Sentencia SL2644-2016 de marzo 2 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL2644-2016

Radicación: 46403

Acta 08

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., dos de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandado, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme la proferida por el a quo.

En subsidio, solicita que «la Sala case PARCIALMENTE la sentencia censurada en cuanto al monto de las indemnizaciones deducidas en la misma y en contra del demandado JORGE EDUARDO JARAMILLO GALLEGO para que en sede de instancia sean reducidas a la mitad, o en la cuantía que la Corte estime prudente aplicando criterios de justicia, equidad y equilibrio social conforme al artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo, tomando en cuenta que, según se verá adelante, en la causación del accidente incidió la imprudencia de la víctima (C.C., art. 2357 en armonía con el CST y la SS, art. 19)».

Con la finalidad descrita propone un cargo, por la causal primera de casación, que no fue replicado y enseguida se estudia.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia impugnada de violar indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 56, 57 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con los artículos 199 del mismo ordenamiento y 9º, 21, 56 y 62 del Decreto 1295 de 1994, lo que dio lugar a la infracción directa de los artículos 2356 y 2357 del Código Civil, «en armonía con el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social» (sic)

Dice que la anterior violación se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el accidente de trabajo que ocasionó la muerte del señor JOSÉ JAIRO ARIAS GONZÁLEZ se debió a culpa del empleador JORGE EDUARDO JARAMILLO GALLEGO, en los términos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el empleador, «contrario al régimen de sus obligaciones legales» no protegió ni otorgó seguridad al trabajador fallecido.

3. Dar por demostrado, sin ser ello así, que el empleador le entregó a su empleado para el desempeño de su actividad en altura un cinturón desgastado «y por ende no adecuado para la tarea que tenía encomendada realizar el 5 de enero de 2005»

4. No dar por demostrado, estándolo plenamente, que el trabajador accidentado se negó a hacer uso de los instrumentos que fueron puestos a su disposición por la parte patronal y en cambió prefirió utilizar para el desempeño de su misión laboral el día del accidente, material de trabajo de su propiedad, entre ellos el cinturón de seguridad que presentó fallas de desgaste debido a lo cual ocurrió el accidente de trabajo en que perdió lamentablemente la vida.

5. Dar por demostrado, sin estarlo que, el accidente se ocasionó por conducta patronal negligente e imprudente, cuando por el contrario, de las pruebas se infiere que fue el trabajador accidentado quien observó una conducta imprudente al negarse a utilizar los elementos de trabajo que la patronal puso a su disposición para realizar la tarea encomendada, prefiriendo utilizar los suyos que resultaron averiados y desgastados.

Afirma que los anteriores errores de hecho se presentaron como consecuencia de la equivocada apreciación de las siguientes pruebas:

1. Certificación sobre vinculación laboral de José Jairo Arias González con el demandante (fl. 12) y certificación en el mismo sentido visible a folio 77.

2. La demanda introductoria (fls. 21-29) y su respuesta (fl. 40-63) particularmente en lo que dice relación con los hechos 1 y 4 de la una y la otra.

3. Formato único de reporte de presunto accidente de trabajo del Instituto de Seguros Sociales (fls. 13 y 74).

4. Investigación de accidente laboral realizada por el ISS, suscrito por Beatriz Elena López Arango (fls. 17 y 75).

5. Formato para investigación preventiva de presuntos accidentes de trabajo de la Vicepresidencia de protección de riesgos laborales del ISS e investigación y análisis del accidente (fls. 18 y 19).

Indica como pruebas no calificadas, indebidamente valoradas por el ad quem, los testimonios de Diana Carolina Medina Castro (fls. 95 a 96), Carlos Eduardo Valencia Rendón (fls. 96 a 98) y José Jesús Valencia Rendón (fls. 108 a 111).

En la demostración, aduce el censor que es un hecho acreditado que el señor José Jairo Arias González falleció a consecuencia de un accidente de trabajo, estando al servicio del demandado, al caer de un poste de luz desde una altura de aproximadamente 12 metros, cuando se dedicaba a templar unos cables eléctricos; que, por causa de dicho accidente de trabajo, el ISS les reconoció a los demandantes la pensión de sobrevivientes, mediante Resolución 1429 de 2005; que el asunto, entonces, se contrae a determinar si en la ocurrencia de dicho accidente medió culpa patronal suficientemente comprobada, que ubique la responsabilidad del demandado en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, de tal forma que se puedan deducir las «elevadas» indemnizaciones que impuso el tribunal en la sentencia acusada; o si, por el contrario, el accidente se debió a imprevisión e imprudencia del trabajador al negarse a utilizar las herramientas de trabajo que se pusieron a su disposición, prefiriendo usar las suyas propias, «desgastadas por el mal uso de las mismas, abusando de su confianza como persona ampliamente experimentada y de vastísima trayectoria en el oficio para el cual fue contratado y asumiendo con ese comportamiento los riesgos que pudieran acaecerle»; que el tribunal acogió sin ninguna ponderación crítica el formato único de reporte de accidente de trabajo del ISS, expresando que en dicha prueba se alude a que el equipo o material comprometido con el accidente lo constituían el cinturón de seguridad y los «preteles» (sic) o cinchones y que las causas básicas del siniestro fueron «FACTORES DE TRABAJO. USO y DESGASTE, ABUSO O MAL USO»; que el otro documento que le sirvió al juez de segunda instancia para concluir la existencia de culpa patronal en el accidente, fue la investigación adelantada por el ISS, suscrita por Beatriz Elena López Arango, profesional en salud ocupacional de la entidad, según la cual la caída del trabajador se debió a «fallas del cinturón», según el testimonio de José de Jesús Valencia Rendón.

Seguidamente la censura reproduce las conclusiones que extrajo el tribunal a partir de los referidos documentos, para afirmar que puede ser cierto lo del desgaste del material, pero esa deducción «no lleva ni puede llevar al pronunciamiento del fallo, (pues el documento no va más allá de esa aseveración) en el sentido de dar por establecido, en contra de lo afirmado por el testigo citado, que el material comprometido en el insuceso (sic) fue el que puso el empleador a disposición del trabajador, en malas condiciones de uso y desgaste, pues la verdad comprobada es que Arias no quiso utilizar ese material y en cambio hizo uso del suyo propio que fue el que resultó en malas condiciones.»

Con el propósito de demostrar esta afirmación, el censor dice que el testigo Carlos Eduardo Valencia, haciendo referencia a los trabajadores que contrató para el trabajo, es decir, a su hermano José Jesús Valencia y al causante, que él les «entregó todos los materiales de seguridad, como cinturones, cinchones, casco»; que este deponente también manifestó que los arneses que le entregó al trabajador estaban en muy buen estado, pero que al momento del accidente el causante había utilizado los elementos de su propiedad, de manera que no usó los que el testigo le había entregado; que el testigo presencial del accidente, José Jesús Valencia, corroboró lo afirmado por el anterior deponente en cuanto a que el día del siniestro el trabajador fallecido se había negado a utilizar las herramientas que fueron puestas a disposición de ambos por Carlos Eduardo Valencia, ya que le generaban más confianza las de su propiedad y uso personal; que este testimonio fue descalificado por el tribunal, al considerarlo «poco digno de crédito (…) pues se avizora en su contenido UN MARCADO INTERÉS EN FAVORECER EL INTERÉS DEL DEMANDADO en el litigio»; que para llegar a tal conclusión, el juez plural echó mano de una aparente contradicción en sus términos, al considerar que dicho interés se manifestaba con el propósito de confundir sobre quién era el verdadero empleador del finado, pues se refiere al demandado como «patrón», pero también dijo que al trabajador lo había contratado su hermano, Carlos Eduardo Valencia Rendón; que quien está confundido realmente es el tribunal, que «echa por la borda la verdad procesal y material en lo que a este punto se refiere»; que si se examina todo el proceso de contratación del causante se encuentra que ninguno de los testigos mencionados tenía el propósito de confundir sobre quién era el empleador de la víctima, hecho que se encuentra demostrado con los documentos de folios 12, 13 y 74 del expediente; que, además, en la contestación de la demanda se aceptó que el contrato de trabajo había sido celebrado entre el demandado y el causante, pero se aclaró que «el enganche» del trabajador fue realizado por Carlos Valencia Rendón, actuando por encargo o como subcontratista de aquél, de manera que no había discusión sobre que para la fecha del accidente que le cobró la vida, José Jairo Arias González laboraba para el demandado. En apoyo de esta afirmación reproduce un aparte del testimonio de Carlos Eduardo Valencia.

Añade el censor que, establecido que el «enganche» del causante fue realizado por Eduardo Valencia, a nombre del demandado, es evidente que no había ninguna intención por parte del primero para favorecer al segundo, de manera que «la anotación sobre el estado de los materiales de que da cuenta el reporte de accidente de trabajo se refiere a los usados por el accidentado y no a los del empleador que aquel se negó a recibir y usar»; que del precedente análisis fluye que no fue afortunada la conclusión del ad quem en cuanto a que ni en el reporte del accidente de trabajo, ni en la investigación adelantada por el ISS, se hizo referencia a que el cinturón que utilizaba el empleado al momento del accidente fuera de su propiedad, incumpliendo la obligación de utilizar los implementos que le había suministrado el empleador; que esta conclusión del juez plural choca con lo declarado en los testimonios analizados, «resultando un desacierto del fallo impugnado concluir que de los referidos informes se deduce que el material que resultó en mal estado fue el que le proporcionó al trabajador el representante del demandado, pues tales informes solamente se limitan a consignar la circunstancia del estado del material, pero de ellos no se desprende ni hay elementos de juicio para sostener, como lo hace el juez de la alzada, que el material que resultó en mal estado fue el proporcionado por el empleador y no el de propiedad del accidentado, quien se negó a usar el que se le puso a su disposición para el desempeño de su tarea»; que el fuero de valoración probatoria de que trata el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social no comporta una norma mecánica carente de sustancia y contenido, sino que por el contrario, el postulado de la libre formación convencimiento al que en ella se alude se enmarca dentro de los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, de manera que la aludida disposición no faculta al juez para llegar a conclusiones arbitrarias contrarias a la realidad procesal, para que, como en el presente caso, «se determine contra evidencia que los testimonios de los Valencia Rendón “son poco dignos de crédito” y se sentencie que en su contenido “se avizora un marcado interés en favorecer el interés del demandado en litigio”»; que, de otra parte, el testimonio de Diana Carolina Medina Castro no aporta nada al esclarecimiento de los hechos.

Agrega la censura que, con relación a las obligaciones de protección y seguridad que le incumben al empleador, se encuentra demostrado: i) que el trabajador fue afiliado al sistema de seguridad integral; ii) que recibió inducción y entrenamientos para realizar la tarea, según el formato para la investigación preventiva de accidente de trabajo del ISS; iii) «que los oficiales como Arias conocen todas las medidas de seguridad y han estado en cursos con la CHEC y el Comité de cafeteros», según el testimonio de Carlos Eduardo Valencia; y iv) que se pusieron a disposición del trabajador todos los implementos de seguridad, tales como casco dieléctrico, guantes de carnaza, «cinturón de seguridad guallos eléctricos.» (sic)

Bajo las anteriores premisas, concluye el censor:

Corolario de todo lo anterior, la deducción a que conducen las reflexiones que he dejado expuestas es que, enmarcándose el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo en el ámbito de la culpa o responsabilidad subjetiva, se impone concluir que en los hechos acaecidos que ocasionaron la muerte del trabajador, el siniestro se debió a culpa exclusiva de la víctima, lo que constituye un eximente de responsabilidad, tal como lo ha sostenido la Jurisprudencia a propósito del artículo 2356 del Código Civil en razonamiento que es válido en materia del derecho del trabajo cuando se trata de controversias que se derivan de aquella norma laboral que no deviene propiamente del contrato de trabajo.

En el peor de los casos, es dable concluir también que, en el caso bajo examen, la culpa del demandado no aparece suficientemente comprobada, exigencia. (sic) del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo ib. para que pueda deducirse condena por indemnización total u ordinaria de perjuicios como la que le fue impuesta al ingeniero Jaramillo Gallego o por lo menos, que existe una duda sobre el particular, la cual debe resolverse a favor del demandado —así lo da a entender la exigencia normativa de la suficiente comprobación de la culpabilidad del patrono— dada la naturaleza jurídica de la acción en que se fundamente la reclamación, cuyo origen remoto es el contrato de trabajo, pero la responsabilidad deviene subjetiva no derivada directamente de origen contractual, sino proveniente del concepto de culpa.

No creo necesario referirme en concreto a las condenas deducidas como indemnización de perjuicios, pues el recurso ataca la base de las mismas, esto es, la responsabilidad por culpa del demandado, según todo lo analizado en texto (sic) del recurso.

Así las cosas, se cae de su peso la disquisición del ad quem sobre la norma en comento, que aunque válida teóricamente, no tiene respaldo probatorio en esta litis en cuanto se encuentre acreditada en el plenario la culpa suficientemente compraba del demandado.

Cabría también la posibilidad, como alternativa subsidiaria, la vigencia en esta litis del concurso o concurrencia de culpas (C.C., art. 2357 en concordancia con el CST y la SS, art. 19 (sic)) según lo precedentemente examinado que daría lugar a la reducción de la indemnización.

VII. Consideraciones

Para revocar la sentencia absolutoria proferida por el juez de primer grado y, en su lugar, condenar al demandado a pagar a los demandantes la indemnización plena de perjuicios prevista por el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, el tribunal consideró que en el accidente de trabajo en el que perdió la vida el trabajador Juan José Arias González, había mediado culpa patronal. A tal conclusión llegó con base en el formato para la investigación preventiva de presunto accidente de trabajo (fl. 74 reverso), en la investigación de accidente laboral realizada por el ISS (fl. 75) y en los testimonios de Diana Carolina Medina y Carlos Eduardo Valencia Rendón, pues aunque analizó la declaración José Jesús Valencia Rendón, le restó credibilidad.

El censor controvierte esta conclusión argumentando que el tribunal violó indirectamente las normas denunciadas en la proposición jurídica del ataque al condenar al empleador del trabajador fallecido a pagar la referida indemnización, por cuanto, según afirma, el accidente laboral ocurrió por causa exclusiva de la víctima, quien no utilizó los elementos de seguridad que le habían sido proporcionados por el demandado, sino que prefirió usar los de su propiedad.

Pues bien, del formato único de reporte de accidente de trabajo del ISS (fl. 74) no se desprende ninguna conclusión diferente a la obtenida por el tribunal, en cuanto a que el material comprometido con el accidente fue el cinturón de seguridad y los cinchones, así como que la causa básica del siniestro obedeció a «FACTORES DE TRABAJO: - USO y DESGASTE. ABUSO O MAL USO». En efecto, a folio 74 reverso del expediente, en el informe suscrito por el demandado, se describió el accidente laboral así: «SE ENCONTRABA TEMPLANDO UNA LÍNEA ELÉCTRICA DESENERGIZADA (sic) Y SE CAYÓ OCASIONANDO SU MUERTE.» En el mismo documento se reportó que el material comprometido en el accidente fue: «CINTURÓN DE SEGURIDAD (…) PRETALES (sic) (SINCHONES) (sic).»

Y, como causas básicas del infortunio, se señalaron: «FACTORES DE TRABAJO: - USO Y DESGASTE (…) ABUSO MAL USO.»

Si bien es cierto que de este documento no se deduce que los elementos de seguridad comprometidos en el siniestro hubieran sido los entregados por el demandado al trabajador accidentado, tampoco se desprende que tales elementos fueran de propiedad del causante.

En cuanto a la demanda y su contestación, vale decir que de estos documentos se infiere que efectivamente el empleador del causante fue el aquí demandado, información que se corrobora con las certificaciones visibles a folios 12 y 77. De manera pues que estos documentos no desvirtúan las conclusiones fácticas del ad quem sobre la existencia de la relación laboral, sino que por el contrario las ratifican.

El otro «documento» que la censura acusa como equivocadamente valorado es la investigación de accidente laboral realizada por el ISS, suscrita por Beatriz Elena López Arango, de la cual, dice, no se desprende que los elementos comprometidos en el accidente hubieran sido los proporcionados por el empleador, como lo dio por sentado el ad quem.

Al respecto, anota la Sala que efectivamente la aludida investigación (fls. 17 y 75), aparece suscrita por la profesional de salud ocupacional del ISS, Beatriz Elena López Arango y, por lo tanto, ese medio de convicción en realidad corresponde a un documento que proviene de un tercero, que en casación laboral recibe el mismo tratamiento de la prueba testimonial y, en consecuencia, no resulta apto dentro del recurso extraordinario para estructurar un error de hecho, conforme a la restricción contenida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

Sobre esta clase de documentos declarativos emanados de terceros, esta corporación, en sentencia CSJ SL, 17 Mar 2009, radicación 31484, expresó:

