Sentencia SL2767-2015 de marzo 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL2767-2015

Radicación: 53440

Acta 07

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., once de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda de casación. No hubo réplica.

(…).

VII. Consideraciones

1. Examinadas las pruebas que acusa la censura, esto es, el Reporte Estado de Cuenta de la Afiliada (fls. 9 a 11 y 126 a 129, cdno. 1) y la Historia de Aportes (fl. 130, cdno. 1), encuentra la Corte que efectivamente se equivocó el tribunal en la valoración de dicha documental cuando concluyó que “la demandante alcanzó a cotizar un total de 63.778 semanas en los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez; es decir, entre el 1º de febrero de 2003 hasta el 31 de junio de 2004”.

Lo que evidencian esos elementos de convicción es que en los tres años que precedieron a la consolidación del estado de invalidez, es decir, entre el 22 de julio de 2001 y el 22 de julio de 2004, la afiliada sufragó al sistema general de pensiones 48,86 semanas de aportes, y en toda la vida acumuló 66 semanas como se explica en el siguiente cuadro:

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Total semanas cotizadas Semanas cotizadas en los últimos tres años anteriores a la invalidez
FechasNº deNº totalFechasNº deFecha de estructuración
DíasDeDíasDe la invalidez
DesdeHastaCotizadosSemanasDesdeHastaCotizados22/07/2004
        
        
01/02/200328/02/2003304,2901/02/200328/02/2003304,29
01/03/200331/03/2003213,0001/03/200331/03/2003213,00
01/04/200330/04/2003304,2901/04/200330/04/2003304,29
01/05/200331/05/2003304,2901/05/200331/05/2003304,29
01/06/200330/06/2003304,2901/06/200330/06/2003304,29
01/07/200331/07/2003304,2901/07/200331/07/2003304,29
        
01/08/200331/08/200300,0001/08/200331/08/200300,00
01/09/200330/09/2003162,2901/09/200330/09/2003162,29
01/10/200331/10/2003304,2901/10/200331/10/2003304,29
01/11/200330/11/2003304,2901/11/200330/11/2003304,29
01/12/200331/12/2003152,1401/12/200331/12/2003152,14
        
01/12/200331/12/2003152,1401/12/200331/12/2003152,14
01/01/200431/01/2004304,2901/01/200431/01/2004304,29
01/02/200429/02/200450,7101/02/200429/02/200450,71
01/03/200431/03/2004304,2901/03/200431/03/2004304,29
01/04/200430/04/200400,0001/04/200430/04/200400,00
01/05/200431/05/20040001/05/200431/05/200400,00
01/06/200430/06/20040001/06/200430/06/200400,00
01/07/200422/07/20040001/07/200422/07/200400,00
23/07/200431/07/200400    
01/08/200431/08/200400    
01/09/200430/09/2004304,29    
01/10/200431/10/2004304,29    
01/11/200430/11/2004304,29    
01/12/200431/12/2004304,29    
        
Total46266,00Total34248,86

Lo anterior indica, que la demandante no cumple las exigencias en cuanto al número mínimo de cotizaciones de la norma que en principio regula su derecho a la prestación de invalidez, es decir el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que reformó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 —y al cual remite el artículo 69 ibídem que gobierna dicha pensión en el régimen de ahorro individual—, por lo que en esa medida la acusación es fundada.

2. No obstante esa constatación, no resulta próspero el cargo, en cuanto la Corte en instancia arribaría a la misma decisión condenatoria del juzgador ad quem, aunque por otras razones:

Si bien es cierto durante mucho tiempo no se aceptó por parte de la jurisprudencia la aplicación del principio de condición más beneficiosa en el tránsito legislativo de las Leyes 797 y 860 de 2003, respecto de los artículos 39 y 46 originales de la Ley 100 de 1993, esa postura varió, y la Sala por mayoría hoy día, admite la aplicación de dicho principio constitucional en tratándose de pensiones de invalidez y de sobrevivientes, siempre y cuando se acuda a la norma inmediatamente anterior que contenga requisitos menos gravosos que los previstos en la nueva disposición legal, y que además, el titular del derecho o beneficiario haya reunido las exigencias cuando la nueva norma entró en vigencia. (CSJ SL7942-2014).

Esto significa que al no encontrase reunidos los requisitos previstos en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, es menester acudir a la norma precedente que reguló el derecho reclamado, que lo es el artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, en virtud de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 797 de 2003 operada mediante sentencia C-1056 de 11 de noviembre de 2003 y que tuvo como efecto según criterio de la Sala que recobrara vigor el citado artículo 39 de la Ley 100 en su versión inicial (CSJ SL, 8 mayo 2012, rad. 35319).

Según los lineamientos jurisprudenciales de la Sala, para la procedencia de la prestación de invalidez cuando se acude al postulado de la condición más beneficiosa para aplicar el mentado artículo 39, en el caso del cotizante inactivo se debe verificar el cumplimiento de las 26 semanas en el año anterior a la estructuración de la invalidez.

Esa exigencia se cumple a cabalidad por la actora, que en el año anterior a la estructuración de la invalidez, cuenta con 25,71 semanas de cotización, cifra que debe ser aproximada al número entero siguiente, vale decir, a 26 para ajustar el mínimo legal exigido según lo ha asentado esta Sala, pues en los eventos en que la fracción de semanas de cotización supera el 0.5, por razones de equidad y de justicia y para no dejar en el desamparo a una persona que padece una situación de debilidad por sus condiciones de salud, es procedente hacer tal aproximación (CSJ SL, 24 ago. 2010, rad. 39196).

No se discute que para la época de estructuración de la invalidez la afiliada no se encontraba cotizando al sistema.

Como ilustración de lo expuesto se presenta el siguiente cuadro:

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Condición más beneficiosa
FechasNº deÚltimo año anterior FechasNº deÚltimo año anterior
DíasA la L. 860/2003DíasAnt. a la invalidez
DesdeHastaCotizados29/12/2003DesdeHastaCotizados22/07/2004
29/12/200231/12/200200    
01/01/200331/12/200300    
01/02/200328/02/2003304,29    
01/03/200331/03/2003213,00    
01/04/200330/04/2003304,29    
01/05/200331/05/2003304,29    
01/06/200330/06/2003304,29    
01/07/200331/07/2003304,29    
    22/07/200331/07/200391,29
01/08/200331/08/200300,0001/08/200331/08/200300,00
01/09/200330/09/2003162,2901/09/200330/09/2003162,29
01/10/200331/10/2003304,2901/10/200331/10/2003304,29
01/11/200330/11/2003304,2901/11/200330/11/2003304,29
01/12/200329/12/2003294,1401/12/200331/12/2003152,14
        
    01/12/200331/12/2003152,14
    01/01/200431/01/2004304,29
    01/02/200429/02/200450,71
    01/03/200431/03/2004304,29
    01/04/200430/04/200400,00
    01/05/200431/05/200400,00
    01/06/200430/06/200400,00
    01/07/200422/07/200400,00
        
        
        
        
        
        
Total 27639,43Total 18025,71

Por las razones anteriores, la acusación es fundada pero no próspera.

VIII. Cargo segundo

Acusa la sentencia por vía directa, por:

aplicación indebida de los artículos 4º y 48 de la Carta Magna y 1º, numeral 1º, de la Ley 860 de 2003, al haber concedido la pensión reclamada teniendo en cuenta únicamente el cumplimiento del requisito de 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la declaratoria de invalidez, y dejó de aplicar los artículos 45 de la Ley 270 de 1996, 16 del Código Sustantivo del Trabajo, 20 de la Ley 393 de 1997, 29, 230 y 241 de la Carta Magna y 1º, numeral 1º, de la Ley 860 de 2003, en lo concerniente a la ‘fidelidad de cotización para con el sistema’ …

El censor en la sustentación, luego de referirse a apartes de las sentencias de esta Sala CSJ SL, 27 ago. 2008, rad. 33185, 27 jun. 2010, rad. 42794 y 2 sep. 2008, rad. 32765, sostuvo:

Entonces, resulta fácil colegir que la aplicación del principio de progresividad ‘... no puede responder a una mera racionalidad del interés individual que se examina, sino que en correspondencia con la naturaleza de la seguridad social, debe atender la dimensión colectiva de los derechos tanto de los que se reclaman hoy como de los que se deben ofrecer mañana.’ y, por tanto, es claro que con base en ese argumento (la aplicación del principio de progresividad) no podía desconocer el Tribunal que el hipotético derecho de la señora Santamaría debía analizarse a la luz del artículo 1º, numeral 1º, de la Ley 860 de 2003 en su texto primigenio, de manera que si reunía los requerimientos allí contemplados era merecedora de la pensión que impetró o, de lo contrario, lo procedente era absolver a la Administradora frente a todo lo pedido en su contra.

Más adelante señaló que de todas maneras:

si la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la ‘fidelidad de cotización para con el sistema’ prevista en el artículo 1º, numeral 1º, de la Ley 860 de 2003 mediante la providencia C-428 del 1º de julio de 2009, como ya se dijo, con efectos erga omnes y oponible a todas las personas y a las autoridades públicas sin excepción alguna, sin darle retroactividad a su providencia, es patente que el tribunal estaba forzado a obedecer a lo sentenciado por la señalada Corte Constitucional en cuanto a que la inexequibilidad de ese artículo 1º, numeral 1º, de la Ley 860 de 2003 sólo operaba a partir del momento en el que quedó en firme su fallo, es decir, hacia futuro, en la medida en que el requerimiento de la fidelidad de cotizaciones en el sistema de seguridad social sólo desapareció una vez quedó en firme la sentencia C-428 del 1º de julio de 2009 de la plurimencionada Corte Constitucional, que a pesar de sacar del ordenamiento jurídico el aparte relacionado con la aludida densidad de cotizaciones, se repite, no dio efectividad hacia el pasado a tal fallo que, adicionalmente, cuenta con efectos erga omnes.

IX. Consideraciones

Para dar respuesta a esta acusación basta remitirse a lo expuesto por la Sala entre otras, en Sentencia CSJ SL3594-2014, donde dejó las siguientes enseñanzas:

… la corporación en el pasado, exigió en relación con la pensión de invalidez, el cumplimento del porcentaje de fidelidad de cotizaciones al sistema durante el lapso en que tuvo vigor ese requisito, esto es entre la entrada en vigencia del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, y la sentencia que lo declaró parcialmente inexequible, la C-428 de 2009, con apoyo en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia, en cuanto el juez constitucional en la parte resolutiva no previó que esa decisión tuviese efectos retroactivos. Al no haber modulado la Corte Constitucional los efectos del fallo al realizar el control abstracto, se entendió que durante el periodo en que tuvo vigor la exigencia de fidelidad de cotizaciones al sistema, estuvo amparada por la presunción de constitucionalidad y su aplicación en ese interregno resultaba obligatoria.

No obstante lo anterior, la nueva composición de la Sala, por mayoría de sus miembros, en sentencia de 20 de junio de 2012 radicación 42540, frente a una prestación de sobrevivientes pero cuyos argumentos resultan aquí plenamente aplicables, varió su criterio en lo referente a los efectos que debe surtir la declaratoria de inexequibilidad de una determinada disposición en materia de seguridad social, que haya impuesto un requisito que el juez de la Carta encuentra contrario a preceptos superiores por ser abiertamente regresivo.

En esos eventos y ante la existencia de una previsión legal que desconoce el principio de progresividad el cual irradia las prestaciones de la seguridad social, el juzgador para lograr la efectividad de los postulados que rigen la materia y valores caros a un estado social de derecho consagrados en nuestra Constitución Política, especialmente en los artículos 48 y 53, y que encuentran sustento también en la regulación internacional como la declaración universal de los derechos humanos, y los tratados sobre el tema ratificados por el Estado colombiano los cuales prevalecen sobre el orden interno, debe abstenerse de aplicar la disposición regresiva aún frente a situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad, en las hipótesis en que ella se constituya en un obstáculo para la realización de la garantía pensional máxime en casos como la pensión de invalidez, en que se trata de proteger a una población en circunstancias de vulnerabilidad y que amerita especial protección. Lo anterior significa que no se está disponiendo su inaplicabilidad general, pues frente a quienes la norma no resulte regresiva y consoliden el derecho durante el tiempo que tuvo vigor debe surtir plenos efectos.

Esto es, no se trata de darle efectos retroactivos a la decisión de inexequibilidad mencionada, sino de inaplicar el requisito de fidelidad por su evidente contradicción con el principio constitucional de progresividad que rige en materia de seguridad social.

De todas maneras ha de advertirse, que aún se hubiera encontrado fundado este cargo, no podría ser declarado próspero por las razones suficientemente indicadas con ocasión de la acusación precedente.

Sin costas en el recurso extraordinario por no haber sido causadas y al encontrarse fundado el cargo primero.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el quince (15) de junio de dos mil once (2011) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Paula Andrea Santamaría Rojas contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»