Sentencia SL2427-2015 de marzo 4 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL2427-2015

Rad.: 44503

Acta 6

Bogotá, D.C., cuatro de marzo de dos mil quince.

Decide la Corte el recurso de casación que fue interpuesto únicamente por el señor Eudaldo Torres Tamayo, a través de apoderado, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 9 de octubre de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que le sigue a la Fábrica de Electrodomésticos S.A., ICASA, en tanto que la impugnación presentada por el segundo demandante no fue concedida por el tribunal.

I. Antecedentes 

El recurrente (junto con otro trabajador) promovió demanda ordinaria laboral en contra de ICASA, con el fin de que se declare la nulidad de la conciliación celebrada con la demandada, por vulnerar derechos ciertos e indiscutibles, al no reconocerle los salarios y prestaciones causados desde el 16 de abril de 2003 hasta la fecha en que celebró la respectiva conciliación; se condene al pago de los salarios adeudados, es decir desde el 16 de abril de 2003 hasta el 15 de abril de 2004, fecha en la cual quedó ejecutoriado el acto administrativo que autorizó el cierre de la empresa y el despido de todos los trabajadores proferido por el Ministerio de la Protección Social; junto con la reliquidación y pago de las prestaciones hasta esa fecha, al igual que la indemnización por despido y de perjuicios; el pago de la indemnización de perjuicios ocasionados con base a lo señalado en la sentencia de tutela 896 de 2004 de la Corte Constitucional.

El recurrente señaló, para tales efectos, que estuvo vinculado con la entidad demandada desde el 22 de marzo de 1972, con un salario de $858.300; manifestó que el 16 (sic) de julio del 2003, firmó una conciliación con la demandada, mediante la cual se terminó el vínculo, y que la demandada liquidó el contrato hasta el 15 de abril de 2003, a pesar de que su contrato de trabajo terminó en fecha posterior, con el argumento de que este estaba suspendido desde aquel día. Que la demandada había solicitado ante Minprotección la autorización para el cierre definitivo y el despido de todos los trabajadores, petición que fue radicada el 14 de abril de 2003, autorización que fue concedida para el cierre definitivo y despedir a todos los trabajadores, más no para suspender los contratos, como lo alegó la demandada. Que algunos trabajadores presentaron sendas tutelas y les fue protegida la vida digna mediante la orden a la empresa de incrementar las reservas a fin de retribuir los daños a ellos causados. Que, en esta sentencia, la Corte Constitucional concluyó que los trabajadores celebraron las conciliaciones llevados más por un temor y necesidad que por voluntad propia al no estar recibiendo salarios; por último, sostienen que al actor solo le pagaron salarios y cesantías hasta el 15 de abril de 2003, a pesar de que su retiro se produjo después, y el acto administrativo que ordenó el cierre de la empresa y el despido de los trabajadores quedó debidamente ejecutoriado el 15 de abril de 2004, sin que hubiera orden de autoridad competente que señalara la suspensión de los contratos a partir del 15 de abril de 2003, ni se hubiera presentado alguna de las causales previstas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 4º de la Ley 50 de 1990. Que, a la fecha de la firma de la conciliación, el demandante se encontraba bajo la situación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir pago de salario sin prestación del servicio, y que a todos los trabajadores les adeudaban los salarios y prestaciones desde el 1º de noviembre de 2002, lo cual obligó su retiro con el fin de obtener el pago de lo adeudado, ya que la accionada condicionó el pago de estas acreencias al retiro de los trabajadores de la empresa. Que los salarios adeudados al demandante y causados desde el 1º de noviembre de 2002 solo fueron cancelados el día en que se llevó a cabo la conciliación.

II. Respuesta a la demanda 

La entidad convocada al proceso se opuso a la prosperidad de las pretensiones planteadas en la demanda, las cuales considera incoherentes, dado que los actores solo piden la nulidad del acta respecto de los salarios y prestaciones entre el 16 de abril de 2003 y la fecha de terminación del contrato, y dejan en firme el punto del acuerdo conciliatorio relacionado con la terminación del contrato por mutuo acuerdo, por lo que, en su criterio, mal podían también solicitar una indemnización por despido injusto hasta abril de 2004, cuando el contrato ya había terminado en julio de 2003. En lo relacionado con la suspensión del contrato, señala que la parte demandante no indicó la razón para desconocer el acuerdo suscrito, ni para negar el hecho notorio y verificado por el ministerio sobre la suspensión de actividades desde el 15 de abril de 2003. Califica de ilegales y temerarias las reclamaciones de los salarios del 16 de abril de 2003 al 15 de abril de 2004, pues estima que es un hecho notorio, verificado por el ministerio y conciliado por las partes que desde el 15 de abril de 2003 se dio la suspensión del contrato, la cual fue conciliada con efectos de cosa juzgada.

