Sentencia SL2478-2017/47822 de febrero 22 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 47822

Magistrado ponente

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 06

Bogotá, D. C., veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV.- RECURSO DE CASACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso extraordinario, el cual concedido por el Tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver, previo estudio de la demanda de casación la réplica de FONCEP.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN 

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia acusada, para que, en sede de instancia revoque en su totalidad el fallo de primer grado, y en su lugar, profiera condena de conformidad con las pretensiones del libelo inicial.

Con tal propósito formula dos cargos, así:

VI. CARGO PRIMERO 

Acusa la sentencia por vía indirecta por:

falta de aplicación de lo preceptuado por el artículo primero y s.s. de la Ley 33 de 1985 y artículos 19, 20, 21, 467, 468, 470, 475, 476, 478 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, en relación con el artículo 38 de la convención colectiva celebrada entre el sindicato de trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá, D. C., y Bogotá, D. C., para el año 1996, art. 17, y 49 de la ley 6ª de 1945, decreto 2127 de 1945, decreto 3135 de 1968 y decreto 1848 de 1969, artículo 1º de la Ley 33 de 1985; artículo 8 de le ley 153 de 1887, como también de lo preceptuado por los artículos 13, 25, 48, 53 230 de la Constitución Nacional, por defectuosa apreciación de algunas pruebas.

Cita como errores manifiestos de hecho:

1º. Dar por demostrado … que el artículo 38 de la convención colectiva celebrada entre el sindicato de trabajadores de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE BOGOTÁ D. C. Y BOGOTÁ D. C., establece como requisito indispensable que el trabajador cumpla la edad necesaria para adquirir la pensión convencional estando vigente el vínculo laboral. 

2º. No dar por demostrado estándolo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la convención colectiva, mi representado tenía derecho a que se le reconociera la pensión convencional por haber cumplido veintiséis años de servicio, y haber cumplido la edad para acceder al beneficio al momento de elevar la respectiva petición.  

3º. No dar por demostrado, estándolo que fue la entidad empleadora la que dio por terminado el contrato de trabajo, lo cual hizo imposible que el actor cumpliera la edad de cincuenta años estando al servicio de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.  

4º. Dar por demostrado sin estarlo que los beneficios convencionales se extinguen al momento de terminar la relación laboral. 

Acusa como erróneamente apreciados, el artículo 38 de la convención colectiva celebrada entre el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá, D. C., y Bogotá, D. C. (fl. 94 cdno. ppal.), y la certificación expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., en la cual consta que el actor ingresó al Distrito el día 9 de febrero de 1966 y se retiró el 16 de diciembre de 1994 (fl. 58 cdno. ppal.).

En la demostración sostiene el censor, que el artículo 38 de la convención colectiva incluyó como requisitos para acceder a la pensión de jubilación, 20 años de servicios y 50 de edad, sin que se hubiera previsto que esta última exigencia tuviera que ser satisfecha durante la vigencia del contrato de trabajo, como equivocadamente lo estimó el tribunal, transgrediendo así los artículos 21 del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constitución Política que consagran el principio in dubio pro operario.

Añade que:

La pensión de jubilación convencional es una prestación que se concede como resultado de la fuerza laboral que el trabajador ha puesto al servicio de la entidad y de la sociedad, de tal suerte que la finalidad de dicha prestación es retribuir los servicios durante la vida activa laboral del demandante que en este caso se extendió por más de veintiséis años, siendo indispensable examinar además el hecho de que si el trabajador no cumplió la edad estando al servicio de la entidad empleadora, no fue por su decisión sino por decisión de la empleadora que el contrato de trabajo terminó antes de que cumpliera los cincuenta años de edad. 

Preciso es tener en cuenta también que el cumplimiento de la edad en nada se relaciona con el tiempo de servicios y, obedeciendo este al mero transcurso de los años, por lo que solamente es necesario verificar el rebasamiento del suceso de llegar a los cincuenta años de edad, pues lo que genera el derecho es la prestación laboral que en este caso se extiende a más de veintiséis años de edad. 

Si se consideraran, como equivocadamente lo ha entendido el sentenciador sujetos de la posible pensión de jubilación solo a los trabajadores, y se entendiera por tales a los que materialmente estén contratados y en servicio activo, ello está en contradicción con la naturaleza misma de la prestación puesto que el concepto de jubilación requiere de manera necesaria la concepción del trabajador como una figura que incluye también a los trabajadores en retiro. 

Por último, afirma que el demandante ingresó a la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá, en vigencia de la Ley 6ª de 1945, y su respectivo Decreto Reglamentario, el 2127 del mismo año, por lo que tiene derecho al reconocimiento de la pensión a partir de los 50 años de edad, como debió estimarlo el Tribunal para no incurrir en violación por vía directa de la ley sustancial.

VII. RÉPLICA 

El opositor estima que el cargo tiene defectos de técnica, porque no se precisan los eventuales errores de hecho; pero de todas maneras, frente a la interpretación de las convenciones colectivas de trabajo, se debe respetar el criterio del ad quem, siempre y cuando se razonable.

VIII. CARGO SEGUNDO

Acusa la sentencia «por violar indirectamente por falta de aplicación del artículo 8 de la ley 153 de 1887, Artículo 1 de la Ley 33 de 1985, art. 151 de la Ley 100 de 1993; Decreto 3135 de 1968; arts. 3, 4, 44 del Decreto 1045 de 1978 y del art. 19 del CST; Decreto 1748 de 1995, Arts. 25, 1649 y 1626 del C.C.; Decreto 2068 de 1991; como también de lo preceptuado por los artículos 13, 25, 48, 53 y 230 de la Constitución Nacional, como consecuencia de errores de hecho …».

Denuncia como errores manifiestos de hecho:

1) No dar por demostrado, estándolo que el demandante era beneficiario del régimen de transición consagrado en la Ley 33 de 1985. 

2) No dar por demostrado, estándolo que el ente pensionado desconoció el hecho de que mi mandante era beneficiario del régimen de transición consagrado en la Ley 33 de 1985. 

3) No dar por demostrado, estándolo que el demandante jamás fue vinculado al sistema general de pensiones. 

4) Dar por demostrado, sin estarlo que al demandante le fue liquidada en debida forma su pensión.  

Enumera como pruebas dejadas de apreciar y defectuosamente apreciadas, las siguientes:

1) Resolución número 2525 del 15 de septiembre de 2005 por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el actor. Folio 24.

2) Certificación factores de liquidación cesantía definitiva, el 8 de febrero de 2007, folio 47.

3) Resolución 2028 del 1 de agosto de 2005 por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición presentado por el poderdante, contra la resolución 1676 del 21 de agosto de 2003, folio 48.

4) Resolución 1676 de fecha 21 de agosto de 2003, por medio de la cual se reliquida una pensión de jubilación a favor del mandante, folio 55.

5) Certificación de devengado mes por mes, años 1993 y 1994, folios 74 y 75.

6) Resolución 0949 del 28 de abril de 2000, por medio de la cual se reconoce el pago de una pensión legal vitalicia de jubilación al señor MORENO GIL, folio 76.

7) Certificado de valores de liquidación según resoluciones, folio 287.

8) Liquidación de pensión, folio 290.

9) Decreto 349 de 25 de junio de 1995, por el cual se declara la insolvencia de la Caja de Previsión Social creada por el acuerdo 35 de 1933, y reorganizada por el acuerdo 44 de 1961, folio 409.

10 Decreto 350 de 29 de junio de 1995, por el cual se crea el Fondo de Pensiones Públicas de Santafé de Bogotá. Folio 411. 

11) Decreto 348 del 29 de junio de 1995, por el cual se decreta la entrada en el sistema general de pensiones prevista en la Ley 100 de 1993, para los servidores públicos, folio 416.

12) Certificación de tiempo de servicios, que obra a folio 58 del expediente. 

En la demostración expuso el impugnante:

(…) el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, establece beneficios (régimen de transición) para quienes a la entrada en vigencia de dicha ley hayan laborado durante quince o más años, de donde se desprende que el sentenciador erró al considerar aplicables al demandante, para efectos de determinar el monto de su pensión, lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993; al no tener en cuenta las pruebas relacionadas en la formulación del cargo, es evidente que el sentenciador violó por inaplicación las disposiciones mencionadas desconociendo el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, y desconociendo la prohibición de discriminar a las personas, consagrada en el artículo 13 Ibídem, puesto que consideró, apoyándose en diferentes jurisprudencias que no era procedente establecer el monto de la primera mesada pensional, teniendo en cuenta lo normado en la Ley 33 de 1985, se desconoció, también de conformidad con lo dispuesto por el FONDO DE PENSIONES PUBLICAS al reconocerle la pensión al demandante, (folio 76) la fórmula establecida por la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA para cuando un pensionado ha dejado de devengar durante varios años, contados a partir de la fecha del despido, y hasta cuando adquiere el status de pensionado, toda vez que en su sentir la jurisprudencia de la Corte Suprema señala algo diferente, cuando en la sentencia de fecha 28 de enero de 2008, dentro del proceso 30.809, expresó … . Transcribe apartes de esa decisión.

IX. RÉPLICA 

Sostiene el replicante que el ingreso base de liquidación de la pensión debe ser calculado con la norma vigente al momento de la causación del derecho; como el demandante cumplió el requisito de la edad el 5 de noviembre de 1999, eran aplicable para esos efectos las previsiones de la Ley 100 de 1993, para el caso, el parágrafo 3º del artículo 36 de dicha normatividad.

X. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

La Corte procederá al estudio conjunto de los cargos que se elevan contra el fallo del tribunal, en atención a que presentan graves defectos de técnica que imposibilitan el estudio de fondo, como pasa a explicarse:

1. La primera acusación se dice orientada por la vía indirecta, pero en el desarrollo mezcla el censor argumentaciones de estirpe jurídica como las relativas a los requisitos para la causación de las pensiones legales en la Ley 6ª de 1945 y el Decreto 2127 del mismo año, que por lo demás son intrascendentes frente a la sentencia gravada. De una parte, porque la supuesta finalidad de la acusación, es obtener el reconocimiento de una pensión de jubilación convencional, y de la otra, porque al demandante se le otorgó pensión legal de jubilación mediante Resolución nº 0949 de 28 de abril de 2000, a partir del 5 de noviembre de 1999, reliquidada mediante Resolución nº 1676 de 21 de agosto de 2003, tal como se dejó establecido por el juzgador ad quem.

Adicionalmente, el recurso acusa como erróneamente apreciadas dos pruebas, la convención colectiva –artículo 38- obrante a folio 94; pero así la Corte eventualmente hallara equivocación del tribunal en la interpretación de dicha cláusula, no podría casar la sentencia porque en instancia, al verificar la disposición, encontraría que está inserta en la convención colectiva suscrita entre el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá D. C. y Bogotá D. C., con vigencia entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1996; por lo tanto, no resultaría aplicable al demandante, en cuanto no se discute que su retiro del servicio en la Secretaría de Obras Públicas se dio el 16 de diciembre de 1994.

Por lo demás, y aún si la cláusula en comento resultara aplicable al sub lite, lo cierto es que analizado su texto, la Corte no encuentra error manifiesto de apreciación probatoria por parte del tribunal. En efecto, dice el artículo 38 convencional:

ARTÍCULO 38. PENSIÓN DE JUBILACIÓN: Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, continuará reconociendo y pagando la pensión mensual vitalicia de jubilación a todos los trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas que hayan cumplido cincuenta (50) años de edad y veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos a Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital. 

La pensión de jubilación tendrá una cuantía del setenta y cinco por ciento (75%) del total de lo devengado por el trabajador en el último año efectivo de servicios. 

Del contenido de la previsión, surge con nitidez que las partes no estipularon expresamente que la prestación pensional de origen convencional pudiera causarse con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo; en consecuencia, la única lectura posible de la cláusula, con arreglo al artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, es que el derecho procede siempre y cuando se reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicios mientras esté en vigor el vínculo laboral, como se consideró en el fallo gravado, por lo que el juzgador no incurrió en un defecto valorativo respecto de ese medio de convicción.

En lo referente a la certificación expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., en la que dice el recurrente consta que el actor «ingresó al Distrito el día 9 de febrero de 1966 y se retiró el 16 de diciembre de 1994», la verdad es que no explica con suficiencia dónde estuvo el yerro del Tribunal ni desarrolla un discurso coherente para demostrar su incidencia frente a la decisión cuestionada, máxime que precisamente, esos fueron los extremos de la relación laboral que se establecieron en la sentencia.

2. En el segundo cargo dirigido también por la vía de los hechos, se acusa al tribunal de haber pasado por alto una serie de pruebas, y a la vez apreciarlas con error, lo cual resulta un contrasentido, pues en lógica un medio demostrativo que ha sido omitido no puede a la vez haber sido valorado de manera defectuosa. Tampoco se argumenta frente a cada uno de ellos, lo que demuestran contrario a lo establecido por el juzgador, como lo exige el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado D. R. 528/64, art. 60, cuando preceptúa «Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o de falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en error de derecho, o en error de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos».

Así mismo, en la sustentación se acude indistintamente a razonamientos de orden fáctico y jurídico como el relativo a la fórmula para indexar la primera mesada pensional y las disposiciones aplicables para calcular el IBL, lo que convierte el recurso en un simple alegato de instancia alejado de las reglas y fines de la casación.

Insiste una vez más la Corte que la casación como medio de impugnación extraordinario, contiene exigencias de orden legal y otras producto de su desenvolvimiento jurisprudencial, que deben ser acatadas por quien acude a él. Entre sus requisitos está la coherencia entre la vía seleccionada y el estatuto de valor que le es propio. Así, quien escoge como vía de ataque la directa, debe allanarse a las conclusiones fácticas contenidas en el fallo así como al análisis probatorio realizado por el fallador para dar por establecidos los hechos del proceso, y mantener la controversia en un plano estrictamente jurídico.

Por el contrario, quien opta por el sendero indirecto, discrepa de todos o algunos de los soportes fácticos de la sentencia, por lo tanto debe orientar su ataque en ese sentido, sin que esté permitido en uno y otro caso, acudir de manera indiscriminada a argumentos propios de cada una de esas vías.

Estos precisos requerimientos de técnica desatendidos en el sub lite, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.

Por las razones indicadas, se desestiman los cargos.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente y en favor del Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones – FONCEP, por haber sido el único que presentó oposición. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

XI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos mil diez (2010), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso promovido por JOSÉ GABRIEL MORENO GIL contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL y el FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP.

Costas, como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen».