Sentencia SL361-2018 de febrero 21 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL361-2018

Rad.: 46729

Acta 06

Bogotá, D.C., veintiuno y uno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

EXTRACTOS: «IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

VIII. CONSIDERACIONES

Por dirigirse el ataque por la vía de puro derecho, se encuentran por fuera de discusión los siguientes supuestos fácticos: i) que la señora Rose Nelly Baud nació el 25 de diciembre de 1942; ii) que la demandante era beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y, iii) que las semanas hasta ahora cotizadas por la promotora del proceso en toda la vida laboral ascienden a 427, de las cuales 424 corresponden a los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad, es decir, entre el 25 de diciembre de 1977 y el 25 de diciembre del 1997.

1. Lo primero que ha de precisar la Sala, es que no obstante la equívoca redacción del fallo gravado cuando afirma «existe responsabilidad patronal por causa de la omisión de afiliación y cotización al sistema de seguridad social en pensiones en el término que va desde el entre (sic) el 12 de febrero de 1979 hasta el 10 de septiembre de 1984, así como, los aportes dejados de realizar desde el 21 de febrero al 9 de agosto de 1990, del 1 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 1995, periodos que se demostró la accionante prestó sus servicios a la Universidad Tadeo Lozano bajo un contrato de trabajo», lo cierto es que del contexto de la decisión surge que en realidad el Tribunal entendió que se trató de varios contratos de trabajo por periodos académicos.

Esto refulge con aseveraciones posteriores hechas por el juzgador colegiado tales como: La responsabilidad patronal se refleja en la obligación de emitir un título pensional correspondiente al traslado del cálculo actuarial sobre los tiempos dejados de cotizar que se contabilizaran continuos desde del 12 de febrero de 1979 al 31 de diciembre de 1982 y del 1 de enero al 10 de septiembre de 1984, desde el 21 de julio al 9 de agosto de 1990 y del 1º de enero de 1994 al 31 de diciembre de 1995, dado que si bien contrataron a la demandante por periodos académicos los aportes deben realizarse sobre el periodo calendario, sin incluir la anualidad de 1983 pues no obra prueba sobre la prestación del servicio en esa época, como erróneamente lo encontró el a quo. De lo anterior surge nítido que para el sentenciador colegiado no hubo prestación del servicio por lo menos, en el año 1983, y que la contratación era «por periodos académicos».

De la constatación precedente emerge también, que el razonamiento del ad quem fue jurídico, cuando estimó que no obstante la vinculación mediante varios contratos de trabajo por periodos académicos, los aportes a pensiones debían ser por periodos calendario. Y si bien, no hizo referencia expresa a precepto legal alguno, es dable entender que dio aplicación al artículo 284 de la Ley 100 de 1993, por lo que es admisible la proposición jurídica, máxime que involucra el artículo 33 ibídem, que prevé el pago de títulos pensionales con fundamento en el cálculo actuarial en el caso de los empleadores omisos, que fue en últimas, la condena fulminada contra la universidad demandada.

Debe recordarse que en virtud de la flexibilización de este recurso extraordinario, es suficiente con señalar por lo menos una disposición sustantiva de orden nacional que contenga el derecho reclamado, o que constituya la base esencial del fallo o haya debido serlo, sin que sea menester integrar una proposición jurídica completa.

2. No discute la entidad recurrente en esta acusación, que por los periodos que tuvo vigencia la contratación laboral, pesara en su disfavor la obligación de pagar el cálculo actuarial que le impuso la sentencia acusada, por la afiliación tardía y el incumplimiento del deber de cotizar. Su inconformidad se centra en que la condena a reconocer el valor de dicho cálculo actuarial se haya impuesto tomando como base el periodo calendario, y de manera continua, no obstante que la demandante había sido vinculada laboralmente por periodos académicos, con intervalos entre los distintos contratos de trabajo donde no hubo prestación efectiva del servicio.

Esgrime el impugnante que el juzgador no podía dar aplicación al artículo 284 de la Ley 100 de 1993 para fechas anteriores a su vigencia, y argumenta que en razón a lo consagrado en el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo, los contratos laborales con los profesores de establecimientos particulares de enseñanza se debían entender celebrados por el período escolar. En consecuencia, las cotizaciones a la seguridad social antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, se debían efectuar por el período escolar y no por el período calendario.

3. Observa la Sala que en efecto, la mayor parte de los periodos laborados por la demandante, respecto de los cuales hubo omisión de la universidad en el cumplimiento del deber de afiliación, son anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que no se rigen por lo dispuesto en el artículo 284 de dicha normativa.

Ahora bien, teniendo en cuenta que se halla demostrado en el sub lite, que la relación laboral de la demandante con la universidad convocada a proceso, no fue continua, sino regida por distintos contratos de trabajo hora catedra, y con una intensidad horaria inferior al medio tiempo, no encuentra la Corte ajustada a la ley, la condena dispuesta por el tribunal al no existir norma que la respalde.

