Sentencia 46578 de marzo 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 46578

SL3018-2014

Acta 8

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., doce de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. El recurso de casación

Interpuesto por la demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

Como alcance del recurso, pretende la recurrente que se case totalmente la sentencia del tribunal y, en sede de instancia, se revoque íntegramente el fallo de primer grado, se absuelva al Instituto de Seguros Sociales y se condene en costas a la actora.

Invoca la causal primera de casación laboral contemplada en el Código Procesal del Trabajo y siguientes artículo 87, modificado por el Decreto 528 de 1964 artículo 60 y Ley 16 de 1969 artículo 7º, y por la vía indirecta formula un solo cargo, que no mereció réplica, el cual se estudiará a continuación.

V. Cargo único

Acusa la sentencia impugnada por violación indirecta, “por aplicación indebida, (sic) los artículos 12 del A. 049 de 1990, expedido por parte del Consejo Nacional de los Seguros Sociales Obligatorios, en ejercicio de las facultades contenidas por el artículo 43, literal e) del Decreto-Ley 1650 de 1977, el cual fue aprobado mediante el Decreto 758 de 1990 en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 43, último inciso del Decreto-Ley 1650 de 1977, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993, y 1º parágrafo segundo de la Ley 860 de 2003». Lo cual, afirma, condujo a “la infracción directa de los artículos 37 y 45 de la Ley 100 de 1993.

Señala como error de hecho cometido por el tribunal el siguiente:

“Dar por probado, a pesar de no estar, que la actora había cotizado 622.16 semanas en los veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la edad pensional (es decir, de los 55 años de edad)”.

Indica como documento erróneamente apreciado por el juez de apelaciones, el reporte de semanas cotizadas por la actora a folio 17 del plenario.

En la demostración del cargo, sostiene que la demandante si bien estuvo amparada por el régimen de transición, establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, “no acumulaba 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 de acuerdo con lo establecido en su artículo 1º parágrafo transitorio cuarto”, lo que significa que solo hasta el 31 de julio de 2010 se regía por el A. 049 de 1990.

Expresa que siendo entonces la norma aplicable, como lo determinó el tribunal, el parágrafo 2 del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, para obtener la pensión de invalidez de origen común la demandante requería haber cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas para acceder a una pensión de vejez —para el caso la del A. 049 aprobado por el D.758/1990—; o sea que aplicando ese porcentaje a 500 semanas debía reunir 375 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad pensional mínima, ello entre el 12 de septiembre de 1980 y el 12 de septiembre de 2000, fecha esta en la que arribó a los 55 años.

Manifiesta que el ad quem incurrió en notorio error de hecho, porque el folio 17 del cuaderno principal del expediente, “habla por sí solo”, ya que la asegurada trabajó en forma interrumpida del 23 de marzo de 1994 al 30 de abril de 1997, período durante el cual sufragó 111.73 semanas, a las cuales solo deben sumarse las cotizadas entre el 12 de septiembre de 1980 y el 18 de octubre de 1982. Así concluye que, “si a las aludidas 111.73 semanas sufragadas en forma discontinua en el lapso comprendido entre el 23 de marzo de 1994 y el 30 de abril de 1997 se les agregan las semanas cotizadas entre el 12 de septiembre de 1980 y el 18 de octubre de 1982 (lo cual arroja 108 semanas), llegamos a la indiscutible suma de 219.73 semanas”, que resulta inferior a las 375 semanas que se necesitan, las cuales, insiste, no son suficientes para que la actora tenga derecho a la pensión de invalidez que pretende. Por tanto, al ser concedida la pensión por el tribunal en la sentencia que ataca con este recurso de casación, el colegiado erró al tomar equivocadamente para el período mencionado 622,16 semanas que no se deducen de la documental que se apreció equivocadamente. En consecuencia no sufragó al menos el 75 % de las semanas requeridas para causar una pensión de vejez.

