Sentencia SL2555-2015/40726 de marzo 4 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL2555-2015

Radicación 40726

Acta 6

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., cuatro de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «X. CONSIDERACIONES

No obstante estar dirigidos por vía distinta, los dos primeros cargos guardan similitud en la proposición jurídica y la argumentación, así como identidad de propósito, es viable analizarlos y resolverlos conjuntamente, tal cual lo autoriza el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

Para el Tribunal, aunque al nexo jurídico entre las partes se le denominó Contrato de Corretaje, de su propio contenido, dijo que fluyen particularidades que desvirtúan que se tratara de dicha especie contractual y, por el contrario, exhiben elementos de juicio que hacen patente una verdadera relación de subordinación.

En los términos del artículo 1340 del Código de Comercio, “Se llama corredor a la persona que, por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas, con el fin de que celebren un negocio comercial, sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación”, de modo que como lo señaló el ad quem, la condición de intermediario supone que una vez que el corredor pone en contacto a las personas que habrán de celebrar el negocio, termina su labor, pues no presta su concurso, su colaboración, ni ninguna gestión en el desarrollo del mismo; de ese modo, no se entiende cómo en un contrato que debe caracterizarse por ausencia total de dependencia, se impuso como una obligación a la supuesta corredora la de cumplir las metas establecidas por la enjuiciada, ni la de asistir a las capacitaciones y entrenamientos programados por COOMEVA, ni tener que hacer presencia en sus instalaciones en las fechas señaladas por la entidad, tal cual lo tuvo por probado el Tribunal, hechos que surgen evidentes de las cláusulas contractuales que copió el juzgador así:

“... El CORREDOR procurará la vinculación de personas naturales y personas jurídicas y velará por su permanencia en la cooperativa, mediante el control a la deserción de las personas vinculadas por él...”.

“... TERCERA: OBLIGACIONES DEL CORREDOR (...). Diligenciar con absoluta veracidad las solicitudes de ingreso de asociados. El código del promotor debe coincidir la de la persona que dicta la charla de inducción inicial.

“... !) Hacer entrega a COOMEVA de los dineros recaudados a su nombre, por concepto de cuota de admisión con su respectivo recibo numerado dentro del día hábil siguiente a su recaudo...”.

“... OBLIGACIONES DE COOMEVA (...). PAR. 1º—COOMEVA informará mensualmente al CORREDOR la cifra de población morosa acumulada de este contrato para su control.

“CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL CORREDOR (...). PAR. 2º—COOMEVA podrá permitir que EL CORREDOR ejerza su función de CORRETAJE en sus instalaciones previamente definidas, por considerar que en dichas áreas existe un potencial importante de eventuales compradores del servicio ofrecido por el mismo. Para el desarrollo de dicha actividad conocida como “planta”, COOMEVA definirá los términos y condiciones...”.

“e) Cumplir con la meta de ingreso de asociados efectivos, es decir que hayan pagado la primera factura mensual. Para la categoría SENIOR, dicha meta es de Quince (15) asociados mensuales.

“El CORREDOR acepta y autoriza desde ahora, que de los valores a reconocerle mensualmente por su actividad, se le descuenten las sumas que resulten a su cargo por multas o deducibles automáticamente.

“Asistir a los programas de capacitación y entrenamiento a los que COOMFAA los cite...”.

En aquel contexto normativo, los honorarios pactados se causan, sin que el cumplimiento de las obligaciones de las partes pueda afectar la remuneración causada; así surge patente que la realidad contractual fue diferente de la escrita y que la naturaleza del corretaje se ve desvirtuada con lo estipulado en el parágrafo 4º de la cláusula 3ª del documento que suscribieron las partes, según el cual “Cuando el Asociado vinculado por el CORREDOR no cancele las facturas correspondientes a los tres meses siguientes a su ingreso a la cooperativa, el CORREDOR perderá el valor del 100% de la retribución detallada en el cuadro 1 del anexo I y también la retribución adicional por volumen de Asociados contenida en el cuadro 2 del mismo anexo, por reducirse así el número de Asociados mínimo que dio lugar a su reconocimiento”. En esa dirección se pronunció la Sala de Casación Civil en sentencia 11001-3103-013-2001-00900-01 de 9 de febrero de 2011, en los siguientes términos:

En orden a resolver ese reproche, cabe recordar que en esta tipología de asuntos, según el artículo 1340 del Código de Comercio, el corredor “se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas, con el fin de que celebren un negocio comercial…”.

Así, la actividad de dicho intermediario se reduce, exclusivamente, a facilitar el encuentro de dos o más sujetos que tienen la voluntad de contratar; esto viene a indicar que en desarrollo de tal labor el corredor obra como un puente conductor o, si se quiere, como un vaso comunicante entre quien tiene la intención de ofrecer un bien o prestar un servicio, y aquél que desea hacerse a él.

Acontece que el corredor facilita la complementación de las economías de los contratantes, porque su conocimiento le permite saber de las necesidades comunes y esa es, precisamente, la importancia de su gestión en el desarrollo del negocio, misma que no puede detener una vez ha desatado la iniciativa, pues el acuerdo de voluntades ya no depende de su actividad, sino de los deseos y expectativas de los contratantes.

Por lo mismo, no se puede cargar al corredor con obligaciones ajenas al contacto, como la de mantenerse en vigilia para la realización efectiva del mismo, pues su función es puramente genética, por lo que se descarta que deba alimentar con denuedo el proceso de convicción de los contratantes sobre las bondades de la celebración del acto.

En ese sentido, la jurisprudencia precisó, al abrigo del Código de Comercio anterior, que “son corredores —dice el artículo 65 del C. Co.— los agentes intermediarios entre el comprador y el vendedor que, por su especial conocimiento de los mercados, acercan entre sí a los comerciantes y les facilitan sus operaciones. En realidad la anterior definición es incompleta, porque no comprende todas las especies de corretaje. El corredor puede intervenir en operaciones distintas de la compra y venta, como por ejemplo, respecto de transportes, seguros, etc. El corredor es un simple mediador. Limita su intervención a poner en contacto dos contratantes para facilitar sus negociaciones… su tarea queda reducida a descubrir los contratantes para ponerlos en relación directa en orden al perfeccionamiento del negocio… limita su actuación a las tareas preparatorias para aproximar a los interesados, comunicando las ofertas y contraofertas y allanando las diferencias entre ellos, de tal suerte que al llegar los contratantes a un acuerdo sobre las condiciones del negocio, el corredor desaparece de las escena, quedando al cuidado de las partes el perfeccionamiento del respectivo contrato en el cual no interviene ya aquél.

El agente intermediario ha merecido el nombre de corredor porque va y viene entre los contratantes en su tarea propia de lograr acercarlos para la celebración del negocio. El corredor puede recorrer estos pasos: a) buscar a la persona interesada en negociar con el comitente dentro de las condiciones y propósitos contractuales de éste; b) comunicar a la parte interesada, una vez hallada, la voluntad del comitente de concretar el negocio e indagar las intenciones de aquél respecto de los términos de la oferta; c) trabajar el ánimo de la contraparte si no se muestra a llevar a cabo el negocio; d) transmitir la aceptación del cliente al comitente y persuadir a éste, en caso necesario, sobre los términos del negocio convenido por el corredor. En todas estas etapas de intermediación aparece bien caracterizado el papel del corredor…

Sobre la disciplina del contrato de mediación y la posibilidad de revocarse el encargo en cualquier tiempo, expone Vivante lo siguiente: “Algunas veces es el propio mediador el que toma la iniciativa en su intervención, otras es el cliente el que le busca; pero esto carece de importancia, porque en ambos casos la disciplina del contrato es la misma”…

Aquella circunstancia que contraría la naturaleza del contrato de corretaje se repite en los parágrafos 5º y 6º ibídem, que consagran una especie de castigo para la “corredora”, si los asociados se retiran o se inactivan durante el primer año de afiliación, así como la autorización que se hace a la Cooperativa para que de los valores que se le reconozcan mensualmente, se le descuenten multas o deducibles.

La Sala encuentra entonces, que para hallar la verdad, el juzgador examinó las pruebas incorporadas al expediente y escudriñó su contenido, con el propósito de aproximarse a la verdad que en ellas subyace, de suerte que ningún reproche le cabe por haber incursionado en el análisis de las cláusulas del “contrato de corretaje” y extraer de allí unas conclusiones que no contradicen en forma ostensible la realidad que dicho clausulado ofrece, en tanto, la inminencia de la imposición de sanciones o deducciones por el retiro o atraso de las personas que afilió, no puede ser entendida sino como la obligación de permanecer vigilante para que no se presentara uno de esos sucesos, y el suministro de elementos a la corredora, a través de un contrato de comodato, aparece también como indicativo del ocultamiento de la verdadera naturaleza jurídica de la vinculación que existió entre los contendientes, de modo que tampoco desacertó el Tribunal cuando coligió que la accionante usaba las instalaciones y los elementos de propiedad de la Cooperativa para desarrollar la labor encomendada.

Adicionalmente, ninguna importancia tiene la afiliación al sistema de seguridad social que como independiente hiciera la accionante, según lo admitió al responder declaración de parte, dado que en contextos como el que se analiza, tal circunstancia no puede ser vista sino como una consecuencia de la imposición de las condiciones contractuales de quien va servirse de la prestación del servicio.

Debe la Sala destacar que el ejercicio de juzgamiento del Tribunal partió de una premisa equivocada, como es haber atribuido a la demandante la carga de probar la subordinación, siendo que tal cual lo preceptúa el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y lo tiene definido esta Sala de la Corte, la prestación personal de un servicio de una persona natural a otra, natural o jurídica, hace presumir que la vinculación estuvo gobernada por un contrato de trabajo, con la lógica consecuencia de que al demandado le corresponde desvirtuar esa presunción, aportando la prueba de una relación autónoma o independiente, de otro tipo de vínculo distinto al laboral. De tal suerte que si se admitiera que los contratos de corretaje no son evidencia contundente de la presencia del elemento subordinación, menos son prueba irrefutable de una vinculación caracterizada por la independencia o autonomía de la actora.

Resulta útil reseñar que en un proceso contra la misma demandada, por idéntica causa y objeto, expuso la Sala en punto al texto de los denominados contratos de corretaje, para descartar toda posibilidad de error CSJ, SL, 27 mayo 2009, rad. 33321:

“se observa que el actor se comprometió “a servir de intermediario entre terceras personas y COOMEVA” y que de acuerdo con las “CARACTERÍSTICAS DEL CORREDOR”, el objeto contractual se ejecutaría “con autonomía técnico administrativa y sin tener vinculaciones con las partes”, no obstante esas circunstancias no las soslayó el Tribunal, en tanto evidenció ese tipo de contrato de corretaje suscrito por las partes; sin embargo, ocurre que el juzgador analizó la prueba testimonial, en primer lugar, para deducir que el actor tenía una dependencia con las accionadas y que recibía órdenes de ellas, tenía jefe, “su labor se hacía con base en listados y papelería entregadas por estas, obligatoriamente debía asistir a reuniones en las cuales se pasaba lista de asistencia, que tenían que acudir a días de plantas asignados por las accionadas, debían cumplir con un presupuesto de ventas, hacer cobros y consignaciones a órdenes de las sociedades dentro de las 48 horas siguientes al pago. Que el accionante participaba en concursos, rifas como incentivos, debía acudir a capacitación y plenarias”, todo lo cual señalan “elementos extraños a un contrato comercial de carácter profesional, que se supone se realiza con personas que tiene autonomía técnica. Administrativa”, de donde concluyó que lo que existió entre las partes fue en realidad un contrato de trabajo, inferencia en la que surge patente la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, y que lo llevaron a desestimar los convenios, formalmente allegados; luego no hay un desatino proveniente de su apreciación.

En cuanto a la confesión del actor, que dice el recurrente se deriva por haber anunciado su actuar de modo autónomo y que su función esencial era poner en contacto a las partes para celebrar los contratos de medicina prepagada, labor que realizaba “desde su propia casa”, es de advertir que el propio Tribunal expresó que “lo que se aprecia es una aceptación de ello pero por expresa exigencia de la entidad”, a lo que se debe agregar que respecto a la respuesta del actor sobre su función “como corredor” y sobre la necesidad de su inscripción ante la Superintendencia Nacional de Salud “para ejecutar actos de intermediación en el campo de los servicios de salud”, no se puede considerar como perjudicial para el demandante, por cuanto no admitió que su labor fuera autónoma e independiente como lo predica la demandada, sino que las condiciones del servicio las imponía la empresa, quien le exigió la suscripción de los contratos ya reseñados, y la consecuencial inscripción ante el aludido ente estatal.

(...) Luego, se reitera que no surge un desatino fáctico ostensible, porque no podría tomarse de modo aislado una respuesta, sino en todo su contenido. Es más, debe decirse que las aseveraciones del actor, respecto de haber desarrollado personalmente todas las actividades para “la venta directa”, fueron atendidas por el sentenciador, para resaltar que no se dedicó simplemente a una intermediación, o a poner en contacto a dos clientes, como corresponde al contrato de corretaje, sino que ejecutó acciones distintas que lo llevaron a deducir que hubo una prestación de un servicio de naturaleza dependiente, se repite, con otras pruebas.

Tampoco, se puede considerar que la suscripción por parte del actor, en representación de la sociedad Jorge Alirio Maya L. Cía. Ltda., de un contrato de trabajo a término fijo, pueda traducirse por sí mismo en una ausencia de subordinación por parte del accionante frente a la demandada.

En ese sentido debe agregarse, que los trámites adelantados por el actor, ante la Dirección de Impuestos Nacionales (fls. 309 a 314) y la actuación surtida para constituir una sociedad comercial, tampoco desdibujan de modo protuberante la realidad que halló probada el ad quem, con fundamento en otros medios de convicción, principalmente en la aludida prueba testimonial, si se considera que tales actos, los estimó desatendibles, frente al hecho que calificó de real, de la prestación del servicio en las condiciones ya mencionadas, esto es, bajo directrices de un jefe, con elementos e instrucciones del empleador, aun cuando constituyera una sociedad de tipo comercial, o que se le enviaran comunicados o invitaciones como contratista, o que los pagos que se le hiciera tuvieran esa denominación.

Estos cargos no prosperan, en tanto ningún desatino fáctico ni jurídico se encuentra comprobado.

XI. TERCER CARGO

Por interpretación errónea, denuncia violación directa del artículo “199 (sic) de la Ley 50 de 1990; en relación con los artículos 1º de la Ley 50 de 1990; 22, 23 y 24 del CST; 7º y 8º del Decreto 2351 de 1965; 22, 23, 24, 27, 28, 35, 37, 39, 45, 46, 54, 56, 61, 65, 67, 186, 249, 306 y 307 del CST; 1º de la Ley 52 de 1975; 1º y 26 de la Ley 100 de 1993; 2º, 6º, 7º, 8º y 9º del Decreto 1887 de 1994; 1º del Decreto 617 de 1954; 8º de la Ley 153 de 1887; 16 de la Ley 446 de 1998, 307 del CPC y 53 de la C.P., 1340, 1341 y 1346 del Código de Comercio; 24 del Decreto 1570 de 1993 y 24 del Decreto 1486 de 1994”.

En la demostración, reproduce la motivación del ad quem para fulminar condena por la sanción moratoria de que trata el artículo 99, inciso 3º de la Ley 50 de 1990, y recrimina por asumir que basta el solo incumplimiento empresarial para resolver como lo hizo, con prescindencia de los motivos que determinaron la falta de consignación, lo cual comporta una aplicación automática del precepto legal, en los términos de reiterada y uniforme jurisprudencia de esta Sala de la Corte, que se ha pronunciado en ese sentido tanto para el caso del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, como para el del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en tanto deviene “imprescindible que el juzgador, antes de imponerlas, haga un examen acerca de las posibles circunstancias que acrediten o constituyan buena fe patronal, de suerte que no puede fulminarla de manera ciega, sino que antes de condenar, está obligado a estudiar el comportamiento del empleador”.

En instancia pide que se aplique el mismo rasero que usó el Tribunal para absolver por la indemnización moratoria por falta de pago de salarios y prestaciones sociales.

XII. LA RÉPLICA

Critica a la censura porque dejó de explicar en qué consistió la violación de cada una de las normas que integran la proposición jurídica. Asevera que el ad quem interpretó en su genuino sentido el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Como precedentes invoca las sentencias de casación de 28 de septiembre de 2005 y la de 27 de mayo de 2009, las cuales no identificó por radicado.

XIII. CONSIDERACIONES

Indudablemente, el juez de apelaciones impuso en forma automática la sanción de que trata el inciso 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues ninguna reflexión elaboró en torno a los motivos que pudieron incidir en la omisión de la Cooperativa para abstenerse de afiliar a la señora FERRO MOJICA a un Fondo de Cesantías y, por lo tanto, haber dejado de realizar la consignación anual.

Por pacífica y reiterada, es bien conocida la jurisprudencia de la Corte que enseña que así como para fulminar condena por la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo es necesario examinar la conducta del empleador en aras de desentrañar los motivos del incumplimiento, también debe desplegarse tal actividad tratándose de la que ahora concita la atención de la Sala.

No obstante que el cargo es fundado, la sentencia no será quebrantada, en tanto si la Corte se ubicara en sede de instancia encontraría que no se allegaron probanzas demostrativas de buena fe en la actuación de la enjuiciada, toda vez que la celebración de contratos formalmente diferentes al de trabajo, por si sola, no se traduce necesariamente en el reflejo de una conducta ceñida estrictamente a los postulados de la buena fe.

En el evento presente, como lo ha considerado la Corte en otros casos, la celebración sucesiva de contratos de corretaje para regular su relación con quien se encargó de vincular personas en calidad de afiliadas, evidencia que la intención no fue diferente a disfrazar la existencia de una genuina relación subordinada de trabajo, lo que quiso ser reforzado con la celebración de contratos de comodato precario o préstamo de uso, según lo estableció el propio juzgador.

No se requieren mayores elucubraciones para concluir que antes que acreditar un comportamiento conforme a derecho este tipo de circunstancias lo que evidencia es la intención de encubrir la verdadera naturaleza del nexo jurídico, y no sobra señalar que aunque el ad quem desestimó la sanción moratoria causada a la finalización del contrato, ello no conlleva que la Corte deba atender esa determinación como obligatoria, en tanto que la valoración que se hace de la conducta de la demandada surge distinta.

Aunque impróspero, el cargo deviene fundado, razón suficiente para no imponer costas por el recurso extraordinario.

XIV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 19 de diciembre de 2008, adicionada por la de 26 de febrero de 2009, proferidas por una Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral que GLORIA AMPARO FERRO MOJICA promovió contra la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE LOS PROFESIONALES DE COLOMBIA, COOMEVA.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».