que cobró mayor fortaleza con la expedición de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 2616 de 2013; por tanto, mal puede alegar la censura que a la luz del artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, cada una de las empleadoras de la actora, está obligada a pagar los aportes por periodos completos durante el tiempo en que se ejecutaron las relaciones laborales, esto es, sin tener en cuenta que hubiese laborado sólo dos días para una y tres para la otra.

Aquí, es importante recordar que los trabajadores del servicio doméstico que laboren por días con distintos empleadores, éstos, deben cotizar al sistema de seguridad social conforme a los días laborados con cada uno de ellos, sólo que ya no lo harán con fundamento en el salario en dinero pagado al trabajador(a) del servicio doméstico por cada uno de ellos, que en ningún caso podía ser inferior al 50% del smlmv, como lo decían los artículos 1º y 3º de la citada Ley 11 de 1988, sino que deberán ahora efectuar los aportes con base en el salario mínimo mensual legal vigente, desde luego en caso de percibir el trabajador un salario inferior al smlmv, así lo estableció claramente el artículo 5º de la Ley 797 de 2003, cuando al efecto señaló «En ningún caso el ingreso base de cotización podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente».

Corolario de lo anterior, la Sala concluye que no se equivocó el tribunal al considerar que por haber ostentado la demandante la calidad de trabajadora del servicio doméstico y haber laborado únicamente tres días a la semana con María Teresa Daza y dos días a la semana con Clara Inés Daza, tiene derecho a que cada una de ellas le efectúe las cotizaciones a la seguridad social teniendo en cuenta los días efectivamente laborados con cada una de ellas; sin que tales aportes puedan ser inferiores al salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad, que es como lo establece el artículo 5º de la Ley 797 de 2003, y lo ratificó la Corte Constitucional al declarar su exequibilidad mediante Sentencia CC C-967 de 2003

Lo dicho en precedencia, es suficiente para concluir que el tribunal no incurrió en los yerros jurídicos que le atribuye la censura, y por ende, el cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones setecientos cincuenta mil ($ 3.750.000) que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia realice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

XII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el 30 de abril de 2013, en los procesos ordinarios laborales, acumulados, seguidos por BLANCA IMELDA HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ contra MARÍA TERESA DAZA DE CARO, CLARA DAZA DE LARROTA, y solidariamente contra LUIS ENRIQUE CARO cónyuge de la primera; y contra MARÍA TERESA DAZA DE CARO; CLARA DAZA DE LARROTA y ALVARO DAZA SÁNCHEZ en calidad de herederos de MATILDE SÁNCHEZ VIUDA DE DAZA.

Costas como se dijo en la parte considerativa.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Martín Emilio Beltrán Quintero—Dolly Amparo Caguasango Villota—Ernesto Forero Vargas.