Sentencia SL3083-2014/39603 marzo 5 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL3083-2014

Rad.: 39603

Acta: 007

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., cinco de marzo de dos mil catorce.

Extractos «V. EL RECURSO DE CASACIÓN

Fue interpuesto por el Banco y con la demanda que lo sustenta, pretende que se case la sentencia recurrida, para que en sede de instancia se revoque la del Juzgado y en su lugar se le absuelva de las pretensiones de la demanda inicial. En forma subsidiaria solicita que una vez casada la sentencia y revocada la de primer grado, se le condene al pago de la indemnización por despido.

Con tal objeto formuló dos cargos que fueron replicados y se estudiarán conjuntamente, por estar encaminados por igual vía, acusar similar normatividad, valerse de una argumentación común y perseguir un mismo fin.

VI. PRIMER CARGO

Acusó la sentencia recurrida de violar por la vía indirecta por aplicación indebida «... los artículos 7º y 8º del Decreto 2351 de 1965 y el 6 de la Ley 50 de 1990, en relación con los artículos 56, 58 y 60 del CST».

Señaló que el Tribunal había incurrido en seis errores de hecho manifiestos que enunció así:

1º. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante tenía las obligaciones de archivar y de custodiar las chequeras.

2º. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante confesó conocer el procedimiento para proceder a la incineración de chequeras y habérsele asignado por su jefe inmediato dicha tarea.

3º. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante no solo participó de la incineración de las chequeras, sino que además suscribió un acta en la que de manera inexacta relacionó algunas como incineradas, chequeras que posteriormente aparecieron y con las que se intentó defraudar los intereses del banco.

4º. No dar por demostrado, estándolo, que era obligación de la demandante verificar que los cheques relacionados en la lista de incinerados, realmente lo hubieren sido y por ende retirados de circulación.

5º. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante actuó con negligencia grave y violación grave de sus obligaciones respecto de la incineración de chequeras y las actas inexactas que suscribió al respecto.

6º. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada terminó el contrato de trabajo de la demandante con justa causa.

Precisó que en los yerros anteriores incurrió el Tribunal por haber apreciado con error las pruebas calificadas de la confesión de la demandante (folio 288) y el informe de auditoría de folios 59 a 61); por no haber apreciado la prueba calificada de la «confesión de parte de la demandante durante la cuarta audiencia de trámite llevada a cabo el día 21 de febrero de 2005 (folios 288 a 291)», y los cargos formulados a la demandante y acta de descargos de los folios 7 a 11, y por haber inestimado las pruebas no calificadas de los testimonios de Juan Dávila (folios 103 a 105), Ariel Díaz (folios 88 a 89), Jairo Ariza (folios 92 a 93) y Ana Comas (folios 96 a 98 y 104).

En la demostración, luego de consignar que a juicio del sentenciador, el hecho de que el lugar de depósito de las chequeras pudiera ser accedido para varios funcionarios del banco, lo cual lo hacía inseguro por culpa de la demandada, además de que no existiera un manual que describiera exactamente el procedimiento de incineración y custodia de chequeras que le hubiese sido entregado a la demandante, lo que desvirtuaba la justa causa de despido invocada por la empleadora, expresó que el Tribunal no advirtió la confesión de la demandante en el interrogatorio de parte de la actora, en el que reconoció que conocía del proceso de incineración de chequeras, así como su participación en dicho proceso por orden directa de su superior Ana Comas, diligencia en la que igualmente aceptó que posteriormente al proceso de incineración de cheques en el que participó, ingresaron al banco para cobro cheques pertenecientes a algunas de las chequeras relacionadas por ella como incineradas en el acta de 30 de enero de 1999, además de ser también la encargada de entregar las chequeras y habilitarlas en el sistema, requisitos sin los cuales los cheques nunca podían ser pagados, aspectos que fueron corroborados en parte en el acta de descargos de la trabajadora, en la que admitió que estaba a su cargo la incineración y depósito de chequeras, funciones que implicaban que lo que se asentara en las actas de incineración correspondieran a la realidad.

A continuación, siguió razonando así:

Con todo lo anterior, a saber, la función de recepcionar y entregar chequeras, de depositarlas e incinerarlas, el conocimiento sobre el procedimiento por seguir en dichos casos y la participación en varios de dichos procesos, todo lo cual confesó, resulta más que evidente que la demandante fue gravemente negligente a la hora de suscribir el acta de incineración de las chequeras que aparecieron con posterioridad, pues era inherente a su función de participar en el proceso de incineración, verificar que los cheques listados como incinerados, efectivamente hubiesen sido retirados de circulación. La omisión en dicha verificación permitió que se intentara defraudar los intereses del banco con los cheques relacionados con la carta de despido de la demandante, lo que desde luego puso en grave riesgo la seguridad de la misma.

Lo anterior lleva necesariamente a concluir que la demandante incurrió en negligencia grave en el ejercicio de las funciones de su cargo, puso en grave riesgo la seguridad del Banco al no verificar que las chequeras que fueron incineradas hubiesen salido de circulación y por tanto, que dichos cheques no intentaran ser cobrados con posterioridad de manera fraudulenta. Dicha negligencia no desaparece ni se atempera con el hecho de que al depósito de chequeras tuvieran acceso varios funcionarios del Banco, pues la responsabilidad por el contenido de dicho depósito y por la veracidad del acta de incineración, era de la señora Gómez Peralta.

El deber de diligencia que se exige tanto a los directores como a los funcionarios de las entidades financieras es de tal grado que aún la negligencia leve pone en riesgo la seguridad del banco mismo y del os recursos que el público deposita en éste para su administración y manejo. Considerar que la señora Gómez Peralta actuó de manera diligente en el ejercicio de su cargo, luego de las pruebas allegadas al proceso, resulta un error craso que pone en grave riesgo la confianza que el público deposita en las entidades financieras.

El hecho de que no se hubiese aportado al expediente el manual echado de menos por el tribunal es intrascendente porque de todos modos la propia demandante aceptó y confesó que la orden de incineración provino de su superior inmediata, luego es obvio que tenía que cumplirla, a menos que demostrara una circunstancia que justificara su incumplimiento. Pero era tan consciente la promotora del pleito que estaba dentro de sus funciones que la cumplió, pero lesionando la verdad. De suerte que esa orden antes que exculparla (que fu lo que concluyó el tribunal), acredita su actuar negligente e infractor de sus deberes.

Por consiguiente, en el caso sub examine, aún si se admitiera en gracia de discusión que el acceso al depósito de las chequeras no ofrecía las seguridades necesarias o que no existiera un manual sobre el procedimiento de incineración y depósito de chequeras, no exculpan la grave negligencia de la señora Gómez Peralta al dar fe con su firma en el acta respectiva, de una incineración de cheques que no ocurrió, dado que posteriormente aparecieron precisamente para tratar de perjudicar los intereses del banco al pretender ser cobrados en forma fraudulenta. De modo que no era necesario que existiera un manual que describiera de manera detallada el procedimiento de incineración y depósito de chequeras, pues, (i) el alto grado de diligencia que se exige de los funcionarios bancarios viene intrínseco en la función que ejercen, la cual según la Carta Constitucional es de interés público (ii) la orden de constatar la incineración que recibió de su jefe inmediata (iii) la inexactitud del acta de incineración, puesta de relieve con la ulterior aparición de cheques correspondientes a chequeras supuestamente incineradas, hace innegable el proceder gravemente negligente de la demandante, con peligro para los bienes de su empleador, y el incumplimiento grave de su obligación de ser veraz en lo que debía dejar plasmado en la respectiva acta de incineración que confesó suscribió.

No obstante lo anterior, quedó plenamente demostrado que la demandante tenía la función de incinerar y depositar chequeras y que conocía el procedimiento, pero además, no necesitaba probarse si procedió de buena fe, ya que sin perjuicio de ello, la trabajadora ahora demandante debía actuar en esa tarea específica con la máxima diligencia y veracidad debido al ejercicio de una actividad de interés público, lo que no hizo.

Por último, el informe de auditoría (f. 59) fue mal apreciado porque si bien en un aparte del mismo se invoca un comunicado posterior a los hechos aquí debatidos, no es menos cierto que en ese informe se da cuenta que en la visita practicada a la oficina donde laboraba la demandante se constató que cheques presentados para su pago eran los mismos que aparecían en actas de incineración suscritas por la demandante.

Probado como están, con prueba calificada, los manifiestos desaciertos fácticos del Tribunal, procede el examen de los testimonios estimados por el Juez de la alzada, esto es, las declaraciones de Juan Dávila, Ariel Díaz, Jairo Ariza, Ana Comas, con base en los cuales concluyó que el lugar donde se aguardaban los títulos valores, como las chequeras, las libretas de ahorro, CDTS, eran manipulados por cuatro funcionarios del Banco y era de fácil acceso a terceros, el cual estaba ubicado a las espaldas del puesto de la demandante y que en varias ocasiones habían informado a la sección de seguridad del Banco sobre esta situación. Aun admitiendo que dichos testigos dijeron lo que asentó el Tribunal, las versiones de los mismos en nada desvirtúan la negligencia grave en que incurrió la demandante, la cual tiene asidero en la prueba calificada anteriormente estudiada y que evidencia de modo palmario que la demandante participó en el procedimiento de incineración de chequeras, haciendo aparecer como destruidas o incineradas algunas de ellas, sin que ello correspondiera a la realidad, porque posteriormente aparecieron cheques supuestamente incinerados con los que se pretendió defraudar los intereses del Banco. De tal manera que al no desvirtuar los testimonios este hecho invocado por la demandada como justa causa, tales declaraciones son inanes y por ende está más que justificado el despido de la demandante.

Así las cosas, no resulta aplicable el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, que el Tribunal aplicó indebidamente para condenar a mi procurada, pues la justa causa del despido de la señora Gómez Peralta quedó claramente demostrada y configura el hecho contemplado en los numeral 4º del literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, según los cuales, es justa causa de despido «toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas».

VII. SEGUNDO CARGO

El recurrente acusó la decisión del Tribunal, por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida, respecto del mismo conjunto normativo enunciado en el primer cargo. En lo esencial, le imputa la comisión de los mismos errores de hecho, así como las pruebas de donde provienen, y en la demostración plantea en términos generales, los mismos argumentos del anterior, procurando como objetivo el alcance subsidiario de la impugnación, en cuanto no se disponga el reintegro de la actora sino la indemnización por despido.

VIII. LA RÉPLICA

La oposición se pronunció frente a cada uno de los errores que presentó el recurrente como evidentes en la decisión del Tribunal para concluir que tanto el Juez a quo como el Ad-quem, habían realizado un estudio acertado del material probatorio para concluir que no se había demostrado la existencia de la justa causa para el despido, conclusión a la que habían llegado luego de realizar un análisis de todo el material probatorio en conjunto con base en la libre formación del convencimiento que le permite el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En relación con el segundo cargo terminó diciendo: «Solicito no tener en cuenta la petición subsidiaria del recurrente por qué se hace necesario impartir justicia con esta trabajadora que dedicó toda su vida a la institución que hoy la señala como negligente y mala trabajadora muy a pesar de haber laborado por más de 23 años de manera abnegada y comprometida para Bancolombia S.A. Por todo lo anterior me opongo a las pretensiones de la demanda de casación y solicito a los honorables magistrados no casar la sentencia impugnada y condenar en costas al recurrente, se debe confirmar la sentencia impugnada porque se encuentra ajustada a derecho».

IX. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

De acuerdo con lo expresado por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y además, como lo ha sostenido la Corte, se requiere que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, y provenga de la falta de apreciación o errada valoración de una prueba calificada.

El fundamento de la decisión del Tribunal, para confirmar la sentencia impugnada que ordenó el reintegro de la demandante, estribó en que, si la Sociedad recurrente pretendía que el despido de la trabajadora se declarara justo debió, al menos, probar la fuente de donde emanaba la obligación que se dice incumplió, y que como no existe documento alguno donde se indique que la señora Gómez Peralta tenía entre sus obligaciones, incinerar las chequeras ni el método a emplear, el despido se convierte en injusto.

De otro lado, aseguró el Tribunal que si la orden de incinerar las chequeras provino de la superiora inmediata y ella mostró conformidad con el trabajo realizado asegurando que lo hicieron de acuerdo con sus conocimientos, no podía decirse que existió prueba de la responsabilidad de la trabajadora en los hechos ocurridos.

La Sala entonces tomará como punto de partida la carta de terminación del contrato de trabajo que no es discutida por las partes, en ella se expresa claramente que las conductas de la señora Gómez Peralta: «...está consagrada como especialmente grave, no corresponde a la confianza depositada en usted por parte de la institución y da lugar a la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo vigente y el Código Sustantivo de Trabajo».

Los hechos imputados, en concreto, son dos, uno se refiere a la incineración de las chequeras del banco que se realizó el 31 de enero de 1999 habiéndose presentado posteriormente para el cobro algunos cheques de los que figuran como incinerados en el acta que se levantó al respecto, y el otro relativo a algunos cheques presentados para el cobro provenientes de chequeras que estaban bajo la custodia de la trabajadora.

El examen de las pruebas denunciadas por la censura, muestra lo siguiente:

En el interrogatorio de parte que absolvió, así fue preguntada la demandante:

Diga la demandante si es o no cierto y yo afirmo que si lo es que usted en ejercicio de sus funciones tanto de asesora comercial como de asesora Operativa participó activamente en numerosos procesos de incineración de procesos Contestó: si participaba en los procesos de incineración de chequeras por orden verbal directa de mi superior la subgerente Ana Comas. Preguntado: indique la demandante en qué consistía el proceso de incineración de chequeras dentro de la entidad demandada y cuál era su participación en el mismo de calidad de asesora. Contestó: La incineración de chequeras consistía en quemar o destruir las chequeras participaba por orden verbal de mi jefe inmediato. Se hacía un acta para dejar la constancia de que se había hecho esa incineración. Preguntada: Diga la demandante quien o quienes dejaba la constancia de la incineración dentro del acta de incineración de chequeras a que usted se refirió en respuesta anterior Contestó: Las personas que participaban en ese momento de la destrucción de chequera como podría ser la subgerente con la otra persona que ella designaba Preguntada: Diga la declarante si es cierto o no y yo afirmo que si lo es que usted reconoce su contenido y que es suya la firma que al final del documento obrantes a folios 52 y 53 del expediente se lee encima del nombre “Adela Gómez”... Contestó. Si es mi firma y esa es el acta que se hizo. Preguntada: Diga la demandante si es o no cierto y yo afirmo que si lo es que con posterioridad a la fecha de la incineración de chequeras incluidas en el acta por usted anteriormente reconocidas ingresaron al banco para cobro cheques pertenecientes a algunas de las chequeras relacionadas por usted como incineradas en acta de fecha enero 30 de 1999 Contestó: Los cheques entraron pero hasta el momento no se ha demostrado si los cheques sean los originales porque pudo ser un fraude como ha sucedido en otras ocasiones cheques lavados cheques falsos ya que en esa área donde se encontraban las chequeras tenían acceso muchas personas y las llaves eran manejadas por más de tres personas en la oficina, ya que el lugar donde se encontraban las chequeras no era seguro.

De las respuestas anteriores se desprende inequívocamente que la demandante conocía y participó activamente en los procesos de incineración de chequeras, cuyo procedimiento no desconocía ni le era indiferente, además de que era una de las funciones que debía cumplir. De igual manera reconoció el documento de folios 51 y 52, como el acta que se levantó sobre la relación de las chequeras de 100 cheques incineradas, y que posteriormente algunos de esos cheques, supuestamente incinerados, fueron presentados para su cobro.

Ahora, en el acta de descargos que rindió, la demandante fue interrogada en la siguiente forma:

Como (sic) explica usted que conforme a los hechos que han dado lugar al llamado a descargos, los cheques relacionados en este no fueron incinerados poniendo en alto riesgo al banco, si conforme al acta de incineración firmada por usted, de fecha 30 de enero de 1999 se habían incinerado? Contestó de verdad que a medida que se iban sacando las chequeras se iban relacionando para la incineración. La verdad no me explico como (sic) se extraviaron esas chequeras.

Lo manifestado por la actora en el acta de descargos ratifica que conocía que dentro de sus funciones estaba la del proceso de incineración de cheques, del cual se elaboraba un acta que ella misma suscribía. Asimismo, no dio explicaciones satisfactorias acerca de la aparición posterior de chequeras que según lo que atestó en el acta, fueron incineradas con su participación activa.

Las manifestaciones de la actora, sin duda, constituyen confesión en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, pues a ella perjudican y favorecen a su contraparte, en tanto no es admisible que reconozca haber participado en la incineración de unos cheques y que elaboró un acta que daba fe de la incineración de dichos cheques para que posteriormente algunos de los instrumentos supuestamente incinerados, fueran presentados al banco para su cobro, actuar que representa una grave negligencia en el ejercicio de sus funciones.

Respecto de la prueba testimonial denunciada, la misma le sirvió al Tribunal para afirmar que «el sitio en el cual se guardaban los títulos valores, como las chequeras, los (sic) libretas de ahorros, CDTS, eran (sic) manipulados por cuatro (4) funcionarios del banco, y era de fácil acceso a terceros, el cual estaba ubicado a las espaldas del puesto de la demandante, y que en varias ocasiones habían informado a la sección de seguridad del banco sobre dicha situación», de donde consecuencialmente coligió «que si la demandante guardaba los cheques en el lugar designado por el banco para ello, el cual según los testimonios que son coincidentes, era inseguro y se habían informado al banco sobre esa situación y para el momento de la ocurrencia de los hechos quien tenía la llave era de este lugar (sic) era la subgerente operativa señora Ana Comas, y era manipulado el cubículo por (4) funcionarios, mal puede decirse que la demandante no cumplió con su función de custodia de los cheques, pues, aunque se extraviaron, se encargó de depositarlos en el lugar destinado por el empleador para la ubicación de estos, no teniendo otra opción la empleada que colocarlos en este sitio, ante la inseguridad que previo informar junto como lo manifestaron los testigos de la situación al empleador, para que lo corrigiera…, por lo que mal puede imputarle a la demandante una negligencia, si por el contrario esta desarrolló su actividad con los medios o elementos de trabajo por el suministrado».

Sobre el particular, advierte la Sala que una cosa son las situaciones reflejadas por los testigos, y otra bien distinta la de la imputación concreta a la demandante de haber participado en un proceso de incineración de chequeras, cuya acta levantó dando fe de ello, para que posteriormente se presentaran para el cobro algunos de los cheques que supuestamente se habían incinerado. Desde esa óptica, es igualmente evidente que el Tribunal apreció equivocadamente la prueba testimonial, cuyas versiones no enervan la referida imputación en tanto ésta quedó debidamente corroborada con las versiones rendidas por la demandante en el interrogatorio que absolvió y en los descargos que rindió ante su empleadora. A lo sumo, serviría para descartar la otra falta atribuida sobre la pérdida de unos cheques que supuestamente estaban en custodia de la actora, pero no para desvirtuar la otra acusación, como fue la presentación en ventanilla de unos cheques que se habían incinerado, de lo cual dio fe la demandante.

Es evidente que la señora Gómez Peralta fue negligente en su conducta y conocía a cabalidad como operaba la incineración de las chequeras y su descargo en actas.

Luego, entonces, de las afirmaciones de la trabajadora contenidas en la diligencia de descargos y en su declaración de parte no podía arribarse a la conclusión del Tribunal, en el sentido de que no hubiera existido una justa causa para el despido y que no se hubiera comprobado la responsabilidad de la trabajadora en los hechos.

Para la Sala, se reitera, del material probatorio que se acaba de analizar y del acta de incineración de chequeras que aparece a folios 52 y 53 y que fue reconocida por su signataria, se infiere que la demandante fue negligente en su actuar, pues las circunstancias allí descritas, analizadas en conjunto, con los demás medios probatorios, muestran la negligencia y la responsabilidad de la asalariada respecto del suceso tantas veces referenciado de la incineración de chequeras.

Ahora, sobre la decisión de despido extemporánea, según lo afirmó la trabajadora, debe advertirse que la actora fue llamada a descargos el 27 de diciembre de 1999, como consta con la documental visible de folios 7 y 8. Y en ella se le indica unas fechas que están comprendidas entre el 9 y el 25 de noviembre de 1999, dentro de las cuales se presentaron para el cobro unos cheques que habían sido incinerados el 30 de enero de ese año. Es decir, que puede colegirse que solo fue en esas fechas que el Banco se enteró de la anómala situación, por lo que sin duda existe concomitancia con el término establecido en la convención colectiva de trabajo, que de conformidad con el hecho octavo de la demanda inicial, es de ciento veinte (120) días contados desde que se tiene conocimiento de la falta, resaltando además que entre las fechas en que los cheques ingresaron para el cobro y la trabajadora fue llamada a descargos, medio un tiempo prudencial que para nada se exhibe extemporáneo.

Así las cosas, el cargo prospera. Como consideraciones de instancia sirven igualmente las vertidas en sede de casación y que demuestran que la demandante incurrió en grave negligencia en el ejercicio de sus labores, de acuerdo con lo manifestado, lo cual indica que la empleadora estuvo ajustada a derecho cuando despidió a la demandante por uno de los motivos invocados en la carta de despido, como fue la grave negligencia en que incurrió al dar fe de la incineración de unos cheques, algunos de los cuales fueron presentados inexplicablemente para su cobro. Es indudable que dicha falta se adecua a la prevista en el numeral 4, literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, razón por la cual se revocará la decisión de primera instancia, para en su lugar absolver a la parte demandada de las pretensiones formuladas en su contra.

Sin costas por haber prosperado el recurso. Las de las instancias a cargo de la demandante.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley, Casa la sentencia proferida el 3 de julio de 2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del distrito Judicial de Barranquilla en el proceso que Adela Esther Gómez Peralta le sigue a Bancolombia S.A.

En sede de instancia, Revoca la dictada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla el 25 de noviembre de 2005, y en su lugar Absuelve a Bancolombia S.A. de todo lo pretendido en su contra por Adela Esther Gómez Peralta.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen».