Sentencia SL2817-2017 de febrero 1º de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SL2817-2017

Radicación: 50292

Acta 03

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Luis Quiroz Alemán

Bogotá, D.C., primero de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «X. Consideraciones

Dada la senda escogida por la censura, se mantienen incólumes los siguientes supuestos de hecho: (i) la demandante fue calificada con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 54.25%, con fecha de estructuración el 5 de julio de 2006; (ii) dentro de los 3 años anteriores a la invalidez reunió más de 50 semanas de cotización, y (iii) no acreditó una fidelidad al sistema de al menos del 20% dentro del tiempo transcurrido entre el momento en que arribó a la edad de 20 años y la fecha de la calificación de invalidez.

Para dar respuesta a la inconformidad de la recurrente, suficiente es con remitirse a la sentencia de casación CSJ SL 15773 2016, radicación 53047, donde se indicó, en perspectiva del principio de progresividad de las prestaciones derivadas del sistema de seguridad social, que el juez debe abstenerse de aplicar disposiciones legales que resulten regresivas, aún frente a situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad de aquellas exigencias que constituían un obstáculo para la consolidación del derecho pensional.

Lo anterior por cuanto, acudiendo a los criterios de justicia y equidad, y en atención a lo dispuesto en los artículos 4º y 53 de la Constitución Política, es perfectamente viable inaplicar por vía de excepción de inconstitucionalidad el requisito de la fidelidad al sistema a que alude el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, respecto de situaciones que aun cuando se consolidaron durante el tiempo en que estuvo vigente, se constituyen en un obstáculo para la protección de las personas que por su condición de vulnerabilidad y a raíz de una exigencia que ya fue retirada del ordenamiento jurídico, le pueda frustrar su expectativa de obtener el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.

En la citada providencia se dijo lo siguiente:

1. Es cierto que en casos similares al presente, la Corporación en el pasado, exigió en relación con la pensión de invalidez, el cumplimento del porcentaje de fidelidad de cotizaciones al sistema durante el lapso en que tuvo vigor ese requisito, esto es entre la entrada en vigencia del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, y la sentencia que lo declaró parcialmente inexequible, la CC C-428 de 2009, con apoyo en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia, en cuanto el juez constitucional en la parte resolutiva no previó que esa decisión tuviese efectos retroactivos. Al no haber modulado la Corte Constitucional los efectos del fallo al realizar el control abstracto, se entendió que durante el periodo en que tuvo vigor la exigencia de fidelidad de cotizaciones al sistema, estuvo amparada por la presunción de constitucionalidad y su aplicación en ese interregno resultaba obligatoria.

La Sala por mayoría, en sentencia CSJ SL, 20 de junio de 2012, radicación 42540, en el caso de una pensión de sobrevivientes pero cuyos razonamientos resultan aquí aplicables, varió su criterio en lo referente a los efectos que debe surtir la declaratoria de inexequibilidad de una determinada disposición en materia de seguridad social, que haya impuesto un requisito que el juez de la Carta encuentra contrario a preceptos superiores por ser abiertamente regresivo.

En esos eventos y ante la existencia de una previsión legal que desconoce el principio de progresividad el cual irradia las prestaciones de la seguridad social, el juzgador para lograr la efectividad de los postulados que rigen la materia y valores caros a un estado social de derecho consagrados en nuestra Constitución Política, especialmente en los artículos 48 y 53, y que encuentran sustento también en la regulación internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los tratados sobre el tema ratificados por el Estado Colombiano los cuales prevalecen sobre el orden interno, debe abstenerse de aplicar la disposición regresiva aún frente a situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad, en las hipótesis en que ella se constituya en un obstáculo para la realización de la garantía pensional. Lo anterior significa que no se está disponiendo su inaplicabilidad general, pues frente a quienes la norma no resulte regresiva y consoliden el derecho durante el tiempo que tuvo vigor debe surtir plenos efectos.

Esto es, no se trata de darle efectos retroactivos a la decisión de inexequibilidad mencionada, sino de inaplicar el requisito de fidelidad por su evidente contradicción con el principio constitucional de progresividad que rige en materia de seguridad social.

Este criterio mayoritario va con lo dispuesto en la sentencia CSJ SL 8 de mayo de 2012, radicación 35319, en que esta Sala asentó que en aquellos casos en que el afiliado ya había cumplido los requisitos previstos en una disposición para que se le cubriera una de las contingencias a cargo de la seguridad social, la ley nueva no puede hacer más gravosa su situación en el sentido de exigirle unas condiciones superiores a las ya satisfechas, para acceder a la prestación correspondiente.

Consideró la corporación que cuando el esfuerzo económico de un afiliado ha alcanzado el mínimo de contribuciones que la ley vigente señala como necesarios para que se le reconozca una determinada pensión, un cambio legislativo no puede aniquilar la eficacia de tales cotizaciones so pretexto de que falta por cumplirse la condición señalada en la ley para hacerlo exigible.

Más adelante precisó:

Los aludidos preceptos deontológicos surgen de las disposiciones del orden jurídico vigente, tanto de rango legal como supralegal, en la específica materia de la seguridad social. En efecto, la Constitución consagra el derecho fundamental de la seguridad social en su artículo 48; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 establece en su artículo 22 que toda ‘persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social’.

De esta garantía de orden prestacional y, por lo mismo, sujeta a las condiciones económicas y legales de cada Nación, fluyen derechos que, una vez consolidados, no pueden ser desconocidos ni aún en estados de excepción (C.P., art. 93), al igual que las reglas y principios contenidos en los tratados que sobre la materia ratifique el Estado Colombiano, las cuales prevalecen en el orden interno y sirven de pauta interpretativa de la normatividad nacional. En este sentido, cabe citar la decisión de la Sala, del 8 de julio de 2008 (rad. 30581) en la que se sostuvo:

Es más, remitiéndose esta corporación a las fuentes y acuerdos vinculantes de índole internacional del derecho al trabajo, incorporados a nuestro ordenamiento interno como Estado miembro a través de la ratificación de los respectivos convenios o tratados internacionales en los términos de los artículos 53, 93 y 94 de la Carta Política, y que pasan a integrar el bloque de constitucionalidad, es dable destacar que los mandatos de la Organización Internacional del Trabajo OIT no se oponen a la aplicación de la condición más beneficiosa y por el contrario son compatibles con la orientación que a esta precisa temática le viene dando la Sala, al señalar en el artículo 19-8 de la Constitución de la OIT que <En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación> (resalta la Sala)’.

Como se ve, la Constitución de la OIT plantea el tema en el plano de la sustitución de normas, y no necesariamente alude a derechos consolidados, sino también a garantías o condiciones establecidas en la ley modificada.

Incluso debe indicarse que el Pacto de San José que contempla el compromiso de los Estados de lograr progresivamente la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, impone una estructura programática en torno al citado derecho, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 26 contempla el compromiso ‘para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales’.

De otro lado, el artículo 272 de la Ley 100 de 1993 estableció que los principios mínimos señalados en el 53 de la Constitución tienen ‘plena validez y eficacia’ en materia de seguridad social. Esa alusión expresa de los principios constitucionales allí señalados, es la fuente donde se sustenta los principios laborales, y así no puede estimarse que sea un postulado exclusivo del ‘derecho del trabajo’, sino lógicamente aplicable a la seguridad social.

El reconocimiento de aquellos no se opone al mandato constitucional del imperio de la ley, entendida ésta lato sensu. Del mismo modo, corresponde reconocer que no pueden erigirse en una regla absoluta, porque en un Estado constitucional no hay lugar a mandatos de ese género, máxime cuando su desarrollo no se opone a la posibilidad de que una situación social sobreviniente conlleve, para conservar una prestación en términos reales, es decir efectivamente adjudicable, que se modifiquen los requisitos para su reconocimiento, haciéndolos más rigurosos. Pero la situación de quien ya cumplió la prestación económica, derivada del ‘contrato intergeneracional’, o de ‘ayuda mutua’ amerita un reconocimiento por haber hecho el esfuerzo que en su momento se le exigió, todo al aplicar la función interpretativa e integradora de los principios.

2. Es con fundamento en los criterios precedentes, que en el sub lite, no puede exigirse al demandante para efectos de la pensión de invalidez, el cumplimiento del requisito de fidelidad de cotizaciones al sistema del 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación, no obstante que el estado de invalidez se consolidó estando en vigor tal exigencia, por cuanto dicha previsión fue a todas luces regresiva como lo determinó la Corte Constitucional en la Sentencia CC C-428 de 2009.

Asentó la alta corporación:

… puede decirse que el costo social que apareja la modificación introducida por el requisito de fidelidad incluido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 es mayor que beneficio que reportaría para la colectividad. En efecto, como se expuso anteriormente, implica la exclusión de determinadas situaciones previamente protegidas, a través de un requisito que no conduce realmente a la realización de los propósitos perseguidos por la norma.

