Sentencia SL3180-2016 de marzo 9 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL3180-2016

Rad.: 49582

Acta 08

Bogotá, D. C., nueve (09) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia gravada, en cuanto revocó los numerales 1º y 4º de la decisión del juzgador a quo y absolvió al Instituto de las pretensiones de la demanda y de las costas. En sede de instancia pide se confirmen dichas condenas y se revoque el numeral 2º y se condene de acuerdo a lo solicitado en la demanda inicial; se revoque el numeral 3º y se admita la competencia para condenar a la ESE José Prudencio Padilla.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados en oportunidad por el Instituto demandado.

VI. CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia por la vía directa “en el concepto de infracción directa de los artículos 16, 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003, artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 2º modificado por la Ley 712 de 2001 artículo 1º numeral 1º del Código Sustantivo del Trabajo, y Seguridad Social, artículos 39, 53 de la Constitución Política”.

En el desarrollo, luego de transcribir apartes de los artículos 16 y 17 del Decreto 1750 de 2003, argumentó la impugnante:

Entonces de acuerdo con este precepto, por regla general los servidores de las empresas sociales del Estado (ESE) creadas por el Decreto 1750 de 2003 son empleados públicos, y la excepción son aquellos que laboren en el mantenimiento de la planta física hospitalaria, en servicios generales, a condición de que no sean directivos, que serán trabajadores oficiales. Recuérdese que la demandante tuvo como último cargo el de auxiliar de servicios asistenciales (higienista oral). 

Si bien es cierto la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA no fue parte en la negociación que dio origen a la Convención Colectiva de Trabajo, y menos la suscribió, ello no quiere decir a que dicha convención no se aplique a la aquí demandante, como si se aplicaba a esta cuando prestaba sus servicios al ISS, porque el Decreto 1750 de 2003 previo en cuanto al régimen salarial y prestacional según el artículo 18. ‘En todo caso se respetaran los derechos adquiridos se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas’. La convención colectiva de Trabajo conserva toda su vigencia, dado que la definición prevista en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 cobija todos los derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el tiempo que fueron pactadas. 

Más adelante agrega:

También el sentenciador de segundo grado, se insubordina contra el artículo 2º modificado por la Ley 712 de 2001 artículo 1º numeral 1º del Código Procesal Laboral y Seguridad Social, como quiera que es la justicia ordinaria laboral la competente para conocer de esta clase de acciones, cuando el origen de los derechos es una convención colectiva de trabajo, aun cuando su naturaleza, sus beneficiarios sean empleados públicos. Como lo ha dicho esa misma Corporación e incluso esa misma sala. 

VII. RÉPLICA

El Instituto opositor se pronunció respecto de los tres cargos en forma conjunta y adujo que tenían defectos de técnica, porque sus razonamientos no confrontan lo que dedujo el tribunal, ni se individualizan los errores ostensibles de la sentencia. Aseveró que la pretensión encaminada a que el Instituto cubra la pensión de jubilación convencional no tiene cabida, porque al momento del retiro del servicio la actora estaba vinculada a la ESE José Prudencio Padilla como empleada pública, por lo que la controversia debió ser adelantada ante la jurisdicción contencioso administrativa. Por lo tanto, el juzgador interpretó de manera correcta las disposiciones que regentan la materia.

VIII. CARGO SEGUNDO

Acusa la sentencia por la vía directa “en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 16, 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003, lo que condujo a la falta de aplicación siendo del caso hacerla del (sic) y el artículos 69, 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo, y del artículo 2º modificado por la Ley 712 de 2001 artículo 1º numeral 1º del Código Sustantivo del Trabajo y Seguridad Social”.

Esgrime en la demostración, que el juzgador dio a las normas acusadas una interpretación contraria a su contenido, porque ellas respetaron los derechos adquiridos.

Después expone:

Las normas convencionales y demás derechos se consolidaron, como en el caso de la demandante, en la convención colectiva de trabajo que rigió en principio del año 2001 al 2004 recogió y reguló la expectativa pensional de quienes a lo largo de su vinculación con el ISS acumularon más de 20 años, como primer requisito pero que con el devenir del tiempo las edades consagradas en la convención —segundo requisito—, se consolidaron siendo empleados públicos en la (ESE) JOSÉ PRUDENCIO PADILLA. Es ahí entonces cuando para estos efectos es inexistente la sustitución patronal entre las dos entidades. Para el segundo requisito la demandante es ubicada en la planta de personal de una entidad diferente que la despoja de la calidad de trabajadora oficial y la convierte en empleada pública, impidiéndole ser cobijada por el amparo extralegal frustrando su expectativa a una mesada pensional muy superior a la reconocida. 

IX. CARGO TERCERO

Acusa la sentencia por la vía indirecta “en el concepto de aplicación indebida de los artículos 16, 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003, respecto de los artículos 69 del Código Sustantivo del Trabajo 467 y 468; 39, y 53 de la Constitución Política”.

Para sustentar la acusación manifiesta el censor, que el tribunal se equivoca al afirmar que los empleados públicos no pueden beneficiarse de una convención colectiva de trabajo.

Transcribe apartes de los artículos 16 y 17 del Decreto 1750 de 2003 y añade que la convención colectiva debe ser aplicada en este caso, porque la normatividad acusada cobija los derechos derivados de dichos acuerdos.

Luego dice:

El sentenciador de segundo grado, de haber aplicado la Convención Colectiva de Trabajo, le debió reconocer los derechos deprecados, por la demandante, si se tiene en cuenta que la finalidad de las convenciones colectivas de trabajo ‘es fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia’. Es un error darle aplicación a los artículos 16, 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003, restringiéndolo solo a las prestaciones sociales causadas o las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, pues el tiempo de servidores del ISS que pasan a las ESE se tendrán sin solución de continuidad, esto es que la vinculación laboral continua vigente no se da por terminada por el fenómeno administrativo creado por dicho decreto, no es aceptable por tanto que la convención colectiva de trabajo suscrita por el ISS dejara de producir todo su vigor, por el solo hecho de que el ISS se fraccionara en otras personas jurídicas. De rechazarse la aplicación de la convención colectiva de trabajo sería desconocer un acuerdo bilateral por voluntad de una de las partes y de contera vulnerar el derecho de asociación sindical. Tampoco es de recibo que una de las partes derogara a su arbitrio los beneficios y derechos que da al trabajador la convención colectiva de trabajo, que le es legalmente aplicable. 

Por último alega que el tribunal cometió un error al no darle aplicabilidad a las normas convencionales que regían para los trabajadores del Instituto que luego pasaron a las ESE´s, que la ley y la jurisprudencia han considerado como derechos adquiridos.

X. CONSIDERACIONES

La Corte procederá al estudio conjunto de los tres cargos que se elevan contra el fallo del Tribunal, en atención a que presentan similar elenco normativo y pretenden idéntico objetivo, y se enderezan por la misma senda, pues no obstante que el tercer cargo se dice orientado por la vía fáctica, en realidad plantea aspectos jurídicos relativos a la aplicabilidad de la convención colectiva frente a los empleados públicos, por la existencia de derechos adquiridos protegidos por los artículos 16 y 17 del Decreto 1750 de 2003.

No se discute en el sub lite, que la demandante prestó sus servicios al Instituto de Seguros Sociales desde el 22 de septiembre de 1975 hasta el 25 de junio de 2003; que en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1750 de 2003, a partir del 26 de junio de ese año, fue incorporada automáticamente a la planta de personal de la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla, donde estuvo vinculada hasta el 31 de octubre de 2004, fecha en la que se le reconoció la pensión de jubilación mediante Resolución nº 000951 de 2004. Que nació el 24 de octubre de 1953.

Precisada la anterior situación fáctica que se entiende admitida por el recurso dada la orientación jurídica de los ataques —pues como ya se explicó el tercer cargo en realidad contiene una acusación de esa estirpe—, advierte la Corte que el tribunal en la sentencia gravada no desconoció derecho adquirido alguno de los referidos en los artículos 16, 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003, puesto que para el 26 de junio de ese año, fecha en que entró en vigor esta normatividad (Diario Oficial Nº 45230), y en virtud de la cual operó el cambio de naturaleza jurídica del vínculo de la demandante de trabajadora oficial a empleada pública, ella no tenía un derecho adquirido a la pensión de jubilación convencional sino apenas una expectativa de consolidar esa prestación. En efecto, para ese momento no había cumplido uno de los requisitos para causar la pensión de jubilación, en atención a que la edad de 50 años exigida por la norma convencional en el caso de las mujeres la cumplió el 24 de octubre de 2003, después de operada la escisión del Instituto y cuando ya ostentaba la calidad de empleada púbica. En otras palabras, mientras fue trabajadora oficial no estructuró el derecho, por lo que no puede hablarse de derechos adquiridos en los términos de las normas acusadas, por lo que no incurrió el tribunal en los yerros jurídicos que se le atribuyen.

Sobre este particular tema, resultan pertinentes las consideraciones expuestas en la Sentencia CSJ SL, 23 de julio 2009, radicación 35399, por medio de la cual esta Corporación en ejercicio de su labor hermenéutica fijó el alcance del artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, así:

De conformidad con el tenor literal del artículo trascrito, los servidores que pasaron a ser empleados públicos de las ESE, se regirán por el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del nivel nacional, lo que excluye la posibilidad de aplicar a estos servidores el régimen propio de los trabajadores oficiales que tenían antes de la escisión del Instituto de Seguros Sociales. 

La Corte Constitucional para declarar inexequible la expresión o definición concerniente a lo que se debería entender por “derechos adquiridos” que contenía el citado artículo 18, según la sentencia de constitucionalidad C-314 de 2004, en lo que interesa al recurso de casación, en esencia se fundó en lo siguiente: 

‘(...) Ya que la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico que rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella, aquella es fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha convención conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definición prevista en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del ámbito de protección de tales derechos de conformidad con el contexto constitucional y, por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jurídico. 

De conformidad con lo dicho, esta corporación estima que la expresión (........) es inconstitucional por restringir el ámbito constitucional de protección de los derechos adquiridos, el cual, como se vio, trasciende la simple definición contenida en el artículo 18 (resalta y subraya la Sala).’ 

De lo anterior se sigue, que la Corte Constitucional consideró que dentro de los “derechos adquiridos” que se debían respetar a quienes pasaran a ser empleados públicos de las empresas sociales del Estado, por razón de la escisión del Instituto de Seguros Sociales, estaban también comprendidos aquellos que se derivaran de la convención colectiva de trabajo, pero lógicamente que se tratara de situaciones jurídicas consolidadas antes de la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003, los cuales debían cubrirse hasta por el tiempo en que fueron pactados. 

Además, nótese que la mencionada motivación, cuando se refiere a quienes están cobijados por la convención colectiva, alude exclusivamente a los “trabajadores” para el caso oficiales, y por consiguiente lo resuelto por esa alta Corporación no puede conllevar a que se entienda que dichos servidores o empleados públicos de las ESE se puedan beneficiar de ahí en adelante indistintamente de prerrogativas convencionales y menos sobre derechos que no se causaron cuando éstos ostentaban la condición de trabajadores oficiales. 

Bajo esta órbita, la vigencia del convenio colectivo de trabajo en relación a quienes por mandato legal se les cambió la naturaleza del vínculo laboral, y frente a derechos no adquiridos ni consolidados, no va más allá del momento en que mutaron de trabajadores oficiales a empleados públicos. 

Adicionalmente, es pertinente precisar, que como no es factible jurídicamente aplicarle a un empleado público una norma convencional, máxime que la fuente legal de esta clase de derechos que lo es el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, se refiere expresamente a que las condiciones a fijar regirán son los “contratos de trabajo”; se colige que los empleados públicos de la empresa social del Estado Rafael Uribe Uribe, que a partir de la escisión del ISS que se produjo el 26 de junio de 2003 dejaron de estar vinculados por una relación contractual laboral, como ocurrió con la demandante, no pueden beneficiarse de la convención colectiva de trabajo; salvo que de conformidad con el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, se trate de un derecho adquirido ya sea legal o convencional que se hubiera consolidado con antelación a la escisión del Instituto de Seguros Sociales y bajo la condición de trabajadora oficial; que no sería el caso del reconocimiento o reliquidación de la pensión de jubilación implorada en esta litis en los términos del artículo 98 convencional, por haberse causado el derecho como atrás se dijo el 16 de diciembre de 2004 siendo la accionante empleada pública. 

Por consiguiente, tratándose de un empleado público de las ESE, los derechos consolidados o causados después de la entrada en vigencia del tantas veces mencionado Decreto 1750 de 2003, no es dable otorgarlos teniendo como fuente la convención colectiva de trabajo. 

Finalmente, en lo que incumbe a la sentencia de exequibilidad C- 349 del 20 de abril de 2004, cabe decir que por virtud de que la misma se remite a lo expuesto en la Sentencia C-314 de 2004, sirven las mismas consideraciones para estimar que el respeto de los derechos adquiridos que allí se mencionan, se concibe en los términos antes expresados. 

Los anteriores criterios jurisprudenciales permiten concluir que el tribunal no se equivocó cuando concluyó que a partir de la fecha en que la actora adquirió la condición de empleada pública no se encontraba cobijada por la convención colectiva de trabajo y, por ende, no podía aspirar válidamente a que se le liquidara la pensión de jubilación con el 100% de lo devengado en aplicación del artículo 98 convencional, teniendo en cuenta que no consolidó el derecho pensional mientras tuvo la calidad de trabajadora oficial.

Debe señalar la Sala que el cargo de auxiliar de servicios asistenciales (higienista oral), que era el desempeñado por la demandante, no encaja dentro de la excepción prevista en el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, que prevé que conservaban la calidad de trabajadores oficiales no obstante su paso a las ESE’s. “Los servidores que sin ser directivos desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y servicios generales,...”.

Por último, advierte la Corte, que en principio no tiene competencia la jurisdicción ordinaria para pronunciarse respecto de las reclamaciones laborales de los empleados públicos derivadas de esa relación legal y reglamentaria, por lo que tampoco se equivocó el tribunal al abstenerse de conocer de las pretensiones alusivas al lapso posterior al 25 de junio de 2003 cuando la actora ostentaba la calidad de empleada pública, cuyo conocimiento es del resorte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En Sentencia CSJ SL9114-2014, la Corporación reiteró este criterio en alusión a otra providencia de la cual no citó radicado, en los siguientes términos:

(...) como regla general, la jurisdicción laboral no tiene competencia para resolver controversias laborales respecto de empleados públicos, condición que, como se dijo, ostentaba el promotor del pleito al momento de su desvinculación definitiva del servicio público.  

Ahora bien, es cierto que el Juzgado de conocimiento declaró no probada la falta de competencia bajo el entendido de que lo reclamado en el proceso era la declaración de la existencia de una relación laboral regida por un contrato de trabajo. Pero ello en modo alguno significa que si, contrariamente a lo alegado en la demanda inicial, en el proceso se demostró que el demandante tuvo dos relaciones jurídicas diferentes, una como trabajador oficial y otra como empleado público, los falladores de instancia no pudieran pronunciarse sobre su competencia para solucionar las controversias surgidas de la segunda relación. 

Por las razones anteriores, no prosperan los cargos.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente y en favor del Instituto como único opositor. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 3’250.000,oo. Por Secretaría tásense las demás costas.

XI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veintisiete (27) de mayo de dos mil diez (2010), por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por F... E... L... H... contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA, ambas en liquidación.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Gabriel Miranda Buelvas, presidente de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno».