Sentencia SL2405-2015/47046 de febrero 18 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 47046

Acta 4

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D. C., dieciocho de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones

Ningún error de hecho se advierte en la conclusión probatoria del tribunal según la cual la misiva dirigida al Gerente de la empresa es manifestación del deseo de la actora de renunciar, “de dejar de trabajar, es decir de retirarse, es decir de renunciar” y, de allí, desprender la inexistencia del despido para declarar no procedente el derecho a la indemnización convencional que se pretende.

Lo anterior se hace más evidente si se recuerda el texto de la carta:

Doctor Becerra, con suma tristeza y nostalgia, me veo en la difícil circunstancia de comunicarle a usted que he reunido los requisitos consagrados en la Cláusula 34 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, a la cual me acojo en su totalidad a partir del 27 de diciembre de 2001.

Por todo lo anterior doctor Becerra solicito sea acogida positivamente mi manifestación.

Ningún desatino puede imputársele al ad quem y menos en calidad de ostensible como lo enfatiza el recurrente si el tribunal concluye de su literalidad la renuncia a su vinculación con la demandada.

Nada hace suponer la continuación de la relación laboral por lo que el superior no le hace decir al texto de la carta lo que no expresa; única forma de la que puede derivarse el error manifiesto de hecho; aparte de que sus valoraciones son perfectamente admisibles dentro del régimen de libertad probatoria que el artículo 61 del Código de Procedimiento laboral asigna a los jueces.

Y si se requiriera una mayor claridad, en la intencionalidad de renuncia que advierte el superior, de la misiva aludida aparece que la demandante recibe la bonificación por retiro de la cláusula 38 de la convención colectiva de trabajo por la suma de $ 15.167.750,00, valoración probatoria del ad quem no controvertida, por supuesto incompatible con la indemnización causada, según las voces de la demanda, por despido sin justa causa.

De otra parte, tampoco aparece error al no concluir del documento de liquidación final que el motivo de terminación de la relación laboral lo fue el cierre de la empresa, solo “porque en ella no se manifiesta una causal legal para la liquidación final del contrato de trabajo; (…)”.

Lo anterior no alcanza a representar siquiera un débil indicio, en el supuesto que esta prueba fuera calificada en casación, pues de la ausencia de este señalamiento no puede derivarse, en el razonamiento lógico formal, el despido alegado, menos aún cuando de los propios documentos que hacen parte de la liquidación final y que fueron relacionados por el recurrente aparece con claridad a folio 9 bajo el título MOV.- PRESUPUESTAL – DISPONIBILIDAD:

“Ingresa a la empresa el 1 de octubre de 1974 y se le acepta el retiro y reconoce jubilación convencional”.

Otro tanto debe decirse del razonamiento en atención al cual debió el juez de la segunda instancia “declarar que la terminación del contrato de trabajo fue sin justa causa y ordenar el reconocimiento y pago de la indemnización por retiro en los términos de la Convención Colectiva de Trabajo” después de establecer que la decisión de renunciar no se presentó: “(…) de forma expresa (…)”.

Sin embargo el tribunal, que simplemente se refiere con la expresión reseñada a la literalidad de la carta donde no aparece la palabra renuncia, arriba a la conclusión reprochada de la integralidad del texto del que infiere que “al solicitar la pensión de jubilación, lo único que se manifiesta es su deseo de dejar de trabajar, es decir de retirarse, es decir de renunciar”.

La nitidez con que percibe el colegiado el deseo de renunciar no la perturba ninguno de los demás argumentos presentados por el recurrente en especial el que se esfuerza, sin éxito, por explicar los agradecimientos de la suscriptora: “son porque la Industria Licorera…entró en proceso de liquidación el 30 de noviembre de 2000 cuando el Gobernador del Departamento…promulgó el decreto…1688 del 30 de noviembre del 2000 por medio del cual se suprime la Industria Licorera de Boyacá y se ordena su liquidación (…) dado que ya no tenía posibilidad de seguir laborando para recibir salario en lugar de pensión”; razonablemente comprendidos para el tribunal en el marco de la renuncia.

Y, finalmente, de manera independiente a las reflexiones de estricto derecho según las cuales sea la desvinculación del trabajador supuesto necesario o no para el reconocimiento de la pensión de jubilación, recuérdese que el tribunal concluye, también, en la renuncia del cargo de la respuesta que la demandada diera a la actora en relación con la solicitud de pensión que efectuara (f. 17) y de haber recibido esta la mencionada bonificación por retiro como se lo anunciara la Coordinación del Área de Personal de la empresa en aquella comunicación del 20 de diciembre de 2001 y a la que hace referencia el recurrente:

Apreciada Señora Lilia:

Comunico a usted que mediante Resolución 546 del 19 de diciembre de 2001, la gerencia de la Industria Licorera de Boyacá acepta el retiro al cargo de trabajador oficial escala 1, a partir del 27 de diciembre y le reconoce pensión de jubilación convencional, en concordancia con la cláusula 34 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente a partir del 27 de diciembre de 2001.

Por las oficinas de Personal y Tesorería se le liquidará y cancelará las prestaciones a que tiene derecho. De igual manera, por la oficina de Bienestar Social y dentro de los cinco días siguientes a la notificación tramitará lo pertinente a dicha dependencia.

En nombre de la empresa y el mío propio, manifiesto mis agradecimientos por los servicios prestados y le auguro éxitos en sus labores futuras.

Nada expresa el impugnante en cuanto al significativo hecho de la bonificación por retiro que recibe la demandante como consecuencia de la solicitud de pensión, anunciada en la carta de respuesta y que ninguna duda deja de que su intención fue siempre la de renunciar como aparece de manera clara para el ad quem.

En conclusión lo que sí emerge de todo el análisis realizado es la inexplicable e inquietante conducta de la parte demandante que, aparte de recibir la bonificación por retiro y contra toda evidencia sin que se demuestre la subsiguiente inconformidad de la actora (manifestada dos años y siete meses después (f.2)) con el entendimiento que la empleadora desprende de su carta de solicitud de pensión, formule una demanda pretendiendo obtener un derecho convencional indemnizatorio consagrado para quien fuera despedido sin justa causa.

No prosperan los cargos.

VIII. Cargo primero

Atribuye a la sentencia la violación de manera directa y en la modalidad de infracción directa del artículo 466 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 en relación con las cláusulas 34 y 39 de la Convención Colectiva de Trabajo, artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo; “en cuanto a que el derecho a la indemnización por despido sin justa causa, como derecho cierto e indiscutible del trabajador, se adquiere cuando el empleador decide cerrar la empresa”.

Para empezar el recurrente señala que el tribunal, no aplicó el artículo 466 del Código Sustantivo del Trabajo que ha transcrito previamente, al no tener en cuenta que la Asamblea Departamental emitió la Ordenanza 18 del 2 de agosto de 2000, confirió autorizaciones y facultades al gobernador para “determinar y adoptar la estructura administrativa de la Administración Central y Descentralizada del Departamento de Boyacá, conforme a la cual podría crear, suprimir y fusionar secretarías, dependencias, y demás organismos de la administración departamental” y “adelantar procesos de enajenación de activos de propiedad del departamento (…)” Por lo que en desarrollo de ella el Gobernador de Boyacá promulgó el Decreto 1688 del 30 de noviembre de 2000 por medio del cual “se suprime la Industria Licorera de Boyacá y se ordena su liquidación”; conforme a ello la trabajadora obtuvo el derecho a la indemnización por retiro de que trata la cláusula 39 de la convención colectiva de trabajo dado que la decisión de cerrar la Industria Licorera de Boyacá generó a favor de los trabajadores el derecho a la indemnización por razón de los contratos de trabajo.

En tales circunstancias la señalada decisión del gobernador de cerrar la Industria Licorera determinó a favor de los trabajadores “el derecho a la indemnización porque el numeral 1º del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo aplicable a los trabajadores de la Industria Licorera de Boyacá por remisión expresa de la cláusula 39 de la Convención Colectiva de Trabajo contiene la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable y que incluye el lucro cesante y el daño emergente”.

Al finalizar reproduce el artículo 1º, parágrafo 2º del Decreto 797 de 1949, para indicar “que con la decisión del gobernador se generó a favor de los trabajadores, incluyendo la del actor, la indemnización por retiro de que trata la cláusula 39 de la Convención Colectiva…y por ser una prestación extralegal generó la indemnización moratoria por no haber sido pagada dentro de la liquidación final del contrato”.

IX. Consideraciones

Aparte de aludir a la imperfección técnica de integrar la proposición jurídica con disposiciones de la convención colectiva, que como se ha advertido por esta Sala no tienen el carácter de normas sustanciales de orden nacional susceptibles de ser quebrantadas por las determinaciones del ad quem, y de las menciones probatorias inadmisibles e ineficaces en la disertación que pretenda demostrar acusación de estricto derecho; como cuando expresa que la trabajadora adquirió el derecho a la indemnización por retiro, de que trata la cláusula 39 de la convención colectiva de trabajo, en virtud a que la decisión de cerrar la Industria Licorera de Boyacá causó en favor de los trabajadores el derecho a la indemnización por razón de los contratos de trabajo; debe decirse que la acusación por vía directa, a través de la cual el impugnante opta por encauzar el ataque a la sentencia, supone su conformidad con las conclusiones probatorias a las que arribó el tribunal, en consideración a lo expuesto en los cargos examinados, esto es, que la actora renunció en forma voluntaria a su cargo a efecto de obtener el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación; que le fueron pagadas en la oportunidad debida las sumas de dinero adeudadas por todo concepto (fls. 6 a 13) y que esta dejó la constancia de haber recibido conforme un cheque por valor total de $ 35.197.061.

Si en virtud a lo anterior el retiro de la actora se produjo de manera voluntaria con la finalidad de empezar a disfrutar de su pensión de jubilación y no en razón a la clausura de labores de la empresa, supuesto de hecho de las normas invocadas (CST, 466 y 1º, D.L. 797/1949, par. 2º), se sigue de ello que el tribunal no podía hacerles producir sus efectos jurídicos.

Por último, no pudo incurrir el ad quem en la violación que por infracción directa se le imputa en relación al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo al no ser aplicable esta disposición a los trabajadores oficiales, calidad ostentada por la demandante y respecto a la cual no existe discusión en el sublite, en arreglo a las voces del artículo 4º del referido estatuto laboral y así mismo, por estas mismas razones, no aparece pertinente la remisión sin explicación alguna a la Sentencia C-1433 de octubre de 2000 en relación con la demanda de inexequibilidad del numeral 14 parte A del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.

No prospera el cargo.

No prospera la acusación.

No se casará la sentencia.

Sin costas en el recurso ante la ausencia de oposición.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el 15 de abril de 2010, en el proceso que instaurara LILIA DEL CARMEN FERNÁNDEZ DE JIMÉNEZ, contra la INDUSTRIA LICORERA DE BOYACÁ-EN LIQUIDACIÓN.

Sin costas en el recurso ante la ausencia de oposición.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.