Sentencia SL243-2018/77132 de febrero 7 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL243-2018

Rad. 77132

Acta 4

Bogotá, D. C., siete de febrero de dos mil dieciocho.

Decide la Corte el recurso de anulación que interpuso la Cooperativa de Transportadores del Magdalena Ltda. —Cootransmag—, contra el laudo arbitral proferido el 24 de enero de 2017, por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo que se suscitó entre la Empresa de Transporte Turístico El Rodadero S.A. —Rodaturs—, Rodamar SAS, Transportes Bastidas Bolaño Castillo Cuello y Cía SCA y la recurrente, y la organización sindical Unión Nacional de Trabajadores de Rama y Servicios del Transporte de Colombia “UNTT” - Subdirectiva Seccional Santa Marta.

I. Antecedentes

La organización sindical de industria denominada Unión Nacional de Trabajadores de Rama y Servicios del Transporte de Colombia —UNTT— presentó a las empresas de transporte enunciadas un pliego de peticiones, el cual se discutió con todas en una sola mesa de negociación.

Debido a que no hubo acuerdo frente a algunos puntos en la etapa de arreglo directo, las partes inmersas en el conflicto colectivo solicitaron al Ministerio de Trabajo la conformación e integración de un único tribunal de arbitramento.

El tribunal se instaló el 11 de enero de 2017 y emitió el laudo arbitral el 24 del mismo mes y año.

II. Trámite del recurso

A través de apoderado en común, las empresas de transporte presentaron y sustentaron recurso extraordinario de anulación, el cual concedió el tribunal arbitral a la Cooperativa de Transportadores del Magdalena Ltda. —Cootransmag— y negó a las otras compañías involucradas en el conflicto.

La anterior determinación la ratificó esta Corporación mediante auto de 29 de noviembre de 2017, a través del cual se declaró bien denegado el recurso de anulación formulado contra el laudo arbitral.

III. Recurso de anulación

La sociedad recurrente solicita la anulación de las cláusulas 9ª (disposición de conductores relevadores) y 27 (disposición de conductores relevadores remunerados); 12 (becas para los trabajadores e hijos) y 17 (comité de préstamos menores por calamidad doméstica); 15 (asistencia jurídica a los trabajadores); 26 (permisos remunerados para formación académica); 29 (salario básico) y 30 (salarios para los trabajadores de planta, técnicos y administrativos), y 36 (instalaciones y condiciones de las terminales de rutas).

Los argumentos que sustentan cada una de las peticiones de anulación se sintetizarán más adelante.

IV. Oposición al recurso

Mediante escrito radicado el 16 de enero de 2018, el Presidente de la Subdirectiva Seccional Santa Marta de la organización sindical UNTT, Jairo Barreto Toscano, expuso que desde la Junta Directiva Nacional se han realizado “movimientos extraños” orientados a lesionar los intereses de la Subdirectiva Samaria, situación que se puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el 2 de enero de este año.

Señala que las personas que están denunciadas penalmente, es decir, el anterior Presidente Seccional, Edelberto Jiménez Rodríguez y el actual Presidente Nacional de la célula sindical, tienen “en su poder el Recurso de Anulación” y han “manipulado el conocimiento e información de dicho aspecto”.

En virtud de lo anterior, solicita que se le expida copia íntegra del expediente contentivo del recurso extraordinario y se le restituya el término de 3 días para presentar su oposición.

V. Cuestión preliminar - Pronunciamiento a la petición del opositor.

La Corte no accede a la petición del sindicato consistente en que se le restituya el término del traslado para presentar sus alegatos de oposición. Lo anterior, como quiera que precisamente para garantizar el derecho de defensa de la organización sindical, esta Corporación le corrió traslado del recurso de anulación durante un término de 3 días, dentro del cual bien pudo pedir copia íntegra del expediente o del recurso, o a través de dispositivos móviles obtener fotografías de las diferentes actuaciones.

Por lo demás, según constancia de 14 de diciembre de 2017, adosada por el opositor, para la fecha en que se corrió traslado de las actuaciones (del 11 al 15 de enero de 2018), ya estaba posesionado como Presidente de la Subdirectiva Seccional Santa Marta de la organización sindical UNTT, Jairo Barreto Toscano, de manera que no existía ningún obstáculo para que él, en su condición de representante legal, pudiera acceder al expediente y obtener su reproducción.

Con esta aclaración, se procede al estudio y decisión del recurso de anulación, para lo cual, en primer término, se transcribirá la cláusula del laudo arbitral atacada, que el Tribunal tituló en todos los casos “Petición”; en segundo lugar se esbozaran los argumentos del recurrente y, por último, la Corte presentará sus consideraciones.

VI. Cláusulas normativas objeto de ataque, argumentos de la recurrente y decisión de la Corte.

1. Textos acusados

Petición Novena: Disposición de Conductores (Relevadores)

Las empresas deben contratar a los conductores relevadores de acuerdo a la necesidad del servicio.

Petición Veintisiete: Disposiciones de Conductores (Relevadores) Remunerados

Las empresas deberán tener conductores relevadores de acuerdo a la necesidad del servicio.

1.1. Argumentos de la recurrente

Sostiene que con esta disposición los árbitros invadieron la autonomía directiva de la empresa, en virtud de la cual es esta quien decide cuándo y cómo vinculará a sus trabajadores. En igual sentido, asevera que, desde un punto de vista administrativo y financiero, es la sociedad la que conoce sus necesidades de servicio y, por ello, los árbitros no podían imponerle la obligación de contratar empleados para un oficio específico.

1.2. Consideraciones de la Corte

Esta Corporación ha sostenido que los árbitros no tienen competencia para imponer a los empleadores la obligación de vincular nuevos trabajadores o engrosar la nómina, dado que ello es un aspecto que hace parte de su autonomía empresarial y que solo podría ser regulado mediante pacto, convención colectiva o cualquier otro instrumento normativo celebrado entre el empleador y sus trabajadores.

Por ejemplo, en Sentencia de anulación CSJ SL10179-2015, reiterada en SL14990-2016, se recordó:

Bastante se ha dicho por la Corte que las facultades de dirección y manejo de la empresa por parte del empleador suponen la libertad contractual en las relaciones que establezca con sus servidores o trabajadores. Y que, solamente, por vía de la convención colectiva de trabajo es posible que por parte de éste se acepte una restricción a esas facultades.

En consecuencia, se dispondrá la anulación de las cláusulas novena y veintisiete.

2. Textos acusados

Petición Doce: Becas para los Trabajadores e Hijos

Las empresas pagaran tres (3) becas anuales para educación secundaria por la suma de dos salarios mínimos legal (sic) mensual vigente para cada una, Para (sic) estudios superiores dos (2) becas por la suma de tres (3) salario mínimo legal mensual vigente (sic) por cada semestre para cada una, que serán otorgadas a los hijos de los trabajadores o trabajadores.

PAR.—Para efectos de distribución y asignación de las becas secundarias y universitarias en las diferentes modalidades las empresas en acuerdo con el sindicato definirán las pautas y organizarán la reglamentación correspondiente para tal fin, para ello se creará un comité de educación que estará integrado por dos (2) delegados de la empresa y dos (2) delegados del sindicato, el comité deberá reunirse y tomar decisiones y discutir la reglamentación para tal fin dentro de los treinta (30) siguientes a la firma del laudo arbitral.

Petición Diecisiete: Comité de Préstamos Menores por Calamidad Doméstica.

Las empresas accederán al otorgamiento de préstamos menores, para efectos que el trabajadores solucione temas de carácter calamitoso, cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador, en consecuencia altere significativamente su vida personal o familiar como una grave afectación de la salud o la integridad física de un hijo, hija, madre, padre, cónyuge o compañero, o una afectación de la vivienda del trabajador, cuando se atente contra la dignidad seguridad o libertad de la persona. Esto no superará la suma de cuatro salarios mínimos legal mensual vigente (sic), dicha adjudicación se hará previa valoración y viabilidad emitida por el comité de préstamos menores por calamidad doméstica.

PAR. 1º—El comité de préstamos menores por calamidad doméstica estará integrado por dos (2) delegados de las empresas y dos (2) del sindicato.

PAR. 2º—El comité de préstamos menores deberá reunirse y tomar decisiones y discutir la reglamentación para tal fin, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del Laudo Arbitral.