VI. Consideraciones de la Corte

Vista la motivación de la sentencia impugnada, el tribunal luego de descartar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa por no contar la demandante con las 26 semanas que exige la norma anterior —Ley 100 de 1993, artículo 39—, y de verificar que no tenía 50 semanas cotizadas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, que es el requisito previsto en la norma aplicable —Ley 860 de 2003, artículo 1º—, sino solamente 34 semanas, acudió para definir el derecho en contienda al parágrafo 2º de esa última normativa, que disminuye el número de semanas a 25 en los últimos tres años “Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez”, hipótesis última que consideró estaba satisfecha en el sub lite por lo siguiente:

(i) Que la actora era beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, artículo 36, por tener al 1º de abril de 1994 la edad de 49 años, ya que nació el 12 de septiembre de 1945.

(ii) Que por ser la accionante beneficiaria del régimen de transición, la “pensión de vejez” que refiere el parágrafo 2º de la Ley 860 de 2003, es aquella que prevé el A. 049 de 1990 artículo 12, aprobado por el Decreto 758 de igual año.

(iii) Que la demandante en los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la edad mínima (55 años), que van del 12 de septiembre de 1980 hasta el 12 de septiembre de 2000, cotizó más de 500 semanas, concretamente 622,16, como se extrae del reporte de semanas de folio 17, que equivalen a más del 75% exigido por el citado parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, lo cual le otorga el derecho a la pensión de invalidez con las 34 semanas aportadas en los últimos tres años a la estructuración de la invalidez, que exceden las exigidas.

El demandado Instituto de Seguros Sociales no discute en el recurso de casación que la norma que gobierna la pensión de invalidez de la demandante sea la Ley 860 de 2003, como tampoco la aplicación de su parágrafo 2º. Lo que controvierte desde el punto de vista fáctico, es que el tribunal se equivocó al concluir que la actora hubiera cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, que le permita reunir 25 y no 50 semanas en los últimos tres (3) años que anteceden al estado de invalidez.

En efecto, la censura denuncia la apreciación errónea de la prueba documental en que se basó la Colegiatura, es decir el reporte de semanas cotizadas de folio 17 del cuaderno principal, de la cual en su decir no se extrae el número de semanas que refiere la sentencia impugnada para el lapso del 12 de septiembre de 1980 hasta el 12 de septiembre de 2000 (622,16 semanas), sino que en ese período únicamente alcanza a 219,73 semanas, densidad inferior a las 375 semanas que representan el 75% de las 500 que exige el A. 049 de 1990 artículo 12 durante los últimos 20 años que anteceden al cumplimiento de la edad.

Limitando el estudio al punto de discordia del recurso extraordinario, la Sala encuentra que, como lo advierte el recurrente, el sentenciador de segundo grado apreció con error el reporte de semanas cotizadas en pensiones obrante a folio 17, como quiera que del mismo no se colige un número superior a 375 semanas cotizadas que equivalen al 75% de las 500 a que alude el A. 049 de 1990 artículo 12 en los 20 últimos años al cumplimiento de los 55 años de edad.

Así, conforme al contenido de dicha documental, la demandante en el período del 12/09/1980 al 12/09/2000, totaliza solamente 229,57 semanas. Queda de esta forma al descubierto que la equivocación del tribunal radica en que tomó ciclos anteriores al 12 de septiembre de 1980, pues no se percató que en la casilla que tomó como punto de partida aparecían aportes desde el “07/03/1973”.

Se arriba a esta conclusión al excluir los ciclos comprendidos del 7 de marzo de 1973 al 11 de septiembre de 1980. En el siguiente cuadro, al observar la información del período que interesa al presente caso, se halla en dicha prueba documental un número de semanas equivalente a 229,57 en los 20 años de marras:

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Así las cosas, el tribunal cometió el yerro fáctico endilgado, en virtud de que la actora que se encontraba en transición no cumple con el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, calculadas sobre las 500 semanas que exigía el A. 049 de 1900. Con lo cual no se reúne los presupuestos normativos del parágrafo 2 de la Ley 860 de 2003, resultando fundado el cargo.

Lo anterior sería suficiente para quebrar la sentencia impugnada, si no fuera porque en sede de instancia la Sala arribaría a la misma decisión del tribunal de condenar al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez deprecada, por las siguientes razones:

1.La norma aplicable, artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su parte pertinente es del siguiente tenor literal:

Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez” (El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sent. C-428/2009).

2. Invalidez causada por accidente:

(...).

PAR. 1º—

(...).

PAR. 2º—Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años” (destacado de la Sala).

2. Para la Corte la “pensión de vejez” a que alude el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, es la correspondiente al régimen de prima media con prestación definida, consagrada en el capítulo II del título II de la Ley 100 de 1993 y no la que antes de la promulgación de esa ley administraba el Instituto de Seguros Sociales, regulada principalmente por el A. 049 de 1990. Lo anterior significa, que la pensión de vejez que se indica en el citado parágrafo se gobierna por las normas de la Ley 100 de 1993, salvo las excepciones que surjan de este nuevo compendio normativo que permitan la aplicación de la normativa anterior.

3. Hecha esta precisión, para verificar el cumplimiento de los presupuestos del parágrafo 2º de la Ley 860 de 2003, se debe reunir como mínimo una densidad de un mil (1.000) semanas cotizadas, 1050 semanas a partir del 1º de enero del año 2005, y luego, desde el 1º de enero de 2006 con incrementos anuales de 25 semanas, hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015. Esto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, artículo 33, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003.

4. Pero ello será así, siempre y cuando el afiliado no sea beneficiario del régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues en tal caso, y en tratándose de un afiliado al Instituto de Seguros Sociales y por razón de los beneficios de ese régimen, han de exigirse, como densidad de cotizaciones y como lo estableció el tribunal, las semanas de cotización consagradas para la “pensión de vejez” del A. 049 de 1990, en particular su artículo 12, por así disponerlo el referido artículo 36 de la nueva ley de seguridad social.

5. El artículo 12 del A. 049 de 1990, reza:

“Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón, o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”.

De ahí que, a efectos de la aplicación del parágrafo 2º de la Ley 860 de 2003 a las personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que persigan una pensión de invalidez, se debe constatar que reúnan al menos el 75% de las 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o el 75% de las 1.000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, por ser las dos alternativas que contempla la norma para acceder a la pensión de vejez.

6. Proyectado lo anterior al asunto bajo examen, se tiene que la señora Blanca Hilda Rodríguez Méndez, quien es beneficiaria del régimen de transición tal como quedó definido en sede de casación, no tiene el 75% de las 500 semanas en el período del 12/09/1980 al 12/09/2000.

Sin embargo, conforme lo determinó el juez de primer grado y no fue materia de inconformidad en la alzada ni en el recurso de casación, la demandante en toda su vida laboral contabilizó 761 semanas cotizadas, según se dejó sentado en la resolución del ISS 043073 del 23 de septiembre de 2008, visible a folios 2 a 5 del cuaderno principal. De ahí se concluye que la accionante tiene un número de semanas cotizadas superior al 75% de las 1.000 semanas (requeridas por el parágrafo 2º de marras y también exigidas por el A. 049/90), o sea, posee una densidad por encima de las 750 semanas. Ello le permite obtener la pensión de invalidez con 25 semanas aportadas durante los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez, número que también excede, pues reúne 34 semanas cotizadas en tal período. Lo anterior, aunado a que acredita una pérdida de capacidad laboral del 67,4% con fecha de estructuración del 13 de marzo de 2006, según el dictamen médico laboral por invalidez de que da cuenta el acto administrativo arriba mencionado.

En consecuencia, aun cuando el cargo es fundado, no se casará la sentencia impugnada, entendiéndose que la pensión de invalidez de la demandante queda establecida de manera definitiva, con las salvedades legalmente dispuestas para la revisión de esta clase de pensión.

No se causaron costas en el recurso extraordinario, dado que el cargo fue fundado y no hubo réplica.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 12 de marzo de 2010, en el proceso ordinario promovido por la señora Blanca Hilda Rodríguez Méndez contra el Instituto de Seguros Sociales.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».