Sentencia SL3202-2015 de marzo 18 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL3202-2015

Radicación 51082

Acta 8

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., dieciocho de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte actora, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la casación total de la sentencia para que, en sede de instancia, se confirme la dictada por el juzgado y se provea en costas como corresponda.

Plantea tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados.

VI. Cargo primero

Lo plantea en los siguientes términos: “Acuso la sentencia impugnada, en la modalidad de interpretación errónea del artículo (sic) 25, 26, 27 y 30 del Decreto 758 de 1990, en relación a los artículos 42 y 48 de la Constitución Política y otros del Decreto Reglamentario 1160 de 1989 artículos 4º, 5º, 6º”.

Copia todos los preceptos denunciados y dice que conforme al referido Decreto 1160 el derecho del cónyuge sobreviviente se pierde cuando existe disolución de la sociedad conyugal o separación legal y definitiva, o no existiere vida en común, salvo el caso de hallarse en imposibilidad de hacerlo por abandonar el hogar sin justa causa o habérselo impedido, también cuando cesan los efectos del matrimonio religioso, y que incluso desde la propia Ley 12 de 1975, lo que se impuso determinar fue en quien recaía la culpa.

En ese orden reprocha que el tribunal no hiciera un correcto discernimiento entre lo que significa una separación legal, de las dificultades propias en la comunidad de vida, dando a entender que la convivencia no fue permanente y singular esto es que la pareja viva conjuntamente proporcionándose ayuda y socorro mutuo, lo cual posibilita que ambos compartan todos los aspectos y avatares propios de la cotidianidad.

Refiere que el ad quem desatendió el sentido de las normas denunciadas, puesto que solo le bastó decir que al momento del deceso no estaban juntos, sin tener en cuenta que ello no solo ocurrió por la determinación unilateral de la cónyuge, que no le permitió regresar y que, en todo caso esa disputa, en razón de las discrepancias en la manera de educar a su único hijo no era definitiva para una ruptura del vínculo matrimonial.

Se remite a las declaraciones recibidas en el trámite ordinario e insiste que un problema doméstico como el que se demostró fue el que se presentó, no podía sacrificar un derecho en favor del actor quien demostró, en todo momento, haber velado por su esposa, y buscar la reconciliación de una circunstancia que para ellos fue momentánea.

Acude al concepto de separación de cuerpos, y refiere que el artículo 42 de la Constitución Política también debió servir de norte para emitir la determinación de fondo. Que “no existió el rompimiento de la vida en común pues el demandante siguió cumpliendo con la dirección conjunta del hogar, continuó con su domicilio, pues tal como se declaró en los testimonios Oscar de Jesús Bedoya Estrada, Rosmira Gallego Marín, Carlos Alexander Álvarez Cano, Luz Marina Zapata Herrán, él siguió pendiente de su casa, no sacó nada de su hogar, y solo se refugió en la casa de la mamá Margarita, por un tiempo, no se fue para donde otra mujer”.

Añade que la vida en común supone compartir “casa, mesa y lecho” y que incluso tras el “conflicto domiciliario” el demandante “salía primero a su casa a cambiarse y luego salía a trabajar, para luego subir a su hogar y entregar el producto de su trabajo de ese día, provocaba la reconciliación y pudo cuidarla y protegerla en su enfermedad y fallecimiento por lo que no se dio la conceptualización material de lo que es una separación entre estos esposos, pues se siguió compartiendo casa, mesa y lecho, ya que se continuó con esa comunidad de vida, compartiendo los avatares de la vida, afectos, cariño, familia, económicos y de salud y eso es lo que conforma una familia”.

Luego de insistir en los argumentos atrás descritos se remite al contenido de las decisiones de esta Sala de la Corte, CSJ SL 5, abr, 2005, rad. 22560 y 25, oct, 2005, rad. 24235.

VII. Cargos segundo y tercero

Acusa la sentencia del tribunal por “violación indirecta, por error de hecho, por falta de apreciación de la prueba, en el concepto de aplicación indebida del artículo 25, 26, 27, 30, del Decreto 758 de 1990, Decreto 1160 de 1989, 4º, 5º, 6º, 7º, normas vigentes para el fallecimiento del asegurado”.

Una vez copia el artículo 27 del Decreto 758 de 1990, dice que es equivocada la inferencia del ad quem, en punto a que no se demostró que existiera divorcio o separación legal de cuerpos o de bienes, pues durante más de 15 años conformaron una familia, y para soportarlo acude, en apoyo, a diversas sentencias de esta corporación.

Además de lo señalado en la primera acusación indica que todas las pruebas aportadas, y también de los testimonios recibidos, no quedaba duda que la pareja mantuvo vida en común, con las dificultades propias que esta entraña; que el producto del trabajo de cotero, en la plaza mayorista, lo utilizaba para sus obligaciones en el hogar, y que todos los testimonios eran coincidentes en que siempre fue responsable y respetuoso.

Que la investigación administrativa que efectuó el ISS fue la que dedujo equivocadamente una separación, cuando constaba que no había sido su responsabilidad, además de que se trataba de una situación pasajera y que ello quedó incorporado en las resoluciones que le negaron el derecho.

VIII. Réplica

Refiere que son evidentes los defectos de técnica que presentan las tres acusaciones, e incluso el texto íntegro de la demanda la cual, anota, no cumple con el requisito de ser breve y sucinta, y además carece de la claridad requerida, también cuestiona la equivocación en la modalidad de violación que se insertó como “error de hecho”, no obstante considera que tales deficiencias serán inadvertidas por esta Sala.

Aduce que el soporte del juzgador fue el de que al momento del deceso no existía vida marital, y que al ser un asunto meramente fáctico no era dable acudir a la vía jurídica y que como el fallo se erigió en la valoración que se hizo de los testimonios, prueba no calificada en casación, por mandato de la Ley 16 de 1969, no era posible la infirmación.

IX. Consideraciones

Para responder al opositor debe decirse que el rigor y la estrictez que le fue dada al recurso de casación, cuando se insertó en la jurisdicción del trabajo, se justificó en la aplicación de una figura netamente civilista, concebida como mecanismo de vigilancia celosa frente a la aplicación de las leyes por parte de los juzgadores de instancia, y ello conllevó a que se incorporaran unas reglas técnicas que permitieran demostrar si se concretó una equivocación de tal connotación que conllevara a su quebrantamiento. Con posterioridad dicho instrumento judicial resultó aún más eficaz para procurar la unificación de la jurisprudencia y de esa manera cohesionar el derecho desde la más alta esfera de la justicia en materia laboral.

Luego y tras las dificultades de acceso que suponía la casación, el Decreto 2651 de 1991, expedido después de la Constitución Política de ese mismo año, definió en su artículo 51 que ya no sería necesaria una proposición jurídica completa de las normas relacionadas con el asunto, en tanto con solo una de ellas sería suficiente para emprender su estudio, también definió que de existir un cargo con acusaciones que debieron plantearse en varios, era menester dividirlos y proceder a su estudio separadamente o que cuando, por el contrario aquellos se formularan en distintos, de oficio se integrarían y se resolverían en conjunto, y de ser incompatibles se considerarían los argumentos que atendieran los fines del recurso por violación de la ley que “a su juicio guarden adecuada relación con la sentencia impugnada, con los fundamentos que le sirven de base, con la índole de la controversia específica … con la posición procesal por el recurrente adoptada en instancia y, en general, con cualquiera otra circunstancia comprobada que para el propósito indicado resultare relevante”. Dicha norma fue convertida en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, momento para el cual a la jurisdicción del trabajo también se había integrado la seguridad social. A todo ello se añade la modificación que se insertó a la ley estatutaria de la administración de justicia que habilitó a que la Sala seleccionara decisiones, no solo para el control de legalidad sino también para la protección de derechos constitucionales fundamentales, de manera que la transformación que ha venido teniendo este medio judicial no obedece a razones distintas que el cumplimiento de tales mandatos.

Precisamente, en amparo de lo anterior, esta Sala procederá al estudio conjunto de los cargos que, aun cuando en verdad no son un modelo a seguir, permiten advertir que el objeto fundamental de debate y el reproche que se le hace a la decisión de segundo grado es no haber acreditado dos puntos relevantes, cuales son la ausencia de una separación definitiva al momento del fallecimiento de María Bertha Cano Vanegas, el 29 de noviembre de 1992, y en todo caso el hecho de que no fue culpa del actor esa situación.

Aunque la mayoría de las probanzas utilizadas por el ad quem fueron las declaraciones que se recibieron en el proceso, las cuales no constituyen prueba calificada en casación, lo cierto es que también se apoyó en la investigación administrativa realizada por la propia demandada e incorporada al trámite judicial, en la que se señala que “Los motivos de esta separación fueron el reclamo y la pela que le dio el peticionario a su hijo Carlos Alexander, por lo tanto el señor Luis Carlos se alejó de su casa pretendiendo regresar posteriormente, pero la señora Castro Vanegas le impidió su regreso, impidiendo hacer vida en común … Carlos Alexander hijo manifiesta que tiene muy buena relación con su padre, le colabora cuando tiene forma, fue buen esposo y cumplía con todas las obligaciones del hogar, había tranquilidad familiar porque ellos eran muy calmados y rara vez discutían, agregando que su madre fue la culpable de la separación y el único motivo de esta fue la pela que le propino su padre”.

Es evidente que la conclusión fundamental del juez plural fue la de que “no quedó establecido en esta instancia, y al contrario de lo que consideró el a quo, fue en cabeza de quien radicaba la culpa de la separación de los cónyuges, pues al actor no le bastaba con afirmar en la demanda que la misma recaía sobre la causante sin demostrarlo dentro del proceso, cuando a él y solo a él le correspondía acreditar el supuesto de hecho de sus pretensiones”. Sin duda tal inferencia fue abiertamente equivocada, porque tal como lo destacó el propio juzgador cuando acudió al contenido de la investigación administrativa del ISS atrás reseñada allí estaban las razones por las cuales al momento del deceso no convivían y en tal sentido correspondía determinar si dicha circunstancia conllevaba o no a la pérdida del derecho, sin que fuera posible afirmar, como se hizo, que no se demostró la causa para que al momento en que falleció María Bertha Cano no estuvieran juntos.

Esta Sala de la Corte, entre otras, en decisión CSJ SL 39641 de 15 de febrero de 2011, frente a un asunto similar, consideró: “… es ineludible al cónyuge o compañero permanente la demostración de la existencia de convivencia derivada del vínculo afectivo con el pensionado o afiliado al momento de su fallecimiento y, por lo menos, durante los cinco años continuos antes de este. De perderse esa vocación de convivencia, al desaparecer la vida en común de la pareja o su vínculo afectivo, deja de ser miembro del grupo familiar del otro y en esas circunstancias igualmente deja de ser beneficiario de su pensión de sobrevivientes. No obstante el juzgador debe analizar, en cada caso, en la medida en que puede suceder que la interrupción de la convivencia obedezca a una situación que no conlleve la pérdida del derecho. La convivencia entre los cónyuges no desaparece por la sola ausencia física de alguno de ellos, cuando ello ocurre por motivos justificables, como de salud, oportunidades u obligaciones laborales, imperativos legales o económicos, entre otros”.

Por tanto era menester del juzgador determinar si, la circunstancia de que las partes hubieran discutido, en relación con la manera de educar a su hijo, tenía la virtualidad de romper definitivamente la relación de pareja y de contera lo que supone la vida en común.

Para esta Sala de la Corte, en la familia, como componente fundamental de la sociedad, pueden presentarse circunstancias o vicisitudes que de ningún modo pueden tener consecuencias en el mundo de lo jurídico, como cuando desacuerdos propios de la pareja conllevan a que de manera transitoria no compartan el mismo techo, pero se mantengan, de manera patente, otros aspectos que indiquen que, inequívocamente no les interesa acabar con la relación, es decir que el vínculo permanece.

En tal orden, para esta Corte el juez plural adoptó una determinación equivocada y por ello procede su quebrantamiento.

X. Sentencia de instancia

La apelación de la parte pasiva se erigió fundamentalmente en punto a la convivencia, y en ella destacó que desde el inicio el demandante afirmó que existió una separación con su esposa, razón que estima fundamental para que no procediera el otorgamiento de la pensión.

Cabe destacar que en el proceso se encuentra acreditado que Luis Carlos Álvarez y María Bertha Cano se unieron en matrimonio civil desde el 10 de junio de 1977, según consta a folio 21 y que esta última percibía, además de la pensión de vejez, incrementos por cónyuge e hijo a cargo, que se soportaron en las declaraciones que militan de folios 19 a 20.

De aquellas se desprende que quien percibió salario, en razón de su oficio de confección fue Bertha Cano, pues su cónyuge fue cotero de la plaza de mercado y carecía de alfabetización.

En las declaraciones que se incorporaron a la investigación administrativa realizada por el ISS, obra la manifestación del hijo, Carlos Álvarez Cano, en la que dice que el distanciamiento de los padres se originó en el castigo que le fue propinado, y que duró de 4 a 5 meses, tiempo en el cual mantuvo contacto con él; así mismo destacó que “mi papá fue y es buen padre y buen esposo y el no tuvo la culpa de la separación, ella fue la que le dijo que se fuera”; también relató que desde esa situación aquel se fue a vivir donde la abuela y que sufrió un derrame cerebral.

Tal situación la corrobora la madre del demandante, también analfabeta, en la que destaca que la separación se dio porque “él le dio un chanclazo a su hijo, ella lo echó por eso … él iba allá para regresar con ella, pero ella no lo recibía y era supremamente cantaletosa, ella decía que no vivía con él porque como él le dio ese chanclazo a ese muchachito lo echó, lo echó … lo que hace que ella murió él está conmigo y vive allá de un todo y por todo”.

Una de las vecinas, María Angélica Pérez Sánchez narró que la separación obedeció por la reprimenda que el actor le propinó al hijo, pero que él continuó con sus obligaciones, al punto que “ella mandaba por las cosas a la plaza, porque él siempre ha trabajado en la mayorista”.

En su testimonio, Rosmira Gallego Marín narró que conocía al demandante desde 1979, cuando eran vendedores ambulantes, y de ahí su amistad, que se mantuvo con el tiempo, que aquel jamás le comentó sobre la separación, y que nunca le conoció otra pareja.

Al rendir el hijo la declaración en el trámite judicial indicó que su mamá falleció en noviembre de 1992 “ella de un momento a otro se agravó y en cuestión de dos meses de un momento a otro se murió, ella tenía problemas del corazón, nosotros mi papá y yo estábamos pendientes de ella, él mi papá estuvo al frente de ella hasta el día que la llevamos al hospital”. Y añadió que finalmente sus padres terminaron viviendo juntos.

Luz Marina Zapata Herrón, quien adujo ser la concuñada del actor y también vecina, relató que “ellos tuvieron problemas cuando él le pegó una pela al hijo entonces él se fue unos diitas (sic), él se fue para donde la mamá como diez o quince días pero él iba a diario a la casa a vestirse … ella se enfermó de un momento a otro, ella murió del corazón, ella se fumaba por ahí dos paquetes de cigarrillos al día … el la llevó al Hospital al Seguro de Itagüí, ella duró como tres días hospitalizada a mí me tocó con él y con el hijo por el cadáver de ella”. Al cuestionársele sobre las razones por las que no vivieron juntos indicó que “yo sepa ellos tuvieron un problema no de separación ni nada, sino que tuvieron un problema porque él le pegó al hijo muy feo, pero él, Carlos, el papá se fue para donde la mamá de él y mejor dicho dormía allá donde la mamá, pero él siempre iba a cambiarse y a llevarles comida”.

Uno de los compañeros de trabajo del demandante, Oscar de Jesús Bedoya Estrada, dijo que siempre que salían de trabajar aquel le indicaba que se iba para donde su esposa y que nunca se dio cuenta de la separación “a pesar de que éramos tan amigos … yo tengo entendido que ellos vivían porque él me decía hoy voy para la casa o me voy con la bolsa de legumbres porque hoy no bajó la señora, ahora más tarde hablamos”.

Tales versiones son contestes además en que Luis Carlos Álvarez fue un hombre trabajador, y entregado a la familia, a quien incluso después del fallecimiento de su esposa no se le conoció mujer, que siempre fue calmado y respetuoso.

Para esta Sala no hay duda que ese disgusto que existió en la pareja no tuvo la virtualidad de quebrantar la familia, y que la intempestiva muerte de María Bertha Cano impidió que superaran el malentendido o incluso la diferencia frente a la crianza de su único hijo, pero que el vínculo de la pareja tuvo vocación de permanencia, por encima de la coyuntura que apenas fue temporal y pasajera.

Por demás no podía tomar el Instituto de Seguros Sociales, en forma textual, la afirmación del actor de que estaban separados, pues justamente lo que se pretendió explicar desde el inicio es que era una situación coyuntural, no relevante frente al matrimonio que había perdurado 15 años, y en todo caso debió tener en cuenta que quienes fueron llamados a testificar sobre el asunto eran personas que no tenían por qué conocer los alcances jurídicos que luego fueron utilizados para negar el derecho, incluso por que la mayoría no tenía siquiera la instrucción académica básica, aspecto que era fundamental para poder entender las afirmaciones por ellos vertidas.

Ninguna de las declaraciones se contraponen, pues cada una, a su manera, y desde el lugar que ocupaban en la vida de los cónyuges, indicaron que la diferencia por la crianza del hijo único los llevó a una pelea, de carácter transitorio, al punto que el actor iba todos los días a cambiarse a su casa y nunca siquiera le comentó a sus amigos y compañeros de trabajo más allegados sobre esa situación, lo que reafirma que en momento alguno consideró que existiera una ruptura de pareja, de manera que no es posible darle los efectos de la pérdida del derecho, porque para la Sala aquí no hubo una separación definitiva.

Así mismo no resulta acertada la afirmación de la demandada de lo sospechosa de la situación al no reclamar a tiempo la pensión, en principio porque ello no puede constituirse como un indicio, y además porque en razón a que el demandante estimó que la pensión radicaba en la familia no hizo manifestación alguna hasta que cesó el pago tras la mayoría de edad del hijo y comprendió que debía gestionarla.

Por tales razones no se equivocó el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín al imponer el pago de la pensión de sobrevivientes y por ello se confirmará la sentencia de 9 de noviembre de 2009, en su integridad.

Sin costas en el recurso en el recurso extraordinario; en las instancias a cargo de la demandada.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el cinco (5) de noviembre de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Luis Carlos Álvarez contra el Instituto de Seguros Sociales.

En sede de instancia se confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín de 9 de noviembre de 2009.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»