2.1. Argumentos de la recurrente

Aduce que el laudo, en ambas cláusulas, instaura un comité integrado con trabajadores sindicalizados para que asuman un segmento de la administración de la empresa y de sus recursos, y les concede, incluso, la facultad de dictar reglamentos.

Afirma que la función descrita es del resorte del empleador, quien en desarrollo de su libertad empresarial, determina los designios de sus recursos sin interferencia de la organización sindical. Añade que el empleador no puede ser compelido a acatar reglamentos dictados por el sindicato.

Paralelamente, asegura que la decisión es inequitativa por dos razones. Primero, porque en virtud del principio de igualdad y no discriminación, debe hacer extensivos los beneficios del laudo a todos los trabajadores. Segundo, porque la empresa demostró “una no muy buena condición económica”, además que el laudo no precisó el valor de los derechos convencionales ni les puso límite.

2.2. Consideraciones de la Corte

De ninguna manera las cláusulas arbitrales imponen una coadministración de los recursos de la empresa o cercenan indebidamente la libertad de organización y de método del empresario. Contrario a ello, lo previsto en aquellas es un beneficio económico extralegal posible y subsumible en la función de los árbitros de proveer en equidad.

Ahora bien, las funciones del comité bipartito que el laudo instituyó con el objetivo de regular las condiciones de asignación de las becas, se limita a la reglamentación de ese beneficio; ahí acaba su labor. Por ende, sus funciones no trascienden hacia aspectos internos y propios de la organización empresarial, como lo intenta hacer ver el recurrente.

Lo mismo puede decirse del comité de préstamos menores por calamidad doméstica, ya que su actividad se contrae a evaluar y determinar la viabilidad de conceder ese beneficio, pero no a cogestionar o codirigir la empresa, o el capital destinado a los servicios ofrecidos en el mercado.

En hilo con lo dicho, no advierte la Sala que los comités bipartitos constituyan una restricción a la libertad de empresa y emprendimiento, con mayor razón si se tiene en cuenta que su actividad recae sobre beneficios extralegales que por derecho son de los trabajadores, de suerte que no es desatinado que estos participen en su gestión como directamente interesados.

En lo que tiene que ver con la presunta vulneración del principio de igualdad y no discriminación derivada de esta cláusula, basta memorar lo expuesto por esta Sala en Sentencia CSJ SL5887-2016, en la cual explicó que la aplicación de los beneficios del laudo exclusivamente a los trabajadores sindicalizados, no transgrede el principio constitucional de igualdad, en la medida en que la situación jurídica de estos es diferente a la de los trabajadores no afiliados a un gremio profesional. En esa ocasión, se dijo:

A juicio de la Sala, tal circunstancia no constituye un trato discriminatorio infundado, debido a que los trabajadores afiliados al sindicato no se encuentran en la misma situación jurídica de quienes no están sindicalizados. La ley laboral autoriza a los primeros a promover conflictos colectivos y adelantar negociaciones orientadas a la suscripción de convenciones colectivas para mejorar sus contratos de trabajo. De forma que, si en uso de esta posibilidad de negociación y suscripción de acuerdos colectivos, un trabajador sindicalizado obtiene un valor agregado en sus condiciones de empleo a diferencia de otros trabajadores no asociados, ello no es ilegítimo; por el contrario, el Derecho lo permite y, más aún, lo promueve en el marco de la política de estímulo a la libre asociación sindical, concertación laboral y trabajo decente.

Por esto, en estos eventos podría decirse que existen dos factores de diferenciación objetivos y razonables, que operan sincrónicamente. El primero consiste en la afiliación o pertenencia a una organización sindical que tienen unos a diferencia de otros, como acto jurídico que por antonomasia habilita el acceso a los beneficios que otorga privilegiadamente la calidad de sindicalizado. El segundo, consiste en que es la ley, de manera objetiva, la que consiente estas diferencias en favor del grupo de los trabajadores asociados y beneficiarios de convenciones colectivas.

En este orden de ideas, la percepción de beneficios convencionales que deriva de la calidad de sindicalizado y que, en cierto momento, pueda generar diferencias remuneratorias en relación con trabajadores no asociados, no constituye un trato discriminatorio injustificable, pues unos y otros, desde el punto de vista jurídico, están situados en un plano desigual. Por estas mismas razones y en lo que hace al presente conflicto, la percepción en favor del único trabajador sindicalizado de un incremento salarial, que de facto lo ubique en una mejor condición remunerativa con respecto a los demás empleados de la empresa, no constituye un trato inadmisible, pues la situación del primero es diferente a la de los segundos, y su justificación estriba en la calidad de asociado de uno y la de no asociado de otros.

En estos términos y salvo que los afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa (arts. 470 y 471 CST), el laudo solo es aplicable a los miembros sindicalizados y a los que posteriormente se afilien. Ahora, si la empresa motu proprio decide extender los beneficios a todos sus empleados, ello será producto de su voluntad, no de una imposición legal.

Por último, en cuanto a la inequidad atribuida, es conveniente señalar dos cosas:

En primer lugar, las disposiciones del laudo, contrario a lo sostenido por la recurrente, especifican el valor y periodicidad de cada una las becas, así: 3 becas anuales de 2 smlmv para educación secundaria, y 2 becas semestrales de 3 smlmv para educación superior. En cuanto a los préstamos por calamidad se establece que estos no pueden superar los 4 smlmv.

En segundo lugar, y en lo que toca con la desproporción de los montos asignados, es imperioso recordar, una vez más, que quien acude al recurso extraordinario de anulación con fundamento en la causal de manifiesta inequidad, tiene la carga argumentativa de demostrarle a la Corte que la decisión construida por los árbitros no solo es inequitativa, sino también que esa inequidad es manifiesta u ostensible.

Para estos fines no valen las afirmaciones inespecíficas, especulativas o el planteo de una visión paralela de lo que podría ser cuantitativa o cualitativamente más justo; es necesario, contrario a ello, probar que la decisión incontrovertiblemente es incompatible con criterios elementales de equidad, en desarrollo de lo cual el impugnante debe acreditar el costo real, cierto y actual de las prestaciones del laudo, la situación financiera concreta de la empresa y de qué manera el laudo incide desfavorablemente en la producción o en la continuidad de las actividades económicas.

Al respecto, en Sentencia de anulación CSJ SL 24443, 5 ago. 2004, reiterada en SL17421-2016 y SL2893-2017, la Sala sostuvo:

En relación con esa manifestación del recurrente, cumple repetir que los arbitradores tienen la expresa facultad para dictar su fallo en equidad, por lo que se ha admitido que sólo en casos excepcionalísimos al estudiar el recurso de anulación es posible enfrentar su criterio de equidad con el de la Corte y por tal razón ha sido aceptada la posibilidad de anular un laudo cuya inequidad resulte manifiesta. Mas, esa potestad debe manejarse con la mayor mesura, de tal suerte que sólo puede acudirse a ella cuando exista una prueba suficiente que permita concluir la "manifiesta inequidad”, porque a los jueces laborales, y desde luego a la Corte Suprema de Justicia, no se les faculta para fallar con fundamento en su íntima convicción, aunque se les libera de la tarifa legal de pruebas.

Se dice lo anterior, porque en este asunto la recurrente omite esgrimir las razones por las cuales los beneficios del laudo, en función del número de sindicalizados y de las posibilidades reales del ente económico, son insostenibles. Su argumento se contrae, en términos generales, a que la empresa atraviesa por “una no muy buena condición económica”, sin precisar los fundamentos de su dicho.

Colofón de lo expuesto, no se anularán las disposiciones atacadas.

3. Texto acusado

Petición Quince: Asistencia Jurídica a los Trabajadores

Las empresas de Transporte Turístico (sic) El Rodadero S.A. Rodaturs S.A., Transportes Bastidas Bolaños Castillo Cuello y Cia. (sic) SCA, Empresa de Transporte Turístico El Rodadero S.A. Rodaturs S.A. (sic), Rodamar S.A., Cooperativa de Transportadores del Magdalena Ltda. Cootransmag; prestarán la Asesoría Jurídica a los trabajadores (conductores) a su servicio, que se vean involucrados en casos de Accidente de tránsito hasta la culminación del proceso, así el conductor se haya retirado o haya sido despedido de la empresa. Siempre y cuando el croquis o informe judicial determine que el conductor no es responsable del accidente o de la infracción cometida.

