Sentencia SL2769-2015 de marzo 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL2769-2015

Radicación 45936

Acta 07

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., once de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

Se ha de precisar al demandante opositor, que no es la casación la oportunidad procesal para aportar o pedir pruebas por las partes, lo cual debió hacer en las instancias en los momentos previstos por la ley adjetiva para el efecto.

Dada la orientación jurídica del cargo no se discute que el demandante estructuró la invalidez el 30 de marzo de 2000; que Citi Colfondos le reconoció la pensión de invalidez mediante decisión de 25 de abril de 2003 a partir del mes de abril de 2000; y que su empleador cotizó por él hasta el mes de agosto de 2003.

1. La controversia jurídica, entonces, gira en torno a determinar si para el cálculo del ingreso base de liquidación, IBL de la pensión de invalidez, se deben tener en cuenta los aportes vertidos en la cuenta de ahorro individual del demandante con posterioridad a la fecha de estructuración del riesgo protegido.

2. El tribunal estimó que cabía esa posibilidad en cuanto el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en la versión original aplicable al sub lite, y al cual remite el artículo 69 ibídem que reglamenta la pensión de invalidez en el régimen de ahorro individual, enviaba a los parágrafos del artículo 33 del mismo estatuto. Y el parágrafo 3º de este mandato legal, autoriza al afiliado a continuar cotizando durante 5 años más para aumentar el monto de la pensión o para completar requisitos si fuere el caso.

3. Para la Corte se equivocó el juzgador ad quem en su entendimiento, porque el parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 antes de la reforma surtida por la Ley 797 de 2003, que abría la posibilidad al afiliado de cotizar durante 5 años más para aumentar el monto de la pensión se aplica exclusivamente a las pensiones de vejez, por la remisión que expresamente hace la disposición a los requisitos para esa prestación, previstos en el numeral 2º del mismo artículo. Por lo tanto, no resulta aplicable al caso de las pensiones de invalidez, y en esa medida la sentencia incurrió en el desvío hermenéutico que se le atribuye.

4. Por lo demás, el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que reglamenta lo relativo al IBL de las pensiones previstas en la Ley 100, entre ellas las de invalidez, prevé que para este riesgo se calcula en principio, con la salvedad de quien ha cotizado cuando mínimo 1250 semanas que no es aquí el evento, con el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si éste fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

La jurisprudencia de la Sala ha entendido que para efectos de la pensión de invalidez que es la que aquí interesa, el IBL se calcula con el promedio de las cotizaciones de los últimos diez años o en todo el tiempo si este fuere inferior, teniendo como fecha de referencia la de la estructuración de la minusvalía. Esto significa que no se tienen en cuenta para el cálculo del monto pensional los aportes sufragados con posterioridad a esa fecha.

En Sentencia CSJ SL, 28 ago. 2012, radicación 41822 precisó la Corte:

De igual forma, para obtener el ingreso base de liquidación de la prestación económica derivada de la invalidez del afiliado, no es procedente tener en cuenta lo cotizado con posterioridad a la fecha de la estructuración de su pérdida de capacidad laboral, sino los aportes anteriores al reconocimiento pensional, y por ende, tampoco es pertinente pretender una reliquidación de la mesada con los aportes que en mayor cuantía realizó la asegurada después de su minusvalía, por haber seguido laborando.

5. Por último es de advertir, que no es de recibo el argumento según el cual, por haber aceptado la administradora demandada las cotizaciones posteriores a la invalidez, sin objetarlas, debía incluirlas en el cálculo de la pensión, pues como se vio la ley es clara en cuanto a las reglas a seguir para definir el monto de la prestación periódica por ese riesgo, y de todos modos, como lo ha señalado la Corte, la entidad convocada a proceso estaba en la obligación de recibirlas pues la circunstancia de ser beneficiaria de una pensión de invalidez no es óbice para que la persona continúe trabajando y cotizando al sistema, máxime cuando se trata de una pérdida de capacidad laboral parcial en que se puede desempeñar una labor acorde con las circunstancias particulares de salud.

Y si bien esos aportes no tienen efectos para mejorar el valor de la pensión de invalidez por cuanto el riesgo ya se verificó, sí importan para una eventual pensión de vejez; incluso el artículo 72 de la Ley 100 de 1993, contempla la posibilidad de que quien se haya invalidado, y se hubiere dado la devolución de saldos por esa contingencia, continúe cotizando “para constituir el capital necesario para acceder a una pensión de vejez”. Naturalmente, de darse las dos prestaciones periódicas la situación deberá analizarse a la luz de lo previsto en el literal j) del artículo 13 de la citada Ley 100, pero es una circunstancia distinta que en principio no impide a quien goza de una pensión de invalidez de origen común continuar sufragando aportes al sistema.

El tema fue tratado por la corporación entre otras en sentencias CSJ SL, 23 marzo 2011, radicación 39863; CSJ SL14433-2014, y 24 abril 2012, radicación 37902. En la última de las providencias citadas dijo textualmente:

Respecto de los argumentos de la censura, es claro que el Estado debe brindarle garantías a las personas con limitaciones, entre ellas la de un trabajo acorde con sus condiciones de salud, así lo clarificó esta Sala de la Corte en la sentencia que cita el recurrente (rad. 27145, sep. 7/2006), cuando con apoyo en los artículos 48 y 54 constitucionales y 22 y 26 de la Ley 361 de 1997, expresó que no se puede desdeñar a una persona por sus limitaciones físicas o motoras, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, como tampoco negarle el acceso al mercado laboral y a la seguridad social por el hecho de padecer de una invalidez parcial.

Por las razones anteriores el cargo prospera y el fallo censurado será casado en su integridad.

En sede de instancia, son suficientes los argumentos explicados con ocasión del recurso extraordinario para confirmar el fallo absolutorio del juzgado como fue pedido en el alcance de la impugnación.

Sin costas en el recurso extraordinario dada la prosperidad del cargo. Las de las instancias a cargo de la parte demandante vencida.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el veinte (20) de octubre de dos mil nueve (2009) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Helver Enrique Rosas Puerto contra la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. - Colfondos, hoy Citi Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, y al cual fue llamada en garantía la Aseguradora de Vida Colseguros S.A. En sede de instancia, confirma el fallo de veintiocho (28) de febrero de dos mil ocho (2008), del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»