La demandada admitió como ciertos los hechos relacionados con la existencia de la relación laboral y la celebración de la conciliación, con la aclaración de que todas las conciliaciones fueron realizadas con la asesoría del mismo apoderado que ahora representa al actor en el sublite; que fue cierto que le pagó a los trabajadores los salarios y prestaciones hasta el 15 de abril de 2003; hizo la diferenciación entre el acta del ministerio levantada el 1º de abril de 2003 que originó, a su juicio, la suspensión de los contratos, y la solicitud de autorización para el cierre definitivo de la empresa presentada el 11 de abril de 2003; que sí fue cierto que hasta el 15 de marzo de 2004, el ministerio confirmó la autorización de cierre de la empresa, pero no aceptó que solo hasta esa fecha la empresa estuvo facultada para despedir, pues, con anterioridad, las partes habían llegado a un acuerdo conciliatorio para la terminación del contrato de trabajo, a cambio de una indemnización mayor a la que le hubiere correspondido a cada trabajador, si se tiene en cuenta que la empresa estaba incursa en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990; refiere a la sentencia de tutela, para decir que en ella no fue parte el demandante y que la Corte Constitucional se abstuvo de referirse a los acuerdos conciliatorios. Propuso las excepciones de prescripción, cosa juzgada, falta de legitimación en la causa, inexistencia de la obligación, mala fe de los demandantes, buena fe de la demandada, pago y compensación.

III. Sentencia de primera instancia

Tramitada la primera instancia, el Juzgado Tercero Laboral de Descongestión de Bogotá profirió fallo el 14 de agosto de 2007, por medio del cual declaró probada la excepción de cosa juzgada y absolvió a la demandada.

IV. Sentencia de segunda instancia

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de la sentencia del 9 de octubre de 2009, confirmó la providencia del a quo.

Para fundamentar la decisión, el tribunal, en primer lugar, precisó, con base en la contestación de la demanda y las pruebas documentales allegadas al expediente, en especial el acta de conciliación (fls. 70 al 73) y la liquidación final de prestaciones (fl. 74), que era evidente que entre el demandado que hoy recurre en casación y la demandada existió una relación laboral desde el 22 de marzo de 1972 hasta el 1º de julio de 2003, el cargo desempeñado fue el de supervisor de vigilancia y tuvo como última remuneración básica la suma de $ 778.999 mensuales.

En lo que atañe a la nulidad de la conciliación, luego del examen de las pruebas documentales obrantes en el plenario y el interrogatorio de las partes, el ad quem concluyó que el contrato de trabajo finalizó por mutuo acuerdo que fue manifestado en la audiencia de conciliación celebrada ante la Inspección 16 del Trabajo, según el pasaje del acta que enseguida trascribió.

Precisó que la citada conciliación fue presidida por la autoridad competente, quien, al no evidenciar vulneración de los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, impartió aprobación a la misma; y que ninguna de las pruebas obrantes en el plenario desvirtuaban el mutuo acuerdo, pues los vicios del consentimiento alegados para solicitar la nulidad del acta no fueron acreditados.

Afirmó que, a pesar de que en los hechos de la demanda, la parte accionante refirió que fue obligada a suscribir el acta de conciliación que ahora ataca, encontró que este supuesto fáctico no tuvo asidero probatorio alguno. Por el contrario, dijo que sí había evidencia de que las partes de manera libre y voluntaria convinieron en finalizar el vínculo laboral por mutuo acuerdo aprobado por la autoridad competente, de tal suerte que, al no haberse probado algún vicio del consentimiento, como la fuerza, concluyó que no podía accederse a lo pretendido de la demanda, pues estimó que el acta en cuestión revestía de total validez.

Para reforzar su posición, el juez colegiado citó un aparte de la sentencia del 14 de julio de 1983, sin indicar radicado, y reiteró que el vínculo laboral terminó por mutuo consentimiento, según la tan mentada acta, por lo que no procedía la indemnización por despido injusto, y declaró que, respecto de las pretensiones como el pago de salarios, cesantías, primas y vacaciones operaba el fenómeno de la cosa juzgada, pues, en su criterio, las partes expresamente acordaron conciliar los derechos de carácter laboral aludidos.

Por último aclaró:

Debe tenerse presente que lo que aquí se evidencia, de todas y cada una de las pruebas allegadas, es que la relación laboral entre las partes finalizó por mutuo acuerdo y no por decisión unilateral e injusta de la demandada o en virtud de un despido indirecto en razón a la falta de pago de salarios que alega el actor, pues esto último no fue acreditado en el proceso, y por ende, no resulta relevante el que la demandada hubiese demostrado o no el permiso o autorización del Ministerio del Trabajo para despedir a sus trabajadores o que los demandantes acreditaran que en efecto se les adeudaban salarios, puesto que, se reitera, lo que se probó en juicio, fue un acuerdo entre demandantes y demandada para dar término al contrato de trabajo, en el cual no tuvo lugar ningún vicio del consentimiento, y no un despido o despido indirecto, pues estos ni siquiera son alegados por las partes.

V. Recurso de casación

Dentro del término legal, los demandantes, a través de mismo apoderado, presentaron el recurso extraordinario de casación, pero el tribunal lo concedió solo respecto de Eudaldo Torres Tamayo.

VI. Alcance de la impugnación

Con el presente recurso extraordinario se persigue que esta Corte case totalmente la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, para que, en sede de instancia, revoque en su totalidad las sentencias de primer grado y segunda instancia, y se condene a la demandada a todas y cada una de las pretensiones de la demanda inicial.

Con el citado propósito se presentan tres cargos que fueron objeto de réplica por parte de la empresa accionada, y se resolverán conjuntamente por valerse del mismo elenco normativo y de las mismas consideraciones.

VII. Primer cargo

Se acusa la sentencia por la vía directa a causa de la falta de aplicación de los artículos 53 de la Constitución Política, 1º, 10, 13, 14, 15, 18, 18, 21, 51, 140 del Código Sustantivo del Trabajo, 39 y 40 del Decreto 1479 de 1978, artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, modificado en su numeral 5 por el artículo 67 de la Ley 50 del 90, y que, a consecuencia de esto, se dio la aplicación indebida de las artículos 19 y 78 del Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social.

Demostración del cargo

Comienza por aceptar todos los supuestos de hecho del fallo impugnado. Resalta que en el presente proceso no se está solicitando el pago de salarios y prestaciones sociales causados hasta el 15 de abril de 2003, los cuales, afirma, fueron conciliados por las partes; y dice que aquí lo que se está pidiendo es que se decrete la nulidad de las actas de conciliación como pretensión principal, por haberse conciliado derechos ciertos e indiscutibles de los demandantes.

Refiere que el a quo, en su sentencia, declaró probada la excepción perentoria de cosa juzgada, y que el a quem determinó que no se habían evidenciado vicios del consentimiento en la celebración del acta de conciliación mediante la cual las partes acordaron la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, destacándose, dice el recurrente, que acordaron que entre el 15 de abril de 2003 y el 1º de julio del mismo año hubo suspensión del contrato de trabajo.

La censura considera que el tribunal incurrió en un error cuando legitima la suspensión del contrato de trabajo por acuerdo entre las partes, desconociendo las causales de suspensión prevista en el artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por la Ley 50 de 1990 artículo 4º, ya que, dentro de las mismas, no se consagra que el contrato se suspende por acuerdo entre las partes; considera que, al validarlo, el ad-quem violó el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir el carácter de orden público, la irrenunciabilidad a las disposiciones legales y los derechos y prerrogativas contenidos en el Código Sustantivo del Trabajo.

Para el recurrente, el contrato no estaba suspendido, pues no se allegó al plenario prueba siquiera sumaria que se enmarcara dentro de las causales de suspensión que trata el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo.

