Sentencia SL297-2018 de febrero 21 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 1

Magistrado Ponente:

Martín Emilio Beltrán Quintero

SL297-2018

Rad.: 52206

Acta 03

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JULIO ADOLFO CÁCERES DELGADO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 23 de marzo de 2011, en el proceso ordinario laboral que el recurrente instauró contra PROACTIVA ORIENTE S.A. ESP y, solidariamente, contra SERVICIOS TEMPORALES PROFESIONALES SERTEMPO CALI S.A., TEMPORAL S.A. y la llamada en garantía COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SION LTDA. COPESIÓN LTDA.

I. ANTECEDENTES

El señor Julio Adolfo Cáceres Delgado presentó demanda ordinaria laboral contra Proactiva Oriente S.A. ESP, Sertempo Cali S.A. y Servicios Temporales S.A., con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo con Proactiva Oriente S.A. ESP, desde el 9 de noviembre de 2000 hasta el 6 de agosto de 2003, siendo las demás demandadas, intermediarias de la relación laboral. Asimismo, solicitó la declaración de la nulidad del vínculo con éstas últimas y la terminación del contrato sin justa causa.

Pidió que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condenaran solidariamente a las demandadas a pagar: i) los salarios dejados de cancelar desde su desvinculación hasta que terminara el contrato de concesión del municipio de Cúcuta con Proactiva S.A. ESP el 8 de noviembre del 2008, con la respectiva prórroga; ii) la diferencia salarial entre lo estipulado en las cláusulas de la concesión y lo realmente cancelado; iii) la diferencia entre el salario recibido y el que Proactiva Oriente S.A. ESP le pagó a las intermediarias durante toda la vinculación laboral; iv) las prestaciones sociales de acuerdo al verdadero salario sin intermediarios, desde el 9 de noviembre de 2001, fecha en la que pasó a ser trabajador directo de la demandada principal; v) la seguridad social con el salario real devengado y hasta que se finalizara la concesión; vi) las horas extras y festivos, en valor de $ 6.500.000; vii) la cesantía, los intereses a la misma, las primas, vacaciones y aportes para pensión, desde el año 2003 hasta el 2008 «y su prórroga»; viii) la indemnización moratoria por el no pago de las prestaciones y la que corresponde al despido sin justa causa; ix) los perjuicios morales por valor de 2.000 gramos oro, tasados por el Banco de la República; x) los intereses moratorios o la indexación; xi) lo probado ultra o extra petita; xii) y las costas.

Como fundamento de sus peticiones, manifestó que el 9 de noviembre del año 2000 se celebró una concesión entre el municipio de San José de Cúcuta y la empresa Proactiva Oriente S.A. ESP, que culminaba el 8 de noviembre de 2008 con prórroga hasta el 2016; que dicha empresa se encargaba de recoger, transportar, almacenar y barrer las basuras de la ciudad de Cúcuta; que prestó sus servicios como tripulante; que la empresa Proactiva Oriente S.A. ESP, como usuaria, contrató a Sertempo Cali S.A. el 9 de noviembre del año 2000 para «el envío en misión de trabajadores» y que, en esa misma fecha, fue vinculado como trabajador en misión «por la duración o ejecución de la obra o labor»; que la jornada laboral era de lunes a sábado y festivos, de 6:00 a. m. a 4:00 p. m., para lo cual siempre firmaba la bitácora de labor, libro que manejaba Proactiva Oriente S.A. ESP; que las órdenes las emitía directamente el señor Javier Zambrano, trabajador de planta de dicha sociedad; que trabajó sin solución de continuidad entre el 9 de noviembre del año 2000 hasta el 6 de agosto de 2003; que el contrato con Sertempo Cali S.A. culminó el 7 de noviembre de 2002, lo que implicaba que fue superior a 12 meses y, por lo mismo, debía considerarse un empleado de planta de Proactiva Oriente S.A. ESP «por aplicación de la Ley 50/1990 y el Decreto 24 de 1998, y el Decreto 2879/2004».

Adujo que, una vez finalizado el contrato con Sertempo Cali S.A., Proactiva Oriente S.A. ESP lo vinculó por medio de la empresa Temporal S.A. de Cúcuta, desde el 8 de noviembre de 2002 hasta el 6 de agosto de 2003 «con un nuevo contrato ilícito»; que las condiciones laborales de subordinación (órdenes por personal de Proactiva Oriente S.A. ESP, la firma en la bitácora, las funciones, entre otras) y la jornada de trabajo eran las mismas que las que cumplía con la anterior empresa temporal; que el 4 de julio de 2003, Temporal S.A. informó por escrito que el contrato se daría por terminado el 6 de agosto de la misma anualidad y, en esta última fecha, Proactiva Oriente S.A. ESP le envió una carta donde le informaba que «su trabajo en misión va hasta el 7 de agosto de 2003»; que las intermediarias no eran las tenedoras o propietarias de los medios materiales, tales como vehículos, palas, escobas, carretillas, dotación (con emblemas exclusivos de Proactiva), relleno sanitario, camiones, talleres y fábricas donde se prestaban los servicios, pues todo lo suministraba su verdadera empleadora, esto es, Proactiva Oriente S.A. ESP; y que esta última consignaba los valores correspondientes a la nómina del personal a Sertempo Cali S.A., a través de una cuenta corriente.

Finalmente, recalcó que la empresa principal demandada firmaba todos los documentos, daba los vistos buenos de las actuaciones administrativas y laborales, expedía los paz y salvo de las respectivas acreencias, exigía a las intermediarias el pago puntual del salario de sus trabajadores «dando como referencia que ella misma se los consignaba puntualmente mes a mes y estas no lo giraban y les hacían descuentos ilegales»; que «las intermediarias alegaban con el actor el fin del convenio de trabajo asociado suscrito y sin motivo, cuando no existía el mismo legalmente, ya que todo era de Proactiva y tenían más de tres años en misión temporal»; y que el 31 de julio de 2006, allegó escrito de reclamación a la demandada principal, con el cual agotó la vía administrativa.

Proactiva Oriente S.A. ESP, al dar contestación a la demanda, se opuso a las pretensiones incoadas en su contra. En cuanto a los hechos, aceptó que contrató a Sertempo Cali S.A. para el envío de trabajadores en misión y que el demandante laboró más de un año como tripulante, en forma habitual. Respecto de los demás, dijo no constarle o no ser ciertos. Como excepciones, propuso las de imposibilidad de reconocimiento y pago del derecho solicitado, falta de legitimación por pasiva por rompimiento de la solidaridad pretendida, carencia del derecho e inexistencia de la obligación, pago y cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y las que resultaren probadas dentro del proceso.

Como razones de defensa, manifestó que, dado que el actor estuvo vinculado a terceras empresas que actuaban como sus verdaderos empleadores, el elemento de subordinación con Proactiva Oriente S.A. ESP era inexistente. Adujo que cada una de esas empresas canceló al trabajador, en su oportunidad, las respectivas acreencias laborales «y de todos es conocido no puede haber dos pagos por la misma causa». Finalmente, alegó que el accionante nunca fue trabajador directo de la empresa.

Sertempo Cali S.A., al dar contestación a la demanda, se opuso a todas las súplicas. En cuanto a los hechos, aceptó que Proactiva Oriente S.A. ESP contrató sus servicios desde el 8 de noviembre del 2000, con el objeto de que le enviara trabajadores en misión; que vinculó al demandante, a partir del 9 de noviembre de la misma anualidad; que el contrato se suscribió por duración de la obra o labor; que se estableció que Proactiva Oriente S.A. ESP era la usuaria y el accionante era trabajador en misión; que la labor a realizar por éste era la de tripulante; y que Proactiva Oriente S.A. ESP daba autorización para la terminación del contrato y reportaba toda novedad que se causara en relación con el vínculo para que Sertempo Cali S.A. «la atendiera respecto del trabajador». En lo atinente a los demás supuestos fácticos, dijo no constarle o no ser ciertos. Como excepciones de fondo, propuso las de prescripción, petición de lo no debido y pago.

En su defensa, manifestó que la causa por la que contrataron a «empleados en misión», obedeció a los requerimientos específicos de Proactiva Oriente S.A. ESP, como usuaria, para el periodo en que el actor prestó sus servicios y que, conforme a ello, se realizó el pago total de las acreencias laborales que se causaron durante ese tiempo.

Temporal S.A. se opuso a la totalidad de las peticiones de la demanda. En lo atinente a los supuestos fácticos, aceptó que Proactiva Oriente S.A. ESP se encargaba de recoger, transportar y almacenar basuras de las calles de la ciudad de Cúcuta; que el cargo del demandante era el de tripulante; que vinculó al accionante el 8 de noviembre del 2002, en virtud del contrato que celebró con Proactiva Oriente S.A. ESP para que le suministrara trabajadores en misión y durante un término inferior a los 12 meses, puesto que laboró hasta el 6 de agosto de 2003; que el trabajador sí atendía órdenes del ingeniero de Proactiva S.A. y, así mismo, debía firmar el libro de entrada y salida de dicha empresa; que el 4 de julio de 2003 le informó al accionante que el contrato celebrado por Proactiva S.A. se daría por terminado el 6 de agosto de 2003; que Proactiva Oriente S.A. ESP le suministró al actor la dotación con emblemas exclusivos de su empresa, al igual que todas las herramientas de trabajo y firmaba todos los documentos relativos a los trabajadores en misión y expedía el paz y salvo, a través del cual cancelaban todas las acreencias laborales; y que dicha sociedad «exigía a la intermediaria el pago puntual del salario de sus trabajadores». En cuanto a los demás hechos, adujo que no le constaban o que no eran ciertos. Como excepciones, propuso la de cobro de lo no debido e inexistencia de soporte jurídico sustancial.

Como fundamentos de su defensa sostuvo que actuó siempre con sujeción a lo establecido por la Ley 50 de 1990, dado que mantuvo al trabajador en misión por menos de los 12 meses que permite la normatividad laboral. De la misma manera, expresó que:

[...]

Si se llegare a demostrar el vínculo laboral en misión con la Sertempo Cali por más de 12 meses, nos tiene que llevar a concluir que la empresa PROACTIVA contrata a través de temporales la prestación de servicios a terceros, en este caso, el demandante, que el término del contrato con la primera temporal ha sobrepasado los términos legales, que sumados a los de mi defendida le dan la razón al actor, pero todo es por culpa de Proactiva Oriente S.A., que ocultó sus actos en perjuicio del trabajador, y esta culpa grave exime a mi defendida de ser solidaria.  

La usuaria por su culpa grave, si (sic) se convierte en un verdadero empleador por contrato realidad, manteniéndose los términos del contrato inicial por Obra o Labor determinada, y como única responsable eximiendo a mi defendida de la solidaridad.

Por auto del 7 de diciembre de 2006, el juez de conocimiento aceptó el llamamiento en garantía respecto de la Cooperativa de Trabajo Asociado Sion Ltda. Copesión Ltda.

Una vez notificada, Copesión Ltda. procedió a presentar la contestación a la demanda, la cual no fue admitida por ser extemporánea (fl. 245).

El juez de conocimiento, en la primera audiencia de trámite (fl. 246), estimó que todas las excepciones propuestas por las demandadas eran de fondo, por lo que debían resolverse en la sentencia que le puso fin a la instancia.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, a través de sentencia dictada el 25 de junio de 2009, declaró probada la excepción de prescripción propuesta por Proactiva Oriente S.A. ESP y Sertempo Cali S.A. y absolvió a las demandadas de todas las pretensiones. Condenó en costas a la parte demandante.

Para arribar a su decisión, el Juzgado manifestó que el acervo probatorio evidenciaba que el actor había prestado sus servicios a la sociedad Proactiva Oriente S.A. ESP, desde el 9 de noviembre de 2000 hasta el 7 de noviembre de 2002, esto es, por un periodo superior al permitido por la Ley 50 de 1990 para el trabajo en misión, el cual es de un año y, por lo mismo, coligió que entre ambas partes existió una verdadera relación laboral en la que la empresa Sertempo Cali S.A. pasó a convertirse en una simple intermediaria. Sin embargo, el a quo declaró probada la excepción de prescripción propuesta por la accionada principal y dicha temporal, dado que la demanda inicial fue presentada el 22 de agosto de 2006, esto es, casi cuatro años después de culminado el vínculo laboral, sin perjuicio de la reclamación escrita presentada por el accionante, también fuera de término, el 31 de julio de 2006.

Respecto de los servicios prestados a Temporal S.A., el juzgador de primer grado concluyó que el contrato celebrado entre el actor y esa empresa para prestar sus servicios personales a Proactiva Oriente S.A. ESP como trabajadora en misión, no había sobrepasado el periodo de un año autorizado por la ley, puesto que la relación transcurrió entre el 8 de noviembre de 2002 y el 6 de agosto de 2003, es decir, durante casi nueve meses, por lo que tal vinculación se llevó a cabo de manera lícita y sin violar los preceptos legales. Adicionalmente, el a quo precisó que, en el caso de marras, no existía sustitución patronal por no concurrir los tres elementos consagrados en el artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que «se trataban de empresas temporales diferentes y que además de ello el actor suscribió un nuevo contrato» el 8 de noviembre de 2002.

Por todo lo expresado, absolvió a las demandadas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de sentencia emitida el 23 de marzo de 2011, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, resolvió:

[...]

PRIMERO: CONFIRMAR la parte resolutiva de la sentencia [...] aclarando que se demostró la existencia de un contrato de trabajo ininterrumpido entre el señor JULIO ADOLFO CÁCERES DELGADO y la empresa PROACTIVA ORIENTE S.A. ESP desde el 9 de noviembre de 2000 hasta el 30 de marzo de 2002, ante la ineficacia del primer contrato celebrado entre SERTEMPO CALI S.A. y el demandante aunque prosperó en forma íntegra la excepción de prescripción propuesta por las demandadas PROACTIVA ORIENTE S.A. ESP y SERTEMPO CALI S.A. de todos los derechos laborales causados en favor del actor por el período antes mencionado, conforme a las motivaciones del presente fallo.  

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia al señor JULIO ADOLFO CÁCERES DELGADO, por el concepto y cuantía que se anotó en la parte motiva de esta providencia en cuanto tiene que ver con esta instancia.  

En lo que estrictamente concierne al recurso extraordinario de casación, el tribunal indicó que eran dos los problemas jurídicos a resolver, así:

1. Determinar si existió un contrato de trabajo realidad entre el actor y la sociedad Proactiva Oriente S.A. ESP, a través de las empresas de servicios temporales demandadas solidariamente, desde el 9 de noviembre de 2000 hasta el 6 de agosto de 2003.

El Tribunal consideró que era un hecho indiscutido dentro del proceso, que el actor prestó sus servicios como tripulante, de manera personal e interrumpida, a la sociedad Proactiva Oriente S.A. ESP, a través de Sertempo Cali S.A. y Temporal S.A., entre el 9 de noviembre de 2000 y el 6 de agosto de 2003, puesto que así lo habían aceptado dichas empresas y el mismo demandante. Por ello, aseguró que, a la luz del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, el vínculo surgido entre las partes se presumía como contrato de trabajo, correspondiéndole a la empleadora desvirtuar tal presunción.

Seguidamente, el ad quem, luego de analizar los contratos de trabajo celebrados por el actor con Sertempo Cali S.A. (fl. 2) y Temporal S.A. (fls. 7 y 8); los de prestación de servicios suscritos por Proactiva Oriente S.A. ESP con cada una de las temporales (fls. 78 a 80 – 138 a 140 Sertempo – 141 a 145 Temporal); las liquidaciones de prestaciones sociales (fls. 5 y17) y demás documentos obrantes dentro del proceso; concluyó que existieron «tres periodos laborales», durante los cuales el actor prestó sus servicios para Proactiva Oriente S.A. ESP, cuyos extremos temporales transcurrieron así:

a. Desde el 9 de noviembre de 2000 hasta el 30 de marzo de 2002, a través de Sertempo Cali S.A.

b. Entre el 18 de abril y el 7 de noviembre de 2002 con Sertempo Cali S.A.

c. Desde el 8 de noviembre de 2002 hasta el 6 de agosto de 2003, a través de Temporal S.A.

Respecto del primer periodo, el fallador de segundo grado sostuvo que existió una verdadera relación laboral entre el demandante y Proactiva Oriente S.A. ESP, «en solidaridad» con Sertempo Cali S.A., pues adujo que la duración de tal vínculo había superado el término de un año permitido por el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 para el desarrollo del trabajo en misión, por lo que automáticamente la empresa usuaria, en este caso, Proactiva Oriente S.A. ESP, se convertía en la verdadera empleadora y la empresa de servicios temporales Sertempo Cali S.A. en intermediaria de la relación laboral, siendo responsable solidaria de las acreencias que se llegaren a demostrar, lo que condujo a declarar la ilegalidad e ineficacia del contrato suscrito con la citada Sertempo S.A. durante ese tiempo. Indicó que el contrato finalizó por renuncia presentada por el accionante el 30 de marzo de 2002 (fl. 84).

En cuanto al segundo vínculo, el ad quem indicó que, luego de presentada y aceptada la mencionada renuncia, las partes suscribieron un nuevo contrato de trabajo el 18 de abril de 2002, el cual culminó el 7 de noviembre del mismo año. Aclaró que, dado que entre ambos contratos había existido una interrupción (del 31 de marzo al 17 de abril de 2002), no era dable determinar una sola relación laboral desarrollada de manera continua. Siendo así las cosas, el Tribunal coligió que, en dicho periodo, se configuró un contrato de trabajo en misión para la demandada Proactiva S.A., pues «lo fue a término fijo inferior a un año», es decir, lo encontró ajustado a la ley.

A la misma conclusión llegó el juez de apelaciones respecto del tercer de los periodos mencionados, pues al haberse ejecutado entre el 8 de noviembre de 2002 y el 6 de agosto de 2003 entre el actor y Temporal S.A., infirió que se configuraba una labor propia de los trabajadores en misión, cuya esencia es la temporalidad, además de que se había terminado con causa legal «en cumplimiento al preaviso respectivo» (fl. 192), pues fue pactado inicialmente por el término de tres meses y «fue objeto de prórroga de dos oportunidades». Ello, a la luz de la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006.

Para reafirmar su conclusión, analizó algunas cláusulas (5ª, 9ª, 22ª) del contrato de concesión pactado entre el Municipio de Cúcuta y Proactiva Oriente S.A. ESP (fls. 146 a 158 y 258 a 270), que le permitieron entrever que la responsabilidad de la empresa concesionaria era suministrar y vincular de manera directa el personal que ésta requería para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la concesión aludida y, consecuentemente, realizar el pago de las diferentes acreencias laborales que hubieran surgido con los trabajadores que prestaron sus servicios en beneficio de la obra, «pues ella debía ejecutar el contrato disponiendo de sus propios medios y contratando a los trabajadores bajo su única y exclusiva responsabilidad [...] permitiendo concluir que dicha empresa debía direccionar bajo su continuada dependencia y durante el tiempo que perdurara el contrato de concesión al personal que requería para la ejecución de las diferentes labores encaminadas a prestar el servicio público de aseo [...] otra cosa es que la empresa demandada PROACTIVA ORIENTE S.A. hubiese disfrazado la forma de contratación del personal que prestó sus servicios mediante una simple intermediaria con una de las empresas de servicios temporales».

Conforme a lo anterior, adujo que:

[...]

De acuerdo con lo plasmado en el contrato de concesión se tiene que la empresa PROACTIVA ORIENTE S.A. fue contratada por el Municipio de San José de Cúcuta para la operación del servicio de recolección y transporte de desechos sólidos y otras actividades por el término inicial de 8 años lo que permite concluir que las labores desplegadas por los trabajadores contratados no eran ocasionales al tiempo que se probó que el actor trabajó para la demandada desde el momento de su creación el 09 de noviembre de 2000 hasta el 06 de agosto de 2003 cuando fue despedido por terminación del contrato suscrito con TEMPORAL S.A., siendo solamente continuo el interregno del nueve (09) de noviembre de 2000 al treinta (30) de marzo de 2002.  

De otro lado, mencionó que Sertempo Cali S.A. solo estaba autorizada para ejercer la prestación de servicios temporales en las ciudades de Cali, Buga, Buenaventura y Pereira, «sin encontrarse registrada ni mucho menos autorizada en la Dirección Territorial de Norte de Santander conforme a lo consagrado en el Decreto Reglamentario 24 de 1998, permitiendo concluir de dicha empresa temporal actuaba de manera irregular por lo tanto su actuación como tal respecto del primer contrato con el actor debe ser declarada ineficaz» (fl. 74).

Finalmente, el tribunal se refirió a la contestación de la demanda presentada por Proactiva Oriente S.A. ESP, en cuanto a la aceptación frente al hecho 32, referente a la prestación personal del servicio del actor por más de un año en el mismo cargo de tripulante, para concluir que «esa confesión hecha por intermedio de apoderado judicial es válida al tenor de lo previsto en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil». A renglón seguido, recalcó que los testigos Diosemel Bayona Vega (fls. 291 y 292) y Jorge Eliécer Gaitán Vivas (fls. 295 a 297) eran contestes en afirmar que el actor recibía órdenes del ingeniero de Proactiva Oriente S.A. ESP, «quedando demostrado con ello que SERTEMPO S.A. en el período antes anotado no ejerció el poder de subordinación» y concluyó, como resultado de una apreciación probatoria, en conjunto, a la luz del artículo 61 del Código de Procedimiento del Trabajo y Seguridad Social, que la demandada principal no cumplió con la carga probatoria de desvirtuar la presunción del contrato de trabajo que operaba a favor del accionante, conforme al artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y, de igual manera, que tampoco acreditó que hubiera pagado prestaciones sociales por los servicios prestados.

2. De resultar afirmativa la respuesta al primer problema jurídico, pasar a analizar si el accionante tenía derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás derechos deprecados en la demanda.

El tribunal adujo que, dado que se había encontrado demostrada una relación laboral entre el accionante y la demandada Proactiva Oriente S.A. ESP, desde el 9 de noviembre de 2000 hasta el 30 de marzo de 2002, era procedente reconocer prestaciones y derechos laborales causados durante dicho periodo. No obstante, precisó que, en virtud de que la reclamación escrita del trabajador había sido presentada el 22 de agosto de 2006, esto es, casi cuatro años después de finalizado el vínculo, las respectivas acreencias se encontraban prescritas «respecto de los derechos laborales causados en el primer período sin que haya lugar a condena alguna por los dos periodos siguientes analizados en los cuales los servicios del demandante fueron prestados en acatamiento a lo dispuesto por la ley en materia de trabajo en misión conforme se dijo anteriormente».

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia del tribunal para que, en sede de instancia, revoque íntegramente la decisión de primer grado y, en su lugar, condene a las entidades demandadas en la forma como se solicita en la demanda principal.

Con tal propósito, formula tres cargos que no fueron replicados y que serán resueltos de manera conjunta, pues, a pesar de estar dirigidos por distintas vías, persiguen el mismo fin, acusan similares normas y exponen idénticos argumentos.

VI. CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia impugnada, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de violar los artículos 6º, 24, 34, numerales 2º y 3º del 35, 64, 65, 127, 186, 189, 249, 259, 260 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º y 2º de la Ley 52 de 1975; 71, 72, numeral 3º del 77, 82 y 99 de la Ley 50 de 1990. Todos en relación con el 53 de la Constitución Nacional; 19, 43, 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo; 2º del Decreto 1707 de 1991; 2º del Decreto 503 de 1998; 3º del Decreto 2879 de 2004; 1º, 11 y 17 de la Ley 6ª de 1945; 1º, 2º, 3º y 20 del Decreto 2127 de 1945; 1º del Decreto 797 de 1949; 27 del Decreto 3118 de 1968; 43 y 51 del Decreto 1848 de 1969; 8º, 24, 28, 32 y 45 del Decreto 1945 de 1978; 3º, 4º, 15 y 70 de la Ley 769 de 1988; 81, 92, 93 y 94 de la Ley 50 de 1990; 1º y 6º del Decreto 468 de 1990; numeral 3º del artículo 13 del Decreto 24 de 1998; 6º, 8º, 20, 21 y 22 del Decreto 4369 de 2006; 3º al 8º del Decreto 4588 de 2006; 177 y 210 del Código de Procedimiento Civil; y el 24, 50, 51, 60, 61, 66, 145 y 488 al 499 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

La censura manifiesta que el quebranto normativo se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que el servicio de recolección de basuras es una responsabilidad permanente del Estado, por lo que el demandante no podía ser contratado en forma transitoria, ni despedido por «la terminación de la obra o labor», pues prestó sus servicios entre el 9 de noviembre del 2000 y el 6 de agosto de 2003, sin solución de continuidad.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante no laboró, mediante un contrato de trabajo realidad, para Proactiva Oriente S.A. ESP, sin solución de continuidad entre el 17 de abril de 2002 y el 6 de agosto de 2003.

En subsidio, adujo que el tribunal no dio por acreditado, estándolo, que durante el periodo en que se presentó la interrupción, esto es, entre el 1º y el 18 de abril de 2002, el accionante se encontraba disfrutando de las vacaciones, tal y como se observa en el folio 6 del cuaderno principal.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que las cláusulas del contrato de concesión, analizadas por el Tribunal, relativas a la responsabilidad que tenía Proactiva Oriente S.A. ESP frente a los trabajadores, no se podían aplicar a la totalidad del vínculo dentro de los extremos temporales solicitados.

4. Le reprocha al tribunal el haber tenido a Sertempo Cali S.A. como una intermediaria oculta, únicamente respecto de la primera relación laboral «aceptando como bien presentada la renuncia al cargo del demandante ante un empleador fantasma y declarar el segundo periodo del primer contrato (Sertempo Cali) y el segundo contrato de trabajo (Temporal S.A.) en misión legales».

5. Dar por demostrado que entre el segundo y el tercer contrato que el tribunal encontró acreditados, hubo terminación, pues el uno está soportado en el otro, «entonces la renuncia no se hizo efectiva», lo que transgrede la Ley 50 de 1990.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que Temporal S.A. actuó legalmente por haber contratado los servicios del actor por un periodo inferior a un año, pues aquél continuó laborando en las mismas condiciones que lo venía haciendo para Proactiva a través de Sertempo S.A., lo que demuestra que dicha empresa «solo tomó de la nómina de Proactiva Oriente S.A. a Julio Adolfo Cáceres y le mantuvo el pago de parte de sus salarios».

7. No dar por demostrado, estándolo, que el accionante prestó sus servicios a Sertempo Cali S.A. durante dos periodos y «como el tribunal declaró nulos o ineficaces los contratos del primer periodo relacionados todos con Sertempo Cali S.A., esto arrastra a declarar también nulo e ineficaz la renuncia presentada por el demandante [...] pues fue una patraña para no consignarle las cesantías al fondo como lo ordena la ley 50/90».

8. No hacer extensiva la declaración del contrato realidad a los periodos comprendidos entre el 17 de abril y el 7 de noviembre de 2002 y el 8 de noviembre de la misma anualidad y el 6 de agosto de 2003, puesto que la renuncia presentada es ineficaz y porque, además, en el proceso no reposa prueba del segundo contrato con Sertempo Cali S.A. «porque no lo hubo [...] ambos están soportados en el único contrato firmado entre Sertempo Cali y el demandante (fl. 2), lo que nos tiene que llevar a decidir que la renuncia no fue aceptada y continuó sin solución en el mismo cargo y la misma usuaria, pero si le cancelan las cesantías y no se les deposita en un fondo como lo ordena la ley».

9. No haber hecho extensiva la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo para los demás periodos laborados por el actor, «afectando la congruencia jurídica».

10. Dar por demostrado, sin estarlo, que los otros dos periodos laborados por el demandante lo fueron dentro del marco de la ley, pues «la sala olvidó que como fueron empresas temporales, la misma usuaria, la misma misión, los mismos equipos, la misma subordinación, el mismo trabajador», hay sumatoria obligada de los tiempos y son sin solución de continuidad.

11. Dar por demostrado, sin estarlo, que el fenómeno de la prescripción opera en este caso para el periodo comprendido entre el 8 de noviembre del 2000 y el 30 de marzo de 2002.

12. Dar por demostrado, sin estarlo, que el contrato de trabajo realidad declarado por el Tribunal, lo fue a término indefinido, puesto que el contrato de concesión fue pactado por un periodo de ocho años.

Asegura que los anteriores desaciertos fácticos se produjeron por la mala apreciación de unas pruebas y la desestimación de otras, así:

Piezas procesales y pruebas erróneamente apreciadas:

— La demanda introductoria (fl. 58)

— Las respuestas a la demanda principal: Proactiva Oriente S.A. ESP (fls. 165 a 177); Temporal S.A. (fls. 196 a 202); y Copesión Ltda. (fls. 131 y 132).

— Pagos de seguridad social (fl. 11 al 13).

Pruebas dejadas de apreciar:

— El contrato de concesión suscrito entre Proactiva Oriente S.A. ESP y el municipio San José de Cúcuta (fls. 146 a 158 y 258 al 270).

— La liquidación definitiva de prestaciones sociales y vacaciones hecha por la empresa Sertempo Cali S.A. (fls. 5 y 82 – 6 y 83).

— La carta de despido de Sertempo Cali S.A. (fl. 81)

— La carta de despido enviada al trabajador por Temporal S.A. (fl. 192).

— El contrato suscrito entre Proactiva Oriente S.A. ESP y la sociedad Temporal S.A. (fls. 141 a 145).

— La certificación del Ministerio de la Protección Social que demuestra que Sertempo Cali S.A. no tenía autorización para actuar en Cúcuta (fl. 74).

— El interrogatorio absuelto por el representante legal de Proactiva Oriente S.A. ESP (fls. 411 y 412).

— El interrogatorio absuelto por la representante legal de Temporal S.A. (fls. 350 y 351).

— Las declaraciones de los señores Jorge Eliécer Gaitán Vivas (fl. 295) y Diosemel Bayona Vega (fl. 291).

Como argumentos de la extensa sustentación del cargo, se extrae que lo que inicialmente reprocha la censura es que el tribunal, a pesar de haber reconocido «implícitamente» que el actor prestó sus servicios en las condiciones descritas en el libelo introductorio, que los extremos temporales por él aducidos correspondían a la realidad y que la entidad Proactiva Oriente S.A. ESP fue quien se benefició de las actividades ejecutadas, hubiera denegado el derecho pretendido. Asegura que dichos hechos se encuentran suficientemente confirmados por las confesiones contenidas en las respectivas contestaciones de la demanda inicial.

A renglón seguido, manifiesta que dos fueron las razones que tuvo el juzgador de segundo grado para denegar las pretensiones: a) que, respecto de los últimos dos periodos laborados por el actor, se afirmó que habían sido ajustados a la Ley 50 de 1990, en cuanto no superaron el término de un año, lo que impidió considerarlo como trabajador real de Proactiva Oriente S.A. ESP; y b) que entre ésta última empresa y el señor Julio Adolfo Cáceres no existió relación de subordinación jurídica durante la ejecución de los contratos celebrados en dichos periodos, esto es, entre el 18 de abril y el 7 de noviembre de 2002 y el 8 de noviembre del mismo año y el 6 de agosto de 2003.

A continuación, el recurrente explica, respecto de cada error de hecho enunciado, la manera como el tribunal se equivocó para haber arribado a las anteriores conclusiones, así:

1. Demostración del primer error de hecho: al respecto, la censura aduce que, al ser el servicio de aseo y recolección de basura una actividad permanente del Estado, el Tribunal debió concluir que los trabajadores encargados de llevar a cabo esas actividades no pueden ser temporales, provisionales o transitorios suministrados por las empresas de servicios temporales. Indica que si el ad quem hubiera apreciado el contrato de concesión (fl. 146 a 158), habría observado que el plazo inicial fue de 8 años, lo que de contera implica que dichos servicios no se pueden satisfacer con trabajadores en misión.

2. Demostración del segundo error de hecho y de su formulación subsidiaria. Aduce la censura que el tribunal debió haber sumado los tiempos laborados en ambas temporales, para así llegar a la conclusión de que el tiempo de servicios prestado a Proactiva Oriente S.A. ESP supera el término permitido por el artículo 2º del Decreto 503 del 13 de marzo de 1998, el cual establece que «si cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el presente artículo, la necesidad originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, ésta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente empresa de servicios temporales para la prestación de dicho servicio». Asegura que lo anterior se puede constatar en los documentos dejados de apreciar por el tribunal (fls. 58, 196 y 165 a 167).

Seguidamente, sostiene el censor que, en caso de que las empresas de servicios temporales demandadas hubieran actuado sin sujeción a los requisitos formales y legales, ese hecho las convierte en intermediarias que ocultan su verdadera calidad, «entonces es evidente que las Empresas Sertempo Cali S.A. y Temporal S.A. actuaron como patronos aparentes siendo verdadera empleadora de la demandante la sociedad Proactiva Oriente S.A. y las EST citadas solo (sic) entidades llamadas a responder solidariamente respecto de todas las obligaciones debidas».

3. Demostración de los errores tercero y onceavo: manifiesta la censura que el contrato de concesión (fls. 146 a 158 y 258 a 270) celebrado entre el Municipio de Cúcuta y Proactiva Oriente S.A. ESP permite inferir, del análisis de sus cláusulas, que el actor laboró sin solución de continuidad, desde el 8 de noviembre de 2000 hasta el 6 de agosto de 2003 «con las mismas funciones, mismo cargo, el mismo jefe inmediato, mismos equipos y herramientas, la misma subordinación, (presunción legal art. 24 CSTSS), que como quedó visto al demostrar el primer cargo es intemporal y no puede cumplirse mediante trabajadores en misión».

También asegura el recurrente, que la demanda inicial y las respectivas contestaciones a la misma, por parte de las entidades convocadas a juicio, demuestran con suficiencia que el accionante fue aparente trabajador en misión por remisión de la EST Sertempo Cali S.A. y Temporal S.A., entre el 8 de noviembre de 2000 y el 6 de agosto de 2003, periodo que, en su decir, superó el máximo establecido por la ley. De otro lado, expresa el recurrente que, de haber sido examinado el interrogatorio rendido por el representante legal de Proactiva Oriente S.A. ESP, el tribunal habría encontrado que «las respuestas evasivas del absolvente ponen de manifiesto una conducta oscura y que hace presumir que los hechos aducidos por la parte actora son ciertos». Finalmente, sostiene que, respecto de las declaraciones realizadas por los testigos Jorge Eliécer Gaitán Vivas y Diosemel Bayona Vega, se puede deducir que la prestación de los servicios por parte del trabajador fue de manera ininterrumpida y, por ello, el fenómeno de la prescripción no opera.

4. Demostración de los errores cuarto y octavo: al respecto, la censura afirma que el Tribunal se olvidó del principio según el cual, si es «ineficaz lo principal ineficaz es lo secundario», al haberle dado plena validez a la renuncia presentada por el demandante el 30 de marzo de 2002, pues insiste en que, si la primera relación laboral con Sertempo Cali S.A. ESP fue declarada ilegal e ineficaz, lo mismo debió haber ocurrido con dicha renuncia que, además de que demuestra que lo que ocurrió durante la supuesta interrupción fue el disfrute de un periodo de vacaciones, habría permitido concluir que los servicios prestados a través de dicha temporal, lo fueron de manera continua.

5. Demostración del quinto y décimo error de hecho: el censor resalta el yerro en el que incurrió el tribunal, respecto de los periodos trabajados, pues insiste en que, si bien entre el 18 de abril de 2002 y el 6 de agosto de 2003 hubo cambio de empresa de servicio temporal (el 7 de noviembre de 2002), lo cierto es que dicha circunstancia no le permitía al juzgador tomar esos periodos como constitutivos de dos relaciones de trabajo, puesto que la ley prohíbe que la empresa usuaria sobrepase el término de un año, ya sea con la misma o con una nueva empresa de servicio temporal. Manifiesta que, a la luz de lo anterior, el ad quem debió haber declarado «no desvirtuada la subordinación plena del demandante ante la supuesta usuaria, declarando la violación del artículo 77 de la Ley 50 de 2990 (sic) y el decreto (sic) 24 de 1998, y declarar que no estaban prescritos los derechos».

6. Demostración de los errores de hecho sexto y séptimo: el recurrente reprocha que el Tribunal no hubiera tenido en cuenta el segundo periodo laborado a través de Sertempo Cali S.A. (del 18 de abril al 7 de noviembre de 2002) y el tiempo de servicios prestados mediante Temporal S.A. (del 8 de noviembre del 2002 al 6 de agosto de 2003), como un vínculo de trabajo ejercido de manera permanente, pues «si Temporal S.A. hubiere tomado al demandante en concurso, de la bolsa de empleo, tendría cierta legalidad en su proceder, pero tomó al demandante de la misma empresa Proactiva Oriente, de su nómina, donde se venía desempeñando desde el año 2000, en el mismo cargo, con las mismas herramientas, las mismas funciones, la Temporal S.A. no estaba actuando con independencia, es una clara intermediación que sancionó primeramente el tribunal de alzada y perdonó luego».

7. Demostración del noveno error de hecho: sostiene el censor que las pruebas dejadas de apreciar por el ad quem demuestran lo siguiente: «(i) el desarrollo de una actividad de carácter permanente y estable que no se subsume en los casos de excepción contemplados para el fenómeno de la temporalidad en la Ley 50 de 1990, ii) prestación de un servicio cuya ejecución tuvo lugar mediante órdenes, instrucciones y cumplimiento de jornadas impuestas por la citada empresa; (iii) uso de las instalaciones, equipos, herramientas de trabajo y maquinaria pertenecientes a Proactiva Oriente S.A.; (iv) superación de los plazos máximos de contratación temporal previstos en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990; (v) consiguiente simulación patronal de las entidades demandadas que actuaron como suministradoras del trabajo ocasional, accidental o transitorio en contravía de las disposiciones que gobiernan la materia». Asegura que lo anterior trae consigo la imposición de la indemnización del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y una sanción moratoria «por connotar un proceder de mala fe inocultable, inclusive poderlo despedir sin indemnizar, sin pagarle el verdadero salario y sin que termine la obra o labor contratado hasta el 07 de noviembre del 2008». Como apoyo, citó apartes de la Sentencia CSJ SL, 1 dic. 1981, rad. 1157.