3.1. Argumentos de la recurrente

Asevera que los árbitros desbordaron sus atribuciones legales pues hicieron extensivos a todos los trabajadores de la empresa la asesoría jurídica establecida en esta cláusula, no obstante que el sindicato es minoritario.

En idéntico sentido, asegura que el Tribunal incurrió en una extralimitación de funciones al otorgar el beneficio a los ex trabajadores de la empresa que hubiesen sido retirados o despedidos.

3.2. Consideraciones de la Corte

Los árbitros no transgredieron el artículo 470 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que en ninguno de los enunciados de la cláusula se expresó que la asesoría jurídica aplicaba a todos los trabajadores de la sociedad. Simplemente se consagró el deber de la compañía de prestar “Asesoría Jurídica a los trabajadores (conductores) a su servicio”, proposición que, en su recto sentido, está referida a los trabajadores sindicalizados, a menos que estos excedan la tercera parte de los empleados de la empresa, en cuyo caso, por ministerio legal, engloba a todos los trabajadores de aquella.

Por otra parte, es preciso señalar que la circunstancia de que la asesoría jurídica por accidentes de tránsito aplique a los trabajadores desvinculados de la empresa, no constituye una extralimitación de los jueces arbitrales, habida cuenta que este beneficio tiene como referente de exigibilidad un hecho acaecido en vigencia del contrato de trabajo, esto es, un accidente de tránsito ocurrido en el ejercicio de las labores contratadas. De manera que resulta razonable que la asesoría jurídica se brinde incluso a los trabajadores retirados de la cooperativa, entre otras razones, porque es común que las reclamaciones indemnizatorias en estos eventos surjan con posterioridad a la ocurrencia del accidente.

Corolario de lo expuesto, no se anulará esta disposición.

4. Texto acusado

Petición Veintiséis (sic): Permisos remunerados para Formación Académica

Las empresas concederá (sic) los permisos remunerados a los trabajadores a su servicio, para que asistan a cursos de Capacitación y Formación, con el fin de elevar su Nivel Técnico y Académico, los cuales se deben adelantar con entidades del Estado o particulares, debidamente acreditadas. Nos remitimos a la Ley 50 de 1990 (sic).

“ART. 21.—Adiciónase al Capítulo II del Título VI Parte Primera del Código Sustantivo del Trabajo el siguiente artículo: Dedicación exclusiva en determinadas actividades. En las empresas con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación.

4.1. Argumentos de la recurrente

En sustento de su solicitud, la recurrente esgrime que la cláusula es inequitativa toda vez que la empresa atraviesa por “una no muy buena condición económica” y, además, los permisos no están limitados.

4.2. Consideraciones de la Corte

Nuevamente es clave señalar que a efectos de obtener la anulación de una cláusula arbitral con base en la causal de manifiesta inequidad, es imprescindible que la recurrente explicite las razones por las cuales considera que los costos reales del beneficio, desbordan la capacidad financiera de la empresa y ponen en riesgo la continuidad del negocio. Para este fin, no es suficiente con esgrimir, genéricamente, que la decisión es inequitativa o que la empresa atraviesa por “una no muy buena condición económica”, pues, se insiste, el recurrente tiene unas cargas argumentativas y persuasorias ante la Corte, que le imponen el deber de demostrar no solo que la decisión es inequitativa, sino que la inequidad es manifiesta o grosera.

En cuanto a que la determinación del órgano arbitral es ilimitada, la Corte no suscribe esa aseveración, puesto que los árbitros a fin de delimitar el alcance de los permisos, se remitieron al artículo 21 de la Ley 50 de 1990, en el sentido que estos ascienden a 2 horas de las 48 horas semanales que deban laborar los trabajadores. Lo anterior sin perjuicio de que el empleador decida unilateralmente o de mutuo acuerdo con sus trabajadores, ampliar los permisos de capacitación y formación.

En consecuencia, no se anulará la cláusula.

5. Textos acusados

Petición Veintinueve: Salario Básico

Las empresas aumentaran los salarios a todos los operadores sobre el salario básico que se encuentren devengando de acuerdo al aumento decretado por el Gobierno Nacional Anualmente.

Petición Treinta: Salarios para los Trabajadores de Planta, Técnico y Administrativos

Para el personal de planta, técnico, inspectores de tráfico o de rutas, secretarias, auxiliares de nómina o contabilidad, de oficios varios la empresa aumentará el salario básico que se encuentre devengando de acuerdo al aumento decretado por el Gobierno Nacional Anualmente.

5.1. Argumentos de la recurrente

Destaca que los árbitros infringieron el artículo 470 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que hicieron extensivos a todos los trabajadores de la empresa los incrementos salariales.

5.2. Consideraciones de la Corte

En verdad en la cláusula veintinueve se advierte que los árbitros consignaron que los aumentos salariales aplicaban a “a todos los operadores” de la empresa, en contravía a lo dispuesto en el artículo 470 del Código Sustantivo del Trabajo, conforme al cual los derechos convencionales solamente aplican a los trabajadores sindicalizados a menos que estos excedan la tercera parte de los empleados de la empresa.

A pesar de esto, el efecto no puede ser el de anular toda la disposición, como lo quiere el recurrente, sino tan solo aquella expresión que contamina u obstaculiza la legalidad de la norma arbitral, esto es, la locución: “a todos”.

Al respecto, esta Corporación ha sostenido que dentro de las competencias de esta Corte al conocer de los recursos extraordinarios de anulación se encuentra la de modular aquellas cláusulas del laudo que posean elementos, frases o expresiones que perturben su legalidad o equidad, siempre que ello sea posible y no se altere la voluntad de los árbitros. Por ejemplo, en Sentencia SL8157-2016, se razonó:

De acuerdo con la disposición transcrita, la Sala, al momento de emitir una sentencia que resuelve un recurso de anulación, puede adoptar las siguientes decisiones: (i) declarar exequible el laudo, confiriéndole fuerza de sentencia o, lo que es lo mismo, no anularlo; (ii) anularlo cuando aparezca fundado un motivo de invalidez; (iii) devolver el expediente al Tribunal cuando los árbitros hayan omitido decidir sobre algunos puntos para los cuales fueron convocados.

De la mano con esas tres posibilidades de orden legal en las que puede desembocar el resultado del recurso, y de forma muy excepcional, la jurisprudencia de esta Corporación, en aras preservar la voluntad de los árbitros y, en esa medida, salvaguardar el arbitraje como uno de los medios eficaces y óptimos para la solución de los conflictos colectivos, ha aceptado la viabilidad de introducir (iv) “(...) precisos elementos que modifiquen el significado, alcance, o entidad de una cláusula, para despojarlas de los rasgos jurídicos o económicos que la hacen ilegal o inequitativa” (CSJ SL, 15 may. 2007, rad. 31381). Con ello, se busca conservar el contenido esencial de algunas cláusulas, mediante la precisión, modificación o aclaración de algunas notas o frases que, de no existir, hacen que la disposición sea perfectamente rescatable. Desde luego, para que ello sea así, debe existir un pronunciamiento positivo de los árbitros respecto a algún punto del pliego de peticiones, que, en aras de su saneamiento, la Corte pueda entrar a condicionar o modular para despojarlo de los elementos que lo hacen abiertamente inequitativo o ilegal.

De esta forma, el abanico de decisiones que puede adoptar la Corte al resolver el recurso de anulación es un tanto restringido y limitado, pues se contrae a esas tres posibilidades (anula, no anula o devuelve) y a una cuarta muy excepcional (condiciona o modula), sin posibilidad alguna de que, adicional a estas soluciones y subsiguientemente, puedan adoptarse otras decisiones, como podría ser la de emitir fallos de reemplazo.

Conforme con ello, se anulará la expresión “a todos” contenida en la cláusula veintinueve.

En lo que toca con la cláusula treinta —y a diferencia de lo que acontecido con la anterior—, la Corte no advierte que en ella se utilicen expresiones o frases que inequívocamente indiquen que los incrementos allí previstos aplican a todos los empleados o personal “de planta, técnico, inspectores de tráfico o de rutas, secretarias, auxiliares de nómina o contabilidad, de oficios varios”.

De hecho, la referencia inicial “al personal” del enunciado, no significa necesariamente que sea a todos los trabajadores. Y por ello, lo correcto, es entender que cuando se alude al personal se hace referencia al grupo sindicalizado. Esta inferencia, por lo demás, es lógica, si se tiene en cuenta que en todo el texto del laudo se ha hecho referencia a los trabajadores afiliados al sindicato y a su conflicto de intereses, de manera que, contextualmente, es un sobreentendido que las alusiones globales a los trabajadores, empleados o personal están dirigidas a los sindicalizados.

Pero además resulta desproporcionado anular una cláusula con base en lecturas insulares y focalizadas en palabras, frases o expresiones, que no interactúan con el entorno en el que se insertan, y que, a la postre, son altamente subjetivas. Si el lenguaje normativo por su naturaleza suele ser equívoco, resulta indispensable para su comprensión contextualizarlo y ponerlo a tono con la intención, ya sea de las partes o, en este caso, de los árbitros.

En tales condiciones, solo se anulará la expresión “a todos” contenida en la cláusula veintinueve

6. Texto acusado

Petición Treinta y Seis: Instalaciones y Condiciones de las Terminales de Rutas

Las Empresas tendrán terminales de rutas, de su propiedad o arrendados, en condiciones óptimas para sus trabajadores, con el servicio de baños, comedores, de acuerdo a lo establecido en materia de salud ocupacional y seguridad industrial, cumpliendo con las normas para tal fin, a su vez el trabajador se compromete a darles un buen uso.

6.1. Argumentos de la recurrente

Subraya que la disposición de marras representa una grave violación a la autonomía empresarial, pues obliga al empleador a comprar o arrendar inmuebles, no obstante que “existen otras formas de ocupar un inmueble, como por ejemplo un comodato precario, tenencia de buena fe, etc”. En similar dirección, argumenta que el empresario es libre de decidir cómo invierte su capital.

6.2. Consideraciones de la Corte

Sin que sean necesarias mayores elucubraciones, de la disposición arbitral se deriva la obligación del empleador de tener terminales arrendados o de su propiedad. Tal exigencia, a no dudarlo, constituye una injerencia indebida de los árbitros en un aspecto del resorte del empresario, como lo es su libertad de invertir su capital en los bienes y servicios necesarios para la consecución de sus objetivos mercantiles, y celebrar los acuerdos convenientes a su modelo de negocio, lo cual, naturalmente, incluye la potestad de elegir la figura contractual que estime pertinente.

Por tal motivo, se anulará la expresión “de su propiedad o arrendados”.

En cambio, no se anulará el resto del enunciado, ya que, por un lado, su contenido no se cuestionó y, por otro, si bien existe una libertad del empleador para elegir a qué título se poseen las terminales de rutas (compra, arrendamiento, comodato, etc.) y de qué modo invierte sus recursos, en todo caso, los establecimientos que utilice deben estar en óptimas condiciones para que los trabajadores puedan prestar adecuadamente sus servicios, como bien lo indicaron los árbitros. De hecho, no era necesario que lo dijeran, pues a ello estaba obligado en virtud de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Se repite, por tanto, solo se anulará la expresión “de su propiedad o arrendados” contenida en la cláusula treinta y seis.

Sin costas en el recurso dado que la petición de anulación fue parcialmente fundada.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. ANULAR del laudo arbitral del 24 de enero de 2017, proferido por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo que se suscitó entre la organización sindical Unión Nacional de Trabajadores de Rama y Servicios del Transporte de Colombia —UNTT— y la Cooperativa de Transportadores del Magdalena Ltda. —Cootransmag—, las siguientes disposiciones:

a) Las cláusulas 9ª (disposición de conductores relevadores) y 27 (disposición de conductores relevadores remunerados).

b) La expresión “a todos” contenida en la cláusula 29 (salario básico).

c) La expresión “de su propiedad o arrendados” de la cláusula 36 (instalaciones y condiciones de las terminales de rutas).

2. NO ANULAR las demás disposiciones del laudo.

3. Sin costas.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Ministerio del Trabajo, para lo de su cargo.

Magistrados: Fernando Castillo Cadena, Presidente de la Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.