Sentencia SL2899-2018/60060 de julio 18 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 3

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Prada Sánchez

SL2899-2018

Rad.: 60060

Acta 23

Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil dieciocho.

La Sala decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por Bernard Christian C Duplaix, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 31 de agosto de 2012, en el proceso que instauró contra la Academia de Cocina y Artes S.A.

I. Antecedentes

Bernard Christian C. Duplaix demandó a la Academia de Cocina y Artes S.A., para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo desde el 13 de septiembre de 2004 hasta el 11 de junio de 2009, y que declarara “que la parte demandada el día 3 de Julio de 2009, verbalmente dio por terminada en forma unilateral y sin aducir justa causa el contrato de trabajo”. Pidió se impusieran condenas a título de indemnización por despido injusto, primas de servicio, vacaciones, auxilio de cesantías y sus intereses doblados, sanción por no consignación del auxilio de cesantías, indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, aportes a la seguridad social en pensiones e indexación.

Subsidiariamente, pidió se declarara la existencia de los siguientes contratos de trabajo: a) desde el 13 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 2004, b) desde el 1º de febrero hasta el 1º de junio de 2005, con una licencia de viaje entre el 4 y el 11 de febrero del mismo año, c) desde el 1º de agosto hasta el 25 de noviembre de 2005, d) del 6 de febrero al 9 de junio de 2006, e) desde el 25 de julio hasta el 29 de noviembre del 2006, f) desde el 5 de febrero hasta el 8 de junio de 2007, g) desde el 23 de julio hasta el 26 de noviembre de 2007, h) desde el 11 de febrero hasta el 5 de junio de 2008, con una licencia entre el 11 de febrero hasta el 8 de marzo de ese año, i) desde el 28 de julio hasta el 1º de diciembre de 2008 y, j) del 9 de febrero hasta el 11 de junio de 2009.

Soportó sus pedimentos en que la demandada lo contrató como Chef Docente, como parte del personal calificado de la accionada; que el 21 de agosto de 2007 celebraron un contrato de prestación de servicios simulado, a término indefinido; el 15 de mayo de 2007, le indicaron que era su obligación hacer cumplir el manual de convivencia, y que si no lo hacía “sería objeto de amonestación por escrito con copia en la hoja de vida”; que la demandada certificó al Ministerio de Relaciones Exteriores, que su vinculación había sido contrato a término indefinido, pero no le pagaron cesantías, aportes a la seguridad social, primas de servicio, vacaciones, a pesar de que estuvo sometido a horario de 8 a.m. a 12 m. y de 1 a 5 p.m. y los viernes, de 8 a.m. a 12 m.

Aseguró haber cumplido funciones de chef docente en programas técnicos, cursos de cocina básica, diplomados, eventos especiales, de la bandeja paisa, repostería básica, cocina francesa; que dicha actividad pertenecía al giro de la demandada y se le impuso presentar cuentas de cobro por los trabajos realizados.

Señaló que la demandada le canceló durante el segundo semestre de 2004, $12.220.000; primer semestre de 2005, $21.280.000; segundo semestre de 2005, $21.240.000; primer semestre de 2006, $21.600.000; segundo semestre de 2006, $23.200.000; primer semestre de 2007, $23.520.000; segundo semestre de 2007, $24.442.000; primer semestre de 2008, $12.240.000; segundo semestre de 2008, $19.700.000; y, primer semestre 2009, $33.524.000.

Sostuvo que, en abril de 2009, la demandada le impuso la afiliación a la seguridad social y el 3 de julio de ese año, le comunicó que no continuaría laborando (fls. 79 a 91).

La accionada se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló las excepciones de buena fe, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, compensación, pago y prescripción.

Aceptó que Carlos Hernando Pabón, representante legal de la demandada, contrató a Bernard Duplaix a través de varios contratos civiles de prestación de servicios por semestres, completamente independientes, suscritos en septiembre de 2004 y junio de 2009; que según el certificado de proporcionalidad expedido por el Ministerio de la Protección Social, contrató al actor como chef docente, pero ello no demuestra la existencia de una relación laboral, porque el documento se emite sin importar la naturaleza del vínculo y que, el 21 de agosto de 2007, suscribió un contrato de prestación de servicios con el actor. Negó los demás hechos (fls. 281-310).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 13 de mayo de 2011, absolvió a la demandada de todas las pretensiones y declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, con costas al demandante (fls. 372 al 386).

III. Sentencia de segunda instancia

Al resolver la apelación interpuesta por el accionante, el Tribunal confirmó la del juzgado, sin imponer costas.

Después de hacer referencia al artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, señaló que la presunción allí contenida, se soporta en la primacía de la realidad sobre las formalidades en las relaciones de los sujetos en el campo laboral, conforme al artículo 53 de la Constitución Política; empero, dijo, la misma es legal y, por ello, admite prueba en contrario, porque tiene como propósito relevar a quien invoca la relación de trabajo, de la carga de probar su afirmación, por lo cual le corresponde a quien se oponga, demostrar lo contrario.

De entrada, advirtió que le asistía razón al a quo, en tanto la prueba recaudada no acreditaba la existencia de la relación de trabajo y que lo dicho en la demanda, no puede tenerse como hechos demostrados, en tanto el promotor de la acción está obligado a acreditarlos, tal cual lo dispone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Hizo referencia a las declaraciones de María Catalina Romero, quien dijo que le había explicado al demandante las condiciones que regirían el contrato, que fueron cabalmente aceptadas; además, afirmó, el docente le informó que necesitaba parte del tiempo, debido a que asesoraba varios restaurantes, de suerte que la Academia quedaba condicionada a su disponibilidad.

Igualmente, aludió a la declaración de Elka Ospino Núñez, según la cual, el contrato suscrito por Duplaix fue de prestación de servicios independientes, que no cumplía horario y presentaba cuentas de cobro por las clases dictadas, anexando el pago de la seguridad social y el Rut, a más que el docente abandonó varias veces las clases, cuando la materia prima no correspondía a lo querido por él, sin sanción o llamada de atención por esos hechos.

Que la testigo Alba Gertrudis Coy Corredor depuso que el demandante “tenía contrato de prestación de servicios, que no cumplía un horario, no recibía órdenes de nadie, que en varias ocasiones se retiró intempestivamente de la academia sin avisar cuando tenía algún inconveniente con los elementos a utilizar (…)”; terminaba la clase sin importar si llevaba poco tiempo, no tuvo llamados de atención y contó que los docentes se señalaban su propio horario, porque se encontraban vinculados a otras empresas.

Coligió, entonces, que las mencionadas declaraciones resultaron suficientes para desvirtuar la subordinación, es decir que fluyó evidente la existencia de autonomía e independencia en el desarrollo de la relación con la demandada.

Señaló que aunque la documental que reposa de folios 48 a 63, registra horarios, relación de horas dictadas y cuentas de cobro aportadas por el demandante, no proviene de la demandada, ni fue elaborada con su participación, sino que se trata de documentos fabricados por el accionante, en los que no aparece su firma, por lo cual no acreditan nada y no pueden valorarse de otra manera, porque a nadie le está permitido confeccionar su propia prueba.

De lo dicho, concluyó, que no existía certeza de la relación laboral invocada por el actor, porque si bien, prestó servicios a la accionada, la subordinación no contó con sustento probatorio y tampoco se pudieron establecer los extremos temporales de ese vínculo.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.

V. Alcance de la impugnación

El recurrente pretende que la Corte case totalmente el fallo gravado, “en cuanto en el numeral PRIMERO, confirmó” el absolutorio de primer grado; en sede de instancia, pide se revoque los 3 primeros numerales de la sentencia dictada por el a quo y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda inicial, en el orden propuesto.

Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula un cargo, oportunamente replicado.

VI. Cargo único

Acusa violación indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 18, 22, 23, 24, 27, 37, 38, 45, 46, 47, 56, 64, 101, 102, 127, 186, 193, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, Ley 1429 de 2010, 3, 10, 11, 15 y 17, en relación con el Decreto 456 de 1956, el 1602 y 1603 del Código Civil, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo.

Denuncia la comisión de los siguientes errores de hecho:

Dar por demostrado, sin estarlo, que Bernard Christian C Duplaix prestó servicios a la sociedad Academia de Cocina y Artes S.A. como chef docente mediante un contrato civil de independiente.

1. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante sí recibía órdenes, citaciones, fijación de topes y fechas para desarrollar sus labores docentes y cumplía el horario de programación académica que organizará (sic) la demandada; además, como docente fue objeto de evaluaciones.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada Academia de Cocina y Artes S.A. sí tuvo vinculación laboral con el demandante Bernard Christian C Duplaix, como docente en técnico de cocina, por sus conocimientos especializados, bajo parámetros y directrices que dependían de los cursos, semestres, diplomados y eventos que programara la sociedad demandada.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que no se probaron los extremos temporales de la relación laboral, cuando aparece una certificación de la demandada reconociéndolos a partir del 2004 y otras pruebas señalan que feneció en julio de 2009.

4. No dar por demostrado, estándolo, si existió una remuneración fija y constante por la demandada para el actor, que inclusive se le expidieron certificaciones con fines tributarios.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante como extranjero, para poder trabajar en Colombia, concretamente en la demandada, obtuvo en tres ocasiones venia del Ministerio de Protección Social con destino a la Academia acá demandada.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante dedicó sus conocimientos al compromiso de docencia en institución privada que adquirió con la acá demandada.

Estima erróneamente apreciados, el certificado de la Cámara de Comercio (fls. 3 a 7, 110 a 113), los del Ministerio de la Protección Social (fls. 7 a 10), y el expedido por la demandada el 15 de agosto de 2007 (fl. 10); la nota de fin de semestre en noviembre de 2004, suscrita por el director Carlos H. Pabón (fl. 12); el memorando firmado por directivos de la demandada, dirigido a los profesores (fl. 15); la citación de la accionada a reunión de trabajo (fl. 19), nota de 23 de julio de 2007 de la coordinadora académica al profesor (fl. 20), llamado de atención de la coordinadora académica (fl. 25); asignación de labores por parte de la misma funcionaria (fl. 26), asignación de horario (fl. 27), nota de presentación del actor a un tercero para una práctica (fl. 29), evaluación al docente, practicada en mayo 17 de 2007 y certificado de prestación de servicios (fls. 39 y 276); carta de bienvenida y parámetros de trabajo del semestre de agosto de 2008 (fls. 46 y 47); documentos sobre talleres, fechas cursos, sesiones, horas y remuneración (fls. 64, 65, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 278, 279), anexos de la contestación de la demanda (fls. 117 a 272), interrogatorio de parte absuelto por la demandada (325-327) y el demandante (328 y siguientes), testimonios de María Catalina Romero (fls. 347 a 351), Elka Ospino Núñez (fls. 334 a 337) y Alba Gertrudis Coy (fls. 338 a 342).

Argumenta que el Ministerio de la Protección Social, por intermedio de la Dirección General de la Promoción del Trabajo, el 20 de octubre de 2004 (fl. 7), el 22 de abril de 2007 (fl. 8) y 15 de agosto del mismo año (fl. 9), previa solicitud de la demandada, autorizó la contratación del ciudadano francés, como chef docente; esta documental, afirma, no fue valorada en su real significado, que de haberlo sido, habría llevado al Tribunal a tener por demostrado el permiso de trabajo solicitado por la demandada, pues no se trató de una autorización civil sino laboral.

Que el Tribunal, tampoco valoró la certificación de 15 de agosto de 2007 (fl. 10), dirigida por la demandada al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que hizo constar que el demandante había sido contratado desde el 23 de julio de 2007 a término indefinido, para desempeñar el cargo de chef docente.

Aduce que al margen del nombre que se le dio al documento que firmaron las partes, 6 días después de la certificación entregada al Ministerio de Relaciones Exteriores a que hizo referencia, según la primera cláusula, el actor se obligó a prestar los servicios de docencia y enseñanza y se convino que “los términos descritos solo podrán ser modificados mediante convenio escrito”; en la segunda se plasmó el término indefinido; en la tercera el pago; en la cuarta, dentro de las obligaciones del chef docente, se comprometió a poner a disposición del contratante toda su experiencia y conocimiento para cumplir con el trabajo de la docencia, satisfacer el tiempo requerido para esa labor, presentar las horas dictadas en el respectivo mes; este documento lo estima superficialmente apreciado, en tanto la única referencia fue la “revisión del acervo probatorio”, sin concretar el análisis probatorio específico.

Arguye que en la comunicación dirigida al actor el 2 de noviembre de 2004 (fl. 12), al final del semestre, se agradeció su participación y colaboración en el programa técnico, dado que gracias al trabajo en equipo, se lograron avances positivos; también, le fue ordenada la entrega de informes semestrales sobre notas definitivas, reporte de desarrollo individual de los alumnos, comentarios del semestre, antes del 30 de noviembre del mismo año, y se le convocó a una reunión el 4 de noviembre a las 12:00, para “trabajar conjuntamente en la programación y medidas que se piensan poner en práctica”.

Estima que la ligera valoración de este documento, llevó al ad quem a incurrir en un error trascendente, como fue colegir la ausencia de subordinación, pero sí la demostración de autonomía y libertad en la ejecución de la actividad. Agrega que sería absurdo matricularse en la Academia en la cual no hubiera programas, fecha, asignación de labores, responsabilidades, y sí, absoluta independencia, libertad y autonomía de los partícipes en contratos civiles, con la facultad de dictar o no clases.

Señala que la coordinadora académica ejerció autoridad y jerarquía sobre los docentes de cocina y que, el 13 de octubre de 2005, requirió al actor para que cumpliera el horario, diligenciara formatos, usara y exigiera ingredientes para la clase; que el 8 de agosto de 2007, fue citado a reunión para tratar temas relacionados con trabajos de grado del programa técnico y según los folios 20 y 21, se le dio la bienvenida y se le ilustró sobre las políticas de coordinación académica y se le agradeció su acatamiento, y se le ordenó “tomar cuenta las fechas” para el “desarrollo normal del semestre” así como también, le recordó que debía cumplir con el reporte de asistencia a la coordinación académica, firmar los formatos de recepción, llamar lista a los estudiantes, no incluir los que no aparecieran en el listado, ceñirse al manual de convivencia, pasar cuentas de cobro exclusivamente los lunes cada 15 días, entregar cortes de calificación con los porcentajes y el receso académico del 17 al 21 de septiembre. De tales documentos, asevera, se infiere un ejercicio de subordinación y la obligación de acatamiento de dichas órdenes, por parte del demandante.

Expone que el 15 de mayo de 2007 (fl. 25), la coordinadora académica le llamó la atención porque la presentación personal de los estudiantes, no estaba acorde con el manual de convivencia que él se comprometió a hacer cumplir, cuando aceptó laborar como docente de la Escuela, y le advirtió que se harían visitas a las clases, sin previo anuncio y se retiraría a los estudiantes que no atendieran lo ordenado en dicho manual, con amonestación al docente y copia a la hoja de vida. En ese orden, asegura, si el Tribunal no hubiera apreciado este documento con ligereza, habría concluido que se trataba de una relación de linaje laboral, que no civil.

Agrega que la asignación de 2 estudiantes por parte de la coordinadora académica de la Escuela, para cumplir con la tutoría y asesoría semanal en el trabajo de grado, responde a la imposición de obligaciones de carácter laboral, a más que, mediante comunicación de 18 de julio de 2007 (fl. 26) le impuso el horario que debía cumplir en la labor docente y le advirtió que no se permitían cambios de salón por ningún motivo. Que la demandada presentó al docente ante terceros y para visita de prácticas, pidió que se les recibiera junto a sus alumnos (fl. 29).

Aduce que, en función de velar por la calidad académica de los profesores, fue sometido a valoración en los cursos 1 A, 1 B, 1 C y obtuvo un promedio de 4.95, lo cual refuerza el carácter laboral del vínculo y que en la certificación de folio 39, constan los extremos de la relación de trabajo. Que en la comunicación del 1º de agosto de 2008 (fls. 46 y 47), se saluda a los docentes, se les informa el cronograma, la fecha de inicio, receso, grados, tareas y pautas; es decir, los planes a ejecutar por la Academia con el personal administrativo y docente, documento que tampoco fue valorado en debida forma y por lo mismo no dedujo su contenido real.

Sostiene que, de la cuenta de cobro por $4.200.000 (fl. 64) no se deriva el carácter comercial del nexo, dado que se trata de 21 sesiones desarrolladas en función educativa, lo cual es propio de los contratos laborales de los docentes; que en los certificados de retención en la fuente (fls. 73 a 78) constan las sumas devengadas y los valores retenidos por servicios, que responden a pagos de orden laboral y que los folios 118 y ss., prueban la sujeción a horario, el monto de la retribución, la continuidad del servicio hasta 2009 y que, a pesar aparecer como cuentas de cobro, son insuficientes para desvirtuar la realidad, de que dichos pagos tienen causa en la prestación del servicio de docente.

Dice que con la aceptación de que suscribió contratos a término indefinido, en 2004 y 2007, la demandada confesó el extremo inicial y la certificación del Ministerio de la Protección Social (fl. 7), ratifica como tal el 20 de octubre de 2004.

Asevera que del examen del acervo probatorio se infiere que la demandada tiene dentro de su objetivo social ofrecer capacitación en la cultura culinaria, programas, eventos y actividades pedagógicas, para perfeccionar el conocimiento en ese campo y el aprendizaje de todo lo relacionado con el arte gastronómico; que prestó servicios a la demandada como chef docente, experto en cocina, bajo los horarios, pautas, directrices y coordinación de la demandada y que, como las normas del trabajo exigían un porcentaje de trabajadores nacionales y extranjeros, la Academia pidió en 3 ocasiones la certificación para poderlo vincular laboralmente como chef docente; que los extremos temporales fueron de octubre de 2004 a junio de 2009, como quedó en evidencia con las certificaciones del Ministerio de la Protección Social.

Asegura que una valoración ponderada de las pruebas, hubiera dado lugar a la emisión de una decisión diametralmente opuesta a la que combate, es decir que, entre la demandada y el docente, medió un vínculo de orden laboral en un establecimiento particular de enseñanza del arte culinario y gastronómico, en lugar de connotar a esa relación de una índole civil e independiente, en tanto la voluntad del actor estuvo sometida a la de su empleador.

VII. Réplica

Argumenta que la demanda adolece de falencias técnicas y no desvirtúa las conclusiones a las que arribó el a quo, las que confirmó el Tribunal.

Sostiene que la conclusión del ad quem de que la prueba fue fabricada por el accionante, no fue objeto de ataque, por lo cual permanece incólume, en la medida en que ha debido confutar la validez de las pruebas aportadas, para luego señalar los errores. Añade que los yerros probatorios en relación con la naturaleza del vínculo, implican razonamientos ajenos a la vía escogida.

Aduce que el impugnante no señaló cuál fue el error cometido por el Tribunal, ni qué fue lo que tuvo por probado, sin estarlo, o lo que no dio por acreditado a pesar de estarlo, ni desarrolló el ejercicio de confrontar lo que la prueba acredita, con la conclusión del sentenciador y, además, enlistó una serie de pruebas documentales, pero no señaló el defecto valorativo; que en la demostración de los errores, olvidó que debe atenerse a las reglas propias del recurso de casación.

Asevera que, desde el punto de vista material y formal, el fallo se ajusta a derecho y obedece a un estudio adecuado de la prueba recaudada, por manera que no procede rectificación alguna.

VIII. Consideraciones

No le asiste razón al opositor en las glosas que formula a la sustentación del recurso, porque la censura se ciñó a los requisitos del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, en tanto discrimina las pruebas que considera erróneamente apreciadas, y desarrolla un ejercicio de demostración que la Sala considera suficiente. Así mismo, en este caso, la controversia sobre la naturaleza de la relación contractual que ligó a las partes, corresponde ventilarla por la vía de los hechos.

Está acreditado y fuera de discusión, que la Academia accionada contrató al actor en septiembre de 2004 y que el 21 de agosto de 2007, las partes suscribieron un contrato de trabajo escrito, para que el segundo ejecutara la función de chef docente, así como que la demandada presentó al Ministerio de la Protección Social el listado de trabajadores a efectos de que autorizara la contratación del ciudadano francés, en obedecimiento al mandato del artículo 74 del Código Sustantivo del Trabajo; tampoco, se discute que la enjuiciada pagó por la labor desarrollada.

Sin mayor esfuerzo, de la observación del acervo probatorio, el Tribunal extrajo la prestación personal del servicio y, en consecuencia, hizo producir efectos al artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, en la medida en que se “presume que toda relación de trabajo está regida por un contrato de trabajo”; no obstante, de lo declarado por los testigos, consideró desvirtuada la subordinación, de suerte que, dijo, la labor del actor fue autónoma e independiente.

Estimó que a pesar de la prestación personal, persistía incertidumbre sobre la existencia de la relación laboral, porque “en lo que tiene que ver con la subordinación, siendo primordial su demostración en el sub lite, no tuvo respaldo probatorio”, y no se acreditaron los extremos de la misma.

Es decir, las conclusiones a las que llegó el ad quem, fueron que existía certeza de que Christian C Duplaix laboró para la demandada, pero que la subordinación no tuvo respaldo probatorio y que examinado el acervo, no se hallaron presentes elementos que dieran seguridad acerca de que el vínculo entre el actor y la demandada, se hubiera desarrollado bajo el marco del derecho del trabajo.

Procede la Sala a estudiar las pruebas denunciadas, para establecer si existieron o no, los errores atribuidos al fallo gravado.

Las certificaciones expedidas por el Ministerio de la Protección Social (fls. 7, 8 y 9) datadas 20 de octubre de 2004, 22 de marzo y 15 de agosto de 2007, exhiben paladinamente que la Academia de Cocina y Artes, presentó a esa dependencia solicitud de autorización para contratar al ciudadano francés a Bernard Christian C Duplaix, “quien desempeñará el cargo de Chef Docente”, de conformidad con lo reglado por el artículo 74 del Código Sustantivo del Trabajo, antes de su derogatoria por el parágrafo 3, artículo 65 de la Ley 1429 de 2010; dado que se respetaba el porcentaje de trabajadores nacionales previsto en aquella norma. Dado que con la contratación del señor Duplaix, el porcentaje de trabajadores colombianos quedaba en el 83.3%, “razón por la cual, se respeta la proporcionalidad entre trabajadores nacionales y extranjeros, prevista en el artículo 74 (…)”, para efectos del trámite de la visa concedió la respectiva autorización por un plazo de 3 meses.

En tal virtud mediante comunicación de 15 de agosto de 2007 (fl. 10), el representante legal de la demandada hizo constar que “a partir del 23 de Julio de 2007 se contrató (sic) a término indefinido (Servicio de docencia al Sr. Bernard Dupolaix de nacionalidad francesa, identificado (…), para desempeñar el Cargo de Chef Docente”.

Reposa el contrato de prestación de servicios (fl. 11), del que se evidencia que fue incorporado a término indefinido a partir del 21 de agosto de 2007, para laborar como docente; dice allí que los términos sólo podían modificarse entre las mismas partes y que el valor de cada clase era de $140.000; el demandante se comprometió, en la cuarta cláusula, a poner al servicio de la demandada “toda su experiencia y conocimiento para cumplir a cabalidad con el trabajo de docencia y enseñanza. 2) Cumplir con las horas requeridas de docencia y enseñanza 3) Presentar al CONTRATANTE la relación de las clases dictadas cada mes”; era obligación del contratante suministrar los elementos e instalaciones para el desarrollo de la actividad; también, se convino una duración indefinida del contrato y el pago mensual mediante cheque.

Según comunicación del 2 de noviembre de 2004 (fl. 12), la demandada agradece al actor la colaboración prestada y le ordena entregar los informes semestrales de las materias, con la inclusión de las notas definitivas por alumno, así como el reporte del desarrollo individual de cada uno, junto con la conclusión del resultado grupal y comentarios del semestre, a más tardar el 30 de noviembre de esa anualidad; igualmente, lo citó a reunión el 4 de noviembre a partir de las 12:00, para trabajar en la programación, “para lo cual les solicito estricto cumplimiento en su asistencia”.

Mediante comunicación de 8 de agosto de 2007 (fl. 19), la coordinadora académica lo convocó, para efectos de tratar temas sobre los trabajos de grado de los estudiantes; mediante escrito de 7 de julio de 2007, le informó que la asistencia de los docentes será reportada directamente ante esa coordinación, con la firma respectiva, para hacer un seguimiento al desarrollo de los programas y tener un contacto más permanente; se le adjuntó la lista de clase para que verificara con rigor la asistencia, y se le informó que las cuentas de cobro debían ser entregadas en la coordinación académica, solo los lunes cada 15 días, la que debía precisar las clases dictadas, la lista de asistencia de los estudiantes, para ser verificadas por esa coordinación y le advirtió que sin la entrega de lista de asistencia, no se recibían las cuentas de cobro; también, debía suministrar 3 cortes de calificaciones, con los respectivos porcentajes y no se recibirían dichas cuentas sin los requisitos señalados; finalmente, dicha comunicación le enumeró las fechas en las que se deben presentar las mismas, en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2007.

En escrito de 15 de mayo de 2008, (fl. 25) la misma funcionaria lo requirió porque algunos estudiantes no guardaban la presentación personal conforme al manual de convivencia y le recordó que el docente se había comprometido a hacerlo cumplir al momento de aceptar la vinculación como docente, por lo cual se “intensificarán las vis[i]tas no anunciadas a las distintas clases prácticas y se retirará al estudiante cuya presentación no sea la establecida en el Manual de Convivencia; adicionalmente el profesor será amonestado por escrito con copia a su hoja de vida”.

La coordinadora académica en mensaje de 26 de abril de 2007 (fl. 26), le asignó estudiantes para que, como tutor, les asesorara en el trabajo de grado; en comunicación de 18 de julio de 2007 (fl. 27) le impuso el horario para el desarrollo de las clases, que debía cumplir estrictamente, y le advirtió que no podía cambiar de salón; según el documento de folio 38, el demandante fue sometido a una evaluación docente, la cual arrojó un promedio de 4.95 y dentro de los elementos evaluados se encontraba el cumplimiento de horarios.

Reposa certificación de trabajo expedida por la demandada (fl. 39), en la cual consta que estuvo vinculado a la Academia a través de un contrato de prestación de servicios desde enero hasta junio de 2009, que devengó en el último mes de labor $5.200.000 y que desde 2004 sirvió a la entidad, mediante dichos contratos, independientes por semestres completos, independientes los unos de los otros; se halla cuenta de cobro (fl. 64) por concepto de 21 sesiones como docente por $4.200.000 y en el comprobante de egreso (fl. 65) por $3.948.000, cuenta de cobro por clases de programa técnico y, a folios 73 a 78 reposan los certificados de retención en la fuente por los años gravables 2004 a 2009, en los que consta $12.740.000 para el primer año, $38.920.000 para 2005, $40.460.000 para 2006, $36.553.500 en 2007, $33.420.000 en 2008 y $ 32.625.000 en 2009.

Cumple destacar que la obligación de pedir autorización para la contratación de trabajadores extranjeros, vigente para la época de los hechos, debe entenderse referida a aquellos eventos en los que el prestador del servicio es vinculado, en la medida en que se trata de una figura regulada por el Código Sustantivo del Trabajo; según el precepto legal, el obligado es “Todo patrono que tenga a su servicio más de diez (10) trabajadores (…)”. En tal virtud, un primer elemento de juicio que habrá de tomarse en cuenta, es que si la autorización ministerial fue expedida para que el actor fuera contratado por un empleador, ello presupone que el nexo jurídico que gobernó la relación fue de linaje laboral; admitir lo contrario, implica patrocinar una conducta poco decorosa, por lo menos, de parte de quien impetró un permiso para llevar a cabo un determinado acto jurídico, mediante la utilización de una maniobra alejada de la realidad.

A juicio de la Sala, es evidente que el Tribunal sí incurrió en las imputaciones fácticas de la censura, toda vez que, además de lo recién considerado, la imposición de una jornada de trabajo, explicitada en la fijación de un horario de clases, así como la convocatoria a reuniones de trabajo con estricto cumplimiento, la imposibilidad de variar el aula asignada para impartir cátedra, la obligación de asesorar trabajos de grado, el condicionamiento del pago de la remuneración a la entrega del control de asistencia de los estudiantes, el reporte del desarrollo individual del alumnado, se erigen como evidencias incontrastables de la presencia del elemento subordinación.

Adicionalmente, vale destacar otras probanzas que no permiten dudar de que entre las partes medió un contrato de trabajo como, por ejemplo, la misiva de folio 25, mediante la cual se le hace un llamado de atención al Chef debido a que sus discentes no “tienen una presentación personal acorde con el Manual de Convivencia, el cual Usted se comprometió a hacer cumplir”. Además, la coordinadora académica, le advirtió de la intensificación de visitas intempestivas al salón de clases, se retirará al alumno que no tenga la presentación adecuada y “adicionalmente el profesor será amonestado por escrito con copia a su hoja de vida”.

Igualmente, conviene no ignorar que otras actuaciones de la convocada a juicio, que cuentan con registro documental, ponen de manifiesto que al accionante se le impusieron deberes adicionales a aquellos de que da cuenta el documento denominado “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (…)” (fl. 11), como en la carta de 2 de noviembre de 2004 (fl. 12), en la cual el director del establecimiento educativo le expresa, el “deseo de reunirme (…) el día 4 de noviembre (…) para trabajar conjuntamente en la programación y medidas que se piensan poner en práctica a partir del primer semestre de 2004, para lo cual les solicito estricto cumplimiento en su asistencia”.

A juicio de la Sala, rebasar de una forma tan amplia y manifiesta el objeto del contrato de prestación de servicios que suscribieron los contendientes en este litigio, constituye irrefutable evidencia de que dicho documento se utilizó con el inocultable propósito de disfrazar la existencia de una verdadera relación de trabajo subordinada, lo cual también servirá como elemento de juicio a la hora de resolver sobre la indemnización moratoria.

El corolario de lo que viene de decirse, no puede ser otro que la plena demostración del protuberante desacierto fáctico que cometió el fallador de alzada, consistente en no dar por demostrado, a pesar de estarlo, que entre las partes existió un contrato de trabajo, lo cual amerita el quebrantamiento de la sentencia acusada.

No se impondrán costas, por el éxito de la acusación.

IX. Sentencia de instancia

Si bien, a partir de la prestación personal del servicio, el a quo llamó a operar la presunción de existencia del contrato de trabajo, la consideró desvirtuada toda vez que, “se probó que el actor conocía la clase de vínculo que existía entre las partes, como se nota en la suscripción de los contratos de prestación de servicios adosados al plenario”. Así mismo, estimó que el cumplimiento de horarios no prueba la existencia de dependencia laboral, en la medida en que los contratistas pueden estar ligados a los horarios de atención que la contratante ofrece al público, sin que ello signifique que la labor se desplegó bajo órdenes, que fue, precisamente, lo que no demostró el actor, “si tenemos en cuenta que estaba a cargo de la parte actora probar la continuada dependencia o subordinación a la que estaba sometido”

Estimó que del acervo probatorio no era posible colegir la existencia de la relación dependiente de trabajo alegada, en tanto lo que afirma el demandante, no puede traducir certeza de los acontecimientos que invoca como soporte de las pretensiones, sino que se trata, precisamente, de los supuestos fácticos que debe demostrar en el juicio.

Brota patente que, aunque dijo iniciar el juzgamiento desde la aplicación de la presunción de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, en dicho ejercicio, el juez de primer grado hizo exactamente lo contrario a lo que se había propuesto, en tanto, como expresamente lo dijo, impuso al accionante la carga de probar la subordinación.

La equivocación de este operador judicial fue de tal envergadura, que aún se abordara el análisis del recaudo probatorio desde la perspectiva en que lo hizo, es decir sin la aplicación de la mencionada presunción, el resultado hubiera sido el mismo, toda vez que, a efectos de declarar la existencia del contrato de trabajo, ninguna dificultad ofrece una desprevenida lectura de dicho acervo.

Basta mencionar que quedó demostrado, como se expuso en sede de casación, el pago de la retribución, la impartición de órdenes y la advertencia de que su incumplimiento acarreaba un llamado de atención con copia a la hoja de vida, la obligación de asesorar a los educandos en los trabajos de grado, imposición de horarios de clase y la imposibilidad de cambiar el aula de clases, para entender que la suscripción de sendos contratos de prestación de servicios no fueron más que el ardid al que acudió la accionada para mimetizar la presencia de un contrato de trabajo; de esta suerte, procede la imposición de la indemnización moratoria

Por las razones expuestas, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declarará que existió contrato de trabajo con la demandada entre el 30 de septiembre de 2004 y el 11 de junio de 2009.

En la contestación de la demanda (fl. 281), se afirma que el actor laboró a (…) “través de contratos de prestación de servicios desde el mes de septiembre de 2004 por semestres completamente independientes los unos de los otros hasta el mes de junio de 2009”; al contestar el hecho 2 de demanda, señaló los mismos extremos temporales.

Teniendo en cuenta que la demandada confesó judicialmente en la contestación de la demanda que la relación comenzó en septiembre de 2004 y no existiendo fecha precisa de iniciación de la relación, se tomará como tal el último día del respectivo mes; para efectos del extremo final se tiene en cuenta el comprobante de egreso y pago mediante cheque (fl. 271), así como la cuenta de cobro (fl. 272) con sello de recibido, por la demandada por el mismo valor, en la que aparece como última sesión laborada el 11 de junio de 2009, documentos allegados por la accionada.

Acerca de la continuidad de la relación laboral, además de los documentos señalados, reposan los certificados de retención en la fuente (fls. 73 a 78), con sello o firma de la demandada, correspondientes a los años 2004 a 2009, así como la certificación emitida por la demandada (fl. 39) en la que afirma que el demandante prestó sus servicios a la academia desde el año 2004 y en comunicación de la demandada (fl. 12), del 2 de noviembre de 2004, gradece por la colaboración durante el segundo semestre del 2004, así como las cuentas de cobro y comprobantes de ingreso (fls. 117 a 272), desde junio de 2005 hasta el 11 de junio de 2009, anexos de la contestación de la demanda.

De todas maneras, la Sala Laboral de la Corte ha fijado como criterio para determinar los extremos temporales, en caso de existir duda, lo dicho en sentencia CSJ SL, 22 mar. 2003, rad. 25580, en la que se dijo:

Aunque no se encuentra precisada con exactitud la vigencia del contrato de trabajo, esta podría ser establecida en forma aproximada acudiendo a reiterada jurisprudencia sentada desde los tiempos del extinto Tribunal Supremo del Trabajo, según la cual cuando no se puedan dar por probadas las fechas precisas de inicio y terminación de la relación laboral, pero se tenga seguridad de acuerdo con los medios probatorios allegados sobre la prestación del servicio en un periodo de tiempo que a pesar de no concordar exactamente con la realidad da certeza de que en ese lapso ella se dio, habrá de tomarse como referente para el cálculo de los derechos laborales del trabajador.

En sentencia de 27 de enero de 1954, precisó el Tribunal Supremo:

“Si bien es cierto que la jurisprudencia de este Tribunal ha sido constante en el sentido de que cuando quien debe demostrar el tiempo de servicio, y el salario devengado, no lo hace, no hay posibilidad legal para condenar al pago de prestaciones, salarios o indemnizaciones, es también evidente que cuando de las pruebas traídas a juicio se puede establecer sin lugar a dudas un término racionalmente aproximado durante el cual el trabajador haya servido, y existan por otra parte datos que permitan establecer la cuantía del salario devengado, es deber del juzgador desentrañar de esos elementos los hechos que permitan dar al trabajador la protección que las leyes sociales le garantizan”.

En el sub examine se conocen el año y el mes, pero no el día en que empezó y terminó la relación; de acuerdo con el criterio anterior, habría de entenderse como probado el extremo inicial del vínculo laboral a partir del último día de noviembre del año 2000, y como extremo final, el señalado por el actor en la demanda, es decir, el 23 de diciembre de ese año, por estar dentro del espacio temporal que quedó probado. Así, se habría establecido que el contrato tuvo vigencia entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2000.

Prospera la excepción de prescripción, en relación con las primas de servicios e intereses a las cesantías exigibles antes del 27 de mayo de 2007, así como la compensación por vacaciones no disfrutadas, causadas antes del 27 de mayo de 2006, por cuanto la demanda se presentó el 27 de mayo de 2010.

De esta suerte, el demandante tiene derecho a la compensación de 45.62 días de vacaciones por el periodo que va del 27 de mayo de 2006 hasta el 11 de junio de 2009, con el salario promedio de $4.223.700 devengado en el último año, para un total de $6.423.543.

En el año 2004, devengó como salario mensual $4.246.666, por lo cual tiene derecho a un auxilio de cesantías de $1.061.666.

En el 2005 devengó como salario mensual $1.932.833, por lo cual tiene derecho al auxilio de cesantías por el mismo monto.

En el 2006 devengó $2.776.666 como salario mensual y le corresponde auxilio de cesantías por igual valor.

En el 2007 devengó un salario de $3.172.391 mensuales, por lo cual tiene derecho a un auxilio de cesantías de igual monto, por sus intereses $444.134 con la sanción por no pago oportuno; prima de servicios de junio $448.333 y de diciembre $1.586.195.

En 2008 devengó un salario mensual de $2.816.616, por lo cual tiene derecho a un auxilio de cesantías en igual suma, por los intereses $675.993 con la sanción por no pago oportuno; prima de servicios de junio $1.408.496 y de diciembre $1.408.496.

En 2009 devengó un salario mensual de $4.223.700, por lo cual le corresponde por auxilio de cesantías $1.888.932, por intereses $202.744 con la sanción por no pago oportuno y por prima de junio $1.888.932.

Las condenas por cesantías, sus intereses, la sanción por su no pago oportuno, así como primas de servicio, serán las siguientes:

FechasSalario base de cotizaciónCesantíasInt. a las cesantíasPrima de servicios (junio)Prima de servicios (diciembre)
DesdeHasta
01/10/200431/12/2004$4.246.666$1.061.666$0$0$0
01/01/200531/12/2005$1.932.833$1.932.833$0$0$0
01/01/200631/12/2006$2.776.666$2.776.666$0$0$0
01/01/200731/12/2007$3.172.391$3.172.391$444.134$448.333$1.586.195
01/01/200831/12/2008$2.816.616$2.816.616$675.993$1.408.496$1.408.496
01/01/200911/06/2009$4.223.700$1.888.932$202.744$1.888.932$0
Total $13.649.104$1.322.871$3.745.761$2.994.691

Se condenará a la demandada a pagar al fondo de pensiones al que se encuentre afiliado el actor, los aportes para pensión, conforme al cálculo que elabore la entidad de seguridad social, a partir del 30 de septiembre de 2004 hasta el 11 de junio de 2009.

Para proveer sobre la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, cumple partir de la inveterada postura de la Sala de Casación Laboral, según la cual su imposición no es automática e inexorable, sino que, en función de resolver sobre su imposición, es necesario que el juzgador examine las razones por las cuales el empleador dejó de solucionar las obligaciones generadas en la prestación personal y subordinada del servicio.

En tal labor, la Sala tendrá en cuenta que, a pesar de que las partes suscribieron un documento al rotularon como contrato de prestación de servicios, lo cierto es que la contundencia del material probatorio, ya referido y examinado, permitió vislumbrar que la sociedad demandada no podía dudar de que el chef docente era su subordinado, pues ese fue el tratamiento que le dio durante todo el tiempo que permaneció vigente el nexo jurídico de orden laboral, hasta el punto que le impuso obligaciones no incluidas en el documento que firmaron y le amenazó con un sanción disciplinaria, si no obligaba a que los estudiantes se vistieran de determinada manera, lo cual, vale decirlo, trasciende reglas como la libertad de cátedra y el libre desarrollo de la personalidad.

Todo lo señalado, no deja entrever una conducta asistida por la buena fe, ni las razones expuestas por la demandada, se constituyen en elementos explicativos y justificativos de ese comportamiento, razón por la cual se impondrá la indemnización moratoria, a razón de $173.333 diarios, a partir del 11 de junio de 2009 hasta el 10 de junio de 2011; a partir del siguiente día se reconocerán intereses moratorios a la tasa más alta, en los términos del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, hasta que se paguen las prestaciones sociales. Para efectos del monto de la indemnización moratoria, se tiene en cuenta la certificación expedida por la demandada que reposa a folio 276, según la cual lo devengado en el último mes ascendió a $5.200.000.

Las mismas razones y fundamentos se han de tener en cuenta para efectos de la sanción por no consignación del auxilio de cesantías, consagrada en el inciso 3, del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Para efectos de determinar el monto diario de la indemnización se tiene en cuenta lo devengado en cada uno de los años, de acuerdo a la información entregada por la demandada como comprobantes de pago, los cheques y las cuentas de cobro que reposan a folios 117 a 272 del expediente, así:

Por el año 2006:

ABC 1
 

Teniendo en cuenta que el ingreso anual ascendió a $33.320.000, el salario diario fue de $92.555, monto al que corresponde la indemnización diaria, desde el 27 de mayo de 2007 hasta el 14 de febrero de 2008.

Por el año 2007:

ABC 2
 

Teniendo en cuenta que el ingreso anual ascendió a $38.068.700, el salario diario fue de $105.746, monto al que corresponde la indemnización diaria a partir del 15 de febrero de 2008 hasta el 14 de febrero de 2009.

Por el 2008:

ABC 3
 

Teniendo en cuenta que el ingreso anual ascendió a $33.799.400, el salario diario fue de $93.886, monto al que corresponde la indemnización diaria desde el 15 de febrero de 2009 hasta el 11 de junio de la misma anualidad.

Costas en las instancias a cargo de la parte demandada.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 31 de agosto de 2012, en el proceso ordinario laboral seguido por Bernard Christian C Duplaix, contra la Academia de Cocina y Artes S.A.

En sede de instancia, revoca la dictada el 13 de mayo de 2011 por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá y, en su lugar dispone:

1. Declarar que entre el actor y la ACADEMIA DE COCINA Y ARTE S.A. existió un contrato de trabajo, desde el 30 de septiembre de 2004 hasta el 11 de junio de 2009.

2. Declarar prescritas las primas de servicios e intereses a las cesantías, la indemnización por no consignación del auxilio de cesantías, exigibles antes del 27 de mayo de 2007, así como la compensación por vacaciones no disfrutadas, causadas antes del 27 de mayo de 2006.

3. Condenar a la demandada a pagar al actor:

a) $ 13.649.104, por auxilio de cesantías.

b) $ 1.322.871, por intereses sobre las cesantías y sanción.

c) $6.740.452, por primas de servicios.

d) $6.423.543, por compensación de vacaciones.

e) $124.799.760, por indemnización moratoria causada a partir del 11 de junio de 2009 hasta el 10 de junio de 2011 y, a partir del siguiente día, intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, desde el 11 de junio de 2011, hasta cuando se produzca el pago de las prestaciones sociales insolutas.

f) $71.746.087, a título de sanción por no consignar anualmente las cesantías.

g) Los aportes pensionales desde el 30 de septiembre de 2004 hasta el 11 de junio de 2009, de conformidad con el cálculo que elabore el fondo de pensiones a que se encuentre afiliado el actor.

Costas como se dijo.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y, devuélvase al Tribunal de origen.

Magistrados: Donald José Dix Ponnefz—Jimena Isabel Godoy Fajardo—Jorge Prada Sánchez.