Sentencia SL3302-2014/46325 de marzo 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL3302-2014

Radicación: 46325

Acta 08

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., doce de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Corte

Dada la vía escogida para el ataque debe ponerse de presente que no se controvierten los siguientes supuestos fácticos que dio por sentados el tribunal: Que el señor José Ignacio Londoño Palacio, cónyuge de la demandante, estuvo vinculado laboralmente con la Universidad de Antioquia durante el periodo comprendido entre el 7 de julio de 1966 y el 22 de febrero de 1981, fecha de su deceso.

En esencia, el cargo pretende que a un hecho sucedido el 22 de febrero de 1981, como lo fue la muerte del causante, se apliquen unas normas legales (L. 797/2003, arts. 12 y 13) que entraron a regir el 29 de enero de 2003. Es decir, la censura postula la aplicación retroactiva de tales textos legales, en fuerza de que la propia ley, al impulso del principio de favorabilidad, permite el rompimiento de otro principio, el de la irretroactividad normativa, en aras de beneficiar a la parte débil en la relación laboral y, en tránsito por esa vía, alcanzar el fin superior de hacer prevalecer sus derechos.

La Corte no comparte este planteamiento jurídico de la censura, puesto que las normas sobre trabajo y seguridad social producen efecto general inmediato, de manera que están llamadas a gobernar relaciones jurídicas que se encuentren en ejecución o en curso al momento en que aquellas comiencen su vigor jurídico, pero nunca a afectar las ya consumadas o extinguidas.

En esa dirección, esta Sala de Casación Laboral ha adoctrinado, con reiteración, que la norma llamada a regir la pensión de sobrevivientes es aquella que se encuentra vigente para la fecha en que se produce el deceso del trabajador o afiliado, dado el efecto general inmediato de las leyes sociales, para lo cual pueden consultarse las sentencias de esta Sala de la Corte, de fechas 15 de mayo de 2013, radicado 39559, 30 de abril de 2013, radicado 45815 y 24 de abril de 2013, radicado 40523, entre muchas otras.

En la última de las providencias aludidas se expresó:

Pues bien, puestas así las cosas, fácil resulta decir que el tribunal incurrió en los desatinos jurídicos que le achaca la recurrente, pues, no empece el indiscutible efecto general e inmediato que informa la aplicación de la ley laboral y de la seguridad social en el tiempo, previsto en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, que la reviste del carácter de orden público, y que se traduce, para los efectos de la pensión de sobrevivientes, en que la norma que rige dicha prestación es la vigente al momento del fallecimiento del causante pensionado o afiliado, dejó de aplicar al caso, siendo aplicable, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, dado que era la disposición vigente al 7 de abril de 2007, por aplicar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, cuando quiera que dicha normativa había sido subrogada desde el 29 de enero de 2003, cuando entró a regir la señalada preceptiva de la Ley 797. Por ese camino, entonces, aplicó indebidamente al caso el citado artículo 47 de la Ley 100 de 1993, pues extralimitó el ámbito de su vigencia, habida cuenta de que desde la referida fecha ya no regulaba las prestaciones derivadas de la muerte de los pensionados o afiliados al sistema general de pensiones del sistema de seguridad social integral.

Por mandato categórico del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, las disposiciones legales de trabajo, y también las de la seguridad social, carecen de efecto retroactivo y, por tanto, no tienen virtud para disciplinar situaciones jurídicas definidas o consumadas al amparo de leyes anteriores. En consecuencia, no pueden proyectar su imperio a relaciones o situaciones jurídicas agotadas o consumadas al abrigo de preceptivas anteriores.

Como lo ha explicado la Sala, “deben imponerse a todas las situaciones jurídicas que existan cuando comienzan su vigencia y a los efectos jurídicos que se deriven de ellas en el futuro; mas no deben afectar aquellas relaciones o situaciones que han quedado definidas o consumadas conforme a leyes anteriores” (CSJ SL, 22 Sep. 1997, Rad. 9876).

Importa mencionar, de otra parte, que esta Sala de la Corte, en sentencia del 2 de mayo de 2012, radicado 40438, ha señalado que el principio que veda el efecto retroactivo de los textos legales del trabajo y de la seguridad social no hace crisis frente al principio de favorabilidad, enfocado en la plausible perspectiva de solucionar el conflicto o la duda sobre la aplicación de normas vigentes del trabajo y de la seguridad social, inclinándose por privilegiar la más favorable al trabajador o al afiliado o beneficiario de la seguridad social.

De tal manera que principio de favorabilidad opera en presencia de dos preceptivas legales con vocación para regular una determinada situación jurídica, en razón de su coexistencia, es decir, de conservar su vigor jurídico o, en términos del artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, de estar vigentes en un momento determinado y frente a una precisa y concreta situación jurídica.

Resulta claro, entonces, que el principio de favorabilidad no está llamado a extender su espectro jurídico en el tránsito legislativo, esto es, de una norma que desaparece de la escena jurídica y el surgimiento de otra que pasa a gobernar situaciones jurídicas no definidas al alero de la primera.

En tal sentido, el principio de favorabilidad no es aplicable al caso de autos, porque los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, no estaban vigentes al momento en que ocurrió el deceso del trabajador, pues otra norma legal, el artículo 1º de la Ley 12 de 1975, era el que imperaba a la sazón y, por tanto, con idoneidad jurídica para disciplinar la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del causante.

En conclusión, el tribunal no incurrió en los yerros jurídicos de que lo acusa la censura, por lo que el cargo no prospera.

Sin costas en casación dado que no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 12 de marzo de 2010, dentro del proceso ordinario laboral que María Rosmira Bedoya de Londoño promovió contra la Universidad de Antioquia.

No se causaron costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».