Las anteriores consideraciones llevan a concluir que el requisito de fidelidad contemplado en la norma analizada, tanto en su numeral 1º como en el 2º, deben ser declarados inexequibles puesto que no se logró desvirtuar la presunción de regresividad y justificar la necesidad de la medida de acuerdo con los fines perseguidos por la misma.

Se sigue de lo dicho la prosperidad de los cargos.

En sede de instancia, a más de lo anterior, se debe decir que a la señora Sara Julia Ruíz Caballero se le dictaminó, por parte del Instituto de Seguros Sociales, una pérdida de capacidad laboral del 54.25% de origen común, con fecha de estructuración del 5 de julio de 2006.

De allí que la norma aplicable, a efectos de determinar si es beneficiaria de la pensión de invalidez, es el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, disposición que exige un mínimo de 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, requisito que satisface la demandante, tal como lo admitió la accionada al contestar la demanda, y da cuenta la Resolución 12904 de 2007, donde se indicó que la asegurada cotizó 60 semanas durante el lapso mencionado (fl. 6), sin que sea viable exigirle la fidelidad al sistema, por las razones expuestas al momento de resolver el recurso extraordinario de casación.

Con relación a los intereses moratorios, esta corporación ha indicado, en lo que tiene que ver con su imposición, que los mismos no son procedentes cuando el actuar de las administradoras, a efectos de negar las prestaciones que tienen a su cargo, encuentren justificación en la norma con la que se debía resolver el derecho, pues su actuar no se puede calificar de arbitrario o caprichoso, tal como se dijo, entre otras, en Sentencia CSJ SL 16390 2015, radicación 40868.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso bajo examen no era viable condenar a la accionada al pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en atención a que la pretensión económica perseguida por la demandante, se sometió a la norma vigente a la fecha de la estructuración de la invalidez, y en tal sentido, actuó bajo el amparo de una norma vigente.

No obstante lo anterior, se ordenará al Instituto de Seguros Sociales a reconocer un retroactivo pensional de $ 81.221.187 y una indexación de $ 18.645.032,45, de conformidad al siguiente cuadro:

FechasValor pensiónNº de pagosValor mesadasValor indexación
DesdeHasta
05/07/200631/12/2006$ 408.000,006,87$ 2.801.600,00$ 1.510.916,55
01/01/200731/12/2007$ 433.700,0014$ 6.071.800,00$ 2.867.216,12
01/01/200831/12/2008$ 461.500,0014$ 6.461.000,00$ 2.425.400,29
01/01/200931/12/2009$ 496.900,0014$ 6.956.600,00$ 2.239.203,42
01/01/201031/12/2010$ 515.000,0014$ 7.210.000,00$ 2.103.460,08
01/01/201131/12/2011$ 535.600,0014$ 7.498.400,00$ 1.867.117,56
01/01/201231/12/2012$ 566.700,0014$ 7.933.800,00$ 1.675.510,14
01/01/201331/12/2013$ 589.500,0014$ 8.253.000,00$ 1.544.960,11
01/01/201431/12/2014$ 616.000,0014$ 8.624.000,00$ 1.322.092,30
01/01/201531/12/2015$ 644.350,0014$ 9.020.900,00$ 882.254,81
01/01/201631/12/2016$ 689.455,0014$ 9.652.370,00$ 206.901,07
01/01/201731/12/2017$ 737.717,001$ 737.717,00$ -
Total$ 81.221.187,00$ 18.645.032,45

Por lo anterior, se revocará el numeral cuarto de la sentencia proferida en primera instancia, para, en su lugar, absolver al Instituto de Seguros Sociales del pago de los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Se adiciona esa decisión en el sentido de ordenar a la accionada reconocer a la demandante un retroactivo pensional de $ 81.221.187 y una indexación de $ 18.645.032,45. Se confirma en lo demás.

Sin costas en el recurso extraordinario. Las de instancias a cargo del demandado cuya liquidación deberá hacerse en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.

XVIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre de la República de Colombia, CASA la sentencia proferida 18 de noviembre de 2010 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro del proceso ordinario laboral seguido por SARA JULIA RUÍZ CABALLERO, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES.

En SEDE DE INSTANCIA se revoca el numeral cuarto de la sentencia proferida en primera instancia, para en su lugar absolver al Instituto de Seguros Sociales del pago de los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Se adiciona esa decisión en el sentido de ordenar a la accionada a reconocer a la demandante un retroactivo pensional de ochenta y un millones doscientos veintiún mil ciento ochenta y siete pesos ($ 81.221.187), y una indexación de dieciocho millones seiscientos cuarenta y cinco mil treinta y dos pesos con cuarenta y cinco ctvs. ($ 18.645.032,45). Se confirma en lo demás.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»