Sentencia SL2510-2017/65346 de febrero 15 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL2510-2017

Rad. 65346

Acta 05

Reiteración de jurisprudencia

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., quince de febrero de dos mil diecisiete.

En uso de la facultad prevista en el inciso 3º del artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 20 de junio de 2003, en el proceso que María Aminta Martínez Rodríguez adelanta contra el Banco Popular, trámite al que se vinculó como litisconsorte necesario al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

I. Antecedentes

La citada accionante promovió demanda laboral contra el Banco Popular a fin que se le condenara al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en cuantía del 75% del salario promedio del último año de servicios, la diferencia o mayor valor respecto de la pensión del ISS, las mesadas pensionales, los auxilios de la convención colectiva de trabajo, la indexación de la primera mesada, los intereses moratorios y las costas del proceso.

En respaldo de sus pretensiones, refirió que laboró para la demandada del 21 de febrero de 1974 al 30 de septiembre de 2010; que durante el último año devengó un salario promedio de $ 2.374.312,95; que nació el 12 de marzo de 1954, de modo que cumplió 55 años el mismo día y mes del 2009; que es beneficiaria del régimen de transición, por lo que le resulta aplicable lo previsto en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985; que si el ISS reconoce la pensión de vejez, el banco debe asumir el mayor valor que resulte por el fenómeno de la compartibilidad; que el 21 de noviembre de 1996 el Estado enajenó en favor de particulares la propiedad accionaria mayoritaria del banco y, que agotó la reclamación administrativa (fls. 2 a 12).

El Banco Popular al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los extremos laborales, la fecha de nacimiento y la edad de la actora, la privatización del banco y la reclamación administrativa; en cuanto al salario, precisó que el señalado por la accionante corresponde al que se tuvo en cuenta para liquidar cesantías, el cual difiere del salario que sirvió de base para liquidar los aportes para los riesgos de invalidez, vejez y muerte. En su defensa adujo que su obligación fue subrogada por el ISS, entidad que le reconoció a Martínez Rodríguez una pensión de vejez, sin que resultare diferencia a cargo del banco. Formuló las excepciones de prescripción, subrogación total del riesgo de vejez, inexistencia del derecho, falta de causa, inexistencia de la obligación en la forma reclamada en la demanda y cobro de lo no debido (fls. 59 a 74).

Mediante auto de 14 de agosto de 2012, se ordenó vincular como litisconsorcio necesario al ISS (fl. 161).

Una vez notificado, dicho Instituto contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Aceptó la edad de la accionante, su calidad de beneficiaria del régimen de transición, y la presentación de la reclamación administrativa; frente a los restantes señaló que no eran hechos, no le constaban por ser ajenos al ISS o no ser ciertos. Formuló las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido (fls. 299 a 302).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado 31 Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 22 de febrero de 2013 absolvió al Banco Popular y al ISS de todas las pretensiones, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y condenó en costas a la parte actora (fls. 332 a 334).

III. Sentencia de segunda instancia

Por apelación de la demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la sentencia recurrida en casación, resolvió confirmar la decisión de primera instancia.

El Tribunal comenzó por establecer que no existía discusión respecto de los siguientes tópicos: (i) que la actora es beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993; (ii) que cumple los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de jubilación a cargo del Banco Popular; (iii) que el ISS le reconoció la pensión de vejez a través de la Resolución 4297 de 2010, en valor inicial de $ 1.412.560 a partir del 1º de marzo de 2000, prestación que fue reliquidada a través de la Resolución 11164 de 2010 en cuantía $ 1.520.608 y, (iv) que por fallo judicial proferido por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, se ordenó la reliquidación de la pensión de vejez con una tasa de reemplazo del 90%, lo que arrojó como primera mesada la suma de $ 1.740.710.

En lo que interesa a los fines del recurso extraordinario, señaló que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 garantiza la aplicación de la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la prestación de acuerdo con la norma anterior. Sin embargo, el ingreso base de liquidación, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, se obtiene conforme lo previsto en el artículo 36 o 21 de la Ley 100 de 1993.

Señaló que en acogimiento de la jurisprudencia de la Colegiatura sobre el ingreso base de liquidación, era acertada la decisión de primer grado en cuanto consideró que el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de la actora, correspondía al establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Agregó que al liquidar la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 arrojó una cuantía de $ 1.290.975,93, inferior a la reconocida por el ISS.

En ese orden, concluyó que la decisión, los razonamientos y conclusiones a las que llegó el juez de primera instancia, fueron acertados (fls. 346 a 347).

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las declaraciones y condenas pretendidas en el escrito inicial.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual fue replicado únicamente por el Banco Popular.

VI. Cargo único

Acusa el fallo de segundo grado de violar directamente la ley, bajo la modalidad de interpretación errónea, de las siguientes disposiciones:

[…] artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y el artículo 1º de la Ley 62 de 1985; los artículos 127 al 144 del título V, capítulo I, de Código Sustantivo del Trabajo, adoptado por el Decreto 2663 del 5 de agosto de 1950 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que implicó la violación de los artículos 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política; artículo 16 de la Ley 2ª de 1932; el artículo 1º de la Ley 28 de 1943; 1º de la Ley 22 de 1945; 21 del Decreto 1237 de 1946; 9º del Decreto 2661 de 1960, artículo 38 de la Ley 50 de 1990, 21, 467, 468, 469, 470, 471, 479 (D. 2661/60, art. 14), artículo 38 de la Ley 50 de 1990; 21, 467, 468, 469, 470, 471, 479 (D. 616/54, art. 14) del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 38 Decreto 2351 de 1965 y por aplicación indebida de los artículos 1º del Decreto 1158 del año 1994 (que modificó el art. 6º, D. 691/94), el Decreto 758 de 1990 por medio del cual se aprobó el Acuerdo 049 del 1º de febrero de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, todas ellas en relación con el artículo 151 de la misma Ley 100 de 1993, el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del Decreto 691 de 1994, el artículo 134 del Decreto Ley 1650 de 1977, el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, los artículos 68 a 80 del Decreto 1848 de 1969; los artículos 2º y 6º del Decreto 433 de 1971; el artículo 45 el Decreto 1045 de 1978 y los artículos 1º, 6º y 8º de la Ley 153 de 1887.

La recurrente comienza por señalar que la discrepancia con el fallo de segunda instancia, se circunscribe “únicamente [a] la aplicación o interpretación normativa con la cual se debió determinar el ingreso base de liquidación de al (sic) mesada pensional”.

En la demostración del cargo, señala que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han considerado que el régimen de transición también incluye el ingreso base de liquidación de la prestación por cuanto este hace parte del monto. Agrega que en virtud de la inescindibilidad de la ley no es factible liquidar la pensión con base en la edad, tiempo de servicio y porcentaje previsto en la Ley 33 de 1985, y liquidar el ingreso base de liquidación con una normativa posterior.

Sostiene que la postura adoptada por el Tribunal fundamentada en las decisiones de esta Sala de la Corte, no corresponde a la que debe adoptarse en aras de restablecer el derecho a la igualdad y seguridad jurídica de los pensionados. En su sentir, la “desigualdad interpretativa entre estos máximos tribunales ha creado una desigualdad en el reconocimiento de pensiones”, por lo que para determinar el IBL de la prestación debe acudirse a la “condición jurídica que resulte más beneficiosa al destinatario de los derechos regulados” en la legislación laboral y de seguridad social.

Aduce que bajo la perspectiva del principio de igualdad no es admisible que a los trabajadores oficiales no se les liquide la prestación conforme a lo dispuesto por las leyes 33 y 62 de 1985, “sino en una mixtura normativa, deriven su derecho en las mismas condiciones del régimen de prima media, según sus aportes al mismo, de lo cual deriva entonces que la pensión de jubilación del trabajador oficial viene a establecerse en un monto igual al que hubiera obtenido por sus cotizaciones a ese sistema (…) por obra de una errada interpretación normativa como en el fallo se demanda, que la pensión de jubilación es inferior en su cuantía a la de vejez que la trabajadora obtuvo (…), en razón de que la sentencia acusada dispone desobedecer el artículo 1º de la Ley 33 de 1985”.

VII. Réplica

El Banco Popular se opone al cargo, para lo cual aduce que no se presenta un entendimiento equivocado de la ley cuando el sentenciador acoge una interpretación razonable de la norma, máxime cuando está soportada en la jurisprudencia reiterada por esta Sala.

El ISS no formuló réplica.

VIII. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos por la censura, el problema jurídico que debe resolver la Corte estriba en determinar cuál es la norma aplicable para efectos de establecer el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de la demandante, quien es beneficiaria del régimen de transición.

Pues bien, esta Sala de la Corte, con estricta sujeción a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ha considerado de forma reiterada, uniforme y pacífica (CSJ SL 44238, feb. 15/2011; CSJ SL 53037, abr. 17/2012; CSJ SL 570-2013; CSJ SL 4649-2014; CSJ SL 17476-2014; CSJ SL 2982-2015, entre otras), que el régimen de transición únicamente preserva tres aspectos del régimen anterior: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. De suerte que, los demás aspectos de la prestación, tales como el ingreso base de liquidación, son los consagrados en la Ley 100 de 1993.

De ahí que el ingreso base de liquidación de la pensión de las personas beneficiarias del régimen de transición que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, se rige por lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 ibídem y, para aquellos que les faltare 10 años o más para consolidar su derecho, se liquida de acuerdo con lo contemplado en el artículo 21 de la misma normativa. Ello, en modo alguno vulnera el principio de inescindibilidad de la ley, porque es en virtud del expreso mandato de la misma disposición legal que el cálculo debe hacerse en esa forma.

Al respecto, esta Corporación en sentencia CSJ SL 33343, oct. 17/2008, reiterada, entre otras, en CSJ SL 31711, feb. 24/2009 y, recientemente, en CSJ SL6476-2015, CSJ SL12998-2015 y CSJ SL8563-2016, adoctrinó:

Es sabido que con los regímenes de transición especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a los derechos pensionales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho.

Desde luego, esos regímenes pueden tener diferentes modalidades respecto de la utilización de la nueva preceptiva y la vigencia de las normas derogadas o modificadas, de ahí que no impliquen necesariamente la aplicación, en su integridad, de estas normas, que, por lo general, consagran beneficios más favorables al trabajador o al afiliado a la seguridad social. Ya la Corte Constitucional ha explicado, al referirse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que goza el legislador de un amplio poder de configuración al momento de definir la protección que le otorgue a las expectativas de los ciudadanos, como las referidas a los derechos prestacionales.

Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del sistema general de pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales (…).

(…)

De tal suerte que esa mixtura normativa, que no constituye un exabrupto jurídico, pues es característica de los regímenes expedidos para regular transiciones normativas, surge del propio texto de la ley y no es resultado de una caprichosa interpretación de las normas que instituyeron el sistema de seguridad social integral en pensiones.

Bajo tal criterio jurisprudencial resulta claro que la conclusión del Tribunal, según la cual, el ingreso base de liquidación de la pensión de la actora no podía calcularse con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, sino que la norma aplicable era el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, toda vez que le faltaban más de diez años para adquirir el derecho, es acertada, razón por la que no cometió el yerro jurídico que se le endilga.

No sobra recordar que por virtud de su autonomía en la interpretación y aplicación de las normas, la Corte Suprema de Justicia, como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, puede acoger un criterio diferente al de otras corporaciones judiciales en torno a los diferentes temas que le sean planteados.

Por último, es claro para esta Colegiatura que no es aplicable el principio de favorabilidad que consagra el artículo 53 de la Constitución Nacional, porque el mismo parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes, mientras que, en el presente caso, existe norma especial que reguló específicamente la forma de calcular el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen de transición a las que les faltara más de 10 años para consolidar su derecho pensional. De manera que, al existir ese precepto legal vigente que regula la situación de forma unívoca, es el único aplicable.

En ese orden, al no encontrar la Sala razones para cambiar el criterio jurisprudencial que hasta ahora se ha mantenido vigente, se concluye que el Tribunal no cometió el yerro jurídico del que se le acusa y, por ello, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante y a favor del Banco Popular. Se fijan como agencias en derecho la suma de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000), que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veinte (20) de junio de dos mil trece (2013) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral que adelanta contra María Aminta Martínez Rodríguez contra el Banco Popular, trámite se vinculó como litisconsorte al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, presidente de la Sala.—Jorge Mauricio Burgos Ruiz.—Fernando Castillo Cadena.—Clara Cecilia Dueñas Quevedo.—Rigoberto Echeverri Bueno.—Luis Gabriel Miranda Buelvas.—Jorge Luis Quiroz Alemán.