Sentencia SL295-2018 de febrero 21 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 1

Magistrado Ponente:

Martín Emilio Beltrán Quintero

SL295-2018

Rad.: 51820

Acta 03

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por SECUNDINO DE JESÚS VIANA MESA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín, el 14 de febrero de 2011, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES

El accionante convocó a juicio al Instituto demandado, con el fin de que se declaren como semanas cotizadas las correspondientes al periodo en que disfrutó su pensión de invalidez; y como consecuencia de ello, se condene al accionado al reconocimiento y pago de una pensión de vejez a partir del mes de febrero de 2006, incluidas las mesadas adicionales; igualmente a la cancelación de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación y las costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones, manifestó que el ISS le reconoció pensión de invalidez de origen profesional, mediante la Resolución Nº 07361 de 1994, a partir del 17 de noviembre de 1993; resaltó que disfrutó de esa prestación pensional «durante más de diez años», lapso en que no efectuó cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones. Expuso que posteriormente la convocada a juicio, revisó su estado de invalidez y determinó «levantar» la prestación pensional que venía disfrutando desde el año 1993.

Señaló que nació el 10 de febrero de 1946, por tanto, para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad y un número superior a 750 semanas cotizadas, lo cual lo hacía beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en consecuencia, el reconocimiento de su pensión de vejez debía ser al amparo del Decreto 758 de 1990.

Relató que el 12 de mayo de 2006, presentó ante el ISS solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez, la cual fue resuelta desfavorablemente mediante la Resolución Nº 028633 de igual año; que la negativa de la accionada obedeció a que no tenía la densidad de semanas requeridas, ya que «registraba un total de 750 semanas de cotización y que dentro de los 20 años anteriores a la edad de pensión, 230 semanas». Sostuvo que presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del mencionado acto administrativo, que fue confirmado con la Resolución Nº 029977 del 28 de noviembre de 2007.

Agregó que al amparo del principio de igualdad, se debe dar aplicación al artículo 70 de la Ley 100 de 1993 y en consecuencia, le deben ser reconocidas como semanas cotizadas al sistema general de pensiones las causadas durante el periodo en que disfrutó de la pensión de invalidez, y con ello acredita los requisitos exigidos en el citado Decreto 758 de 1990, por lo que la pensión de vejez debe ser reconocida.

Al dar contestación a la demanda, el Instituto de Seguros Sociales aceptó como ciertos los hechos referidos a: (i) el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen profesional; (ii) que para el 1º de abril de 1994 el demandante acreditó más de 40 años de edad y 750 semanas de cotización; (iii) la presentación de la reclamación administrativa, la cual efectivamente fue negada y (iv) la interposición de los recursos de reposición y en subsidio apelación, en los que finalmente se confirmó la negativa a la prestación pensional pretendida. Sobre los demás, dijo que no eran ciertos o que simplemente no le constaban.

En su defensa argumentó que a través de la Resolución Nº 29977 del 28 de noviembre de 2007, se le precisó al demandante que «[...] la pensión de invalidez de origen profesional concedida y que aduce encontrarse suspendida, su reactivación debe ser tramitada por la Administradora de Riesgos Profesionales del Seguro Social» (Subraya la Sala); así las cosas, resaltó que la prestación pensional de invalidez reconocida al accionante no se ha extinguido, por encontrarse suspendida.

Adujo que al ISS no le asistía la obligación de otorgarle una pensión de vejez al actor, pues si bien es cierto, cumplió con la edad exigida, no ocurrió así con el requisito referente a las semanas de cotización, y en tales condiciones, hasta que se encuentre la totalidad de exigencias acreditadas, será procedente el reconocimiento de la prestación pensional de vejez reclamada.

Propuso como excepciones de fondo, las que denominó: «inexistencia de la obligación; improcedencia del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; prescripción especial; imposibilidad de condena en costas y compensación».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, a quien correspondió el trámite de la primera instancia, profirió fallo el 17 de marzo de 2010, en el que absolvió al Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones incoadas en su contra, sin condenar en costas.

Contra la anterior decisión, la parte actora presentó recurso de apelación.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia del 14 de febrero de 2011, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia y condenar en costas de la alzada al demandante.

Para arribar a esa decisión, el ad quem comenzó por precisar que no era procedente en este asunto la aplicación analógica del artículo 70 de la Ley 100 de 1993, pues esa disposición normativa fue establecida únicamente para el régimen de ahorro individual con solidaridad, y en el sub lite, lo que se persigue es una prestación pensional al amparo del régimen de prima media con prestación definida; sostuvo que si bien es cierto, el RAIS y el régimen de prima media surgieron con la creación del sistema general de pensiones, no es posible abogar el principio de igualdad entre estos, pues los mencionados sistemas son antagónicos y excluyentes entre sí, por tal razón lo pretendido por el apelante no podía prosperar.

Más adelante al referirse a lo consagrado en el artículo 15 del Decreto 832 de 1996, la colegiatura afirmó que el demandante «en principio tendría derecho a que se le tenga en cuenta como semanas cotizadas el tiempo que estuvo pensionado por invalidez» conforme a esa normatividad; sin embargo advirtió que como en el plenario, el promotor del proceso no demostró «de manera alguna» el extremo final o la fecha de cesación de su estado de invalidez, no era posible calcular cuantas semanas debían ser computadas referentes al periodo en que efectivamente estuvo pensionado por invalidez de origen profesional; además la Resolución Nº 07361 de 1994, certifica únicamente la fecha a partir de la cual se reconoció esa prestación pensional de invalidez y no su cesación. En ese orden, señaló que no existe ninguna documental en el sub examine, que pueda certificar que el estado de invalidez del demandante se extinguió.

Bajo esas consideraciones, el tribunal concluyó que no era posible acceder al reconocimiento de la pensión de vejez pretendida en los precisos términos demandados.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada por medio de la cual se confirmó el fallo absolutorio de primer grado, para que en sede de instancia, se concedan todas las pretensiones del líbelo petitorio, y se provea lo que corresponda por costas.

Con tal propósito, formula un cargo oportunamente replicado, el cual procede la Sala a estudiar a continuación.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia por la causal primera de casación laboral de ser violatoria en forma directa, en la modalidad de infracción directa de los artículos 70 de la Ley 100 de 1993 y 15 del Decreto 832 de 1996.

Como demostración del cargo, el censor precisa que las disposiciones normativas denunciadas han consagrado que en el evento de que un pensionado por invalidez, le sea revocada su prestación pensional por cesación de su estado de debilidad al amparo del artículo 44 de la Ley 100 de 1993, le asistirá el derecho a que se le contabilicen como semanas cotizadas para su pensión de vejez, las causadas en el periodo de tiempo que disfrutó de tal prestación de invalidez, al amparo del artículo 70 ibidem; pues en decir del censor, resulta aplicable esta disposición del régimen de ahorro individual a los afiliados al de prima media con prestación definida.

El recurrente respalda su afirmación al precisar, que como en el régimen de prima media no existe una norma que regule el supuesto fáctico del sub lite, es procedente realizar una analogía normativa de las disposiciones acusadas al amparo del artículo 19 del CST, el cual establece:

[...] 

ART. 19.Normas de aplicación supletoria. Cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplican las que regulen casos o materias semejantes, los principios que se deriven de este Código, la jurisprudencia, la costumbre o el uso, la doctrina, los convenios y recomendaciones adoptados por la organización y las conferencias internacionales del trabajo, en cuanto no se opongan a las leyes sociales del país, los principios del derecho común que no sean contrarios a los del derecho del trabajo, todo dentro de un espíritu de equidad.  

El censor acusa al tribunal de incurrir en un yerro jurídico al no aplicar los artículos 70 de la Ley 100 de 1993 y 15 del Decreto 832 de 1996 para el sub examine, al estimar que la segunda instancia erró al concluir que tales preceptos normativos no son aplicables a la situación pensional de promotor del proceso, por ser exclusivos del régimen de ahorro individual.

Agregó que el RAIS y el régimen de prima media con prestación definida comparten suficientes elementos en común que permiten concluir que no son excluyentes o antagónicos; en ese orden, es posible hacer uso para estos eventos de la analogía normativa.

VII. LA RÉPLICA

Aduce el opositor, que contrario a lo afirmado por el recurrente, el tribunal si aplicó lo consagrado en el artículo 15 del Decreto 832 de 1996, sin embargo su negativa a acceder a lo pretendido, obedeció fue a la ausencia de prueba para la concreción del supuesto fáctico contenido en el citado decreto; configurando con ello, la imposibilidad para el ad quem de calcular el tiempo en que el demandante estuvo pensionado por invalidez, para poder computar tales semanas para el reconocimiento de la pensión de vejez.