Afirma que solicitó como pretensión subsidiaria el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnización causados desde el 16 de abril de 2003 hasta el 15 de abril de 2004, fecha en la cual quedó ejecutoriada la Resolución 1322 del 9 de julio de 2003, mediante la Resolución 663 del 15 de marzo de 2004 expedida por la jefe de la unidad especial de Inspección y Vigilancia y Control del Trabajo del Ministerio de la Protección Social.

Manifiesta que el artículo 53 de la Constitución Política establece que se debe tener en cuenta, por lo menos, los siguientes principios mínimos: irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable del trabajador, en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho; que el artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo establece que la finalidad del código es lograr la justicia en las relaciones que surjan entre patronos y trabajadores; que el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo señala un mínimo de derechos y garantías consagrados a favor de los trabajadores, por lo tanto la conciliación hecha por las partes no produce ningún efecto, porque se desconoció este mínimo.

Agrega que el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo consagra, con “carácter de orden público», la irrenunciabilidad, consistente en que las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. Estima que debe entenderse que así las partes hayan conciliado derechos ciertos como salarios y prestaciones sociales, los trabajadores no podían renunciar a éstos derechos y se les debió haber pagado sus derechos ciertos hasta el día en que se produjo su retiro, es decir el 8 y 9 de mayo de 2003 (sic), y no hasta el 15 de abril como lo acordaron las partes; que si el trabajador no se encontraba laborando por disposición del empleador, aquel estaba en la situación prevista en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo que consagra el derecho al salario sin prestación del servicio. Que, durante la vigencia del contrato, el trabajador tiene derecho a percibir el salario, aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del patrón.

Afirma que el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo señala lo siguiente: “Validez de la transacción. Es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles”.

Considera que la sentencia objeto del presente recurso no aplicó las normas que establecen la prohibición de conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles. Que el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo es claro al manifestar que las normas del mencionado código son de orden público, es decir deben aplicarse desde el momento de su expedición y, si es el querer del legislador, pueden tener efectos retroactivos, es decir que modifiquen hechos anteriores a su existencia.

Alude a que los artículos 39 y 40 del Decreto 1469 de 1978, artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, modificado por el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 50 del 90, y el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo señalan, taxativamente, que los trabajadores tienen derecho al pago de los salarios a consecuencia del despido colectivo declarado por el Ministerio de la Protección Social; que, en el caso del sub-lite, el Ministerio de la Protección Social autorizó el despido de todos los trabajadores de la empresa, entre ellos el demandante, y el cierre definitivo de la factoría.

De donde concluye que, sí el honorable tribunal resolvió el debate jurídico con fundamento en los artículos 19 y 78 del Código Procesal del trabajo y de la Seguridad Social, dejó de aplicar las normas que regulan los hechos de la demanda, es decir las normas relacionadas en el presente cargo, por lo que estima que debe casarse la sentencia acusada y proceder en sede de instancia en la forma señalada en el alcance de la impugnación.

VIII. Segundo cargo

Acusa la sentencia por la vía directa a causa de la aplicación indebida de los artículos 19 y 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y que, a consecuencia de esa aplicación indebida, el ad quem dejó de aplicar los artículos 53 de la Constitución Política, 1º, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 51 y 140 del Código Sustantivo del Trabajo, 39 y 40 del Decreto 1479 de 1978, 40 del Decreto 2351 de 1965, modificado en su numeral 5 por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990.

Se aclara por el recurrente que la discrepancia con la sentencia acusada es de puro derecho, y que radica en la aplicación indebida de las normas relacionadas anteriormente.

Demostración del cargo

Para la censura, el tribunal aplicó indebidamente los artículos 19 y 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el sentido de que existen normas expresas que prohíben la conciliación sobre derechos ciertos e indiscutibles.

Relaciona nuevamente el contenido de las normas denunciadas, y afirma que la sentencia base del presente recurso no aplicó los preceptos que establecen la prohibición de conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles. Transcribe el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo sobre las causales de suspensión del contrato de trabajo, para luego sostener que en el citado artículo 51 no se establece que las partes de común acuerdo pueden suspender el contrato de trabajo.

Igualmente, invoca los literales e) y f) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, y concluye que el juzgador de segunda instancia aplicó indebidamente los artículos 19 y 78 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que, como consecuencia de esa aplicación indebida, dejó de aplicar las normas que regulan los hechos de la demanda, es decir las normas relacionadas en el presente cargo, por lo que estima que se debe casar la sentencia acusada y proceder, en sede de instancia, en la forma señalada en el alcance de la impugnación.

IX. Cargo tercero

Sostiene el recurrente que, a través de una infracción de medio, la sentencia acusada viola por vía indirecta, en la aplicación indebida de los artículos 19 y 78 Código de Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y, como consecuencia de esa infracción de medio, dejó de aplicar los artículos 53 de la Constitución Política; 1º, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 51, 140 del Código Sustantivo del Trabajo; 39 y 40 del decreto 1479 de 1978; 40 del Decreto 2351 de 1905 modificado en su numeral 5º por el artículo 67 de la Ley 50 del 90.

Errores evidentes de hecho

Para el censor los yerros cometidos por el ad quem fueron:

a) No dar por demostrado, siendo evidente, que con la conciliación se violaron derechos ciertos e indiscutibles de los demandantes.

b) No dar por demostrado, siendo evidente, que la solicitud de despido por parte de la demandada fue radicada antes de celebrarse la conciliación entre las partes.

c) No dar por demostrado estándolo que la autorización de despido fue dada por el Ministerio de la Protección Social en fecha posterior a la conciliación celebrada.

d) No dar por demostrado, estándolo, que al demandante le adeudaban salarios a partir de noviembre de 2002, lo que obligó a conciliar salarios que fueron pagados solo hasta el día en que se suscribió el acta de conciliación.

Pruebas erróneamente apreciadas

Para el recurrente estas fueron:

Demanda inicial, folios 2 al 96; Resolución 1322 del 9 de julio de 2003 proferidas por el Ministerio de la Protección Social, folios 13 al 15 del expediente, sentencia de tutela 896 de 2004, folios 16 al 44; contestación de la demanda, folios 148 al 168.

Demostración del cargo

Refiere a la parte considerativa de la sentencia acusada que llevó al ad quem a concluir que las conciliaciones se llevaron a cabo con las formalidades de ley y que no hubo vulneración de derechos ciertos e indiscutibles del trabajador demandante.

Alude a que el acervo probatorio deja en evidencia que efectivamente la demandada canceló salarios y prestaciones causados hasta el 15 de abril de 2003, cuando el retiro del demandante se produjo el 1º de julio de 2003, folios 70 al 74 del expediente, y que el Ministerio de Protección Social decretó la autorización de despido de todos los trabajadores, el cual quedó ejecutoriado el día 21 de abril de 2004.

Concluye que el trabajador demandante tenía derecho al pago de salarios, prestaciones e indemnización hasta el día 20 de abril de 2004, como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acta de conciliación por vulnerar derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores. Que si se hubiera apreciado correctamente los folios 16 al 44, 70 al 74 del expediente, en los cuales aparece el acta de conciliación, la liquidación final de prestaciones sociales del demandante y la sentencia de tutela 896 de 2004, folios 67 al 96, la conclusión a la que ha debido llegar el tribunal era que la conciliación era nula, en virtud de que al demandante le fueron liquidados y pagados salarios y prestaciones causados hasta el día 15 de abril de 2003, cuando su retiro realmente se produjo el 1º de julio de 2003.

De lo anterior deduce que el demandante estaba bajo la situación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo y no podía acordar con la accionada que su contrato de trabajo se suspendiera de común acuerdo, pues es claro que, en el contenido del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, a su juicio, no aparece que el contrato se pueda suspender por mutuo acuerdo como lo hicieron las partes en el acta de conciliación.

X. Réplica 

La empresa demandada se opone a la prosperidad del recurso, principalmente, por considerar que la demanda presenta deficiencias de técnica. Sobre el fondo del asunto, sostiene que el tribunal no se equivocó en razón a que valoró muy bien la conciliación, así como las demás pruebas, cuando dijo que no se había acreditado vicio alguno del consentimiento, premisa esta última que no fue controvertida por la censura, asevera.

XI. Consideraciones 

El tribunal confirmó la declaración de la cosa juzgada y, consecuencialmente, la negativa de las pretensiones relacionadas con la nulidad de las conciliaciones, y el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores desde el 16 de abril de 2003 hasta el 15 de abril de 2004, entre otras, por concluir, con base en el acta de conciliación y demás pruebas documentales, junto con los interrogatorios de las partes que: i) de la citada conciliación, fluye que la relación laboral del recurrente en casación finalizó por mutuo acuerdo manifestado ante la autoridad competente; ii) observó que, de lo manifestado por el trabajador en la respectiva audiencia celebrada ante el inspector de trabajo, (quien al no evidenciar la vulneración de los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador impartió la aprobación a la misma), se colegía, de forma clara, que la voluntad del actor fue la de dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo, sin que, dentro del sublite, la parte actora hubiese probado los supuestos de hecho constitutivos de vicios del consentimiento, por tanto concluyó que la conciliación era válida; iii) por lo anterior negó la indemnización por despido injusto y, de cara a las restantes pretensiones, determinó que había operado la cosa juzgada; y iv) dado que el contrato había terminado por mutuo acuerdo, no era relevante que la demandada hubiese demostrado o no el permiso o la autorización del ministerio para despedir a sus trabajadores.

Del razonamiento del tribunal, en concordancia con el historial del proceso, se desprende que, en el acta de conciliación cuya validez total fue puesta en entredicho por la parte actora desde los albores del proceso, se distinguen, claramente, dos temas: el primero, donde los litigantes terminaron el vínculo laboral por mutuo acuerdo, con las respectivas consecuencias; y el segundo que tiene que ver con la suspensión de los contratos de trabajo, desde el 15 de abril de 2003, en virtud de la cual se acordó que, en la liquidación definitiva del respectivo contrato, se tomaría como extremo final dicha calenda.

Si bien la demanda de casación no es propiamente un modelo a seguir, de todos modos de ella se desprende que la inconformidad central del recurrente se contrae a que el tribunal se equivocó al darle validez a la conciliación no obstante que con ella se violaron derechos ciertos e indiscutibles del demandante, toda vez que los litigantes conciliaron la suspensión del contrato de trabajo por acuerdo entre las partes, lo que implica que el juzgador desconoció las causales de suspensión previstas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 4º de la Ley 50 de 1990, ya que, dentro de las mismas, a juicio del censor, no estaba consagrado que el contrato se suspendía por mutuo acuerdo; en tanto que la autorización concedida por el Mintrabajo para el despido colectivo fue dada después del despido, en consecuencia, en su criterio, la no prestación del servicio por el actor se debió a la culpa del empleador y, en este caso, el trabajador había quedado bajo la situación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir con el derecho al pago del salario sin prestación del servicio por culpa del empleador, hasta el 20 de abril de 2004.

En vista de la controversia de orden jurídico planteada por el recurrente de cara a la sentencia objeto del presente recurso extraordinario, le corresponde a esta Sala resolver si el juez colegiado se equivocó al otorgarle plena validez a la conciliación tantas veces aludida, no obstante que esta también tuvo como materia la suspensión colectiva del contrato de trabajo del actor por mutuo acuerdo, puesto que, conforme a los reparos de la censura, tal acuerdo de suspensión constituye objeto ilícito.

Para arribar a la conclusión de que la conciliación en cuestión era válida, al ad quem le bastó establecer, con base en las pruebas obrantes en el plenario, que no fue demostrado por el actor vicio de consentimiento alguno, lo que le indica a la Sala que, a juicio del juez de segundo grado, el acuerdo de la suspensión del contrato por mutuo acuerdo no merecía reproche u objeción por ilicitud de objeto, tanto fue así que no hizo comentario alguno al respecto.

Para efectos de examinar la legalidad de la precitada posición asumida por el juez de alzada, resulta pertinente rememorar lo dicho por esta Sala cuando le tocó resolver un asunto similar, en otro proceso adelantado contra la misma demandada, con relación a una conciliación donde igualmente se había acordado la suspensión del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, así como la terminación posterior del vínculo, también por mutuo acuerdo. En la sentencia CSJ SL 16539 de 2014, se dijo lo siguiente:

…debe responder la Sala a la pregunta de si las partes en contienda podían conciliar el estado de suspensión del contrato desde el 15 de abril de 2003 a la terminación de la relación, frente al hecho cumplido de la interrupción de la prestación del servicio desde hacía varios meses antes a la celebración del acuerdo, ante lo cual la entidad solo había iniciado el trámite para la autorización de cierre definitivo por problemas económicos que venía atravesando, cuya licencia solo vino a obtener en forma definitiva mediante la Resolución 663 de 2004.

