Sentencia SL3089-2014/42950 de marzo 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL3089-2014

Rad. 42950

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta Nº 8

Bogotá, D.C., doce de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « IV. Sentencia de primera instancia

El a quo declaró la ineficacia de la declaración de voluntad emitida por la demandante el 29 de marzo de 2005, mediante la cual había rescindido el contrato de trabajo; consecuentemente ordenó el reintegro, sin solución de antigüedad, ordenó el pago de los derechos laborales correspondientes al tiempo en que estuvo retirada del servicio y declaró probada parcialmente la excepción de prescripción.

V. La sentencia del tribunal

El tribunal modificó el ordinal segundo de la decisión de primera instancia al resolver la apelación de la parte demandada, en el sentido de ordenar la reinstalación, sin solución de continuidad, y la confirmó en todo lo demás.

El juez colegiado delimitó la controversia a resolver a) si la terminación del contrato de trabajo por parte de la accionante era ineficaz por vicios del consentimiento y b) si la acción de reintegro no tenía vocación de prosperidad por no reunirse los requisitos establecidos en el D.L. 2351 de 1965.

Sobre el primer punto, el tribunal manifestó que le correspondía a la parte demandante acreditar que la renuncia se dio por un vicio del consentimiento y que para el sub-lite se traducía a fuerza o coacción “que supuestamente verificó el señor Director de la Agencia Pasto de la sociedad demandada”.

Precisó que, conforme al artículo 1508 del Código Civil, el consentimiento podía adolecer de los vicios de error, fuerza o dolo, “entendiéndose por fuerza como la coacción física o moral que se ejerce sobre una persona para inducirla a la celebración de un acto jurídico, o en palabras de la H. Corte Constitucional, ‘la fuerza o violencia es la presión física o moral que se ejerce sobre una persona para obtener su consentimiento, la cual infunde miedo o temor en la misma’(1)”.

De lo anterior dedujo que, para la invalidación de la renuncia presentada por la trabajadora, se requiere que la fuerza o coacción sea de tal intensidad que repercuta en el ánimo del sujeto, lo que se traduce en que en el presente evento se acredite por activa la existencia de la coacción o inducción de parte del señor Portacio Mercado, y “que aquella entendida como la amenaza de ser despedida y de no serle otorgada una ‘constancia en los términos que le permitan conseguir otro trabajo’, tenga la naturaleza que inspire a la persona amenazada un temor capaz de suprimirle la libertad de decisión”.

A continuación anotó textualmente lo siguiente:

“En este punto estima la Sala necesario clarificar que a la demandante en su calidad de Coordinadora de Operación Interna, le imputó la sociedad empleadora no cumplir con su obligación de reportar ‘unas novedades’ acaecidas el 23 y el 27 de diciembre de 2004 respecto de la cajera (...) Chapal, atinentes a la ‘pérdida’ de quince (15) billetes de $ 10.000 correspondientes al cliente Granahorrar ATM y luego el registro de un sobrante del mismo cliente al efectuar el arqueo, pese a lo cual no observó los procedimientos fijados por la empresa para esa clase de eventos, consistentes en ‘levantar un acta de inconsistencias y a la vez colocar en el sistema un reporte donde se solicite reversar la novedad presentada’ (fl. 146), aunque finalmente ‘no hubo faltante en el proceso y en el efectivo enviado por el cliente’ (fl. Id.) porque la cajera encontró los billetes ‘detrás de la máquina contadora’ (fl. Id.), pero si se tipificó la ‘omisión e incumplimiento de los procedimientos establecidos por la compañía’, sin que hubiere hurto de dinero, pero que ello le generó a la empleadora “una pérdida de confianza en nuestra funcionaria’ (fl. 146).

Que estos hechos fueron informados al área de Seguridad y Recursos Humanos de Cali, ocasionando el desplazamiento a Pasto de unos funcionarios ‘para realizar los descargos correspondientes’, solicitándoles ‘a cada uno de los funcionarios implicados un informe escrito, en el cual ellos narran lo sucedidos (sic) y a la vez se realiza una acta de descargos’, dentro de la cual la señora Ángela Herrera ‘reconoce las faltas contenidas’ (fl. 146) y ‘la compañía toma la decisión de desvincularla por los hechos sucedidos (fl. Id).