Precisa el oponente que teniendo claro el soporte fundamental en que respaldó su decisión el juez de segundo grado, el recurrente debió formular su ataque por la senda indirecta, acusando una aplicación indebida de la norma, y no como aquí lo presentó, denunciando una infracción directa por la vía del puro derecho. En tales circunstancias, solicita se mantenga incólume el fallo impugnado.

VIII. CONSIDERACIONES

El recurrente dirige su ataque por la vía directa, con el propósito que se determine jurídicamente que le asiste el derecho a que se le contabilicen como semanas cotizadas para el reconocimiento de su pensión de vejez, las causadas en el periodo en que disfrutó de la prestación pensional de invalidez de origen profesional; aduce que tal pretensión tiene fundamento en las disposiciones normativas que integran la proposición jurídica, que denuncia no fueron aplicadas.

Relata el censor que el yerro cometido por el tribunal consistió en no aplicar los artículos 70 de la Ley 100 de 1993 y 15 del Decreto 832 de 1996, al establecer que esas disposiciones normativas no podían aplicarse al régimen de prima media con prestación definida en el que se encontraba afiliado el accionante; conclusión que para el recurrente es desacertada, pues en su decir era procedente observar tales disposiciones al amparo del principio de igualdad entre los afiliados al RAIS y a prima media.

Para desatar el recurso, la Sala trae a colación los argumentos con los que el juez de segundo grado respaldó su decisión, de los cuales, es pertinente destacar lo considerado frente a la aplicación de las normas denunciadas por el censor.

En primer lugar, sobre la aplicación del artículo 70 de la Ley 100 de 1993, el tribunal puntualizó:

[...] 

En el presente caso no puede pretender la parte actora la aplicación analógica del inciso 3º del artículo 70 de la Ley 100 de 1993, ya que dicha norma está establecida para el régimen de ahorro individual y pretende la pensión en el régimen de prima media con prestación definida, es decir, dos sistemas que existen a la vez, en el sistema de seguridad social el (sic) pensión, pero que se excluyen una de otra, es decir, no se puede abogar al principio de igualdad en dos casos antagónicos; sumado lo anterior, es claro que no hay vacío alguno en la norma para el caso concreto, lo que existe es una normatividad diferente para las pensiones en el sistema de ahorro individual y el de régimen de prima media con prestación definida, lo que de entrada, desnaturaliza y deja sin piso jurídico la analogía pretendida. 

Más adelante, frente a lo consagrado en el artículo 15 del Decreto 832 de 1996, el juez de apelaciones precisó:

[...] 

No obstante lo anterior, observa esta Sala, que el actor, en principio tendría derecho a que se le tenga en cuenta como semanas cotizadas el tiempo que estuvo pensionado por invalidez, lo anterior de conformidad con el artículo 15 del Decreto 832 de 1996 que señala: 

“... ART. 15.—Cesación del estado de invalidez. Cuando se declare la cesación del estado de invalidez de un pensionado, se le tomará como tiempo cotizado, aquel durante el cual gozó de la pensión de invalidez y como salario devengado durante ese tiempo, el ingreso base de liquidación utilizado para el cálculo de su pensión, actualizado anualmente con el índice de precios al consumidor suministrado por el DANE...”. 

Pero en el presente caso, la parte demandante no demostró de manera alguna el extremo final o fecha de cesación de su estado de invalidez, pues solo aparece la fecha desde la cual fue reconocida —7 de enero de 1993— (ver fs. 8, Res. 07361 de 1994), por lo que le es imposible a esta Sala hacer cálculo alguno; es decir, no cumplió con su deber procesal de demostrar el tiempo que efectivamente estuvo pensionado por invalidez y por tal razón, es imposible acceder a reconocer la pensión de vejez que ahora pretende. 

(El texto subrayado es de la Sala).

Encuentra la Sala, que la motivación de la decisión proferida por el tribunal, consistió primeramente en considerar improcedente la aplicación analógica del artículo 70 de la Ley 100 de 1993, pues aseguró la colegiatura, que esa disposición normativa era aplicable únicamente a los afiliados al RAIS y no a los beneficiarios del régimen de prima media, como era el caso del accionante; sin embargo, precisó que ello no significaba que existiera un vacío normativo en el régimen de prima media con prestación definida para el supuesto fáctico en que se encontraba el actor, pues señaló que lo realmente existente, eran normativas diferentes, creadas para regímenes distintos, y por ello, se debía acudir al artículo 15 del Decreto 832 de 1996 que si resultaba aplicable al actor, en relación a su pretensión de tener como semanas cotizadas el tiempo que disfrutó de su pensión de invalidez.

En ese escenario, en relación con el artículo 70 de la Ley 100 de 1993, la censura se equivoca de concepto de violación, por cuanto la infracción directa se presenta cuando el juzgador no aplica a un caso determinado, la norma que regula la situación debatida, ya sea por ignorancia o rebeldía; y para el tribunal, como dicha disposición no era aquella que gobernaba el cómputo de semanas durante el tiempo que se disfrutó de la pensión de invalidez, a efectos de reconocer una pensión de vejez en el régimen de prima media, no pudo cometer tal transgresión de la ley sustantiva, lo que significa, que el recurrente en este punto debió acudir a cualquiera de los otros sub motivos de violación de la vía directa, esto es, la aplicación indebida o la interpretación errónea.

En lo referente al artículo 15 del Decreto 832 de 1996, que el tribunal si llamó a operar y consideró era la norma aplicable, no se configura la infracción directa, dado que fue precisamente el precepto legal en que se fundamentó la decisión impugnada, es así, que estimó que en su criterio no existía un vació jurídico dado lo allí preceptuado. En tales condiciones, si bien aplicó tal normativa, lo que sucedió fue que no encontró probado plenamente que el estado de invalidez del demandante efectivamente hubiere cesado, esto es, bajo qué circunstancias el ISS en decir del censor le «levantó el derecho a la pensión de invalidez que venía disfrutando», y por ello, no encontró en el plenario debidamente acreditado la fecha final del estado de invalidez, y por ende, no demostrado el presupuesto normativo que le otorga el derecho, situación que daba al traste con las pretensiones incoadas.

En ese orden, resulta claro para la Corte, que las consideraciones del tribunal para no acceder a las súplicas demandadas, en lo que atañe al citado artículo 15 del Decreto 832 de 1996, son más de índole fáctico o probatorio, que jurídicas, las cuales quedaron libres de ataque por no haberse cuestionado por la senda adecuada, que lo era la indirecta, y continúan soportando la decisión recurrida en casación.

Así las cosas, debe recordarse que las acusaciones exiguas o parciales son insuficientes para quebrar una sentencia en el ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad social, por cuanto dejan subsistiendo sus fundamentos sustanciales y, por tanto, nada consigue el censor si se ocupa de combatir razones distintas a las aducidas por el juzgador o cuando no ataca todos los pilares, porque, en tal caso, así tenga razón en la critica que formula, la decisión sigue soportada en las inferencias que dejó libre de ataque.

Lo anterior conlleva que con independencia de que la Sala comparta o no las deducciones del Tribunal, se mantenga incólume la decisión de segundo grado. Sobre el particular, en Sentencia CSJ SL13058-2015, manifestó:

[...]

La sala reitera que la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, exige el despliegue de un ejercicio dialectico dirigido puntualmente a socavar los pilares de la sentencia gravada, porque en caso contrario permanecerá incólume, soportada sobre los cimientos que resultaron útiles al tribunal para resolver el caso sometido a su consideración. 

Corresponde entonces al censor identificar los soportes del fallo que controvierte y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o la jurídica, o por ambas, en cargos separados, desde luego, si es que el fundamento de la decisión es mixto. 

Los soportes facticos de una decisión judicial, son aquellas inferencias o deducciones que el juez de alzada obtiene luego de analizar el contenido de los medios de prueba regular y oportunamente incorporados al expediente, que le permiten construir el escenario sobre el cual cobraran vida las normas llamadas a gobernar los hechos acreditados; al paso que los jurídicos corresponden al alcance, aplicación o falta de aplicación de una o varias preceptivas llamadas a regular el aso sometido a su consideración, esto con total independencia de los aspectos de hecho que estructuran cada caso» 

[...]

Bajo esas consideraciones, es claro que el cargo propuesto en el sub lite no está llamado a prosperar, pues como se indicó, el recurrente equivocó la modalidad o concepto de violación escogido para orientar el ataque, y además no destruyó los pilares fundamentales en que el Tribunal respaldó su decisión; en consecuencia, no se encuentran reunidos los elementos que ameriten quebrar la sentencia recurrida.

Con todo, si en gracia de discusión se superaran las deficiencias técnicas contenidas en el ataque y la Sala actuando con amplitud se ocupará de estudiar desde el punto de vista jurídico, si los cimientos en que el tribunal respaldó su decisión fueron acertados, tampoco se encontraría acreditado un yerro de esta naturaleza, pues frente al artículo 15 del Decreto 832 de 1996, de llegarse a estimar que es dable aplicarlo para tener como tiempo cotizado el transcurrido mientras el demandante disfrutó de la pensión de invalidez de origen profesional, se tiene lo siguiente.

Dicho precepto legal reza:

ART. 15.Cesación del estado de invalidez. Cuando se declare la cesación del estado de invalidez de un pensionado, se le tomará como tiempo cotizado, aquél durante el cual gozó de la pensión de invalidez, y como salario devengado durante ese tiempo, el ingreso base de liquidación utilizado para el cálculo de su pensión, actualizado anualmente con el índice de precios al consumidor suministrado por el DANE. 

(El texto subrayado es de la Corte).

Con suficiente claridad, evidencia la Sala que la disposición que trajo a colación la alzada, está sujeta a un presupuesto normativo claro y señalado en la misma, el cual consiste, en que el cómputo de semanas consagrado será procedente siempre y cuando «se declare la cesación del estado de invalidez de un pensionado», es decir, que para que se puedan contabilizar como semanas cotizadas las causadas en el tiempo en que se reconoció y disfrutó de una prestación de invalidez, primeramente debe haber cesado el estado de debilidad en que se encontraba el beneficiario de tal prestación pensional, pues sin que ello ocurra, no será viable hacerle producir efectos a esa estipulación legal.

Bajo esa consideración, esta Sala comparte la conclusión a la que arribó el juez de apelaciones en su decisión, que como se advirtió no fue suficientemente atacada en sede de casación, en cuanto a que en ningún momento en el plenario el recurrente acreditó la cesación de su estado de invalidez en los términos exigidos en la norma en comento, toda vez que desde la demanda inicial, el actor se limitó a relatar que: «[...] la entidad demandada revisó el estado de invalidez del asegurado y le levantó el derecho a la pensión de invalidez que venía disfrutando»; sin que tal afirmación, de que la supuesta revisión condujo a la cesación del estado de invalidez, tuviera algún respaldo probatorio según lo concluyó el ad quem, y no se desvirtuó en la esfera casacional.

Cabe agregar, que el Instituto de Seguros Sociales desde su contestación a la demanda introductoria (fls. 22 a 25), insistió que según la Resolución Nº 29977 del 28 de noviembre de 2007, expedida por el ISS (fls. 14 y 15), al «demandante no se le ha extinguido la pensión de invalidez de origen profesional por revisión, sino que se encuentra suspendida» y señaló que su reactivación debía ser tramitada por el actor, ante la «Administradora de Riesgos Profesionales del Seguro Social»; lo cual significa que para el ISS, la pensión de invalidez a favor del demandante en ningún momento fue extinguida, sino por el contrario, la prestación pensional se encuentra suspendida, presupuesto que en ningún caso daría lugar a la aplicación de la normativa denunciada por el censor en casación, para efectos del cómputo de semanas previsto en esa regulación legal, que exige que el estado de invalidez del pensionado haya cesado.

De ahí que, se mantiene incólume la conclusión de la colegiatura respecto a que el demandante no cumplió con la carga procesal de demostrar la cesación efectiva de su estado de invalidez, que abra paso para la reclamación de la pensión de vejez con el cálculo del tiempo en que disfrutó la prestación por invalidez, y en consecuencia se imposibilita tener una fecha cierta de ese suceso, su ocurrencia y la consecuente suma de semanas, para el reconocimiento del derecho pensional deprecado mediante esta acción judicial.

Así las cosas, para la Sala el tribunal no incurrió en ninguno de los yerros jurídicos acusados por el recurrente.

Por todo lo expresado, el cargo no puede prosperar.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente demandante, por cuanto la acusación no salió triunfante y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($ 3.750.000), que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 14 de febrero de 2011, en el proceso ordinario laboral que instauró SECUNDINO DE JESÚS VIANA MESA, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Martín Emilio Beltrán Quintero—Dolly Amparo Caguasango Villota—Ernesto Forero Vargas.