Ya esta Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse en el sentido de que, en los asuntos de carácter laboral, no es posible conciliar hechos y así convertir en dudosos los derechos causados de los trabajadores, sino que el objeto de dicho acto ha de ser sobre derechos, siempre y cuando estos tengan el carácter de inciertos y discutibles. Para ser más exactos, se cita la posición asumida por esta Sala al respecto en la sentencia SL 1057 de 2014:

(...).

En ese orden de ideas, si a estas alturas del proceso se tiene que, en el caso del sublite, las partes aceptaron que estuvo interrumpida la prestación del servicio desde el 15 de abril de 2003, pero que el empleador solo tramitó la solicitud de autorización para el cierre definitivo de la empresa y el consiguiente despido colectivo de los trabajadores, la cual le fue concedida, en forma definitiva, con la Resolución 663 de 2004, la situación fáctica inequívoca que se deriva de lo acordado es la de que los recurrentes no laboraron desde aquella fecha hasta la terminación del contrato por mutuo acuerdo, por razones atribuibles al empleador. Tales hechos fueron evidentes desde el momento mismo de la celebración de las conciliaciones, dado que, conforme a lo convenido en dicho acto, el no desarrollo de la labor se venía presentando con anterioridad al mismo acuerdo; lo que de contera indica, sin duda, que no fue el caso de que las partes decidieran, de mutuo acuerdo, suspender el contrato de trabajo en adelante, sino que las partes decidieron convalidar la interrupción del trabajo que de hecho se venía presentando, en perjuicio de los derechos ciertos de los trabajadores derivados del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, ante la ocurrencia del supuesto fáctico de este precepto.

De lo anterior se sigue que ciertamente se equivocó el ad quem al concluir que la conciliación celebrada respecto a la suspensión del contrato de cada uno de los actores no desconoció derechos ciertos, pues ya quedó visto, conforme al precedente de esta Sala, que los hechos no son conciliables con el fin de quitarle certeza a los derechos laborales ya causados; sin embargo esto fue lo que sucedió en el caso del sublite cuando las partes quisieron legalizar a posteriori la interrupción de hecho en la prestación del servicio por razones atribuibles al empleador sin justificación legal, con el ropaje de la suspensión legal del contrato prevista en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, y de esta forma conciliar lo que ya era inconciliable, como eran los derechos ciertos de los trabajadores derivados del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir el derecho a recibir los salarios y prestaciones por el tiempo que dejaron de prestar el servicio por culpa del empleador.

En otras palabras, siendo evidente que ya venía dándose de hecho la interrupción de la prestación del servicio por los actores por culpa del empleador, esta situación, para el momento de la conciliación, evidentemente ya había generado y consolidado a favor de cada uno los actores los derechos ciertos a recibir los salarios conforme al artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, por tanto estos no podían ser objeto de conciliación, so pena de nulidad; y como jurisprudencialmente está definido que no se pueden conciliar hechos para restarle la certeza a los derechos que ya se habían causado en cabeza de cada uno de los actores, tampoco se podía convalidar por las partes la situación de hecho cumplida mediante la conciliación para desaparecer el supuesto generador de los efectos del artículo 140 precitado.

Así pues, tiene razón el recurrente en cuanto a que el ad quem se equivocó al darle validez a la conciliación en lo que tiene que ver con la suspensión colectiva del contrato de trabajo por mutuo acuerdo desde el 15 de abril de 2003.

En cambio, no acierta el impugnante en lo que atañe al reparo de cara a la validez de la terminación del contrato igualmente por consenso de las partes que fue establecida por el ad quem con base en la tan mentada conciliación.

La censura formula el yerro fáctico consistente en que el tribunal no se dio cuenta de que la autorización para despedir a todos los trabajadores fue dada por el ministerio en fecha posterior a la de la conciliación celebrada. En esta acusación, el censor ignora que el tribunal estableció, con base en las pruebas allegadas, que el contrato del actor no había terminado por despido, sino por mutuo acuerdo, y no, por decisión unilateral o injusta de la demandada o en virtud de un despido indirecto en razón a la falta de pago de los salarios que alega el actor, pues dijo “...esto último no fue acreditado en el proceso...”, reflexiones que lo llevaron a sostener que “...no resulta relevante el que la demandada hubiese demostrado o no el permiso o autorización del Ministerio del Trabajo para despedir a sus trabajadores o que los demandantes acreditaran que en efecto se les adeudaban salarios, puesto que, se reitera, lo que se probó en juicio, fue un acuerdo entre demandantes y demandada para dar término al contrato de trabajo, en el cual no tuvo lugar ningún vicio del consentimiento, y no un despido o despido indirecto, pues estos ni siquiera son alegados por las partes”.

En ese orden se tiene que el ad quem ni siquiera procedió a valorar las citadas resoluciones proferidas por el Mintrabajo sobre las cuales edifica el yerro el contradictor de la sentencia, luego mal puede achacársele que hubo errada valoración de tales pruebas.

No está demás advertir por la Sala que el modo de terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo, sin duda alguna, está previsto expresamente en la ley, literal b) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 5º de la Ley 50 de 1990, y para su operatividad nada tenía que ver el que no estuviera ejecutoriada la autorización ministerial concedida a la empresa para despedir a los trabajadores, dado que las partes, en su libre albedrío, podían dar por terminado el vínculo en cualquier momento, al margen de la autorización que pudiera obtener la empresa para despedir colectivamente.

Por tanto, esta última consideración del juez de alzada conserva intacta su presunción de legalidad, no solo porque está acorde con la ley como se acaba de referir, sino porque el censor tampoco cumplió con la carga de derrumbar la consideración del juez colegiado sobre que el demandante no acreditó los vicios del consentimiento que afectó su declaración de voluntad de dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo; sin que, por el hecho de que la demandada le debiera salarios al trabajador al momento de la celebración de la conciliación, pueda considerarse como un elemento inequívoco de vicio del consentimiento, como lo alega el recurrente, puesto que es usual que, al resolverse una controversia mediante la autocomposición de las partes ante autoridad competente, existan deudas objeto de reclamación.

La censura también se refiere a las reflexiones del ad quem de cara a la sentencia de tutela 896 de 2004, folios 67 al 96, pero no desarrolla en qué consistió el yerro del juzgador de segundo grado respecto a dicha prueba.

Conforme a lo anteriormente expuesto, procede casar parcialmente la sentencia impugnada en cuanto negó la nulidad de la conciliación, en la parte del acuerdo que refiere a la suspensión del contrato desde el 15 de abril de 2003 hasta la fecha de la terminación del contrato de trabajo, supuesto fáctico que sirvió para establecer que la liquidación de prestaciones de cada uno de los contratos de los actores se haría hasta esta fecha.

Se deja a salvo el resto de la sentencia del tribunal, dado que la acusación prospera solamente en lo que tiene que ver con el asunto de la conciliación referente a la suspensión de los contratos de trabajo por trasgredir derechos ciertos e indiscutibles, pues los yerros establecidos por esta Sala, en atención al recurso, no afectan la materia referente al modo de terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, temática totalmente independiente de aquella para el caso.

Previamente a proferir la sentencia de instancia, para poder dictar condena en concreto, se dicta un auto para mejor proveer para solicitarle a la demandada allegue a este despacho, en el término máximo de 15 días, una certificación respecto del demandante, pormenorizada de los derechos pagados con motivo de la liquidación del contrato, indicando el monto pagado, por qué concepto, el salario base de liquidación, y el tiempo liquidado.

Sin costas en el estadio de la casación dado que parte de la acusación prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 9 de octubre de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que Eudaldo Torres Tamayo sigue contra Fábrica de Electrodomésticos S.A., ICASA, en cuanto negó la nulidad parcial de la conciliación celebrada entre las partes, en lo referente a la suspensión colectiva del contrato de trabajo.

En instancia, mediante auto para mejor proveer, se solicita a la demandada allegue a este despacho, en el término máximo de 15 días, una certificación respecto del demandante Eudaldo Torres Tamayo, pormenorizada de los derechos pagados con motivo de la liquidación del contrato, indicando el monto pagado, por qué concepto, el salario base de liquidación, y el tiempo liquidado.

Cumplido lo anterior, el expediente volverá al despacho para efectos de proferir la decisión correspondiente.

Costas en sede de casación como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo, presidente de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.