Declara el señor... Portacio Mercado que ‘llegó la instrucción de Recursos Humanos, me llegó la carta de desvinculación de la señora Ángela Herrera, dirigida a nombre mío como representante de la sede, yo se la entregué a la señora Ángela Herrera, exactamente no tengo presente la fecha, fue en el 2005’ (fl. 147), ‘carta’ en la que se le indicaba que quedaba desvinculada de la compañía por incumplimiento de procedimiento por hechos generados el 23 y 27 de diciembre de 2004’ (fl. Id.) y que al recibir la destinataria dicha comunicación “me presentó la carta de renuncia, razón por la cual se le manifestó a Recursos Humanos en Cali la decisión tomada por la funcionaria y se le aceptó su carta de renuncia’ (fl. Id).

A efectos de determinar si la accionante cumplió con el onus probando que le correspondía se tiene que la accionada al operar la litis contestatio manifestó expresamente al responder el hecho 9º y frente al motivo de presentación de la carta de renuncia que ‘si leemos la carta, de renuncia, encontramos que de ella solo se puede vislumbrar la clara voluntad manifiesta de la extrabajadora, como reacción a la situación de descuido que había ocasionado su desinterés por los asuntos de la empresa, y solo para evitar ser despedida, por incumplimiento de sus obligaciones y deberes’ (fl. 62), con lo cual se denota la clara intención de la sociedad accionada de dar por terminado el contrato de trabajo habido con la actora, situación que permite inferir que la carta de renuncia no contemplaba la real manifestación de la voluntad de la accionante, sino que encubría la determinación de la sociedad de dar por terminado el contrato de trabajo.

Lo anterior se corrobora con la prueba testimonial rendida por el señor (...) Portacio Mercado, quien, se reitera, señaló que ‘Una vez la señora Ángela Herrera reconoce las faltas cometidas, la Compañía toma la decisión de desvincularla por los hechos sucedidos’, y posteriormente se contradice al manifestar que le entregó la carta de renuncia a la accionante (fl. 147), para luego señalar que la ‘carta no fue entregada porque antes de entregarla la funcionaria entregó la carta de renuncia’ (fl. 148).

De lo anterior se puede colegir, que la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo ya se había adoptado por la sociedad accionada, sin embargo la supuesta manifestación de la accionante de presentar su renuncia irrevocable no se dio sino hasta la reunión que tuvo con el señor Director de la Agencia de Pasto, en la cual, como se refirió anteriormente, fue informada de esa eventualidad, constituyéndose ello en una amenaza que cercenó y vició por coacción por inducir el libre albedrío de la accionante, viéndose impelida a presentar la carta de renuncia, máxime que ello se constituye en una amenaza, dadas las implicaciones que tiene en el campo laboral en el que se desarrollaba la accionante el ser despedida por el aducido incumplimiento de los procedimientos establecidos para los casos referidos con anterioridad.

Aunado a lo anterior, no es de recibo el argumento del recurrente en el sentido de que fue la accionante quien obró de mala fe al impedir ser despedida y presentar maliciosamente la renuncia que le fue aceptada por la empleadora, pues la decisión de aceptarla fue del resorte exclusivo del empleador, quien trató de demostrar en el plenario la existencia de justa causa, pero evidenciando que realmente la renuncia se presentó porque fue inducida, Y es que la Sala acota que frente a la argumentación vertida en el escrito de sustentación de la alzada, la empleadora estaba en libertad de aceptar la renuncia o no, y en ese segundo evento, mantener su determinación inicial del finiquito de vincular aduciendo justa causa.

Por lo tanto, al haberse acreditado que la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo provino por inducción de la accionada, y que la renuncia no obedeció al libre albedrío de la accionante, sino a la coacción o inducción bajo amenaza, se confirmará la decisión de primer grado”.

En lo que tocaba con el segundo problema a resolver, relacionado con las consecuencias de la suerte corrida por la carta de renuncia que fue presentada por la actora, el ad quem estimó que “pese a que el a quo cometió un error de tecnicismo al condenar a la sociedad accionada al ‘reintegro’ de la accionante, lo cierto es que en el fallo se declaró la ineficacia del despido, lo que trae como consecuencia la reinstalación, figura cuyos efectos fueron los plasmados en la sentencia objeto de alzada”.

Seguidamente, precisó que, en el presente evento, no se trataba de la acción de reintegro y que por ello no eran aplicables los preceptos contenidos en el ordinal 5º del artículo 8º del D.L. 2351 de 1965, ni en el numeral 7º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968.

Para reforzar su dicho, hizo suyos los argumentos contenidos en la sentencia CSJ SL 30 sep. 2006, rad. 22842, y concluyó que la ineficacia de la renuncia traía como consecuencia la reinstalación de la accionante por restablecimiento del vínculo, entendiéndose que el contrato de trabajo no feneció, situación que a su vez implica que el empleador debe cancelarle los salarios y prestaciones sociales causados entre la separación del trabajo y su reinstalación y que no ha sido solucionado por el empleador.

Tras lo anterior, el juez de apelación concluyó que lo dicho era suficiente para modificar la sentencia del a quo en el entendido que la ineficacia reconocida en primera instancia genera la reinstalación de la actora por restablecimiento del contrato de trabajo y sus inherentes consecuencias y, en efecto, así lo hizo.

III. Del recurso del demandado

A través del presente recurso se pretende, como alcance de la impugnación principal, con base en el primer cargo, que la Corte Suprema de Justicia case totalmente la sentencia del tribunal y, una vez se constituya en sede de instancia, revoque íntegramente el fallo del juzgado, para que, en reemplazo de lo dejado sin efecto, absuelva a la sociedad demandada de todas y cada una de las pretensiones que se planearon en su contra en la demanda inicial.

Como alcance subsidiario de la impugnación, con fundamento en el segundo ataque, se aspira a que esta Corte case totalmente la sentencia del tribunal y, una vez se constituya en sede de instancia, revoque íntegramente el fallo del juzgado, para que, en reemplazo de lo dejado sin efecto, solo condene a la demandada al pago de la indemnización legal tarifada por la terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo de la actora.

Con el citado propósito presentó dos cargos, los cuales fueron objeto de réplica y se resolverán en su orden.

IV. Primer cargo

Se acusa a la sentencia de violar indirectamente por aplicación indebida, los artículos 19, 27, 47 (subrogado por el artículo 5º del Decreto Ley 2351 de 1965), 61 (subrogado por el artículo 5º de la Ley 50 de 1990), 62 y 63 (subrogados por el artículo 7º del Decreto Ley 2351 de 1965), 64 (modificado por el artículo 8º del Decreto Ley 2351 de 1965, y subrogado por los artículo 6º de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002), 140, 186, 193, 249, 259 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º de la Ley 52 de 1975, 1º del Decreto Reglamentario 116 de 1976, 99 de la Ley 50 de 1990 y 1508 y 1746 del Código Civil, en relación con los artículos 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 177 del Código de Procedimiento Civil, debido a que, para el censor, el tribunal cometió el siguiente:

Error de hecho:

• No dar por probado, a pesar de estarlo, que la actora renunció en forma libre y espontánea.

Las pruebas, a juicio del recurrente, erróneamente apreciadas por el juez de apelación son:

1. La renuncia de la demandante (folio 27 del primer cuaderno del expediente);

2. La contestación de la demanda (folios 60 al 66 del primer cuaderno del expediente), y

3. El testimonio del señor César Julio Portacio Mercado (folios 144 al 152 del primer cuaderno).

Demostración del cargo

Refirió que, de acuerdo con el juez de apelación, la renuncia de la actora no fue eficaz debido a que la sociedad demandada tenía la intención de terminarle su contrato de trabajo alegando una justa causa de despido y, además, debido a que el señor César Julio Portacio Mercado la forzó a escribir dicha carta.

Considera que, de la simple lectura de la carta de despido de la señora Herrera Jiménez que obra en el folio 27 del primer cuaderno del expediente, se deduce con absoluta claridad que esta, en forma voluntaria y alegando razones personales, decidió renunciar irrevocablemente a su cargo en la sociedad Brink’s de Colombia S.A.

Arguye que, como bien lo entendió el Tribunal, si la actora pretendía destruir la presunción de validez de dicha renuncia, ella tenía radicada en su cabeza la carga de la prueba respecto de la presunta presencia de un vicio en su consentimiento.

Pero el ad quem, prosigue el recurrente, con base en suposiciones y desechando el correcto entendimiento de las pruebas antes enunciadas, consideró que debido a que el apoderado judicial de la sociedad demandada manifestó en la contestación de la demanda que Brink’s de Colombia S.A. había tomado la decisión de despedir a la actora con base en una justa causa, “(...) la carta de renuncia no contemplaba la real manifestación de la voluntad de la accionante (...)” (folio 28 del segundo cuaderno del expediente).

Sostiene que la demandada había considerado que se había tipificado una justa causa de despido de la actora y, por lo tanto, la iba a despedir con base en esa situación fáctica y jurídica, pero que la señora Herrera Jiménez, no saben con qué motivaciones, tal vez para evitar la deshonra de ser despedida, prefirió anticiparse y renunciar.

Que así lo narró en forma diáfana el testigo Portacio Mercado al expresar que la señora Herrera aceptó haber cometido graves fallas laborales en la audiencia de descargos que absolvió pocos días antes de renunciar, y que él jamás la había amenazado ni forzado para que renunciara.

Por esto, considera el recurrente que, en este caso, estamos ante un evidente, grotesco y trascendental yerro del tribunal quien, valorando equivocadamente tres evidencias, basó su fallo, en suposiciones personales, al margen de todo respaldo probatorio.

Concluye que las evidencias erradamente analizadas por el juez de segundo grado son muy claras: la actora le presentó a su empleador una carta de renuncia, la sociedad demandada aceptó que iba a despedir a su entonces trabajadora con base en una justa causa, y el señor César Julio Portacio Mercado aseveró, en su testimonio, que recibió una carta de renuncia redactada en forma libre y espontánea por la ahora demandante.

Eso es todo, afirma el recurrente. Las demás consideraciones fácticas del tribunal son simples conjeturas sin ningún sustento demostrativo, fruto de unas conclusiones simplemente fantasiosas, las cuales no llegan, ni siquiera, a configurar indicios.

V. Réplica

Se aparta de lo dicho por la censura; considera que el ad quem no cometió ningún yerro fáctico, en razón a que el testigo Portacio, quien había actuado como representante de la empresa al momento de la cuestionada renuncia, en su versión testimonial se contradijo de tal forma que incluso llegó a aceptar que él le había indicado a la actora el contenido de la carta de despido (fl. 147). En fin, el antagonista del recurso considera que no hubo apreciación errada de las pruebas de parte del tribunal.

VI. Se considera

Le corresponde a la Sala resolver si el ad quem incurrió en un yerro evidente de hecho al deducir, con base en la contestación de la demanda y el testimonio del señor Portacio Herrera (persona que actuó como representante del empleador al momento de la terminación del contrato), que la empresa tenía la clara intención de dar por terminado el contrato de trabajo, cuando la trabajadora presentó la renuncia, la cual, a juicio del ad quem, se constituyó en “(...) una amenaza que cercenó y vició por coacción por inducir el libre albedrío de la accionante, viéndose impelida a presentar la carta de renuncia, máxime que ello constituye en una amenaza, dadas las implicaciones que tiene en el campo laboral en el que se desarrollaba la accionante el ser despedida por el aducido incumplimiento (...)”, de donde, a su vez, infirió que “(...) la carta de renuncia no contemplaba la real manifestación de la voluntad de la accionante, sino que encubría la determinación de la sociedad de dar por terminado el contrato de trabajo habido con la actora”; además que descartó el argumento de la empresa en el sentido que la actora había obrado de mala fe al impedir ser despedida y presentar maliciosamente la renuncia que le fue aceptada, pues estimó que “(...) la decisión de aceptarla fue del resorte exclusivo del empleador, quien trató de demostrar en el plenario la existencia de (sic) justa causa, pero evidenciando que realmente la renuncia se presentó porque fue inducida (...)”, como también que “(...) la empleadora estaba en libertad de aceptar la renuncia o no, y en ese segundo evento, mantener su determinación inicial del finiquito de vincular aduciendo justa causa”.

De lo anterior fluye que no fue que el ad quem desconociera el texto de la carta de renuncia presentada por la trabajadora, como lo señala el censor, sino que, del examen de la prueba testimonial precitada, así como de la misma contestación de la demanda, el juez colegiado determinó que la actora presentó la aparente dimisión, a raíz de la decisión de la empresa de darle por terminado el contrato de trabajo por unos hechos ocurridos meses atrás que esta los consideraba justa causa, pero que tal decisión de la extrabajadora no había obedecido a su libre albedrío, sino que fue resultado de la amenaza de despido con justa causa, a lo cual el juez de apelaciones le dio la categoría de “amenaza” debido a que, conforme a las razones de la experiencia, esta forma de terminación del contrato tenía implicaciones negativas en el campo laboral, para conseguir un nuevo empleo.

Para la Corte, del análisis de la prueba calificada que la censura identifica como mal apreciada, no surge un error evidente de hecho, pues las inferencias del ad quem no contradicen los textos de la carta de terminación y de la contestación de la demanda, sino que, en atención de los hechos que estos medios indican, como son que la empresa tenía tomada la decisión de despedir a la actora con justa causa, ante lo cual la trabajadora presentó la renuncia, dedujo, con base en la regla de la experiencia de las implicaciones que en el campo laboral trae consigo esta forma de despido, que la renuncia no fue voluntaria, sino que fue producto de la amenaza de terminación del contrato con base en una supuesta justa causa, razonamiento lógico que constituye un indicio, y como tal no es prueba apta de examen en casación para estructurar un yerro manifiesto (art. 7º Ley 16/69).

Por demás, las deducciones del ad quem derivadas de la prueba testimonial y de la contestación de la demanda, no fueron “suposiciones personales”, como las llama el recurrente para descalificarlas, puesto que evidentemente se sustentaron en hechos derivados de otros medios probatorios.

Por lo anterior, el cargo no prospera.

VII. Segundo cargo

Se acusa a la sentencia de violar directamente, por interpretación errónea, los artículos 19, 62 y 63 (subrogados por el artículo 70 del Decreto Ley 2351 de 1965), 64 (modificado por el artículo 8º del Decreto Ley 2351 de 1965, y subrogado por los artículo 6º de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002) y 140 del Código Sustantivo del Trabajo y 1508 y 1746 del Código Civil, lo cual condujo a la aplicación indebida de los artículos 27, 47 (subrogado por el artículo 50 del Decreto Ley 2351 de 1965), 61 (subrogado por el artículo 5º de la Ley 50 de 1990), 186, 193, 249, 259 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º de la Ley 52 de 1975, 1º del Decreto Reglamentario 116 de 1976 y 99 de la Ley 50 de 1990.

Demostración del cargo

Explica el recurrente que, como el principal fundamento del fallo del tribunal fue la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, este cargo se formuló por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea.

Manifiesta que no están de acuerdo con la hermenéutica jurídica del juez de segunda instancia, porque si se acepta, como en efecto sucede debido al sendero escogido para encaminar este ataque, y solo por ello, que la renuncia de la demandante no fue libre y espontánea, se trataría de un despido disfrazado donde necesariamente debería primar la realidad sobre las formalidades.

Como los reintegros en materia laboral están determinados en forma taxativa en la ley a favor de algunas personas expresamente establecidas por el legislador, las cuales gozan de fueros o estabilidades laborales reforzadas, estima la censura que la regla general en el ordenamiento jurídico del trabajo colombiano es la estabilidad laboral relativa. Por eso, si el empleador fuerza a su trabajador a que se retire, lo que se presenta es una decisión unilateral y sin justa causa del empleador de finalizar el vínculo. Y la consecuencia legal de dicha decisión patronal encubierta debe ser el pago de la correspondiente indemnización legal tarifada por la terminación unilateral y sin justa causa del nexo. Para reforzar su dicho, el censor asevera que así lo trascribió el propio tribunal cuando, citando un fallo del 31 de mayo de 1960, Gaceta Judicial página 1125, expresó:

“(...) La libre y espontánea voluntad del trabajador encaminada a obtener el rompimiento del vínculo contractual, a que debe obedecer toda renuncia, se encuentra viciada por actos extremos, tales como la fuerza o el engaño. Actos que, como se ha dicho, cuando provienen del empleador lo constituyen en el único responsable de los perjuicios que la terminación contractual cause al trabajador, como verdadero promotor de ese rompimiento (...)” (subrayado y negrillas del recurrente).

También alude a lo dicho por esta Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que identifica con fecha del 9 de abril de 1986 y radicación número 69, de donde cita el siguiente pasaje:

“Renuncia es la dejación espontánea y libre de algún bien o derecho por parte de su titular. No puede ser un acto sugerido, inducido, ni mucho menos provocado o compelido por persona distinta de su autor. Entonces, quien dimite de un empleo tiene pleno derecho para redactar a su libre albedrío la comunicación correspondiente, sin que su patrono pueda interferir la manifestación prístina del renunciante, porque, si así lo hace, ya no habrá la espontaneidad esencial en cualquier dimisión sino una especie de orden que el empleador le imparte al subalterno suyo para que se retire del servicio.

La renuncia pedida o insinuada en los términos de su presentación por aquel que debe resolver sobre ella no es renuncia verdadera sino apariencia simple de una dimisión que, por consiguiente, no es equiparable jurídicamente a un retiro voluntario del servicio por parte del empleado cuando se trata de esclarecer las circunstancias en que terminó un contrato de trabajo” (subrayado y negrillas del recurrente).

Concluye que, ante una “renuncia” provocada, la cual adolece de un vicio del consentimiento, —la fuerza—, el empleador que induce a dicho acto debe responder con el pago de la indemnización legal por el rompimiento indebido, producto de su decisión de obligar el retiro del trabajador a través de un acto simulado con el objeto de evadir el pago de la correspondiente indemnización por la terminación patronal y sin justa causa del contrato de trabajo

VIII. Réplica

El antagonista del recurso considera que no hubo la interpretación errónea que denuncia el recurrente, puesto que, manifiesta, sobre las consecuencias de una renuncia con vicios del consentimiento aplicadas por el tribunal, ya se ha pronunciado la jurisprudencia en ese mismo sentido, verbigracia las sentencias CSJ SL 30 sept. 2004, rad. 22842 y la CSJ SL oct. 1995, rad. 7782.

Consideraciones:

En síntesis, para la censura la interpretación correcta de las normas incluidas en la proposición jurídica del cargo es aquella que a la renuncia presentada con vicio del consentimiento del dimitente, se ha de tomar como un despido disfrazado, en razón a que, si el empleador ha forzado a su trabajador a que se retire, lo que en verdad se presenta es una decisión unilateral y sin justa causa suya, y que, por tanto, la consecuencia de dicha decisión patronal encubierta debe ser el pago de la correspondiente indemnización legal tarifada.

Sea lo primero advertir por la Sala que la censura no presenta argumentos de cómo las normas señaladas como mal interpretadas conducen a la solución que él pretende que se le dé al caso del sublite. Omite referirse a cuál sería, a su juicio, la interpretación que cabe de los artículos 1508 y 1746 del Código Civil, como también del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, menos plantea su aplicación indebida, normas estas que le sirvieron de sustento al tribunal para tomar la decisión de dar la orden de reinstalación de la trabajadora.

El tribunal, luego de establecer que la renuncia presentada por la extrabajadora no fue voluntaria, sino que fue obtenida por el empleador mediante presión, le dio la razón al a quo sobre que esta fue “ineficaz” y que, por tanto, tal ineficacia traía como consecuencia la reinstalación de la accionante por restablecimiento del vínculo, bajo el entendido que el contrato de trabajo no había fenecido, con base en el precedente de la CSJ SL, 30 sept. 2004, Rad. 22482, cuyos apartes pertinentes se trascriben a continuación, porque justamente responden las inconformidades planteadas por la censura.

Sobre los efectos de la renuncia presentada con vicios del consentimiento

Asentó en dicha oportunidad esta Corte:

“Con todo, en relación con las demás disposiciones acusadas y con los argumentos planteados en el cargo acerca de los efectos de la renuncia por vicios del consentimiento, conviene destacar que, con la excepción que tal norma precisa, a partir de la vigencia del artículo 6º de la Ley 50 de 1990 el despido sin justa causa no tiene como consecuencia el reintegro, como sí lo disponía el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 en beneficio del trabajador que fuera despedido sin justa causa después de haberle prestado sus servicios a la empresa por más de diez años continuos. Pero esa regulación no significó la desaparición de la legislación nacional de figuras jurídicas que conduzcan a la reincorporación del trabajador a su empleo, porque tal precepto legal es específico para el despido sin justa causa, pero no contempla otro tipo de situaciones.

De hecho, el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, sobre protección en conflictos colectivos, y el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, sobre protección en casos de despidos colectivos, son dos ejemplos que indican que la expedición del señalado artículo 6º de la Ley 50 de 1990 no significó establecer como principio general la eliminación en las relaciones laborales del reintegro de un trabajador a sus labores.

Cumple precisar, por otra parte, que la renuncia afectada por un vicio del consentimiento no puede equipararse al despido sin justa causa. Tiene como fundamento la ineficacia de la declaración de voluntad emitida por el trabajador y cuando se da esa situación, la conclusión lógica, y legal, como se verá, es considerar que el contrato de trabajo debe ser restituido al mismo estado en que se hallaría de no haber existido el acto viciado de nulidad, conforme lo establece el artículo 1746 del Código Civil, norma que resulta aplicable en tal situación por virtud de lo dispuesto por el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo. Y esa restitución supone, desde luego, el restablecimiento del contrato de trabajo. El despido sin justa causa, por el contrario, es un acto de declaración de voluntad del empleador y, en principio, produce un efecto extintivo del contrato y la propia ley le reconoce virtualidad suficiente para ello y para generar en favor del trabajador el derecho a una indemnización tarifada, como regla general”.

De lo anterior fluye que la renuncia presentada como resultado de la irresistible presión ejercida por el empleador, es una declaración de voluntad que adolece de un vicio del consentimiento(2), por tanto no ha de producir efectos(3); es decir, para ser más exactos en esta oportunidad, conforme al artículo 1740(4) del Código Civil, el acto es nulo y, al ser declarada judicialmente nula la renuncia, en los términos del artículo 1746 ibídem, las partes tienen el derecho “para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo (...)”, lo que equivale concluir que el contrato de trabajo no finalizó a consecuencia de la nulidad de la renuncia.

La reinstalación o reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir

Dado que lo que resulta en un caso de renuncia con vicios del consentimiento, como el de la actora, es el hecho de que el contrato de trabajo no finalizó, sino que se considera vigente, lo que sigue es resolver si la restitución al mismo estado en que se hallarían las partes de no haberse presentado el acto nulo, en los términos del artículo 1746 del Código Civil, le da derecho al trabajador de reclamar los salarios de todo el tiempo en que estuvo cesante a consecuencia de la renuncia involuntaria, aunque, por obvias razones, no hubiese prestado el servicio. Sobre el particular, en la misma sentencia atrás citada, esta Corte asentó lo siguiente:

“Ahora bien, el reintegro como consecuencia de la ineficacia de la renuncia debe tener y tiene fundamento adicional en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, porque si la renuncia no produce ningún efecto jurídico no puede afirmarse que en realidad el contrato haya terminado y esto es precisamente lo que regula ese precepto, cuyo título, ‘Salarios sin prestación del servicio’, permite su aplicación a una variedad de hipótesis en las cuales no se da la prestación del servicio por culpa o disposición del empleador, una de las cuales es, precisamente, una renuncia del trabajador afectada en su validez.

En otras situaciones en que se da la ineficacia del acto por medio del cual se termina el contrato de trabajo, el legislador ha recurrido al artículo 140 citado para dar lugar al reintegro del trabajador a su empleo. En efecto, el antes mencionado artículo 67 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, ordena aplicar el artículo 140 del Código en favor de los trabajadores afectados por despidos colectivos o suspensiones temporales de los contratos de trabajo que ocurran sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El fundamento de esa aplicación está en que el despido colectivo o la suspensión temporal de los contratos de trabajo es ineficaz, tal como manda el numeral 5º del artículo 67 de la Ley 50 citada, en cuanto dispone: ‘No producirá ningún efecto el despido colectivo de trabajadores o la suspensión temporal de los contratos de trabajo, sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, caso en el cual se dará aplicación al artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo’”.

En otras palabras, dado que el contrato de trabajo está vigente, la no prestación del servicio por parte de la actora no fue por su propia iniciativa, sino por culpa del empleador en la medida en que este provocó una renuncia involuntaria, de tal manera que se da el supuesto de hecho regulado en el artículo 140 precitado que dice:

“ART. 140.—Salario sin prestación del servicio. Durante la vigencia del contrato el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del {empleador}”.

Por último, no está de más recordar que emplear el vocablo reintegro para estos casos, no tiene incidencia relevante en la legalidad de la decisión, dado que dicho término no tiene una definición legal que obligue a entenderlo únicamente como consecuencia posible donde el legislador tiene previsto el reintegro para efectos de reconocer una estabilidad laboral reforzada, verbigracia en los casos de fuero sindical, o del fuero de maternidad, entre otros. Así se expresó esta Sala sobre el particular en la misma sentencia que se ha tomado como punto de referencia en el presente caso:

“Sobre las consecuencias que se desprenden de esa disposición en materia del reintegro del trabajador, al precisar la Sala que carece de incidencia la denominación que se le dé a esa figura jurídica, ha manifestado lo que a continuación se transcribe:

‘Por lo demás, y como bien lo anota la recurrente, la competencia para determinar cuándo una empresa o patrono ha efectuado un despido colectivo de trabajadores está explícitamente asignada al Ministerio de Trabajo en el ordinal 4º del artículo 40 del Decreto Legislativo 2351 de 1965.

En efecto, de manera paladina dicho ordinal dispone que ‘el Ministerio del Trabajo, a su juicio, y en cada caso, determinará cuándo una empresa o patrono ha efectuado un despido colectivo de trabajadores’; y el ordinal 3º de dicha norma establece literalmente que ‘no producirá ningún efecto el despido colectivo de trabajadores sin la previa autorización del Ministerio del Trabajo’.

De dichos preceptos legales resulta, como con entera razón lo afirma la recurrente en el cargo, que es equivocado el entendimiento del Tribunal cuando al artículo 40 del Decreto Legislativo 2351 de 1965 le hace decir que la acción judicial viable para la efectividad de la protección en caso de despido colectivo ‘es la de petición de declaratoria de ineficacia del despido colectivo y el consecuente restablecimiento del derecho’.

Conforme lo dispone el artículo 28 del Código Civil, salvo cuando haya de dárseles ‘su significado legal’ porque el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, ‘las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras’; y como ocurre que el legislador no le ha dado un significado legal a la palabra ‘reintegro’, debe ella entenderse en su sentido natural y obvio, que para estos efectos no puede ser otro diferente al uso general registrado en el Diccionario de la Lengua Española, en donde dicho sustantivo está definido como ‘acción y efecto de reintegrar’, y ‘reintegrar’ es verbo transitivo que en la acepción pertinente significa ‘volver a ejercer una actividad, incorporarse de nuevo a una colectividad o situación social o económica’. Como uno de los ejemplos del correcto uso de la palabra se da el de ‘reintegrarse a sus funciones’.

Quiere decir lo anterior que le asiste entera razón a la recurrente cuando afirma que gramaticalmente la palabra ‘reintegro’ no puede significar otra cosa diferente a incorporar de nuevo a alguien a su trabajo, por lo que desde el punto de vista de la prevalencia del derecho sustancial resulta irrelevante que en los casos en que un patrono ha efectuado un despido colectivo, así determinado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para hacer efectiva la protección de los trabajadores y realizar el derecho que tienen ‘a percibir el salario’, el trabajador, quien por ministerio de la ley está autorizado para considerar que se encuentra vigente su contrato de trabajo, bien puede demandar que se le reintegre al empleo, o que se le reincorpore a la empresa, o que se le instale en su empleo, o que se le reinstale en su actividad laboral, pues, independientemente de cuál sea la expresión que utilice en su demanda, en la medida en que acredite el hecho de haber sido afectado por un despido determinado como colectivo por la autoridad administrativa competente, para que se cumpla la voluntad de legislador y tenga consecuencias prácticas la protección que le otorgan el artículo 40 del Decreto Legislativo 2351 de 1965 y el artículo 40 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978, de no producir ningún efecto el despido colectivo de trabajadores efectuado por el patrono, el juez debe ineludiblemente ordenar la reinstalación del trabajador a su empleo con todas las consecuencias que se derivan de dicha decisión judicial”.

Así pues lo resuelto por el ad quem no contravino las normas que usó como fuente para resolver el caso ni las denunciadas por el recurrente.

De acuerdo con lo anterior, no se casará la sentencia.

Costas en el presente trámite a cargo del recurrente, dado que hubo réplica. Deberá pagar por concepto de agencias en derecho la suma de $ 6.300.000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Pasto, Sala Laboral, el 14 de agosto de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que inició la señora Ángela María Herrera Jiménez contra Brinks de Colombia S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

1 C.C. C-993/2006.

2 “ART. 1508.—Vicios del consentimiento. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error, fuerza y dolo”.

3 “ART. 1502.—Requisitos para obligarse. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:
1º) que sea legalmente capaz.
2º) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.
3º) que recaiga sobre un objeto lícito.
4º) que tenga una causa lícita.
La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra”.

4 “ART. 1740.—Concepto y clases de nulidad. Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes”.