8. Demostración del doceavo error de hecho: asegura el censor que cualquier despido producido antes del 7 de noviembre de 2008 fue sin justa causa, pues «los contratos de concesión a término fijo con un tercero, arrastra a los contratos laborales de sus trabajadores a CONTRATOS A TÉRMINO FIJO porque las empresas concesionarias nacen al nacer la concesión y mueren al morir la concesión. Hay mayor seguridad jurídica».

VII. CARGO SEGUNDO

Ataca la sentencia impugnada de violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 71, 72, 74, 75, 76, numeral 3º del 77, 81 y 82 de la Ley 50 de 1990; 7º, 8º y 9º del Decreto Reglamentario 4369 de 2006, en relación con los artículos 53 de la Constitución Nacional; 6º, 19, 24, 34, numerales 2º y 3º del 35, 43, 64, 65, 127, 186, 189, 249, 259, 260, 306, 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo; 2º del Decreto 1707 de 1991; 2º del Decreto 503 de 1998; 3º del Decreto 2879 de 2004; y demás normas acusadas en el cargo primero.

Como sustentación del cargo, la censura sostiene que, a la luz del artículo 2º del Decreto 503 de 1998, si la empresa usuaria mantiene la necesidad originaria del servicio para el cual celebró contrato, no puede prorrogarlo ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente empresa para la prestación de dicho servicio. Asegura que el tribunal vulneró dicha norma porque «la suma de los tiempos del segundo periodo, (18 de abril del 2002 al 07 de agosto del 2003) donde actuó nuevamente la ya declarada intermediaria ilícita SERTEMPO CALI y la TEMPORAL S.A., para un total de 15 meses y 20 días, en conjunto hacen parte de la historia laboral del demandante y de ahí la trasgresión de la norma por la usuaria y no por las temporales, por lo que no está prescrito entre el demandante y la usuaria PROACTIVA ORIENTE S.A., porque el oficio que interrumpió la prescripción (fl. 20) presentado 6 días antes de cumplirse el plazo (art. 488-499 CSTSS) nos da la razón de que el proceso no estaba prescrito».

Concluyó así:

El plenario, en efecto, no muestra ninguna razón atendible desde los puntos de vista jurídico o fáctico que permita inferir objetivamente que las entidades llamadas a estrados actuaron con el convencimiento sincero de estar obrando bien y no deber nada a la trabajadora. Las pruebas practicadas en el proceso, por el contrario, revelan en forma clara la mala intención de la parte demandada, su interés de socavar los derechos de la actora, su manipulación contractual y la tergiversación de la ley a través de prácticas censurables como la de valerse de los servicios subordinados de la trabajadora haciéndola aparecer como “asociada” de una cooperativa de “papel” que ni siquiera le suministró el curso de formación básica en cooperativismo y que carecía de la aprobación oficial, para solo mencionar dos de las muchas realidades que juegan en su contra. [...]. 

Adicionalmente, el recurrente invoca en idéntico sentido, casi la totalidad de los argumentos fácticos y jurídicos esbozados en el cargo primero, por lo que resulta innecesario volver a sintetizarlos.

VIII. CARGO TERCERO

Acusa la sentencia impugnada, por la vía directa, de infringir los numerales 2º y 3º del artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 53 de la Constitución Nacional; 6º, 19, 24, 34, 43, 64, 65, 127, 186, 189, 249, 259, 260, 306, 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo; 71, 72, 74, numeral 3º del 77, 81, 82, 92, 93, 94 y 99 de la Ley 50 de 1990; 6º, 8º y 20 a 22 del Decreto 4369 de 2006; y las demás normas denunciadas en el cargo segundo.

El argumento principal de la censura, a lo largo del desarrollo del cargo, es que el tiempo durante el cual el trabajador prestó sus servicios para Proactiva Oriente S.A. ESP a través de Sertempo Cali S.A. y Temporal S.A. superó el término permitido por la ley para los trabajadores en misión, que corresponde a un año, circunstancia que hace que, automáticamente, la sociedad usuaria se convierta en verdadera empleadora y las empresas temporales en intermediarias que ocultaron su calidad, debiendo responder éstas últimas solidariamente por todas las acreencias que surjan de la relación laboral, conforme lo establece el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo. Como apoyo, cita fragmentos de la Sentencia CSJ SL, 24 abr. 1997, rad. 9435.

Igualmente se hace innecesario reproducir los restantes argumentos, dado que son los mismos expuestos en los cargos anteriores, ya sean fácticos o jurídicos, referentes a las pruebas mal valoradas y las dejadas de apreciar por el ad quem.

IX. CONSIDERACIONES

El tribunal fundamentó su decisión absolutoria en que todas las pruebas documentales obrantes en el proceso y los testimonios rendidos permitían deducir que: i) existieron tres periodos laborados por el promotor del proceso, ejecutados de manera independiente; ii) se encontraba acreditada la existencia de un contrato de trabajo realidad entre el señor Cáceres Delgado y Proactiva Oriente S.A. ESP, desde el 9 de noviembre de 2000 hasta el 30 de marzo de 2002, en la que Sertempo Cali S.A. actuó como intermediaria, pero que, al haberse presentado la reclamación administrativa casi cuatro años después de finalizada esa relación contractual, las acreencias laborales se encontraban prescritas; iii) que el otro vínculo sostenido por el actor con Sertempo Cali S.A., entre el 18 de abril y el 7 de noviembre de 2002, al no haber sido ejecutado de manera continua con el primero, por cuanto se presentó una interrupción de 17 días, no sobrepasó el término de un año permitido para los trabajos o labores en misión, lo que tornaba lícita dicha relación; iv) y que el contrato de trabajo celebrado por el demandante con Temporal S.A., entre el 8 de noviembre de 2002 y el 6 de agosto de 2003, configuraba una labor propia de los trabajadores en misión, cuya temporalidad no superó la permitida por la ley para dicha figura contractual.

A su turno, el recurrente pretende demostrar en los tres cargos que, bajo el principio de la primacía de la realidad, existió una sola relación laboral con la demandada principal Proactiva Oriente S.A. ESP, como verdadera empleadora, empresa a la cual prestó sus servicios de manera ininterrumpida, desde el 9 de noviembre de 2000 hasta el 6 de agosto de 2003, a través de las empresas de servicios temporales accionadas, las que, en su decir, se convierten en responsables solidariamente de todas las obligaciones y acreencias laborales que se declaren dentro del proceso. Centró su inconformidad, esencialmente, en que no hubo interrupción entre los dos primeros periodos laborados a través de Sertempo Cali S.A. y, de otro lado, por cuanto el cambio de empresas de servicios temporales, en este caso, de Sertempo Cali S.A. a Temporal S.A., no es óbice para mantener la continuidad de un contrato de trabajo realidad, si se conservan las condiciones y características en la prestación del servicio, como en este caso aconteció.

La Sala analizará los cargos, en sujeción a la inconformidad planteada por la censura, no sin antes precisar que no es objeto de controversia que el demandante prestó sus servicios a la sociedad accionada Proactiva Oriente S.A. ESP, a través de las empresas de servicios temporales, debidamente constituidas, registradas, y cuyo objeto social corresponde con esta clase de entidades, entre el 9 de noviembre de 2000 y el 6 de agosto de 2003, así: i) desde el 9 de noviembre de 2000 al 30 de marzo de 2002 con Sertempo Cali S.A., siendo Proactiva Oriente S.A. ESP la verdadera empleadora, en virtud del principio del contrato realidad; ii) entre el 18 de abril y el 7 de noviembre de 2002 con Sertempo Cali S.A.; y iii) desde el 8 de noviembre de 2002 hasta el 6 de agosto de 2003, a través de Temporal S.A.

a. Continuidad en el servicio:

Para el Tribunal, durante la ejecución de los servicios prestados por el actor a Proactiva Oriente S.A. ESP a través de las empresas de servicios temporales, se registró una cesación o interrupción importante entre el 31 de marzo de 2002, cuando presentó renuncia a su cargo a partir de esa fecha, y el 18 de abril del mismo año, momento en el que retomó sus labores, a través de la misma empresa de servicios temporales, que le impidió al juzgador declarar la continuidad de la relación laboral.

El censor discute que, durante dicho periodo, el trabajador disfrutó de las vacaciones por el año y medio que aproximadamente llevaba laborando y que, una vez terminado ese lapso, retornó a Proactiva Oriente S.A. ESP para continuar prestando los mismos servicios, a través de Sertempo Cali S.A. ESP, por lo que, en su decir, no existió solución de continuidad alguna.

Al examinar las pruebas calificadas enunciadas por la censura, la Sala observa que, efectivamente, el señor Julio Adolfo Cáceres Delgado ingresó a laborar para la sociedad Proactiva Oriente S.A. ESP el 9 de noviembre de 2000, a través de la empresa de servicios temporales Sertempo Cali S.A., conforme al contrato de «ejecución de obra», en el cargo de tripulante (fl. 2). Igualmente, a folio 84, reposa documento enviado por el accionante a Sertempo, mediante el cual comunica que renuncia al cargo que venía desempeñando como trabajador y, a folio 6, figura la respectiva liquidación de prestaciones sociales con fecha de retiro del 30 de marzo de 2002.

Del mismo modo, a folio 4 del cuaderno principal, aparece la liquidación definitiva de prestaciones sociales, donde le cancelan al demandante las obligaciones correspondientes al periodo laborado entre el 18 de abril y el 7 de noviembre de 2002, vinculación que también la desarrolló como tripulante por medio de Sertempo Cali S.A. lo que demuestra que el demandante continuó ejecutando idénticas labores para Proactiva Oriente S.A. ESP, bajo un mismo contrato, por cuanto no obra uno diferente al suscrito con la misma Sertempo el 9 de noviembre de 2000.

Cabe aclarar que igualmente, a folio 180 del cuaderno del juzgado, reposa copia del «contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año», pero suscrito entre el señor Cáceres Delgado y la otra EST Temporal S.A., por un término inicial de tres meses.

Planteadas así las cosas, la interrupción presentada por espacio de 18 días, ocurrida entre el primer y segundo periodo laborado por el actor a través de Sertempo Cali S.A., resulta para la Sala, de tan poca entidad que carece de la virtualidad suficiente para descartar la unicidad de esa relación laboral, teniendo en cuenta que los servicios personales se prestaron durante un lapso de casi tres años. Esto permite inferir que, en el caso bajo estudio, la interrupción no se tornó seria y significante, máxime cuando el demandante permaneció en el mismo cargo, desarrollando idénticas funciones y sujeto a iguales condiciones de subordinación, lo que permite concluir que el vínculo se desarrolló en forma continua e ininterrumpida entre el 9 de noviembre de 2000 y el 7 de noviembre de 2002.

En torno al tema, esta sala ha manifestado que las interrupciones breves, generadas por la suscripción de diferentes contratos, no debe desfigurar la continuidad en la prestación de los servicios del trabajador, por tratarse de cortes efímeros e intrascendentales. Así lo ha sostenido la Corte, por ejemplo, en sentencias CSJ SL, 7 jul. 2010, rad. 36897 y CSJ SL8936-2015 cuando, en la última de ellas, adujo:

Entonces, de conformidad con lo acreditado en la contestación a la demanda y en las declaraciones de los testigos, para la Corte no podía el tribunal simplemente afirmar que la prestación de servicios de la demandante no fue continúa y única, pues no podía analizar de manera aislada los contratos escritos, los cuales, si bien muestran dos cortas interrupciones entre el 7 de junio de 1995 y el 16 de junio del mismo año y entre el 22 de abril de 2000 y el 6 de mayo de 2000 así como la suspensión de 84 días por licencia de maternidad, debían ponerse en consonancia y armonía con los otros medios de convicción según los cuales la vinculación de la citada había sido única, permanente, continúa e ininterrumpida desde el mes de diciembre de 1994 hasta el 31 de mayo de 2000, por lo que, para la Corte, al haberse configurado un error de hecho sobre los medios calificados y, por ende, sobre la prueba testimonial, queda desvirtuado el primer pilar fáctico de la sentencia impugnada.  

En ese orden de ideas, resulta evidente el error de hecho cometido por el tribunal al haber colegido que la prestación de servicios entre el 9 de noviembre de 2000 y el 7 de noviembre de 2002, a través de Sertempo Cali S.A., fue discontinua, por cuanto el actor presentó renuncia al cargo el 31 de marzo de esa última anualidad, cuando la prueba calificada deja al descubierto que lo que hubo fue una interrupción corta e insignificante, incapaz de dar al traste con la prolongación del vínculo laboral.

Así las cosas, en este punto el cargo es fundado.

b. Cambio de empresa de servicio temporal (EST):

Según el artículo 71 de la Ley 50 de 1990, las empresas de servicios temporales son las que contratan la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor realizada por personas naturales, contratadas «directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador».

A su vez, el artículo 77 ibídem preceptúa que los usuarios de las EST solo podrán contratar con éstas en los siguientes casos: 1. Cuando se refiera a labores transitorias consagradas en el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo; 2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia o en incapacidad; y 3. Para atender incrementos en la producción y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogables hasta por seis meses más.

Ahora, el artículo 2º del Decreto 503 de 1998, establece que, si cumplido el año de que trata la norma anterior, permanece la necesidad del servicio contratado por empresa usuaria, ésta no podrá prorrogar el contrato con la misma EST o contratar a una nueva para dicho servicio.

Pues bien, en la decisión impugnada, el tribunal concluyó que se había presentado un tercer vínculo, distinto a los anteriores, entre el 8 de noviembre de 2002 y el 6 de agosto de 2003, por la única razón de que se suscribió un nuevo contrato de trabajo con otra empresa de servicios temporales (Temporal S.A.) y, por ello, lo analizó por separado, de lo cual infirió que se había celebrado bajo los parámetros legales de las EST por no haber sobrepasado el término de los seis meses prorrogables establecido en la respectiva normatividad.

Lo que olvidó el tribunal es que, si bien hubo cambio de empresa de servicios temporales, lo cierto es que, además de que no se presentó ni un solo día de interrupción entre la terminación de un vínculo y la iniciación del otro, el actor continuó ejerciendo idénticas funciones, bajo igual cargo y para la misma sociedad usuaria, es decir, para Proactiva Oriente S.A. ESP, sin solución de continuidad y bajo la prestación del servicio que se venía desarrollando desde el 9 de noviembre de 2000, tiempo que superó el término de un año, permitido por el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 y el parágrafo del artículo 13 del Decreto 24 de 1998, modificado por el citado artículo 2º del Decreto 503 del mismo año, al haberse completado hasta el 6 de agosto de 2003 un total de dos años, ocho meses y veinticinco días, cuando es bien sabido que no podía la empresa beneficiaria sobrepasar dicho término, así fuera con una nueva EST, toda vez que, de esa manera, se desvirtúa completamente la temporalidad del servicio, advirtiéndose, por el contrario, su vocación de permanencia, donde el usuario se convierte en un verdadero empleador y, en tales condiciones, se desdibuja la legalidad y legitimidad de esta forma de vinculación laboral. Al respecto, se ha pronunciado la corporación, en CSJ SL1170-2017, rad. 45951, reiterada en CSJ SL13918-2017 rad. 51429, cuando precisó que:

[...]

En efecto, contrario al alcance que el tribunal dio en su sentencia a la normativa citada, cumplido el plazo legal de seis (6) meses, más la prórroga que autoriza el parágrafo del artículo 13 del Decreto 24 de 1998, el banco usuario no podía prorrogar el contrato inicial, ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente empresa de servicios temporales, para la prestación del servicio a cargo de la demandante, pues al exceder los precisos términos de temporalidad establecidos por el legislador, socavó la legalidad y la legitimidad de esa forma de vinculación laboral de aquélla, convirtiéndose en su verdadero y directo empleador.  

De la anterior manera explicó esta Sala de la Corte el tema del límite cronológico de la vinculación de trabajadores en misión y de las consecuencias de su transgresión, en la SL17025-2016, radicación 47977, del 16 de noviembre de 2016, debiéndose recordar que tanto la normativa que se viene comentando, como la jurisprudencia, procuran salvaguardar el trabajo permanente y evitar que el trabajo en misión, a través de empresas de servicios temporales, sea utilizado de manera abusiva por empleadores que pretendan implementarlo para realizar actividades que están por fuera de los específicos supuestos de hecho de los numerales 1º, 2º y 3º del artículo 77 de la Ley 50 de 1990.  

Lo dicho en precedencia pone de relieve los errores fácticos y jurídicos cometidos por el fallador de segundo grado, pues, de un lado, ignoró que el actor hubiera continuado con la prestación de sus servicios en exactas condiciones que lo venía haciendo con la anterior EST y, de otro lado, dejó de aplicar la norma que prohíbe a la usuaria contratar con la misma o con distinta empresa de servicios temporales, por un tiempo superior a un año, por lo que, en relación con este punto de ataque, también son fundados los cargos.

En ese orden de ideas, para la Sala es evidente la equivocación garrafal que cometió el tribunal al no haberse percatado de la existencia de un contrato de trabajo realidad, sin solución de continuidad, desde el 9 de noviembre de 2000 hasta el 6 de agosto de 2003, en el que, por desatenderse el límite de temporalidad consagrado en la ley, para los trabajos en misión (seis meses, prorrogables por seis meses más), hace que la demandada principal, en este caso, Proactiva Oriente S.A. ESP, se convierta en la verdadera empleadora del actor, y las EST codemandadas en simples intermediarias.

Ahora bien, en lo que respecta a la autorización del Ministerio de Trabajo para que las demandadas Sertempo Cali S.A. y Temporal S.A. pudieran operar como empresas de servicios temporales, se debe precisar que es totalmente irrelevante, pues en caso de no contar con el aval para ello, la consecuencia jurídica sigue siendo la misma que si tuvieran las correspondientes licencias de permiso y funcionamiento, esto es, la de convertirse en intermediarias que responden solidariamente por las acreencias laborales, tal y como se procederá a declarar y condenar. Lo anterior tiene su asidero en el numeral 3° del artículo 35 del CST, que establece que quien «celebrare contrato de trabajo obrando como simple intermediario debe declarar esa calidad y manifestar el nombre del empleador. Si no lo hiciere así, responde solidariamente con el empleador de las obligaciones respectivas».

Esto mismo lo sostuvo la Sala en CSJ SL, 24 abr. 1997, rad. 9435, reiterada en CSJ SL, 17 oct. 2007, rad. 29546, cuando afirmó que:

[...]

Pero esta irresponsabilidad laboral del usuario con referencia a los trabajadores en misión, supone que la EST funcione lícitamente, o por mejor decir que su actividad se halle autorizada por el Ministerio del Trabajo (Ley 50 de 1990, art 82), pues de lo contrario la EST irregular solo podría catalogarse como un empleador aparente y un verdadero intermediario que oculta su calidad en los términos del artículo 35-2 del Código Sustantivo del Trabajo, de forma que el usuario ficticio se consideraría verdadero patrono y la supuesta EST pasaría a responder solidariamente de las obligaciones laborales conforme al ordinal 3º del citado artículo del Código Sustantivo del Trabajo.

En cuanto a la cooperativa Copesión Ltda., como llamada en garantía, cabe destacar que no existe documento alguno que pruebe, siquiera sumariamente, que tuvo relación laboral o intermediación con el demandante, por lo que resulta innecesario llevar a cabo algún tipo de análisis frente a la relación de ésta con la accionada principal Proactiva Oriente S.A. ESP.

Concluye entonces la Sala que el tribunal sí cometió los errores protuberantes fácticos y jurídicos que le endilga el recurrente, por lo que los cargos resultan fundados y se casará la sentencia impugnada.

Sin costas en el recurso extraordinario.

X. SENTENCIA DE INSTANCIA

El señor Julio Adolfo Cáceres Delgado, en la apelación interpuesta contra el fallo absolutorio de primer grado, manifiesta, en síntesis, lo expuesto en el libelo introductorio, esto es, que laboró directamente, como tripulante, para la empresa Proactiva Oriente S.A. ESP, sin solución de continuidad, desde el 9 de noviembre de 2000 hasta el 6 de agosto de 2003, a través de las distintas empresas de servicios temporales codemandadas. Por lo mismo, solicita la declaración de existencia de una relación laboral con la citada sociedad, como usuaria y verdadera empleadora para que, en solidaridad con las demás llamadas a juicio en su calidad de simples intermediarias, respondan por todas las acreencias que se llegaren a demostrar, incluso hasta el 8 de noviembre de 2008, fecha en que finalizó el contrato de concesión celebrado entre el Municipio de Cúcuta y la mencionada Proactiva S.A.

Para desatar este recurso de apelación interpuesto por la parte demandante son suficientes las consideraciones vertidas en la esfera casacional. Sin embargo, cabe recordar que con las pruebas obrantes en el proceso quedó demostrado que el actor prestó sus servicios personales para Proactiva Oriente S.A. ESP, a través de las EST codemandadas, de manera continua e ininterrumpida, por espacio de dos años, ocho meses y veinticinco días, lo cual sobrepasó el límite temporal establecido en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 para la figura del trabajo en misión, por lo que la empresa usuaria se convierte así en la verdadera empleadora del actor y las EST en simples intermediarias del vínculo contractual, solidariamente responsables.

En consecuencia, y como no es objeto de discusión la relación de subordinación laboral existente entre el actor y la demandada principal Proactiva S.A., que verificó el a quo, se declarará la existencia de un único contrato de trabajo entre el señor Cáceres Delgado y Proactiva Oriente S.A. ESP, cuyos extremos temporales se encuentran comprendidos desde el 9 de noviembre de 2000 hasta el 6 de agosto de 2003 y se procederá así a liquidar las respectivas acreencias, conforme a las pretensiones de la demanda inicial, para lo cual se tomará el salario mensual acreditado por el actor durante el proceso, no sin antes resolver la excepción de prescripción propuesta por Proactiva Oriente S.A. ESP y Sertempo Cali S.A.

Así las cosas, el legislador, a efectos de garantizar la estabilidad jurídica de los asociados y consolidar sus derechos, fija en cada especialidad un tiempo dentro del cual deben ser reclamados, so pena de verse afectados por la prescripción. Así el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el 151 del Código Procesal del Trabajo y de Seguridad Social, brindan a los trabajadores la oportunidad de impetrar sus súplicas dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad y el 489 ibídem prevé que dicho lapso se puede interrumpir por una sola vez, con el simple reclamo escrito que el trabajador formule y el empleador reciba para que, a partir de ese momento, se reinicie el conteo del trienio para reclamar en tiempo.

Puestas así las cosas, dado que el contrato de trabajo realidad finalizó el 6 de agosto de 2003, el actor tenía hasta el 6 de agosto de 2006 para exigir el reconocimiento y pago de las respectivas acreencias. Si bien es cierto que la demanda inaugural se instauró posteriormente el 22 de agosto de 2006 (fl. 58), la Sala observa que el demandante presentó reclamación escrita el 31 de julio de 2006, por lo que, a excepción de la cesantía y sus intereses, y la prima de servicios del segundo semestre del año 2003, que se causan a la terminación del vínculo, y los aportes a pensión que son imprescriptibles, los demás derechos exigibles con anterioridad al 31 de julio de 2003 quedaron afectados por el fenómeno de la prescripción, pues la Sala de Casación Laboral de la Corte ha afirmado que éstos sí se afectan por el fenómeno extintivo, en la medida en que la sentencia que declara la existencia de un contrato realidad no tiene efectos constitutivos sino declarativos (CSJ SL3169-2014). En cuanto a las vacaciones, bien sabido es que cuentan con un término de prescripción distinto, cual es el de cuatro (4) años y, en consecuencia, la prescripción opera a partir del 31 de julio de 2002.

Por lo expuesto, se declarará parcialmente probada la excepción de prescripción, y las demás como no demostradas, dadas las resultas del proceso.

Realizados los cálculos de rigor por la Sala y tomando como salario el promedio de lo que aparece recibiendo el demandante en cada periodo, por cuanto ésta no probó montos superiores, se obtiene lo siguiente:

1. Prestaciones sociales y vacaciones:

Auxilio de cesantías
AñoValor
2000$ 53.752
2001$ 379.425
2002$ 396.658
2003$ 199.200
Total$ 1.029.035

Intereses a las cesantías
AñoValor
2000$ 6.450
2001$ 45-531
2002$ 47.599
2003$ 23.904
Total$ 123.484

Vacaciones
Año 2002
Desde31/07/2002
Hasta31/12/2002
Días trabajados151
Total$ 83.188
Año 2003
Desde1/01/2003
Hasta6/08/2003
Días trabajados216
Total$ 99.600

 

Prima de servicios
Desde1/07/2003
Hasta6/08/2003
Total días36
Salario 2003$ 332.000
Total$ 16.600

Gran total$ 1.351.908

Le concierne a la Sala aclarar, en este punto, que a folio 5 del expediente reposa la liquidación de prestaciones sociales y vacaciones realizada por Sertempo Cali S.A., para el periodo comprendido entre el 9 de noviembre de 2000 y el 30 de marzo de 2002, por un monto de $ 418.457. Así mismo, tal y como se observa a folio 4, la misma EST le canceló al demandante la suma de $ 500.989, por los mismos conceptos, correspondientes al tiempo laborado entre el 18 de abril y el 7 de noviembre de 2002. En lo que respecta al lapso transcurrido entre el 8 de noviembre de 2002 y el 6 de agosto de 2003, durante el cual el actor prestó sus servicios a través de Temporal S.A., observa la Sala que la respectiva liquidación definitiva de prestaciones sociales brilla por su ausencia dentro del acervo probatorio, pues lo único que aportaron las partes fueron los recibos de pago de los salarios, por los meses de noviembre y diciembre de 2002 y enero a julio de 2003. Lo anterior implica que, durante todo el tiempo laborado, al actor se le canceló como liquidación de prestaciones sociales un valor total de $ 919.446, como liquidación monto inferior al realmente adeudado, el cual asciende a $ 1.351.908. En consecuencia, se condenarán a las demandadas a pagarle al señor Cáceres Delgado la diferencia entre lo recibido y lo adeudado, esto es, el monto de $ 432.462.

2. Aportes a la seguridad social: examinadas las constancias expedidas por Horizontes S.A., donde se relaciona el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral hecho a favor del actor por cuenta de las entidades demandadas, se observa que éstas no realizaron los respectivos aportes durante 17 días del mes de abril del año 2002, los que corresponden al periodo de interrupción inicialmente alegado por la accionada.

Sobre el aporte a pensión, se debe precisar que, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 797 de 2003, son afiliados al sistema general de pensiones:

l. En forma obligatoria: 

Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, salvo las excepciones previstas en esta ley, Así mismo, los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a través del fondo de solidaridad pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales. 

El artículo 17 de la misma Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4° de la Ley 797 de 2003, dispone:

ART. 17.—Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen. 

De acuerdo con lo anterior, como las empresas demandadas afiliaron al trabajador demandante a la administradora de fondos de pensiones (AFP) durante toda la relación laboral, excepto durante 17 días del mes de abril del año 2002, deberán asumir la obligación de su pago, pues no existe razón válida para exonerarlas de tal compromiso y, en tales condiciones, se proferirá condena al respecto para sufragarlos a la AFP Horizonte, por dicho periodo y con base en el salario demostrado por el actor, según la liquidación que realice el fondo de pensiones respectivo.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con los aportes a la salud, la Sala ha considerado que no es dable cancelar directamente al trabajador los aportes a la seguridad social que en su oportunidad no efectuó el empleador, porque únicamente en casos previamente definidos en la ley se pueden devolver aquellos efectuados de más, pero no puede ordenarse el pago directo de los que debieron hacerse y no se realizaron. Del mismo modo, tiene adoctrinado la Corte que lo procedente frente al hecho consumado de la no afiliación a las contingencias de salud y riesgos laborales es la reparación de perjuicios que el trabajador acredite haber sufrido por esa omisión del empleador, o el reintegro de los gastos que se vio obligado a llevar a cabo por no tener la atención y cubrimiento de tales riesgos.

Lo anterior significa que los aportes en salud implican que la correspondiente EPS hubiera asumido los pagos propios del subsistema de salud en caso de haberlo requerido el trabajador, pero como en el sub lite no se invocó ni acreditó que se haya producido daño a la salud que irrogara pago alguno, al igual que un perjuicio por la falta de afiliación al riesgo de salud, como tampoco que se hubiera dado erogación alguna por parte del demandante por este concepto, no se impondrá condena alguna.

3. El pago de prestaciones sociales «con el que debió ser el verdadero salario sin intermediarios»: en cuanto a esta petición, es necesario resaltar que la demandante omitió explicar y demostrar, el monto del salario al que consideraba tenía derecho, razón por la cual se le imposibilita a la Sala analizar este puntual aspecto.

4. Indemnización por despido injusto: como quiera que la demandada, para poner fin al vínculo con el demandante el 6 de agosto de 2003, se abstuvo de invocar alguna de las causas legales que para ello exige el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, puesto que únicamente le manifestaron «comunico a usted que el contrato suscrito con la empresa Temporal S.A., el cual se desarrolla en misión en Proactiva Oriente S.A. ESP, se da por culminado el día 06 de agosto del 2003, el cual no será renovado» (fl. 9), además de que quien resultó ser la verdadera empleadora fue la empresa usuaria, la terminación del contrato de trabajo se torna injusta, teniendo derecho a la indemnización respectiva (artículo 28 de la Ley 789 de 2002).

Indemnización por despido sin justa causa (CST, art. 64
Último salario$ 332.000
AñoValor
2000$ 332.000
2001$ 221.333
2002$ 221.333
2003$ 132.800
Total$ 907.467

5. Indemnización moratoria: La parte actora reclama el reconocimiento de la indemnización moratoria por el no pago de prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo. Dicha indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo tiene un carácter eminentemente sancionatorio, pues se genera cuando quiera que el empleador se sustrae, sin justificación atendible, al pago de salarios y prestaciones sociales a que tiene derecho el trabajador a la terminación del vínculo laboral.

Se debe recordar que, acorde con la jurisprudencia, la buena fe equivale a obrar con lealtad, rectitud y de manera honesta, es decir, se traduce en la conciencia sincera, con sentimiento suficiente de probidad y honradez del empleador frente a su trabajador que, en ningún momento, ha querido atropellar sus derechos, lo cual está en contraposición con el obrar de mala fe, de quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de integridad o pulcritud.

En el caso bajo estudio, el haz probatorio es suficiente para poner en evidencia que la parte demandada actuó desprovista de buena fe y lealtad, pues se excusó en la figura contractual del trabajo en misión para llevar a cabo los servicios contratados, los cuales fueron los mismos durante todo el periodo laborado, para así disfrazar la verdadera relación laboral que existía con el señor Cáceres Delgado, con el único fin de relevarse de todas las obligaciones y acreencias que conlleva dicho vínculo laboral. Por lo mismo, no es plausible que la demandada creyera estar amparada por normas que regulan el trabajo en misión desarrollado a través de las empresas de servicios temporales y menos cuando la Sala verifica que la real empleadora cambió de una empresa temporal a otra sin justificación, pues el actor continuó con la ejecución de idénticas funciones.

En anteriores oportunidades, la Sala ha concluido, frente a hipótesis similares a las aquí analizadas, por ejemplo, en la Sentencia de la CSJ SL8564-2016, 22 jun. 2016, rad. 49808, aun cuando en esa oportunidad la utilización fraudulenta lo fue con una cooperativa, lo siguiente:

[...]

En ese orden, tan crucial modificación en lo que a la naturaleza del nexo jurídico respecta, y la permanencia de las condiciones materiales en que se venía ejecutando la vinculación, no ameritan respuesta diferente del juzgador a la de colegir un comportamiento alejado de las reglas de la buena fe y la lealtad que deben imperar en todo contrato, tal cual lo tiene definido esta Sala de Casación, por ejemplo en Sentencia 25713 de 6 de diciembre de 2009, según la cual «no podrá considerarse que en quien ha acudido a la fraudulenta utilización de la contratación con una cooperativa de trabajo asociado exista algún elemento que razonablemente pueda ser demostrativo de buena fe de esa persona, porque si realmente ostenta la calidad de empleadora, se estará en presencia de una conducta tendiente a evadir el cumplimiento de la ley laboral, lo que, en consecuencia, amerita la imposición de sanciones como la moratoria debatida en el presente proceso». 

En consecuencia, se condenará a la suma diaria de $ 11.066, a partir del día 7 de agosto de 2003 y hasta que se paguen las prestaciones sociales adeudadas, por concepto de indemnización moratoria, en los términos del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo en su redacción original, por cuanto el último salario equivale al mínimo (par. 2º del art. 29 de la Ley 789 de 2002), al no contarse con una suma diferente.

6. Horas extras y festivos: el demandante afirma que la parte demandada le adeuda una suma por horas extras y dominicales laboradas. Sin embargo, tal manifestación resulta insuficiente para realizar su estudio en esta instancia, pues no cumplió con la carga probatoria, relativa a demostrar cuánto tiempo suplementario, efectivamente trabajado, se le dejó de pagar, razón por la que no se fulminará condena por este concepto.

7. Indexación: en la medida en que la indemnización moratoria por el no pago de salarios y prestaciones sociales es incompatible con la indexación, no se condenará por éste concepto en relación con las acreencias que le dieron lugar, puesto que ambas son mecanismos de actualización de las deudas laborales. Por ello, solo se accederá a su condena respecto de las vacaciones y la indemnización por despido sin justa causa, cuya indexación arroja lo siguiente:

Indexación vacaciones
Hasta 31/01/2018
Año 2002$ 161.366
Año 2003$ 184.272
Total$ 345.638

Indexación Ind. por despido (CST, art. 64)
Vr. Indemnización$ 907.467
Fecha despido6/08/2003
Fecha indexación31/01/2018
Total$ 780.924

Debido a la prosperidad de la condena por concepto de indexación, se absolverá a las demandadas del pago de los intereses moratorios solicitados en la demanda inaugural, por cuanto los mismos son incompatibles.

8. En cuanto a la pretensión atinente a extender el reconocimiento de las respectivas acreencias laborales hasta la fecha en que terminó el contrato de concesión suscrito entre el Municipio de San José de Cúcuta y Proactiva Oriente S.A. ESP, esto es, hasta el 8 de noviembre de 2008, con fundamento en que el primer contrato suscrito con Sertempo Cali S.A. lo fue por duración de la obra o labor, se debe decir que no resulta de recibo, por cuanto dicha modalidad contractual fue modificada posteriormente en el momento en el que el actor suscribió un nuevo contrato de trabajo «a término fijo» con Temporal S.A., además de que la Sala declaró la existencia de una única relación laboral entre el demandante y la accionada Proactiva Oriente S.A. ESP, que no comparte la naturaleza de un contrato por obra o labor contratada, sino la de uno a término indefinido, dada la realidad demostrada.

9. Finalmente, se absolverá a las demandadas de la pretensión relativa al pago de perjuicios morales, por cuanto la parte actora no sustentó debidamente esta súplica en la demanda inaugural ni en el recurso de apelación, además de que la Sala no avizora elemento probatorio alguno tendiente a demostrar un mayor perjuicio al resarcido con el pago de la indemnización por despido, que ya se condenó.

Quedan así despachadas las pretensiones del accionante y resuelto el recurso de apelación interpuesto.

Por las resultas del proceso, se declarará probada parcialmente la excepción de prescripción. Las demás se tendrán como no demostradas.

En consecuencia, actuando la Sala como Tribunal de instancia, revocará parcialmente el fallo del a quo para, en su lugar, declarar la existencia del contrato de trabajo en los términos antedichos e impartir las respectivas condenas y absoluciones en la forma explicada. Se modificará lo atinente a la prescripción, en el sentido de que su declaración es parcial.

Sin costas en la alzada. Las de primera instancia estarán a cargo de la parte demandada.

XI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 23 de marzo de 2011, en el proceso ordinario laboral que JULIO ADOLFO CÁCERES DELGADO instauró contra PROACTIVA ORIENTE S.A. ESP y, solidariamente, contra SERVICIOS TEMPORALES PROFESIONALES SERTEMPO CALI S.A., TEMPORAL S.A. y la llamada en garantía COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SION LTDA. COPESIÓN LTDA.

Sin costas en casación.

En sede de instancia, RESUELVE:

1. REVOCAR parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, el 25 de junio de 2009, y en su lugar, DECLARAR la existencia de una verdadera relación laboral entre el demandante Julio Adolfo Cáceres Delgado y la demandada Proactiva Oriente S.A. ESP, desde el 9 de noviembre de 2000 hasta el 6 de agosto de 2003, en la que las EST Sertempo Cali S.A. y Temporal S.A. actuaron como simples intermediarias, solidariamente responsables de las respectivas acreencias.

2. MODIFICAR el numeral primero de la sentencia de primer grado, en el sentido de declarar probada parcialmente la excepción de prescripción, pero por las razones aquí expuestas. Las demás se declaran no probadas.

3. CONDENAR a Proactiva Oriente S.A. ESP, en solidaridad con Sertempo Cali S.A. y Temporal S.A., a reconocer y cancelar al actor las sumas de: $ 432.462 por diferencia entre lo realmente pago y lo debido, por concepto de prestaciones sociales y vacaciones; $ 907.467 por indemnización por despido sin justa causa; $ 345.638 por indexación de las vacaciones; $ 780.924 por indexación de la indemnización por despido sin justa causa; y la suma diaria de $ 11.066, a partir del día 7 de agosto de 2003 y hasta que se cancelen las prestaciones sociales adeudadas, por concepto de indemnización moratoria.

4. ORDENAR a Proactiva Oriente S.A. ESP y las demandadas solidariamente, a pagar al señor Julio Adolfo Cáceres Delgado los aportes en pensión a la AFP Horizonte ocasionados entre el 1º y el 17 de abril de 2002, teniendo en cuenta el salario mínimo legal, aplicándole a esa suma los porcentajes establecidos para liquidar los aportes en pensión, por dicho periodo, según la liquidación que realice el fondo de pensiones respectivo.

5. ABSOLVER de las demás pretensiones.

Costas como quedó dicho en la parte motiva de este proveído.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Martín Emilio Beltrán Quintero—Dolly Amparo Caguasango Villota—Ernesto Forero Vargas.