(.…) Aunque, a raíz de la reforma introducida al ordinal 2 del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, por el artículo 23 de la Ley 794 de 2003, para la apreciación de los documentos declarativos emanados de terceros, ya no se requiere la ratificación de su contenido <…mediante las formalidades establecidas para la prueba de testigos…>, ni su apreciación se debe hacer <…en la misma forma que los testimonios…>, como lo exigía la anterior norma, sino que, simplemente, <…se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación>, tal como lo prevé el actual texto legal, y ya lo había previsto el ordinal 2 del artículo 22 del Decreto 2651 de 1991 y lo adoptó definitivamente el numeral 2º del artículo 10 de la Ley 446 de 1998, dichos cambios legislativos no alcanzan a variar la vieja tesis de la Corte de que los documentos de esta naturaleza no son prueba calificada en casación, pues, si bien, tal postura había estado basada en el carácter no autentico del documento, toda vez que, para poder ser apreciado en juicio requería de su ratificación, también se ha venido considerando que, no obstante ratificarse éstos en el proceso, tenían una naturaleza intrínseca testimonial, lo cual, si bien se apoyaba en el mismo texto legal, que exigía que fueran apreciados <…en la misma forma que los testimonios>, según lo disponía inicialmente el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, no por haberse eliminado tal previsión del legislador, puede decirse que ha desaparecido su condición de testimonio, así sea extraprocesal, ni que para su valoración no se deban seguir las mismas reglas de apreciación y crítica de este tipo de pruebas, lo cual se ofrece claro en el caso presente, en donde los referidos documentos son actas de declaraciones rendidas por testigos ante el propio empleador, en donde se debe ser más riguroso al momento de determinar su valor de convicción.

En este orden de ideas cabe seguir sosteniendo que, por su naturaleza intrínseca testimonial, lo[s] documentos simplemente declarativos emanados de terceros, no constituyen prueba calificada en casación, por lo que no se podrá asumir su estudio, sino en la medida que se demuestre error respecto de una prueba que sí lo sea.

Frente a las demás pruebas que la censura denuncia como equivocadamente apreciadas, es decir, los testimonios, debe anotarse que tales medios de convicción no son prueba calificada en casación según las voces del ya citado artículo 7º de la Ley 16 de 1969. Así las cosas, no es posible estructurar los errores de hecho a que alude el recurrente con base en la errada apreciación de aquellas pruebas que no son calificadas en el ámbito del recurso extraordinario.

Si no se demostró un desacierto evidente en la valoración de los medios de prueba calificados, no le es dado a la Corte entrar a analizar los testimonios.

De acuerdo con lo dicho, estima la Sala que en últimas lo que hace el censor es cuestionar el ejercicio de valoración probatoria que realizó el ad quem, en la medida en que le endilga haberle dado mayor valor probatorio a algunos medios de convicción por encima de otros, concretamente algunos testimonios.

Sobre este punto, considera la Sala que la decisión del juzgador de segundo grado de edificar su conclusión sobre que en el accidente que le costó la vida al causante medió culpa del empleador, con base en unas pruebas y no con fundamento en otras que obren en los autos, se enmarca dentro de la potestad legal que tiene el juez laboral de apreciar libremente los medios de convicción para formar su convencimiento acerca de los hechos controvertidos, con fundamento en los medios probatorios que más lo induzcan a fallar la verdad, tal como lo dispone el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual las inferencias que lo llevaron a proferir su decisión, siempre que sean razonables y ajustadas a la lógica jurídica, seguirán soportando la presunción de acierto y legalidad que cobija a las decisiones judiciales, como lo ha sostenido con insistencia esta Sala de la Corte, de lo que es ejemplo la sentencia CSJ SL, 13 de noviembre de 2003, radicación 21478, en la que expresó:

Al efecto y de vieja data la Corte ha considerado que dada la libertad de apreciación de las pruebas que tienen los juzgadores de instancia en virtud de lo establecido por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, el entendimiento que estos le den a aquellas, nace de la autonomía e independencia de que gozan y de la facultad de formar libremente su convencimiento con base en el principio de la sana crítica, que no es más que la lógica y la experiencia.

Por lo dicho, las conclusiones que hace el tribunal acerca del material probatorio recepcionado, mientras sean lógicamente aceptables, se encuentran cobijadas por la presunción de legalidad, por lo que priman sobre las conclusiones que hacen las partes en relación con el análisis de una o varias pruebas aun cuando dichas inferencias sean también lógicas y de recibo, dado lo cual, debe mantenerse la sentencia con base en esta conclusión del tribunal.

De acuerdo con lo anterior, el encumbramiento que el juzgador de la alzada hizo de unas pruebas, a costa del de otras, a menos que raye en el disparate, no es constitutivo de error protuberante de hecho, con virtualidad para desquiciar una sentencia en él, de por sí estrecho, escenario procesal de la casación, como lo ha explicado reiteradamente esta Sala de la Corte.

En verdad, existe un espacio de gestión probatoria del juez de instancia que, en principio, no es posible que la Corte invada, en la medida en que tal espacio comporta el ejercicio legítimo de un fuero de valoración probatoria que, dentro de ciertos límites, le otorga el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y que habilita válidamente al juez laboral para acoger unas probanzas en desmedro de otras.

Por lo tanto, el recurrente en casación no puede cuestionar la autonomía de que goza el tribunal para evaluar y ponderar las pruebas. Su misión ha de estar orientada a demostrar que el juzgador abusó de tal atribución legal, en tanto sus conclusiones contradicen la evidencia probatoria.

Así las cosas, el ad quem no cometió los errores que le endilga la censura relacionados con la existencia de culpa patronal en el accidente de trabajo que cobró la vida de José Jairo Arias González.

Ahora bien, con relación a los errores de hecho tendientes a probar que el demandado cumplió con sus obligaciones legales, de manera que no hubo una conducta negligente e imprudente de su parte, estima la Sala que no obra prueba en el expediente de que el empleador hubiera cumplido la totalidad de sus obligaciones, en tratándose de trabajo en alturas como el que estaba desarrollando el causante al momento del accidente.

Así se afirma, por cuanto esta Sala de la Corte ha adoctrinado que en la realización de esta clase de trabajos se constituye en factor de responsabilidad la necesidad del control efectivo del empleador, control cuya prueba en este caso brilla por su ausencia. Al respecto la Sala, en Sentencia CSJ SL17216-2014, adoctrinó:

En lo que atañe al trabajo en las alturas, incluidos los tejados, cabe señalar que el Convenio 167 y la Recomendación 175 sobre seguridad social y salud en la construcción, adoptados a través de la Ley 52 de 1993, incorporaron como factor de responsabilidad la necesidad del control efectivo del empleador, en punto a los métodos y a la utilización de las herramientas brindadas, las cuales en todo caso se deben proveer de buena calidad.

En el artículo 14 ibídem se contempló que las escaleras o andamiajes debían «afianzarse correctamente para impedir todo movimiento involuntario (…) construirse y utilizarse de conformidad con la legislación nacional (…) ser inspeccionados por una persona competente en los casos y movimientos prescritos».

Así mismo la disposición 18 señala que «para prevenir un riesgo o cuando la altura de la estructura o su pendiente excedan de las fijadas por la legislación nacional, deberán tomarse medidas preventivas para evitar las caídas de trabajadores y de herramientas u otros materiales u objetos (…) cuando los trabajadores hayan de trabajar encima o cerca de tejados o de cualquier otra superficie de manera frágil o puedan caerse a través de él».

Debe insistirse en que corresponde a quien pretende el pago de la indemnización demostrar la inobservancia injustificada de los deberes por parte del patrono, que como se anotó también derivan del pacto contractual, y la plena incidencia que tuvo en la ocurrencia del siniestro, pues no siempre que exista un resultado dañoso aquella opera, en tanto corresponde atenderse la naturaleza de la tarea, el riesgo en su realización, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro y, fundamentalmente, la diligencia de quien lo creó.

Tampoco demostró la censura que el demandado hubiera capacitado al trabajador para realizar trabajos en alturas, sino que aduce que el causante había recibido capacitación al respecto cuando le prestó sus servicios a otros empleadores.

Sobre este punto considera la Sala que la experiencia de varios años que hubiera podido tener el trabajador en la realización de dichas tareas o la capacitación que hubiera recibido por parte de otros empleadores, no puede servir de pretexto para negar la responsabilidad que le incumbía al demandado de controlar y supervisar dicha labor, la cual requería mayor control para evitar cualquier situación como la que a la postre ocurrió. Aunque es cierto que la carga de la prueba de la culpa patronal le incumbe a la parte actora, también lo es que para eximirse de responsabilidad el empleador debe demostrar que obró con diligencia y cuidado, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, como lo consideró esta Sala de la Corte en la precitada Sentencia CSJ SL17216-2014, en la que reiteró lo expresado en la CSJ SL, agosto 14 de 2012, radicación 39446.

Por lo visto, el tribunal no cometió los yerros fácticos de que lo acusa la censura.

El cargo no prospera.

No se causaron costas en casación por cuanto no hubo réplica.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el ocho (8) de abril de dos mil diez (2010) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARÍA ISABEL ARIAS ZULUAGA y LUZ MARÍA ZULUAGA GUTIÉRREZ, quien actúa en su propio nombre así como en representación de sus menores hijos, JHON NICOLÁS, SANTIAGO y JUAN JOSÉ ARIAS ZULUAGA contra JORGE EDUARDO JARAMILLO GALLEGO.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»