Sentencia SL24-2018/48812 de enero 24 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 48812

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Castillo Cadena

Acta 2

Bogotá, D.C., veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el Instituto de Seguros Sociales y concedido por el tribunal, fue admitido por la Corte. Pide la casación del pronunciamiento impugnado, para que, en sede de instancia, “confirme íntegramente el fallo del juzgado”.

Con fundamento en la causal primera de casación, formula cuatro cargos que tuvieron réplica, y que por razón de metodología se estudiaran conjuntamente.

V. Cargo primero

Acusa la sentencia recurrida por ser violatoria de la ley sustancial por vía directa en la modalidad de aplicación indebida de los “artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, VIOLACIÓN DE MEDIO que condujo a la APLICACIÓN INDEBIDA de los artículos 2º y 4º del Acuerdo 48 de 1989, aprobado mediante el Decreto 2610 del mismo año, 12, 20, 21 y 22 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado a través del Decreto 758 del mismo año, y todo el Acuerdo 14 de 1993”.

VI. Cargo segundo

Ataca la decisión acusada por violar directamente, por aplicación indebida, “de los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 2º y 4º del Acuerdo 48 de 1989, aprobado mediante el Decreto 2610 del mismo año, 12, 20, 21 y 22 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado a través del Decreto 758 del mismo año, y todo el Acuerdo 14 de 1993”.

VII. Cargo tercero

Controvierte el fallo porque violó directamente, por interpretación errónea, “los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, lo cual condujo a la APLICACIÓN INDEBIDA de los artículos 2º y 4º del Acuerdo 48 de 1989, aprobado mediante el Decreto 2610 del mismo año, 12, 20, 21 y 22 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado a través del Decreto 758 del mismo año, y todo el Acuerdo 14 de 1993”.

VIII. Cargo cuarto

Acusa la providencia por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de “los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, VIOLACIÓN DE MEDIO que condujo a la APLICACIÓN INDEBIDA de los artículos 2º y 4º del Acuerdo 48 de 1989, aprobado mediante el Decreto 2610 del mismo año, 12, 20, 21 y 22 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado a través del Decreto 758 del mismo año, y todo el Acuerdo 14 de 1993”.

IX. Demostración de los ataques

Los argumentos expuestos en los diferentes cargos son rigurosamente iguales, y siendo ello así, resulta inane transcribirlos en cada uno de los ataques, por lo que la sala destaca los siguientes, se itera, comunes a los mismos.

Como primera medida el recurrente advierte que “en aras de la discusión partamos de la base, como lo hizo el tribunal, de que el seguro social liquidó incorrectamente la pensión de vejez del actor. Lo que es inaceptable desde el punto de vista jurídico es que éste le reclame al ISS dicha situación más de tres años después de haberse reiniciado el término de prescripción”.

Asevera que como está por fuera de todo debate que el demandante presentó un derecho de petición ante el seguro social el 5 de julio de 2005, “interrumpiendo el término de prescripción en ese momento, que, de acuerdo con el tribunal, situación que, repetimos, no discutimos, dicho término se reinició el 5 de agosto de 2005, que después se radicaron otros derechos de petición (en el 2005, en el 2006, etc.), y que la demanda se radicó el 16 de octubre de 2008, es indiscutible, situación estrictamente jurídica, que el presunto derecho al reajuste pensional prescribió”.

Enseguida enfatiza que “prescribió porque de acuerdo con los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el término prescriptivo sólo puede interrumpirse una vez, independientemente de si, como en este caso, se radican múltiples reclamaciones escritas. Así lo ha entendido la propia Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, a través de la sentencia del 8 de febrero de 1973, cuando expresó respecto de la interpretación del artículo 151 del hoy denominado como Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.

Por último, aduce que “por analogía jurisprudencial, en aras de garantizar el derecho constitucional fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, por existir las mismas razones de hecho y de derecho, este caso debe resolverse con base en la tesis que acogió la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 15 de julio de 2003 a través de la sentencia con el número de radicación 19.557, ratificada, entre otras, el 7 de julio de 2005, radicación 25.344 y el 26 de julio de 2007, radicación 28.968.

X. Réplica

Acota, en esencia, que “la censura no muestra una prueba específica que acredite que el promedio hallado en el fallo de instancia no parte de lo cotizado por el demandado y menos que su quantum es inferior, notoriamente el discurso es netamente jurídico y no fáctico y no hay referencia a un medio de convicción específico que avale tal conclusión”.

XI. Consideraciones

Entiende la Corte que la disconformidad del instituto recurrente con el acto jurisdiccional controvertido estriba, en estrictez, en que la acción tendiente a la reliquidación del IBL, está afectada por el fenómeno de la prescripción.

Pues bien, debe recordarse que la Corte que en Sentencia CSJ S.L. 8544-2016, del 15 de jun. 2016, rad. 45050, consideró que así como no prescribe el derecho a la pensión, tampoco el de la reclamación del ingreso base de liquidación y de la reliquidación por inclusión o exclusión de los factores salariales de dicha base, es decir, que cambió su línea de pensamiento.

La corporación explicó:

(…) la seguridad social y los derechos subjetivos fundamentales que de ella emanan, habilita a sus titulares a requerir en cualquier momento a las entidades obligadas a su satisfacción, a fin de que liquiden correctamente y reajusten las prestaciones a las cifras reales, de modo que cumplan los objetivos que legal y constitucionalmente deben tener en un Estado social de derecho.

Aunque podría sostenerse que al prescribir los derechos crediticios que emanan de las relaciones de trabajo, estos desaparecen del mundo jurídico y, por ello, no pueden ser tenidos en cuenta para otros efectos legales, incluidos los pensionales; tal tesis presenta el serio inconveniente de no distinguir y ofrecer un tratamiento particular a dos cuestiones que son bien diferentes: (i) el salario como retribución directa del servicio en el marco de una relación de trabajo, y (ii) el salario como elemento o factor establecido por la ley para la liquidación de las pensiones.

[…].

(1º) La jurisprudencia de la Corte, desde hace muchos años, ha asegurado que la pensión genera un arquetípico estado jurídico en las personas: el de jubilado o pensionado, que da derecho a percibir de por vida, una suma mensual de dinero. En esa línea, no puede ser objeto de prescripción, dado que este fenómeno afecta los derechos, más no los estados jurídicos de los sujetos. Al respecto, en sentencia CSJ S.L., 9 feb. 1996, rad. 8188, se expresó (…).

(2º) El estado jurídico de pensionado o jubilado implica el derecho a percibir mensualmente una renta, producto del ahorro forzoso, del trabajo realizado en vida o de cuando se tenía plena capacidad para laborar. De ahí, el carácter vitalicio del derecho, inextinguible por prescripción, y la connotación de tracto sucesivo de las prestaciones autónomas que de él emanan; todo lo cual significa que, si bien es imprescriptible el derecho a la pensión o, si se quiere, el estado de pensionado, sí son esencialmente prescriptibles sus manifestaciones patrimoniales, representadas en las mesadas pensionales o en las diferencias exigibles.

[…].

3º) La postura jurisprudencial que hoy nuevamente se retoma tiene la bondad de superar una situación de desigualdad procesal en el tratamiento que la jurisdicción ordinaria laboral y la contenciosa administrativa le venía ofreciendo a las personas que solicitaban la revisión de sus pensiones por defectos o incorrecciones en su liquidación.

En efecto, mientras que una persona puede solicitar ante la jurisdicción contenciosa administrativa la revisión en cualquier tiempo de los actos administrativos “que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas” (lit. c), num. 1º del art. 164 del CPACA), como las pensionales, en la jurisdicción laboral, para que su petición de reajuste pensional por inclusión de factores salariales prospere, tiene que presentar su demanda con arreglo a las reglas generales de prescripción. De manera que, una vez transcurrido el término trienal, va a obtener una respuesta diferente dependiendo de la jurisdicción en que presente su demanda, no obstante que en el fondo se encuentra un mismo problema: el derecho o no al reajuste de una pensión cuantificada incorrectamente por omisión de factores salariales.

Con lo anterior no se quiere significar que no puedan presentarse diferencias en los criterios de ambas jurisdicciones, pues, en virtud de la autonomía e independencia que la Constitución les otorga a los jueces en la interpretación de la ley, pueden darse y de hecho se presentan disparidades de pensamientos jurídicos, que son válidas. Lo que se quiere decir es que la tesis que se adopta, producto de una interpretación conforme con el postulado de la irrenunciabilidad, imprescriptibilidad, indisponibilidad e indivisibilidad del derecho subjetivo a la pensión y del estado jurídico que genera, tiene unas consecuencias o corolarios positivos de cara a la idea del derecho de que las decisiones de los distintos órganos judiciales sean armónicas.

4º) Por último, debe subrayarse que la postura de la Sala, antes que atentar contra el principio de la seguridad jurídica, termina afianzándolo, puesto que las condiciones de seguridad y certeza en el derecho existen cuando las normas jurídicas se interpretan y aplican correctamente, en aras de que sean consistentes con las demás disposiciones e instituciones y compatibles con los valores del ordenamiento jurídico en general.

Así las cosas, como el debate del asunto bajo escrutinio radicó en que el Instituto de Seguros Sociales no tuvo en cuenta el real ingreso base de liquidación (IBL) por desconocer el verdadero ingreso base de cotización (IBC) las razones expuestas son totalmente pertinentes para dar respuesta a los cargos. Ahora bien, en cuanto que se puede presentar más de una reclamación administrativa, dado que la prestación es de tracto sucesivo, se puede acudir a lo dispuesto en la Sentencia CSJ S.L., 8 nov. 2011, rad. 49519. Por todo lo anterior no salen victoriosos los ataques.

Las costas en el recurso extraordinario correrán a cargo del recurrente por cuanto hubo réplica, en ellas se fijará la suma de $ 7.500.000 como agencias en derecho, que el juez de primera instancia tendrá en cuenta al hacer la liquidación de las mismas, según lo dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 28 de mayo de 2010, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral que promovió Daniel Armando Moreno Grob en contra del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

Costas como se indicó.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».