Sentencia SL3153 de marzo 8 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

SL3153-2017

Radicación 74307

Acta 08

Bogotá, D.C., ocho de marzo de dos mil diecisiete.

Decide la Corte el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el apoderado de la sociedad PGI Colombia Ltda. contra el laudo arbitral proferido el 1º de abril de 2016, corregido el 11 de abril siguiente, dentro del conflicto colectivo suscitado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica, Metálica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electrometálica, Ferroviaria, Comercializadoras, Transportadoras, Afines y Similares del sector – Sintraime-, Seccional Palmira y la empresa recurrente.

I. Antecedentes

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica, Metálica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electrometálica, Ferroviaria, Comercializadoras, Transportadoras y Afines y Similares del Sector, Sintraime, Seccional Palmira, presentó pliego de peticiones el 11 de febrero de 2013 ante la empresa PGI Colombia Ltda., que dio origen a un proceso de negociación colectiva. Una vez agotada la etapa de arreglo directo, sin que las partes hubieran llegado a algún acuerdo, el Ministerio del Trabajo, a través de las resoluciones 01291 de 28 de marzo de 2014, 02291 de 6 de junio de 2014 y 05643 de 10 de diciembre de 2014 constituyó e integró un tribunal de arbitramento obligatorio, con el fin de que resolviera definitivamente el diferendo colectivo suscitado entre las partes.

Luego de haber sido instalado el tribunal de arbitramento, el 29 de febrero de 2016, y de haberse prorrogado el término para fallar, previa autorización de las partes, el 1º de abril de 2016 fue proferido el laudo arbitral que hoy es objeto de impugnación, el cual fue corregido el 11 de abril siguiente.

II. El laudo arbitral

Para los fines que interesan a la definición del recurso extraordinario de anulación, el tribunal resolvió, entre otros, los siguientes aspectos:

Se inhibe el tribunal por falta de competencia respecto de los siguientes artículos del pliego de peticiones:

Artículo segundo, artículo tercero, artículo quinto, artículo sexto, artículo séptimo, parágrafo del artículo décimo octavo.

Los artículos Quinto y Sexto, tienen señalado un límite, frente a la protección durante el término de la negociación colectiva; además de ello existe disposición legal, como es el fuero circunstancial y el procedimiento disciplinario fallado por la Corte Constitucional en la sentencia de constitucionalidad número 593 de agosto 20 de 2014, con ponencia del Magistrado Jorge Ignacio Pretel Ch., al estudiar la constitucionalidad del artículo 115 C.S.T. armonizado con el artículo 29 de la Constitución por lo cual nos atemperamos al precedente constitucional.

(…).

Laudo arbitral

ART. 1º—Modalidades de contratos de trabajo.

Los contratos de trabajo que celebre la empresa PGI Colombia Ltda. durante la vigencia de este Laudo, para el desarrollo de sus actividades misionales, se realizarán bajo la modalidad de contrato de trabajo a término indefinido, temporal o término fijo.

ART. 2º—Comité paritario de salud ocupacional y seguridad industrial

1. Integración de los representantes designados por el sindicato en el comité paritario. Esta representación será proporcional al número de trabajadores afiliados a la organización sindical.

2. Remuneración en días distintos de la jornada de trabajo. La empresa PGI Colombia Ltda. pagará a los integrantes del comité el correspondiente salario, en la eventualidad en que se sesione en jornada no laboral.

3. Entrega de ejemplares al sindicato. Cada vez que el reglamento interno de higiene y seguridad industrial de la compañía sea modificado o actualizado, la empresa PGI Colombia Ltda. hará entrega de un ejemplar a cada trabajador y adicionalmente le entregará a Sintraime Seccional Palmira, un número de ejemplares equivalente al 10% de los afiliados al momento de la actualización o reforma al reglamento.

ART. 3º—Auxilios y permisos remunerados extralegales

a. Auxilio por defunción. Por la muerte del cónyuge, o familiar en grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, se otorga un auxilio de tres (3) salarios mínimos legales vigentes.

b. Obsequio por nacimiento. La Empresa PGI Colombia Ltda. entregará a cada trabajador como obsequio un coche paseador a la familia.

c. Para asistir a citas médicas. La empresa concederá los permisos necesarios remunerados para pedir y atender citas médicas del trabajador, ya sea en la EPS o en la ARL donde esté afiliado. El trabajador deberá entregar al empleador, la correspondiente constancia de asistencia y si fuere programado, avisar previamente.

d. Para contraer matrimonio. La empresa PGI Colombia Ltda. concederá tres (3) días de permiso remunerado, el cual será solicitado con ocho (8) días de antelación y un auxilio por matrimonio equivalente a cinco (5) días de salario básico.

e. Para asistir al funeral de compañeros de trabajo. La empresa PGI Colombia Ltda. concederá a cinco (5) trabajadores, designados por el sindicato, permiso remunerado del turno correspondiente de la hora en que se llevará a cabo el sepelio.

ART. 4º—Permisos sindicales remunerados.

a. Permisos para diligencias inherentes a la organización sindical. La empresa PGI Colombia Ltda. concederá permiso sindical para los miembros de la junta directiva, con el fin de acudir a una (1) reunión ordinaria al mes y hasta para dos (2) reuniones extraordinarias al mes y para cumplir actividades sindicales para dos trabajadores que designe la organización sindical, hasta por veinte (20) horas al mes, permisos que deberán solicitarse con veinticuatro (24) horas de antelación.

b. Eventos sindicales. La empresa PGI Colombia Ltda. concederá permisos remunerados a dos (2) trabajadores, dos (2) veces al año, hasta por tres (3) días, para asistir a Asamblea Nacional de Delegados plenos y congresos. Dichos permisos se solicitarán con cinco (5) días de anticipación.

c. Pasajes y logística. La empresa PGI Colombia Ltda. reconocerá los pasajes aéreos a los trabajadores que salgan elegidos para asistir a los eventos señalados en el Literal anterior, cuando estos ocurran fuera del departamento y los terrestres cuando se lleven a cabo dentro del departamento. Además se concederá viáticos a razón de $150.000 diarios, por cada delegado elegido para asistir por todo el tiempo que dure el evento, cuando este ocurra fuera del Departamento y de $100.000 cuando se realice dentro del departamento del Valle del Cauca.

(…).

ART. 8º—Auxilio para monturas

La empresa PGI Colombia Ltda. reconocerá un 80% del valor de la montura para los lentes del trabajador, previa presentación de dos (2) cotizaciones. El trabajador sufragará el 20% restante.

ART. 9º—Auxilio de educación

Auxilios para educación. PGI Colombia Ltda. Reconocerá a cada trabajador once (11) días de salario básico, para educación de sus hijos, en cualquiera de sus modalidades.

ART. 10.—Aprendices del SENA.

La empresa PGI Colombia Ltda. en aquellos casos en que la empresa requiera aprendices del SENA o de otros establecimientos de educación a título de aprendices o pasantía, dará prelación a los hijos de los trabajadores quienes deberán cumplir todas las exigencias que se requieran para tal efecto.

(…).

ART. 12.—Auxilio rotatorio de vivienda

Para mejora o reparación de vivienda, liberación de gravámenes o hipoteca de vivienda La empresa PGI Colombia Ltda. destinará la suma de $30.000.000 que serán amortizados en cuotas que no excedan del 10% del salario básico del trabajador. Dichos préstamos generarán para el trabajador un interés legal establecido en el Código Civil equivalente al 6% anual. La amortización tendrá un mínimo hasta de cinco años.

PAR.—La empresa mantendrá un fondo de vivienda, que permita hacer préstamos a sus trabajadores cuyo reglamento se hará por una comisión bipartita integrada por dos (2) representantes del sindicato y dos (2) representantes de la empresa; la cual reglamentará el fondo.

ART. 13.—Pólizas y auxilios mortuorios extralegales

a. Auxilio extralegal por muerte del trabajador. En caso de muerte del trabajador, la empresa PGI Colombia Ltda. pagará un auxilio de cinco millones de pesos ($5.000.000) al familiar más cercano en los grados de consanguinidad o afinidad, inscrito en la empresa.

b. Medicina preparada (sic). La empresa PGI Colombia Ltda. reconocerá un subsidio del 80% para el colaborador y su grupo familiar (cónyuge e hijos, o padres si es soltero), el 20% restante estará a cargo del trabajador, en los términos contenidos en el plan de beneficios extralegales que viene otorgando.

c. Póliza extralegal de seguro de vida. La empresa PGI Colombia Ltda. tomará una póliza extralegal de Seguro de Vida que ampare a sus trabajadores por un valor equivalente a treinta (30) veces su salario básico mensual, en los términos contenidos en el plan de beneficios extralegales que viene otorgando la empresa.

ART. 14.—El empleador frente a la seguridad social

Los trabajadores incapacitados gozarán de los mismos beneficios legales y convencionales que los trabajadores activos. Adicionalmente la Empresa PGI Colombia Ltda. a través de su departamento de bienestar social o la que haga sus veces, realice el acompañamiento ante las entidades de seguridad social integral y autoridades judiciales o administrativas a que haya lugar, para procurar el suministro de transporte de los medicamentos, procedimientos y aparatos ortopédicos no cubiertos por el POS, que requieran los trabajadores o su núcleo familiar inscrito.

(…).

ART. 16.—Deporte y cultura

Se incluye el beneficio que PGI Colombia Ltda. viene reconociendo denominado “Arma tu parche”, que incluye Cine más combos, fútbol, Comfandi y Zoológico.

ART. 17.—Fondo de Calamidad Doméstica

La empresa PGI Colombia Ltda. mantendrá un fondo de calamidad doméstica de veinte millones de pesos ($20.000.000) para hacer préstamos a los trabajadores que sufran calamidades domésticas: el monto de préstamos serán acordados con el trabajador en cada caso y causará un interés legal establecido en la legislación civil equivalente al 6% anual y será pagado por el trabajador al fondo en plazos hasta de un (1) año. PGI Colombia Ltda. a través de su departamento de bienestar social o la que haga sus veces, realizará el acompañamiento ante las entidades Bancarias o Solidarias a efectos de que el trabajador logre obtener un crédito puente.

ART. 18.—Salarios mensuales convencionales

Aumento general de salarios. La empresa PGI Colombia Ltda. incrementará los salarios a sus trabajadores a partir de la firma del presente laudo, en un ocho punto cero por ciento (8.0%) aplicando la siguiente fórmula: en el IPC nacional certificado por el DANE a 31 de diciembre del año 2015, que fue del 6.77%, más 1.23% para totalizar dicho incremento en ocho punto cero por ciento (8.0%) como se indicó.

Durante la vigencia de este laudo, y para los años siguientes, los incrementos del salario, se harán a partir del 1º de enero de cada año, fijando para el 1º de enero del año 2017 un incremento en un porcentaje igual más un punto de lo que señale el gobierno para el salario mínimo legal. Esto para mantener el poder adquisitivo siguiendo la línea jurisprudencial.

Periodos de pagos de salarios y horas extras. La empresa PGI Colombia Ltda. cancelará los salarios en la periodicidad que lo ha venido realizando, detallando separadamente el valor de las horas o tiempo suplementario o de recargos.

ART. 20.—Vigencia del laudo.

La vigencia del presente laudo arbitral es de un (1) año contado a partir de la firma del presente laudo arbitral.

ART. 21.—Costumbres y vigencia de derechos

Todas aquellas costumbres y derechos que beneficien en todo o en parte al trabajador y a su organización sindical seguirán vigentes.

III. Recurso de anulación

Fue interpuesto por la empresa y concedido por el tribunal. Esta Sala avocó el conocimiento del asunto y ordenó correr traslado a la organización sindical (fls. del cuaderno principal).

En la fundamentación del recurso extraordinario, en primer lugar, la empresa recurrente aduce que el laudo debe anularse totalmente, por cuanto la presentación del pliego de peticiones no se ajusta a los lineamientos de la legislación laboral, al no configurarse un conflicto colectivo de intereses en los términos previstos en el artículo 429 del C.S.T., por lo que los árbitros carecían de competencia para fallar. En este sentido, resalta que el pliego de peticiones debe ser aprobado por la asamblea del sindicato, el cual debe estar conformado según lo consagrado en el artículo 356 del C.S.T., pues, de lo contrario, es inexistente, de suerte que si en el presente asunto éste no nació a la vida jurídica, no podía darse la aprobación de un pliego de peticiones y, menos, configurarse un conflicto colectivo que generara la competencia del tribunal para resolver la controversia.

Precisa que el sindicato que presentó el pliego de peticiones pertenece a una industria diferente a la de la empresa PGI Colombia Ltda., pues mientras aquél actúa dentro de la industria metalmecánica, metálica, metalúrgica y afines, ésta desarrolla su objeto social dentro de la rama textil, lo cual conduce a predicar que se desconoció el artículo 356 del C.S.T., por cuanto Sintraime no podía afiliar a los trabajadores de PGI Colombia Ltda., ni éstos gozaban del derecho de celebrar asambleas o aprobar pliegos de peticiones, ni, menos, promover conflictos colectivos del trabajo.

En segundo lugar, alega la recurrente que los árbitros no podían definir la controversia hasta tanto no se resolviera lo pertinente a la legitimidad del pliego de peticiones, la cual fue cuestionada por la empresa, inicialmente, a través de un derecho de petición presentado ante el Ministerio del Trabajo el 15 de febrero de 2013 y, posteriormente, mediante demanda ordinaria laboral elevada ante el Juzgado Laboral de Zipaquirá que se encuentra en trámite, sin que hasta la fecha haya sido resuelta definitivamente, por lo que no es posible concebir ninguna de las etapas del conflicto colectivo, ni, menos, la intervención del Tribunal de Arbitramento, configurándose entonces las circunstancias previstas en el numeral 1 del artículo 161 del C.G.P. para la prejudicialidad.

Como tercer reproche, plantea que el laudo presenta varios vicios de ilegalidad, dado que, respecto de los artículos segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y décimo octavo, parágrafo, los árbitros se declararon inhibidos cuando lo procedente era negar los puntos correspondientes, por cuanto el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que los árbitros deben decidir sobre los aspectos respecto de los cuales las partes no hayan logrado algún acuerdo en la etapa de arreglo directo mas no avala de ninguna manera los fallos inhibitorios.

Asimismo, indica como irregularidad legal, que la petición cuarta del pliego, relativa a la clase de contratos que puede celebrar la empresa presenta elementos jurídicos, normativos y administrativos, por lo que el tribunal ha debido negarlo o por lo menos declararse sin competencia para conocerlo. Indica que el mismo defecto se vislumbra respecto del artículo 2 del laudo, dado que el contenido es normativo y administrativo y que, además, los árbitros no podían inmiscuirse en el tema del Copasst, pues solamente concierne a la colectividad de los trabajadores.

Manifiesta que el artículo 3º de la decisión debe ser anulado, dado que: i) en el auxilio de defunción se modificó lo pedido por la organización sindical, aumentando la petición de $2.000.000 para conceder tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes que resultan superiores a dicho monto; ii) que el obsequio por nacimiento no fue incluido como petición dentro del pliego, por lo que deviene en una condena ultra y extra petita del tribunal; iii) que el permiso para asistir a citas médicas no es de contenido económico, que es de la esencia del conflicto económico de intereses; iv) que el permiso para contraer matrimonio, en su primera parte, adolece igualmente de la anterior irregularidad y, en la segunda parte, hubo exceso de los árbitros, al modificar lo pedido, pues, mientras el sindicato solicitó un monto de $500.000 pesos, los falladores concedieron 5 días de salario básico; y v) que el permiso para asistir al funeral de compañeros de trabajo ya se encuentra regulado en el artículo 57 del C.S.T.

Igualmente, alega como vicio legal que el artículo 10 de la decisión impugnada incluye una regulación que contradice el sentido del contrato de aprendizaje consagrado en la Ley 789 de 2002, pues éste no corresponde en estricto rigor a una vinculación laboral, motivo más que suficiente para no permitir su regulación por vía de acuerdos colectivos del trabajo, tal como lo dispone el artículo 30 de la mencionada normatividad.

Aduce, asimismo, que contraviene la legalidad el hecho de que el artículo 14 sea de carácter puramente administrativo lo que impone su anulación; que la vigencia del laudo se dispuso equivocadamente desde su firma cuando las decisiones judiciales de manera exclusiva son vinculantes desde su ejecutoria; y que, con el artículo 21 de la providencia, el tribunal omitió su obligación de decidir de forma clara y precisa, pues no especificó a qué tipo de costumbres se refiere, ni cuáles son los derechos que se mantienen, generando ambigüedad e incertidumbre.

En cuarto término, la empresa recurrente plantea que el laudo contiene vicios de inconstitucionalidad, toda vez que la decisión impugnada desconoce el postulado de la sostenibilidad financiera, que si bien se encuentra establecido en el artículo 48 de la Carta Política, también es aplicable al artículo 25, que consagra el derecho al trabajo, por lo que era necesario que el tribunal tuviera en cuenta las difíciles condiciones económicas de la empresa y que, por ejemplo, el artículo 13 del laudo resulta violatorio de la independencia del derecho a la seguridad social, pues impone obligaciones que ya se encuentran en cabeza del Sistema General de Seguridad Social Integral.

Finalmente, como quinto reproche, arguye que el laudo emitido por el tribunal evidencia vicios por manifiesta inequidad, por cuanto estimó los intereses de una sola de las partes, de donde se impone la anulación total del laudo, por ser violatoria del artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo, que pregona la coordinación económica y el equilibrio social en las relaciones laborales. Detalla que en la decisión se hace mención a que los estados financieros de la empresa muestran su solidez económica cuando basta examinar los resultados comparativos de los años 2010 a 2014 para concluir que las utilidades fueron modestas y que, en consecuencia, imponerle una carga excesiva a la sociedad conduce necesariamente a su liquidación.

Sobre este mismo aspecto, señala que el préstamo para vivienda supera ampliamente las posibilidades reales de la empresa, por cuanto su objeto social constituye un negocio sensible al mercado, sujeto a variaciones, con meses buenos y malos, tal como lo demuestran los estados financieros.

Respecto de los permisos sindicales contemplados en el artículo 4º del laudo, literalmente aduce que:

“— Lo concedido por medio de la letra a – representa permisos para 3 reuniones mensuales (1 ordinarias y 2 extraordinarias) a 10 trabajadores (todos los miembros de la junta directiva son, por lo menos, 10), lo que suma 30 permisos cada mes y, suponiendo que solamente ocupen un día (no pone límite en la extensión del permiso), se traduce en 360 permisos en un año. Es decir, un año completo de permisos.

— Si a lo anterior se le suma la segunda parte de este segmento que equivale a 40 horas al mes (20 horas por 2 trabajadores) que en un año son 480 horas, resultan 10 semanas en que tampoco se trabaja (jornada ordinaria de 48 horas a la semana).

— Lo de la letra b- son 12 días menos de trabajo (2 trabajadores por 3 días por 2 semestres).

— Y si a todo lo anterior se le suma (sic) los costos de lo que se concede en la letra c- (pasajes aéreos y terrestres más viáticos “por todo el tiempo que dure el evento” para “los trabajadores que salgan elegidos”), la concesión resulta desbordada por sí sola y, mucho más, en el conjunto de las demás prerrogativas que fueron otorgadas”.

Señala que el beneficio para monturas no tiene un límite en el costo total, pues no es lo mismo el 80% de $100.000 que de $1.000.000 como tampoco se precisa cuántas monturas puede solicitar cada trabajador por daño de las mismas y se omite cualquier referencia temporal. Agrega que el auxilio de educación es imposible de sufragar, teniendo en cuenta que son 47 trabajadores afiliados al sindicato y que si cada uno tiene al menos 1 hijo equivaldría a un total de 517 días de salario, tornando la decisión manifiestamente inequitativa.

Reitera que establecer un auxilio funerario o la medicina prepagada implica duplicar un costo para la empresa, toda vez que se pagan los aportes al sistema de seguridad social el cual debe asumir este tipo de contingencias, tal como sucede igualmente con el seguro de vida colectivo, que, según el artículo 259 del C.S.T. dejó de estar a cargo de los patronos para estar en cabeza de las entidades de seguridad social. Aduce que el artículo 14 del laudo mantiene un contenido administrativo e impone obligaciones económicas desproporcionadas, pues ningún funcionario de la empresa puede acompañar al trabajador a las citas médicas, ni, menos, obligarlo a recibir las prestaciones. Resalta que lo contemplado en los artículos 15 y 16 se torna inútil y, por ende, inequitativo, dado que representa un desperdicio inapropiado de los recursos y que lo previsto en el artículo 18 no hace más que disponer lo que ya se venía haciendo en la empresa.

Para terminar la impugnación, expone la recurrente que, en relación con el incremento de salarios de la cláusula 18, el 1.23% resulta desbordado, por cuanto es casi un 20% adicional, por lo que no se puede ajustar los salarios en el IPC más el 20%, generando que la empresa quede por fuera de la competitividad, máxime que los salarios pagados a los trabajadores se encuentran por encima del mínimo legal. Resalta que, de todas formas, la vigencia del laudo no puede estar prevista desde su firma, sino desde su ejecutoria.

IV. Oposición

Resalta, esencialmente, que al tribunal le asiste plena competencia para dirimir la controversia entre el sindicato y la empresa, pues cuando el sindicato presentó el pliego de peticiones lo hizo bajo la convicción de estar actuando conforme a la Constitución y a la ley, por cuanto ninguno de los actos administrativos del Ministerio del Trabajo, relativos a la afiliación de los trabajadores había sido declarado nulo por la jurisdicción contencioso administrativa y, por lo tanto, la actuación de la organización es legítima, de donde se impone que no procede la alegada prejudicialidad. Agrega que el tribunal sí tomó en cuenta criterios de equidad en cada una de las cláusulas del laudo y que no se puede tener en consideración una multa que constituye sanción ante una conducta violatoria de normas legales, además de que ninguno de los puntos definidos es ilegal o es manifiestamente inequitativo como para justificar su anulación.

V. Consideraciones

De conformidad con lo previsto en el artículo 143 del C.P.T. y de la S.S., y como se resaltó en la sentencia SL17703-2015, la función de esta Corporación, en sede del recurso extraordinario de anulación, se restringe a i) verificar la regularidad del laudo arbitral, proferido con ocasión de un conflicto colectivo de intereses; ii) corroborar que el tribunal de arbitramento no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado; iii) examinar que la decisión no haya vulnerado derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes; iv) analizar que no contenga cláusulas abiertamente inequitativas para alguna de éstas; v) devolver a los árbitros el expediente en el evento que no hayan decidido temas o aspectos sobre los cuales tenían competencia; y vi) de manera excepcional, modular o condicionar cláusulas arbitrales que contengan rasgos jurídicos o económicos que las tornan ilegales o inequitativas, a fin de permitir la subsistencia de los beneficios concedidos a favor de los trabajadores.

Por este camino, también se ha destacado que la Corte en ningún evento puede dictar una decisión de reemplazo para sustituir de fondo lo definido por los árbitros dentro de los conflictos colectivos, pues la legislación colombiana del trabajo ha previsto que éstos deben fallarse en equidad, criterio que resulta totalmente extraño y ajeno a las decisiones en derecho que emite esta corporación, por lo que, en consecuencia, en sede del recurso extraordinario de anulación, no pueden concederse o negarse de manera directa los aspectos propuestos en el pliego de peticiones, puesto que ello pertenece decidirlo a los árbitros como jueces naturales del conflicto.

Bajo este marco legal y jurisprudencial, la Corte se pronunciará sobre cada uno de los puntos objeto de inconformidad expuestos por la empresa recurrente, en los siguientes términos:

i) Falta de competencia de los árbitros por falta de legitimidad del sindicato para promover conflictos colectivos y prejudicialidad

Frente a la inconformidad de que en el presente asunto no existía competencia de los árbitros, dado que la organización Sintraime no podía afiliar a los trabajadores de PGI Colombia Ltda., ni presentar un pliego de peticiones, al tratarse de un sindicato de una industria diferente a la que pertenecía la empresa, la jurisprudencia reiterada de esta corporación ha sostenido que no está facultada como juez de anulación para examinar irregularidades o vicios que se hayan configurado en el trámite de la negociación colectiva, entre otros, el relacionado con la legitimidad de la asociación sindical para adelantar sus funciones por ilegalidad en la afiliación de los trabajadores, pues un asunto tal debe ventilarse a través de los mecanismos dispuestos por la legislación procesal del trabajo.

Asimismo, sobre este tipo de reproches, se ha dicho que, en todo caso, mientras no se deje sin efectos jurídicos la personería sustantiva de una organización sindical, no es posible poner en tela de juicio sus actuaciones como tampoco su idoneidad y su capacidad para promover conflictos colectivo del trabajo, tal como se deriva de los mandatos de los convenios 87, 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo -O.I.T., aplicables dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

Recientemente, en la sentencia SL7801-2016, la Sala asentó:

“Ya esta Sala de la Corte ha tenido oportunidad de fijar la orientación doctrinaria sobre su falta de competencia para pronunciarse sobre irregularidades o vicios que pudieron cometerse en el trámite del conflicto colectivo de trabajo, entre ellas las que tienen que ver con la habilitación del sindicato como persona jurídica, a menos que efectivamente carezca de la condición de sujeto de derecho con aptitud de contraer derechos y obligaciones. En sentencia de 25 de enero de 2011, radicación 40620, en un caso en el que el Ministerio del Trabajo revocó el acto administrativo que había ordenado la inscripción de la junta directiva del sindicato, se desestimó la objeción planteada por el empleador, en los siguientes términos:

Para declarar infundado este argumento de la parte recurrente, debe recordarse que la Corte tiene precisado que no es función suya al actuar como juez de anulación, ocuparse de irregularidades adjetivas o procesales que hubieran podido presentarse durante el desarrollo del conflicto colectivo, pues como anteriormente se dejó consignado, su labor se concreta en verificar la regularidad del laudo y que el tribunal no extralimite el objeto para el cual fue convocado, así como que el laudo no desconozca derechos de las partes reconocidos en la Constitución, las leyes o convenciones colectivas.

(…).

En Sentencia 41921 de 24 de mayo de 2010, en una controversia con temática más cercana a la que ahora concita la atención de la Sala, se dejó expuesto:

La cuestión referente a la ilegalidad de la afiliación de trabajadores de la empleadora al sindicato de industria Sinaltrainal es un aspecto que escapa al control de la Corte en sede de anulación, en cuanto involucra, en el fondo, la aptitud jurídica de esa organización sindical para adelantar sus funciones, lo que no puede ser elucidado al estudiarse el recurso de anulación, que, además, no es el medio legal para discutir las irregularidades que eventualmente se hayan podido presentar en las fases preliminares a la convocatoria del tribunal de arbitramento, pues tales aspectos deben ser discutidos en su oportunidad.

Con todo, importa anotar que esta Sala de la Corte, actuando en su función de juez constitucional de tutela ha considerado que mientras no se deje sin efectos la personería sustantiva de una organización sindical, no es posible poner en duda sus actuaciones jurídicas, como tampoco su idoneidad y capacidad para promover un conflicto colectivo de trabajo.

En la sentencia del 15 de septiembre de 2009, radicación 24753 se dijo por la Sala, por mayoría, lo que a continuación se transcribe:

“En efecto, en el asunto bajo examen, el referido organismo gubernamental certificó la existencia y vigencia del Sindicato SINTRAIME y el cambio de su razón social acorde con la reforma estatutaria que fue debidamente depositada. Por tanto, si cualquiera persona interesada o afectada intenta desconocer lo que el ministerio certifica dentro de sus atribuciones, la posibilidad que le queda es la de iniciar las correspondientes acciones, según el caso, en procura de su enervamiento, pero mientras tanto, tales actos jurídicos surten plenos efectos a la luz de la Constitución y la ley

(…).

“En consecuencia, frente a la presentación de un pliego de peticiones por parte de una organización sindical inscrita y vigente, certificada como tal por la autoridad competente, como la del asunto de marras, la empresa Fenoco S. A. no podía resistirse a iniciar las negociaciones directas cuestionando la capacidad y la idoneidad del sindicato promotor del conflicto, con el simple argumento de no ser una asociación relacionada con la actividad ferroviaria que desarrolla, pues esa situación bien podía ventilarla judicialmente en otros escenarios, sin que se pueda sustraer a sentarse en la mesa de discusiones, con lo cual se viola sin razón el derecho fundamental a la negociación colectiva, y al debido proceso, que como ya se anotó, aquella hace parte del fundamental de asociación sindical conforme a los artículos 23, 25, 29, 39, 53, y 55 de la Carta Mayor, 27 del D. L. 2351 de 1965, y el convenio 98 de 1949, de la OIT, con vigencia a partir de julio de 1951.

Por este mismo camino, resulta claro que, como se vio en párrafos anteriores, la Corte no tiene facultades legales para, en sede del recurso de anulación, entrar a examinar o revisar el pronunciamiento que hagan los árbitros, como jueces naturales del conflicto colectivo, respecto de una presunta prejudicialidad, tal como lo pretende la empresa recurrente, máxime que la negativa adoptada por la mayoría del tribunal respecto de la solicitud presentada por la empresa (fls.111-113 del cuaderno principal), se aviene al criterio de esta corporación, de conformidad con el cual los actos administrativos emitidos durante el proceso de negociación colectiva se presumen legales hasta que la jurisdicción competente declare lo contrario, por lo que permitir la suspensión del trámite arbitral lo único que conduce es a la dilación injustificada de la resolución definitiva del conflicto en desconocimiento del carácter trascendental y esencial de este tipo de controversias y de la paz y armonía que debe reinar entre las partes.

Sobre esta temática particular, en la Sentencia CSJ SL, 24 oct. 2002, rad. 20071, se sostuvo:

De otra parte, cabe reiterar que de conformidad con el riguroso marco de atribuciones que, al revisar la regularidad de un laudo arbitral, debe observar la Corte al decidir el recurso de anulación, atrás detalladas, no le compete verificar la pertinencia de las actuaciones aquí cuestionadas por el recurrente, como lo es la negativa a decretar la suspensión por efectos de la prejudicialidad del trámite correspondiente en espera de una decisión de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Con todo, precisa la Corte que si bien la prejudicialidad ha sido admitida en el procedimiento laboral, la naturaleza de los intereses en conflicto, el carácter protector de las normas laborales y el deber de los jueces de adelantar con celeridad los procesos laborales, ha determinado que ello sólo sea posible de manera excepcional, de modo que la sola circunstancia de hallarse en el sub júdice los actos administrativos relacionados con el asunto debatido, cuestionados ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, no conduce inexorablemente a la suspensión del procedimiento respectivo, habida consideración de que la presunción de legalidad de la cual gozan esos actos administrativos significa que deben ellos producir plenamente sus efectos jurídicos mientras no sean declarados ilegales por la autoridad competente y, en la eventualidad de ser posteriormente anulados, tal circunstancia podrá generar responsabilidad del Estado, pero sin que ello llegue a afectar las situaciones jurídicas consolidadas para las partes, porque sus efectos estarían supeditados en el tiempo a partir de la fecha en que se produzca tal decisión.

Con mayor razón, en tratándose de las actuaciones administrativas adelantadas en el trámite previsto por la ley para solucionar un conflicto colectivo iniciado por la presentación de un pliego de peticiones por los trabajadores a su empleador -- trámite del cual forma parte sin duda el procedimiento arbitral obligatorio-- ya que permitir su suspensión por existir controversia de alguno de los involucrados en el diferendo de intereses sobre la validez de alguna de esas actuaciones, equivaldría a permitir una injustificada dilación del desenlace del conflicto, con las graves implicaciones que ello traería respecto de los derechos económicos de las partes objeto del diferendo y, desde luego, frente a la paz laboral de la empresa; porque ello significaría legitimar el uso indebido de la institución procesal de “pleito pendiente”, en pro de la parte que quiera impedir la efectividad y entrada en vigencia del laudo durante todo el tiempo que se tome la jurisdicción de lo contencioso administrativo para su pronunciamiento.

Vistas así las cosas, resultan infundados los reproches planteados por la recurrente.

ii) Vicios de ilegalidad

— Puntos respecto de los cuales los árbitros se declararon inhibidos

En cuanto al reproche de que deben negarse expresamente los puntos sobre los cuales los árbitros se declararon inhibidos, cabe recordar que la Corte no tiene tal competencia como juez de anulación, pues no puede decidir de manera directa sobre los puntos del pliego de peticiones y no puede sustituir la decisión en equidad que deben emitir los árbitros sobre la controversia, pues, se itera, sus facultades solo están limitadas a i) verificar la regularidad del laudo arbitral, ii) que no haya extralimitación del tribunal respecto del objeto para el cual fue convocado, iii) que la decisión no vulnere derechos constitucionales o legales reconocidos a las partes, y iv) el laudo no sea manifiestamente inequitativo, de manera que la Corte no puede entrar a negar las peticiones respectivas del laudo.

Además de lo anterior, la Sala encuentra que la inhibición de los árbitros respecto de varios puntos se encuentra fundada, por cuanto no tenían competencia para pronunciarse sobre la jornada de trabajo y permisos remunerados que la empresa debía otorgar a los trabajadores (artículo séptimo del pliego de peticiones), al tratarse de aspectos concernientes a la gestión y administración de la empresa, según sus necesidades e intereses particulares, ni tampoco podían hacerlo sobre la comisión de reclamos (artículo sexto), dado que, según los términos en que estaba planteada en el pliego de peticiones, afectaba la facultad del empleador de imponer sanciones o efectuar despidos.

Asimismo, los artículos segundo del pliego de peticiones, sobre reconocimiento del sindicato como único vocero y representante legal de los trabajadores, tercero, relativo al campo de aplicación de la convención colectiva de trabajo y quinto, referido a la prohibición de despido con motivo de la negociación colectiva, constituyen aspectos regulados en la ley, por lo que no luce abiertamente equivocada la decisión del tribunal, pues su concesión o negativa en nada cambiaría el estado de cosas ordenado por la legislación.

En consecuencia, no es atendible el reproche planteado por la recurrente.

— Modalidades de contratos de trabajo y Copasst

Le asiste razón a la empresa recurrente en cuanto a que el artículo 1º del laudo arbitral debe anularse, pues allí se dispuso que los contratos de trabajo celebrados por la empresa durante la vigencia del laudo y para el desarrollo de sus actividades misionales, se realizarían bajo las modalidades de contrato a término indefinido, temporal o fijo, limitando de manera indebida la facultad que le asiste al empleador de contratar a los trabajadores mediante las diversas formas de vinculación contempladas por el legislador. En este sentido, la disposición excluye formas igualmente válidas como el contrato a labor u obra determinada o el trabajo a destajo, por lo que se impone su anulación.

En cuanto al artículo 2º de la decisión, que estableció algunos parámetros para la representación de miembros del sindicato en el Comité Paritario de Salud Ocupacional, así como su remuneración en jornadas no laborales, los árbitros carecían de competencia para disponer en tal sentido, por cuanto son aspectos que se encuentran definidos por el legislador, quien ha establecido la conformación, operación y funciones de dicho comité. En la sentencia SL9346-2016, sobre este particular asunto se dijo:

La conformación, operación y deliberación del comité paritario de salud ocupacional, así como la atención de emergencias y la práctica de exámenes médicos ocupacionales, son aspectos que están definidos por el legislador y no es al laudo arbitral al que le compete determinarlos. Frente a una cláusula de similares características, la Sala en la sentencia que ya fue rememorada CSJ SL, 22 en. 2013, rad. 53107, adoctrinó:

El copaso o comité paritario de salud ocupacional, según la ley, es un órgano de participación y apoyo de los trabajadores para el diseño y ejecución de las políticas y planes de materia de salud ocupacional, desarrollado en el Decreto 2013 de 1986, la Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de la Protección Social y artículo 21 del Decreto 1295 de 1994, en donde está previsto su conformación, operación y su relación con las autoridades de salud, definiéndose cuáles de los trabajadores de la empresa pueden ser sus miembros y en qué circunstancias, aspectos sobre los cuales no es al laudo arbitral al que compete definir su composición sino la legislador, por lo que tampoco sobre este punto era procedente la solicitud formulada por el recurrente de devolución del laudo para procurar un fallo adicional al respecto.

De conformidad con lo anterior, la Corte anulará los numerales 1º y 2º en tanto dispusieron aspectos esenciales del comité paritario de salud ocupacional, regulados por el legislador, y mantendrá en firme el numeral 3º, sobre entrega de ejemplares del reglamento interno de higiene y seguridad industrial a los trabajadores y al sindicato, al no haber sido objeto de reproche alguno por parte de la empresa recurrente.

En consecuencia, se anularán el artículo 1º y los numerales 1º y 2º del artículo 2º del laudo arbitral.

Auxilios y permisos remunerados extralegales

La Corte encuentra fundado el reproche de la empresa en cuanto a que los árbitros modificaron la petición del sindicato de auxilio por defunción, por cuanto, no obstante que éste solicitó un monto de $2.000.000 por cada fallecimiento, el tribunal concedió un auxilio superior, equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales, para la data en que fue proferido el laudo, esto es, el 1º de abril de 2016, ascendían a $2.068.365, de donde se impone obligatoriamente la anulación de este beneficio.

De igual forma, se excedieron los árbitros al conceder el obsequio por nacimiento, consistente en un coche paseador para la familia del trabajador cuando en ningún momento fue solicitado por la organización sindical en el pliego de peticiones (fls. 3-16 del cuaderno principal), de suerte que los árbitros no estaban habilitados para otorgar este beneficio, en virtud del principio de congruencia que gobierna el trámite arbitral en los conflictos colectivos del trabajo.

Sobre la posibilidad de que los árbitros emitan condenas ultra y extra petita, recientemente, en la sentencia CSJ SL, Rad.73262, esta Sala adujo:

Resulta claro que cuando el tribunal concedió el auxilio por muerte de padre, madre, esposa o compañera permanente e hijos del trabajador vulneró el principio de congruencia que cobija las actuaciones de los árbitros, según el cual éstos solamente pueden decidir sobre los puntos presentados en el pliego de peticiones, sin que estén legitimados para efectuar condenas ultra y extra petita, de suerte que, al no constituir dicho auxilio una de las aspiraciones de la organización sindical, según la documental de folios 52-59 del expediente, el tribunal no podía examinarlo, ni concederlo.

En sentencia CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 55501, sobre este punto se dijo:

“En sentencia de anulación del 1º de junio de 2005 radicado 25583, sobre la imposibilidad de los árbitros de fallar ultra petita, se sostuvo: “de tiempo atrás esta Sala de la Corte ha considerado que <el arbitramento debe respetar el principio de congruencia ( C. de P.C. art. 672-8 y 9) en su triple implicación: a) Absteniéndose de resolver en puntos no sujetos a su decisión, b) Considerándose imposibilitado para conceder ultra petita, es decir más de lo pedido; y C) Decidiendo todos los puntos planteados> (Sentencia de la Sala Plena Laboral del 19 de julio de 1982. Gaceta Judicial 2410)”.

En lo que concierne a los permisos remunerados para asistir a citas médicas, no le asiste razón a la empresa en su reproche, por cuanto, contrario a lo que alega, este tema sí constituye un conflicto económico, por cuanto no existe una norma previa dentro de la legislación laboral que disponga la obligación a cargo del empleador de concederlos y de manera remunerada, por lo que, entonces, al pretender los trabajadores la creación de una disposición que consagre esta garantía, el tribunal sí tenía competencia para examinar el punto. Igual se puede predicar del permiso remunerado de tres (3) días para contraer matrimonio, pues versó sobre un conflicto económico propuesto por los trabajadores, al no existir norma legal previa que lo consagrara, de donde fácil se puede predicar la competencia de los árbitros para definirlo.

Ahora bien, en relación con el auxilio por matrimonio, a pesar de que los trabajadores pretendieron un monto fijo de $500.000, los árbitros decidieron conceder (5) días de salario básico, lo cual implica que el beneficio quede condicionado a lo devengado por cada trabajador por este concepto y, por ende, en algunos eventos genere un monto superior al demandado por el sindicato, por lo que, en consecuencia, deberá anularse.

Finalmente, no estaban legitimados los árbitros para pronunciarse sobre el permiso para asistir al funeral de compañeros de trabajo, pues el artículo 57 del C.S.T. lo prevé como una de las obligaciones especiales del empleador (numeral 6º), además de que esta disposición fue objeto del examen por parte de la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C- 930 de 2009, en la que se declaró exequible ese aparte, en el entendido de que el tiempo empleado para este permiso no puede descontarse del salario, ni obligarse a compensarlo con trabajo, de manera que no podía el tribunal conceder el permiso en los términos que lo hizo en el literal e. del artículo 3º.

En consecuencia, se anulará el artículo 3 del laudo arbitral, en los literales a. (auxilio por defunción), b. (obsequio por nacimiento), d. parcial (en lo que tiene que ver con el auxilio por matrimonio) y e. (permiso para asistir al funeral de los compañeros de trabajo).

Regulación para aprendices del SENA

Ciertamente, la Ley 789 de 2002 reguló el contrato de aprendizaje como una forma de vinculación especial, diferente a la de naturaleza laboral, cuya finalidad primordial es permitir la formación teórico - práctica de una persona natural en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa en el oficio, actividad u ocupación, en este sentido, el objetivo de este tipo de contrato es la de facilitar la formación de ocupaciones dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero de la empresa, por lo que la mencionada ley no hace preferencias o distinciones a la hora de la vinculación.

Bajo este panorama, le asiste razón a la recurrente cuando afirma que la cláusula décima contraviene el sentido y finalidad del contrato de aprendizaje, pues dispone indebidamente que la empresa dará prelación a los hijos de los trabajadores. Sobre esta temática particular, ya la Corte se pronunció en la Sentencia SL9150-2015, en la que asentó:

Por demás, establecer, en la empresa, como criterio de selección a los aprendices el grado de parentesco con los trabajadores de la empresa, como lo prevé el parágrafo 2º del artículo al que se contrae el presente análisis, restringe, sin una justificación válida, la igualdad de oportunidades que reconoce el Convenio 111 de la OIT, en armonía con el artículo 13 de la Constitución, a todas las personas de acceder al empleo y a la capacitación, puesto que establecer un grado consanguinidad como criterio de selección de aprendices no es una condición necesaria para el ejercicio del cargo, por tanto no se adecúa a lo previsto en el nl.2 del artículo 1º del Convenio 111 mencionado que dice «Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación». A contrario sensu, las que no sean necesarias para el ejercicio del cargo, sí lo son.

En consecuencia, se anulará la cláusula décima del laudo arbitral.

Contenido administrativo de la cláusula 14

Carece de una fundamentación mínima la simple afirmación de la empresa referida a que la cláusula 14 del laudo arbitral tiene un contenido administrativo, lo cual, alega, es suficiente para su anulación, pues claramente la Corte no puede siquiera inferir cuál es el sentido y la fundamentación del reproche de la empresa. Sobre este particular aspecto, la Sala ha subrayado que quien acude al recurso extraordinario de anulación debe efectuar una sustentación mínima frente a los puntos respecto de los cuales mantiene una inconformidad, pues el juez de anulación no puede actuar oficiosamente y suponer las objeciones concretas de la parte interesada a partir de afirmaciones abstractas, vagas e imprecisas como las expresadas por la recurrente.

De todas formas, es de resaltar que el artículo 14 del laudo conoció de un punto económico, por cuanto allí se dispuso una garantía no existente en la legislación laboral, en cuanto señaló que los trabajadores incapacitados gozarían de los mismos beneficios legales y convencionales que los trabajadores activos y que, adicionalmente, la empresa, a través del departamento de bienestar social, ofrecería acompañamiento a los trabajadores ante las entidades de seguridad social para procurar el suministro de transporte de medicamentos, procedimientos y aparatos ortopédicos no cubiertos por el POS.

En consecuencia, no es atendible el reproche de la recurrente.

Indeterminación cláusula 21

Tal como lo aduce la recurrente, el artículo 21 del laudo arbitral carece de la determinación necesaria, pues dispuso que todas aquellas costumbres y beneficios que favorecieran en todo o en parte al trabajador y a la organización sindical seguirían vigentes, sin indicar de manera clara y precisa a cuáles hacía referencia, dejando en total ambigüedad la interpretación y aplicación de esta cláusula, máxime que la simple invocación genérica a la costumbre no prueba las prácticas reiteradas que constituyen fuente de derecho.

Sobre una norma de similares dimensiones a la examinada hoy por la Sala, en la sentencia CSJ SL, 2 may. 2012, Rad. 53128, se indicó:

Pasando al artículo 36°, que estipuló lo referente a mantener la Costumbre y derechos que benefician al trabajador, este precepto resulta inaplicable, porque los árbitros no definieron o especificaron cuáles son los derechos que la empleadora viene reconociendo a sus trabajadores por costumbre, no siendo la simple invocación genérica prueba de lo usual en la empresa o de la pluralidad y continuidad de determinadas prácticas adoptadas que desarrollen una regla o sean fuente de derecho, y en estas circunstancias no es posible disponer la aplicación y obligatoriedad de la costumbre de la manera que lo hicieron los árbitros, debiéndose anular.

En consecuencia, se anulará el artículo 21 del laudo arbitral.

iii) Vicios por inconstitucionalidad. Desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del artículo 48 de la Carta Política.

Se queja la empresa recurrente de haber incurrido el tribunal en desconocimiento del principio de la sostenibilidad financiera establecido en el artículo 48 de la Carta Política, pues el artículo 13 del laudo arbitral impone obligaciones que ya se encuentran en cabeza del sistema general de seguridad social integral.

Contrario a lo aducido por la recurrente, los auxilios consagrados en el artículo 13 del laudo son beneficios que no están contemplados en la ley del sistema general de seguridad social integral, tales como el auxilio por muerte del trabajador al familiar más cercano en un monto de $5.000.000 de pesos, la póliza de seguro de vida tomada por la empresa para amparar a los trabajadores por un valor de treinta (30) veces su salario básico mensual y el subsidio otorgado para medicina prepagada en un 80% para el trabajador y su grupo familiar, de suerte que tratándose de prestaciones a cargo del empleador, cuya finalidad es la superación de mínimos legales y cuya fuente de financiación es diferente a la del sistema de seguridad social, no hay fundamento para predicar que afectan el principio de sostenibilidad financiera del sistema.

Sobre la facultad de los árbitros de imponer obligaciones en materia de seguridad social, en la Sentencia SL8157-2016, esta Sala señaló que los árbitros tienen competencia para pronunciarse sobre mejoras en el campo del derecho a la seguridad social, a condición de que ello no comporte una extralimitación en las funciones del tribunal, en cuanto i) no puede desconocerse el mandato del Acto Legislativo 01 de 2005; ii) no se provoquen alteraciones o desajustes en la estructura, organización y funcionamiento de los subsistemas de seguridad social; y iii) no se imponga al empleador cargas y prestaciones que por mandato corresponde a las entidades del sistema como por ejemplo los servicios del POS.

Entonces, como quiera que con las pólizas y auxilios mortuorios extralegales, el tribunal no desconoció el mandato del Acto Legislativo 01 de 2005, ni provocó alteraciones o desajustes a la estructura, organización y funcionamiento de los subsistemas de seguridad social, ni impuso cargas y prestaciones al empleador que correspondan de manera exclusiva a las entidades del sistema, es por lo que los árbitros tenían plena competencia para imponerlos y, en consecuencia, no es atendible el reproche de la empresa recurrente.

iv) Vicios por manifiesta inequidad

No es cierto como lo señala la empresa que el tribunal haya estimado los intereses de una sola de las partes, por cuanto de la lectura general del laudo se observa con claridad que se fundamentó en la equidad entre las partes o en el reconocimiento previo de derechos por parte del empleador, tal como lo era el caso de los aumentos salariales, los documentos aportados tanto por la empresa como por el sindicato, la afectación económica de PGI Colombia en el año 2011, entre otras razones, que muestran que los árbitros tomaron una decisión en equidad para las partes y no para favorecer a una sola de ellas.

En cuanto al alegato referido a que la empresa no puede asumir cargas económicas que conduzcan a su liquidación, la Corte observa que el análisis financiero de PGI Colombia que obra a folios 30- 31 del cuaderno 2, permite concluir que si bien la empresa reportó pérdidas en el año 2011 por un monto equivalente a $23.018.730, en los años 2010, 2012, 2013 y 2014 no las tuvo y, por el contrario, generó ganancias, lo cual basta para predicar que la concesión de beneficios económicos a los trabajadores no la pondrá en un riesgo latente que la conduzca a un estado liquidación, aun si aquéllas pudieran juzgarse como modestas.

De esta manera, las pruebas allegadas al expediente no acreditan las afirmaciones genéricas de la empresa recurrente, relativas a que el negocio al que se dedica es altamente sensible al mercado y presenta variaciones mes a mes, por lo que no encuentra acreditada una manifiesta inequidad en la decisión.

Permisos sindicales

En relación con el otorgamiento de permisos sindicales por parte de los árbitros, la jurisprudencia de esta Sala ha indicado que éstos pueden concederlos, siempre y cuando i) su finalidad sea exclusivamente para atender responsabilidades inherentes al ejercicio del derecho de asociación; ii) que sean razonables y proporcionados; iii) que no afecten el normal funcionamiento de la empresa; iv) que tengan un carácter transitorio; v) y que estén plenamente justificados.

Así, en la Sentencia SL9347-2016, sobre esta temática se indicó:

La Corte ha sostenido que los árbitros gozan de facultades para pronunciarse sobre el otorgamiento de permisos sindicales remunerados para atender las responsabilidades inherentes al ejercicio del derecho de asociación y libertad sindical, en la medida que resulten razonables y proporcionados. En sentencia de anulación CSJ SL17654-2015, 24 nov. 2015, al respecto se precisó:

(…) ha de recordarse que desde la sentencia de anulación del 28 de octubre de 2009 rad. 40534, reiterada en sentencias SL8693-2014 y CSJ SL 8896-2015, ha señalado la Sala que los árbitros pueden regular permisos sindicales remunerados para atender las responsabilidades inherentes a la ejecución del derecho de asociación y libertad sindical, siempre y cuando la decisión resulte razonable y proporcionada.

Se dijo en la última de las citadas, que el tribunal de arbitramento deberá tener en cuenta, en cada caso particular, entre otros aspectos, «que su concesión no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento, que no sean de carácter permanente, que tengan plena justificación, que sea sólo para atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical y, que esa decisión resista un juicio de razonabilidad y proporcionalidad, así como que el permiso sea racional y equitativo».

A la luz de este criterio jurisprudencial, la Sala pasa a examinar si los permisos sindicales ordenados por el tribunal de arbitramento desconocen las exigencias jurisprudenciales para su imposición.

En primer lugar, la Corte encuentra que el contenido del permiso para miembros de Junta Directiva que se dispuso en el literal a. del artículo 4º del laudo quedó abierto e indeterminado, por cuanto no se especificó por cuánto tiempo sería el mismo, sino que simplemente se indicó que se otorgaba con el fin de que acudieran a una (1) reunión ordinaria y hasta dos (2) extraordinarias al mes, de donde se impone la anulación de lo establecido por los árbitros, por no avenirse a las exigencias jurisprudenciales atrás mencionadas.

En cuanto al permiso para atender diligencias inherentes a la organización sindical, encuentra la Sala que no se encuentra lo suficientemente determinado para dar una adecuada aplicación, por cuanto se estipuló para dos (2) trabajadores designados por la organización sindical hasta por veinte (20) horas al mes, lo cual, como lo deja ver el alegato de la empresa recurrente, no fija si dichas horas son para cada uno de los trabajadores o son para ambos de manera concurrente.

Y aun si se entendiera que el permiso para atender diligencias inherentes a la organización sindical fuera de veinte horas (20) para los dos (2) trabajadores, luciría injustificado y desproporcionado, por cuanto implicaría un permiso de 240 horas al año para un sindicato que tiene 46 afiliados de un total de 200 trabajadores que tiene la empresa, según consta en el folio 56 del cuaderno principal, esto es, menos de una cuarta parte del total.

En el mismo sentido, sobre el permiso para eventos sindicales, los árbitros omitieron indicar si los tres (3) días dos (2) veces al año eran para los dos (2) trabajadores en concurrencia o separado para cada uno de ellos, por lo que esta indeterminación e imprecisión no permitirá una adecuada aplicación de la cláusula, imponiéndose, entonces, su anulación.

Por esta misma línea, resulta improcedente la imposición de pasajes aéreos o terrestres y viáticos para el permiso para eventos sindicales, puesto que, anulado éste, dichos beneficios pierden su razón de ser, al haber señalado los árbitros que estaban establecidos para los trabajadores que salieran elegidos para asistir a los eventos de carácter sindical.

Como consecuencia de lo anterior, se anulará el artículo 4 en su integridad, que contempló los permisos sindicales remunerados.

— Beneficio para monturas y auxilio de educación

El artículo 8º del laudo arbitral estableció que la empresa reconocería el 80% del valor de la montura para lentes del trabajador, previa presentación de dos (2) cotizaciones, omitiendo señalar cuál es la entidad encargada para su formulación y cuál es el tope mínimo y máximo de las cotizaciones que se pueden presentar, lo cual impide una adecuada aplicación de la norma extralegal, pues deja totalmente abierta y ambigua la interpretación de su contenido.

Sobre este punto particular, en la Sentencia SL17368-2015, se señaló:

“Pese a que son varios los cuestionamientos que eleva el recurrente frente a este beneficio, para dar paso a la nulidad de la disposición conforme lo solicita el recurrente, basta señalar que el tribunal al otorgar tal prerrogativa, omitió precisar aspectos fundamentales para su procedencia, lo que a juicio de la Corte no responde a los criterios de razonabilidad y equidad a que ha hecho alusión de manera reiterada la jurisprudencia de esta Sala.

(...).

Así mismo, conforme lo aduce la empresa empleadora, el artículo objeto de estudio no hace distinción en cuanto a la entidad o profesional de la salud de quien debe provenir la formulación de las gafas, pues simplemente refiere «cuando sean formuladas al trabajador».

Lo anterior, pone de presente con meridiana claridad que la disposición arbitral no ofrece la claridad necesaria para su aplicación, ambigüedad que por ser contraria al sentido de la equidad que debe darse al interior de las relaciones laborales subordinadas, conduce a la anulación.

Sobre la importancia de que las cláusulas del laudo arbitral sean lo suficientemente claras, se pronunció la Corte en la Sentencia SL8693-2014, rad. N° 59713, que a su vez trajo a colación la providencia CSJ SL, 28 feb. 2012, rad. 49867, en la que si bien se trató un tema diferente al que ahora ocupa la atención de la Sala, se impone su recordación, dado que ante las cláusulas ambiguas o indeterminadas, adoctrinó:

(…).

Puesto en otras palabras, como el tribunal al dictar el inciso primero del artículo tercero, no aclaró qué se debe entender por «de buena calidad», ni especificó de quién debía provenir la formulación de las gafas, evidente resulta que tal disposición es abierta e indeterminada y, por tanto, contraria a los criterios de equidad, razonabilidad y proporcionalidad.

En cuanto al auxilio de educación, contemplado en el artículo 9º del laudo, no se puede determinar con facilidad si los once (11) días de salario son por todos los hijos del trabajador o por cada uno de ellos, como parece entenderlo la empresa recurrente, ambigüedad que resulta suficiente para ordenar su anulación, además que si se entendiera que dicho beneficio es para todos los hijos del trabajador, en todo caso, luce desproporcionado para un sindicato que solo cuenta con 46 afiliados de un total de 200 trabajadores.

Vistas así las cosas, se anularán los artículos 8º y 9º del laudo arbitral impugnado.

Reproches genéricos contra los artículos 15 y 16 del laudo.

Se duele la empresa de que los artículos 15 y 16 del laudo arbitral, relativos a auxilio de alimentación y deporte y cultura, son inútiles e inequitativos. Sin embargo, esta afirmación genérica de la recurrente no está acompañada de una sustentación mínima a fin de que la Sala entre a examinarla en debida forma, por lo que lo afirmado por la recurrente no es de recibo.

Incrementos salariales

La Sala encuentra que el aumento general de salarios dispuesto en el artículo 18 del laudo no es manifiestamente inequitativo o irrazonable, pues solo dispuso un incremento del 1.23% sobre el IPC certificado por el DANE al 31 de diciembre de 2015 (6.77), para completar un total de 8.0%, de suerte que el porcentaje adicional otorgado por la empresa lo que busca es mejorar la situación de los trabajadores en cuanto a la variación de precios al consumidor, lo cual no se observa desproporcionado, pues no existen pruebas que acrediten que la empresa se encuentra en una difícil situación económica que le impida asumir el mencionado reajuste.

Por consiguiente, no es atendible lo alegado por la recurrente.

v) Vigencia del laudo

No le asiste razón a la empresa en cuanto a que la vigencia del laudo debió establecerse desde su ejecutoria, pues esta posición no se aviene al criterio de esta sala, según el cual la vigencia de la decisión arbitral comienza desde su expedición, al no tratarse en estricto rigor de una sentencia judicial, tal como se advirtió en la Sentencia SL17654-2015.

En consecuencia, no es de recibo el reproche de la recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: Anular los artículos 1º, 2º (numerales 1º y 2º), 3º, literales a, b, d, en lo que tiene que ver con el auxilio por matrimonio y e, 4º, 8º, 9º, 10 y 21 del laudo arbitral recurrido.

Segundo: No anular las demás disposiciones impugnadas del laudo arbitral.

Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta judicial y envíese el expediente al Ministerio de Trabajo para lo de su competencia.

Magistrados: Gerardo Botero ZuluagaJorge Mauricio Burgos RuizFernando Castillo CadenaClara Cecilia Dueñas QuevedoRigoberto Echeverri BuenoLuis Gabriel Miranda BuelvasJorge Luis Quiroz Alemán.