Sentencia L2733 de marzo 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 44597

Ref.: SL2733-2015

Acta 7

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., once de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

De los errores de hecho que denuncia la censura, así como del extenso desarrollo argumentativo del cargo, se desprenden varios temas diferentes e independientes: i) la correcta intelección del literal b) del artículo 42 de la convención colectiva de trabajo, específicamente en torno a las condiciones allí exigidas para obtener la pensión proporcional de jubilación; ii) la existencia de un despido colectivo, sin justa causa e intempestivo, así como la continuidad de la unidad de explotación económica entre las dos demandadas; iii) y la incompatibilidad entre la pensión proporcional de jubilación y la indemnización por despido sin justa causa.

Frente al segundo de los tópicos planteados, al que se refieren los errores de hecho identificados con los números 13, 14, 15, 16 y 18, debe advertirse que, además de que aborda cuestiones jurídicas impropias de la vía indirecta, está íntimamente relacionado con la prosperidad de las pretensiones principales de reintegro y sustitución patronal, que no fueron abordadas por el tribunal. En efecto, dicha corporación consideró que:

(…) como se observa que la demandante apeló la sentencia insistiendo en cada una de las peticiones de su demanda y después solicitó complementación sobre el punto de la pensión dejado de analizar, ha de centrarse la Sala por el lado de la accionante sólo en lo concerniente al reajuste de la indemnización por despido injusto y la indemnización por no suministro completo de uniformes, toda vez que en dicha adición le fue concedida pensión proporcional de jubilación la cual elevó como subsidiaria de las súplicas de reintegro y pago de salarios y prestaciones. Por consiguiente, habrá de descartarse el estudio de tales pretensiones principales. (negrillas fuera de texto).

En ese orden, si el tribunal no analizó esas pretensiones principales de sustitución patronal y reintegro en su sentencia, nunca pudo haber incurrido en los referidos errores de hecho, por lo que, en este punto, el cargo resulta totalmente infundado. En tal dirección, si la censura conservaba alguna objeción sobre tales temáticas, debió haber encauzado un ataque consecuente con la decisión del tribunal de abstenerse de estudiarlos, pero no reprochar raciocinios fácticos inexistentes.

De igual forma, la Corte no puede pasar por alto que esas pretensiones principales tampoco guardan coherencia con el alcance de la impugnación del recurso de casación, en el que se insiste, de manera principal, en que, luego de casada la sentencia del tribunal, se confirme la decisión del juzgador de primer grado respecto de la pretensión subsidiaria de pensión proporcional convencional de jubilación y, solo de manera subsidiaria, se abstenga de examinar las súplicas subsidiarias a la misma pensión. Esto es que, en el alcance de la impugnación nunca se rogó que se reconocieran las pretensiones de reintegro y sustitución patronal que se abordan parcialmente en el cargo, por lo que, dado el carácter dispositivo del recurso, en todo caso, la Corte no podría proceder a su análisis.

Clarificado lo anterior, en lo relativo al primero de los temas planteados, debe decirse que la decisión del tribunal se fundamentó en el examen de la convención colectiva de trabajo, de manera tal que el cargo se encamina correctamente por la vía indirecta y, al predicar la infracción, entre otros, de los artículos 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, que le confieren fuerza vinculante a tales acuerdos, contiene una proposición jurídica suficiente. Además de ello, lo cierto es que la censura menciona los errores de hecho que habría cometido el tribunal y precisa las pruebas indebidamente apreciadas, por lo que las falencias técnicas opuestas por la réplica no son atendibles. Tampoco son acertadas sus anotaciones sobre la introducción de nuevas peticiones o nuevos hechos, pues en realidad, del cargo es posible extraer un ataque técnicamente correcto y suficiente, frente a la decisión del juzgador de segundo grado de revocar el otorgamiento de la pensión convencional de jubilación.

Ahora bien, en relación con el fondo del asunto, lo primero que cabe decir es que esta Sala de la Corte ha sostenido de manera pacífica que, en la lógica del recurso extraordinario de casación, la convención colectiva debe ser asumida como uno de los elementos de prueba y no como una norma legal sustancial de alcance nacional, respecto de la cual sea dable discutir su contenido, sentido y alcances. Por ello mismo, ha insistido en que la interpretación de las disposiciones de dichos acuerdos corresponde a los jueces de instancia, quienes en su ejercicio se encuentran amparados por los principios que informan la sana crítica y por la libre formación del convencimiento establecida como principio en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Bajo las anteriores premisas, ha adoctrinado la Corte que el alcance que pueda otorgarle el juez del trabajo a una determinada cláusula convencional, de entre las diferentes lecturas razonablemente posibles, no resulta susceptible de corrección en el ámbito del recurso extraordinario de casación, salvo que, ha precisado, tal exégesis resulte totalmente contraria a la razón, al texto naturalmente entendido y a la intención de los contratantes allí concretada, como sucede cuando de la disposición emerge un entendimiento unívoco, de forma tal que se incurra en un error de hecho evidente, ostensible y manifiesto.

En este asunto, los literales b) y d) del artículo 42 de la convención colectiva de trabajo (fl. 53) establecen:

(…) b) Los empleados que presten o hayan prestado diez (10) años o más de servicio a la empresa y menos de veinte tendrán derecho a la jubilación proporcional según el tiempo de servicio, cuando hayan cumplido las edades establecidas de cincuenta (50) años para los hombres y cuarenta y siete (47) para las mujeres; en estos casos para establecer el salario de liquidación se tomarán en cuenta los mismos factores del último sueldo y el promedio de las prestaciones en la forma establecida en el ordinal a) (…).

(…)

d) Los derechos especiales de jubilación consagrados en este convenio se pierden cuando el empleado es despedido por justa causa.

Ahora bien, en el ámbito de sus consideraciones, al analizar la referida disposición, el tribunal nunca infirió que los requisitos de edad y tiempo de servicios tuvieran que ser cumplidos necesariamente en vigencia de la relación laboral, que ha sido un presupuesto sometido a discusión en algunos otros procesos seguidos en contra de la misma entidad, frente a los cuales la Sala ha respetado la interpretación de la convención colectiva que hacen los juzgadores de instancia, por resultar razonables y plausibles. Un ejemplo de ello son las sentencias CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 39569, CSJ SL, 27 feb. 2013, rad. 38024, CSJ SL, 8 may. 2013, rad. 42041, CSJ SL899-2013, CSJ SL8243-2014, CSJ SL8232-2014 y CSJ SL8431-2014.

No obstante, dicha corporación sí estimó que la anterior disposición convencional “(…) pone de presente que son dos las condiciones para la adquisición del derecho: la edad y el tiempo de servicio (…)”, con lo que descartó la tesis sostenida por la parte demandante a lo largo de la actuación y reproducida en casación, de que la pensión se causa tan solo con el retiro del servicio, pues la edad es tan solo una condición de exigibilidad, propia de las pensiones restringidas de jubilación.

En tal orden, la real discusión interpretativa en torno a la disposición convencional es si la pensión se causa efectivamente tan solo con la prestación de más de 10 años de servicios y un retiro diferente al despido con justa causa —literal d del artículo 42—, pues, en los términos en los que fue concebida y está redactada, la edad constituye tan solo un requisito de exigibilidad.

Frente a tal punto, una vez reexaminada la estructura gramatical de la norma, así como la intención lógica y razonablemente deducible de sus componentes, para la Sala la cláusula convencional en referencia en realidad está estructurada como una especie de pensión proporcional o restringida —no en vano se refiere al “(…) derecho a la jubilación proporcional según el tiempo de servicio (…)”— por lo que, razonable y lógicamente entendida, conlleva al único entendimiento de que se causa o adquiere con el requisito de la prestación de los servicios y un retiro diferente al despido por justa causa, de manera que el cumplimiento de la edad constituye una mera condición para su exigibilidad, como lo arguye la censura.

Para arribar a dicha conclusión basta con advertir que la disposición incluye parámetros identificativos claros para la prestación, como que es “(…) proporcional según el tiempo servido (…)”; que sus beneficiarios son los “(…) empleados que presten o hayan prestado diez (10) años o más de servicio (…)”; y que se puede reclamar “(…) cuando hayan cumplido las edades establecidas (…)” (resaltado no original). Asimismo, leída en su conjunto y apreciada sistemáticamente, la norma asigna el derecho por el sólo hecho de cumplir con el tiempo de servicio, salvo que se genere un despido con justa causa (literal d, fl. 54), pues dice que el trabajador que preste el servicio en el mencionado lapso tendrá derecho, para luego decir, cuando cumpla la edad, esto es, que al cumplirse esa condición, podrá ser exigida.

Esta Sala de la Corte ya se había acercado al anterior entendimiento unívoco de la norma, en la Sentencia CSJ SL, 22 ene. 2013, rad. 42703, en donde se resolvió un conflicto de similares contornos al aquí analizado. En tal ocasión, la Sala concluyó que la cláusula convencional tenía la estructura propia de una pensión restringida, de manera que no resultaba necesario para su adquisición que el trabajador tuviera cumplida la edad en el momento de la presentación de la demanda, ni resultaba adecuado, en caso contrario, que se declarara probada la excepción de petición antes de tiempo, como sucedió en este caso. Esto se dijo en la mencionada providencia:

De acuerdo con el anterior sentido de la norma convencional, no controvertido en casación (se itera), no se requiere que, al momento de la presentación de la demanda, se tenga cumplida la edad requerida para el disfrute de la pensión, pues, en los términos como quedó redactado el artículo 42 convencional, bien se puede inferir que la pensión proporcional allí pactada se causa con el cumplimiento del tiempo de servicio prestado a la entidad y el retiro del cargo por cualquier razón distinta al despido sin justa causa. Aquí se tiene en cuenta que el literal d) de la mentada disposición convencional estableció que “(…) los derechos especiales de jubilación consagrados en este convenio se pierden cuando el empleado es despedido por justa causa” (fl.62).

En la referida decisión también se trajo a colación la jurisprudencia trazada por esta Sala de la Corte en torno a las pensiones legales restringidas de jubilación, que enseña que dichas prestaciones se causan con el cumplimiento del tiempo de servicios y el retiro, a la vez que la edad es una mera condición para su exigibilidad, que consideró aplicables en iguales condiciones a esta clase de pensiones restringidas convencionales. Dijo la Sala para tal efecto:

Así las cosas, la exégesis adoptada por la jurisprudencia respecto a la norma legal, según la cual la pensión sanción o restringida de jubilación se causa por completar determinado tiempo de servicio ante una misma empresa y el retiro del servicio por los motivos allí previstos, y que la edad es un requisito de exigibilidad, tiene perfecta cabida frente a la norma convencional en comento, dado que presentan supuestos de hecho similares.

Hacer una interpretación diferente frente a supuestos de hecho similares, sería discriminatorio, a menos que, de la redacción de la propia cláusula convencional, se desprendiera, inequívocamente, que tanto el tiempo de servicio como la edad del trabajador establecidos son requisitos para causar la pensión reconocida, circunstancia esta que no se presenta en la cláusula 42 en cuestión.

Conforme a lo que quedó establecido en la sentencia del a quo y no controvertido por las partes, el contrato de trabajo del actor terminó el 24 de mayo de 2004 (fl.284), cuando tenía acumulado un tiempo de servicios a la misma entidad distrital en liquidación de 17 años, 5 meses y 22 días, tiempo más que suficiente para tener derecho a la pensión proporcional de jubilación de carácter convencional objeto de reclamación.

Siguiendo la interpretación de la cláusula convencional que se acaba de fijar, la pensión del actor se causó el 24 de mayo de 2004, fecha del retiro del trabajador por liquidación de la empresa; por tanto, para la fecha de presentación de la demanda, 14 de marzo de 2005, ya la pensión se había causado. Conclusión que conduce, necesariamente, a negar la excepción de petición antes de tiempo, materia de la apelación de la demandada.

Así las cosas, la Sala debe precisar su jurisprudencia en el entendido que el literal b) del artículo 42 de la convención colectiva de trabajo posee una estructura clara, que admite una lectura unívoca, en cuanto consagra una especie de pensión restringida de jubilación, que se causa con el tiempo de servicios y el retiro diferente al despido por justa causa, y en la que el cumplimiento de la edad constituye un simple requisito de exigibilidad.

En tales condiciones, el tribunal incurrió en un error de hecho manifiesto al considerar que el cumplimiento de la edad era una condición para la causación del derecho. Como consecuencia, el cargo es fundado y se casará parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto modificó la decisión de primer grado y declaró probada la excepción de petición antes de tiempo respecto de la pensión convencional.

Vale la pena advertir, por último, que el tribunal no definió si existía algún tipo de incompatibilidad entre la pensión proporcional de jubilación y la indemnización por despido injusto, por lo que no pudo haber incurrido en algún error de hecho relacionado con tal tema.

No se hace necesario el estudio de los cargos restantes, que se plantearon de manera subsidiaria y dependían del hecho de que esta acusación no prosperara.

IX. Sentencia de instancia

En sede de instancia, a partir de las mismas consideraciones expuestas en sede de casación, se debe prohijar la decisión de ordenar el reconocimiento de la pensión proporcional a favor de la demandante, pues uno de los supuestos fácticos que no tuvo discusión en el proceso es que completó 14 años, 9 meses y 15 días de servicios, de manera que cumplió con el requisito de adquisición del derecho de prestar más de 10 años de servicio y menos de 20. Asimismo, fue desvinculada por virtud del proceso de liquidación de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, de manera que no fue despedida con justa causa, que es una de las causales de exclusión de la pensión, de acuerdo con el literal d) del artículo 42 de la convención colectiva (fl. 54).

En esta decisión no influyen los reproches planteados en el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla E.D.T. —en Liquidación—, relativos a que los dos presupuestos de la norma convencional de edad y tiempo de servicios debían ser cumplidos mientras el trabajador se encuentra en servicio activo, pues si, como ya se determinó suficientemente, la pensión, lógica y racionalmente entendida, se causa con el solo tiempo de servicios y el retiro, una vez cumplido esos supuestos el derecho nace a la vida jurídica, y nada importa que la relación laboral se mantenga vigente o no.

Tampoco encuentra razones la Corte para determinar que la pensión proporcional convencional sea incompatible con la indemnización por despido, pues, además de que el apelante no especifica en qué consiste dicha incompatibilidad, lo cierto es que las dos prestaciones encuentran causas, finalidades y fuentes totalmente diferentes y ninguna disposición obligatoria prevé una regla de tales dimensiones.

No obstante lo anterior, el juzgador de primer grado sí incurrió en un error al establecer el monto de la pensión que correspondía reconocer, pues concluyó que debía ser el equivalente al 100% del último salario promedio devengado. Con ello, dejó de advertir que de acuerdo con el tantas veces mencionado artículo 42 de la convención colectiva, el 100% del salario promedio corresponde al monto de la pensión del literal a), por haber servido más de 20 años, así como que la del literal b), respecto de la cual tiene derecho la demandante, debe ser “(…) proporcional según el tiempo servido (…)”.

En tal sentido, si la pensión por 20 años de servicio ascendería a la suma de $2.547.532.31, equivalente al 100% del salario promedio del que trata la convención colectiva (fl. 28), la pensión proporcional al tiempo servido, esto es, en este caso, 14 años, 9 meses y 15 días, asciende a la suma de $1.885.173.90, igual al 74% del salario promedio. También resulta indispensable precisar que la demandante nació el 19 de enero de 1961 (fl. 88), por lo que la pensión debe otorgarse a partir del 19 de enero de 2008, fecha de cumplimiento de los 47 años de edad de que trata la disposición convencional, para el caso de las mujeres.

En ese sentido, se modificará la decisión de primer grado.

Por último, le asiste en un todo la razón en su recurso de apelación a la sociedad Barranquilla Telecomunicaciones S.A. E.S.P., puesto que en las instancias quedó plenamente establecido que no operaba la solidaridad de la entidad frente a los créditos laborales pedidos en la demanda y que le corresponden a la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, por lo que mal hizo el juzgador de primer grado al extenderle la condena por pensión proporcional de jubilación. Por tal razón, también se modificará la decisión apelada, para precisar que la condena está dirigida únicamente a la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla —en Liquidación—.

En torno al recurso de apelación de la parte demandante, vale decir que en el alcance de la impugnación del recurso de casación, se pidió la confirmación total de la decisión de primer grado, “(…) en la condena relacionada con el reconocimiento y pago de la susodicha pensión (…)”, que es lo que hace la Corte, salvo las modificaciones derivadas de los recursos de apelación planteados por las entidades demandadas.

Sin costas en el recurso de casación. En las instancias a cargo de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla —en Liquidación— y a favor de la demandante.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa parcialmente la sentencia dictada el 29 de octubre de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por la señora Dubys Judith Vélez Devia contra la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP —en Liquidación— y Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP, en cuanto modificó la decisión de primer grado y declaró probada la excepción de petición antes de tiempo respecto de la pensión proporcional de jubilación. No la casa en lo demás.

En sede de instancia, se modifica el numeral 1º de la sentencia complementaria dictada el 11 de diciembre de 2006 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla, para precisar que se condena a la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla —en Liquidación— al pago de la pensión proporcional establecida en el literal b) del artículo 42 de la convención colectiva, a favor de la demandante, en una cuantía igual a $1.885.173.90., a partir del 19 de enero de 2008. Igualmente, se absuelve a la sociedad Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP, de la pretensión de pensión proporcional convencional.

Sin costas en el recurso de casación. En las instancias a cargo de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla —en Liquidación— y a favor de la demandante.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».