En principio, la obligación de afiliar y cotizar a la seguridad social en el caso de los trabajadores dependientes, surge precisamente de la existencia de esa relación subordinada, y opera mientras ella dure.

En el caso de los docentes vinculados a instituciones privadas de educación superior, estima la Sala que cuando presten sus servicios mediante contrato de trabajo por hora cátedra y su intensidad horaria sea inferior a la de un profesor de medio tiempo, no resulta razonable ni proporcional imponer la carga patrimonial al empleador de cotizar por el periodo calendario, siendo lógico que cubra las obligaciones frente a la seguridad social, por el tiempo de vigencia de la relación laboral, es decir, por el periodo efectivamente laborado y de acuerdo con la remuneración percibida, y sobre esas bases se deben cuantificar los aportes, o como en el sub examine, el cálculo actuarial.

Esto es así, porque en los eventos de profesores hora cátedra, vinculados con contrato de trabajo con una baja intensidad horaria, implica disponibilidad del docente para el ejercicio de otras actividades laborales al servicio de otros empleadores o de manera independiente.

La Corte Constitucional en la Sentencia CC C-517/99 cuando declaró parcialmente inexequible el artículo 106 de la Ley 30 de 1992, por la cual se organizó el servicio público de la educación superior, puntualizó que los docentes hora cátedra que se entienden vinculados por contrato de trabajo, tienen derecho a percibir las prestaciones sociales y derechos laborales reconocidos por la ley, en forma proporcional al tiempo laborado.

4. Para la Corte, el tribunal en el sub lite incurrió en un yerro jurídico, porque condenó a la Universidad empleadora, en favor de la demandante, a la emisión de un título correspondiente al cálculo actuarial de los lapsos que van desde el 12 de febrero de 1979 al 31 de diciembre de 1982, y del 1º de enero al 10 de septiembre de 1984, desde el 21 de julio al 9 de agosto de 1990 y del 1º de enero de 1994 al 31 de diciembre de 1995, por periodos calendario, «sin importar la intensidad horaria de su labor». Esto, no obstante estar demostrado que la labor no fue continua, y que su vinculación se dio mediante varios contratos de trabajo hora cátedra y con una intensidad inferior al medio tiempo. Así las cosas, se imponía al juzgador precisar la vigencia de cada uno de los contratos y la remuneración realmente percibida, para de esa manera realizar el cálculo actuarial, de forma proporcional, y de acuerdo con el periodo académico efectivamente laborado; como no lo hizo de esa manera, la decisión debe ser quebrantada.

No puede olvidarse que la ley faculta a las instituciones privadas de educación superior, la contratación de docentes por hora cátedra y por períodos académicos. La Ley 30 de 1992, preceptúa en el artículo 106:

ART. 106.—Las instituciones privadas de educación superior podrán vincular profesores por horas cuando su carga docente sea inferior a la de un profesor de medio tiempo en la misma universidad, bien sea mediante contratos de trabajo o mediante contratos de servicios, según los períodos del calendario académico, y su remuneración en cuanto a honorarios se refiere, corresponderá a lo pactado por las partes; pero que en ningún caso podrá ser inferior al valor de cómputo hora resultante del valor total de ocho (8) salarios mínimos dividido por el número de horas laborables mes. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia CC C-517/99.

Si bien esta norma es posterior a los periodos contractuales que aquí interesan, es un parámetro válido en el rasero de proporcionalidad y razonabilidad al cual se acude, por tratarse de una carga patrimonial adicional de los empleadores de docentes.

La equivocación de la sentencia resultó trascendente, máxime que las pruebas en que se apoyó el fallador y cuyo contenido expresamente admitió, y que la Corte debe analizar en instancia, dan cuenta de que la actora no ejerció su labor en forma continua, sino que estuvo vinculada por contratos de trabajo «por la duración de una labor determinada y concreta, en calidad de Profesora de Cátedra». En los periodos académicos de los años 1979, 1980 y 1981 prestó servicios hora cátedra por 16 horas semanales, sin superar las 240 horas semestrales. En el primer periodo de 1982 prestó 20 horas semanales y 300 semestrales. En el primer periodo de 1984, 8 horas semanales y 120 semestrales. En el segundo periodo de 1984, trabajó 8 horas semanales y 90 semestrales.

Cabe aquí recordar que esta Corporación en la Sentencia CSJ SL646 de 2013, señaló que:

La falta de afiliación o la afiliación tardía del trabajador al sistema general de pensiones, para el cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y muerte, no acarrea rigurosa e inexorablemente a cargo del empleador remiso el pago de la prestación que hubiere otorgado dicho sistema en el evento de haberse cumplido con la obligación de inscribirlo. (sic) lo anterior porque, a no dudarlo, existen eventos en los cuales el empleador debe reparar el perjuicio de una forma diferente al de asumir directa y exclusivamente la pensión o, incluso, hay situaciones en donde al empleador no le corresponda adjudicarse ninguna carga económica.

En el sub examine el tribunal impuso a la Universidad Jorge Tadeo Lozano el pago del cálculo actuarial, porque juzgó era lo procedente en este caso, lo cual como se indicó al inicio de estas consideraciones, no fue discutido en el recurso, y de todas maneras ha sido avalado por la Corte, incluso en la Sentencia CSJ SL646 de 2013, recién citada, cuando afirmó:

El parágrafo 1º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el 33 de la Ley 100 de 1993, dispone: 

‘(...) Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta: 

(...) d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador. 

En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional’. 

En reciente decisión del pasado 20 de marzo, radicación 42.398, la Sala, en línea de doctrina, señaló que dado que la prestación, bajo estudio, no se causó antes de la Ley 100 de 1993, su expectativa de pensión está regulada por esta disposición y sus modificaciones.  

Por tanto, se dijo, que la consecuencia para el empleador omiso de afiliar a sus trabajadores o, en caso de una afiliación tardía, a la luz del artículo 9º de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, no es otra que pagar el capital correspondiente al tiempo dejado de cotizar necesario para financiar la pensión por vejez, establecido desde la vigencia del precitado artículo 6º del Acuerdo 189 de 1965, aprobado por el Decreto 1824 del mismo año. Entonces, debe responder con el traslado a la entidad pensional del valor del cálculo actuarial liquidado en la forma indicada por el Decreto 1887 de 1994 a satisfacción de la entidad que recibe, como quedó atrás dicho. 

Sin embargo, en virtud del principio de proporcionalidad, en los eventos de los docentes vinculados hora cátedra cuando su carga laboral sea inferior a la de un profesor de medio tiempo, por las razones ya expuestas, los parámetros para realizar ese cálculo deben estar acordes con la forma en que en la realidad se llevó a cabo la contratación laboral, los términos en que tuvo vigencia y la remuneración percibida.

Por lo dicho, prospera el cargo.

IX. CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia impugnada de violar por vía indirecta por aplicación indebida el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990; artículos 1º, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 31, 32, 33 y 36 de la Ley 100 de 1993; artículo 106 de la Ley 30 de 1992.

Asevera que las anteriores violaciones se dieron a causa de los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el año de 1995, realizó las cotizaciones de la señora Rose Nelly Baud correspondientes al sub-sistema de pensiones administrado por el ISS. 

2. Dar por probado, contra la evidencia, que la Universidad Jorge Tadeo Lozano, no cotizó al sub-sistema de pensiones en el año de 1995, los aportes correspondientes a la señora Rose Nelly Baud. 

3. No dar por demostrado, estándolo, que en el año de 1995, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en lo correspondiente a los aportes de la demandante, cumplió sus obligaciones para con el sistema de seguridad social. 

4. Dar por demostrado, contra la evidencia, que para los dos periodos de 1994, la demandante tenía contrato laboral con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

5. No dar por demostrado, estándolo, que los dos periodos de 1994, estuvieron regulados mediante contrato de prestación de servicios. 

Asegura que los anteriores yerros se presentaron por la errónea valoración de las siguientes pruebas:

1. Relación de novedades de afiliación y cotizaciones al ISS (fls. 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del cdno. ppal.). 

2. Autoliquidación de aportes al ISS correspondiente a enero de 1995, junto con la planilla de relación de trabajadores por los cuales se cotizó (fls. 129 y 130, repetido a fls. 186 y 187). 

3. Autoliquidación de aportes al ISS correspondiente a febrero de 1995, junto con la planilla de relación de trabajadores por los cuales se cotizó (fls. 131 y 132, repetido a fls. 188 y 189). 

4. Autoliquidación de aportes al ISS correspondiente a marzo de 1995, junto con la planilla de relación de trabajadores por los cuales se cotizó (fls. 133 y 134, repetido a fls. 190 y 191). 

5. Autoliquidación de aportes al ISS correspondiente a abril de 1995, junto con la planilla de relación de trabajadores por los cuales se cotizó (fls. 135 y 136, repetido a fls. 192 y 193). 

6. Autoliquidación de aportes al ISS correspondiente a mayo de 1995, junto con la planilla de relación de trabajadores por los cuales se cotizó (fls. 137 y 138. repetido a fls. 194 y 195). 

7. Autoliquidación de aportes al ISS correspondiente a julio de 1995, junto con la planilla de relación de trabajadores por los cuales se cotizó (fls. 139 y 140, repetido a fls. 196 y 197). 

8. Autoliquidación de aportes al ISS correspondiente a agosto de 1995, junto con la planilla de relación de trabajadores por los cuales se cotizó (fls. 141 y 142, repetido a fls. 198 y 199). 

9. Autoliquidación de aportes al ISS correspondiente a septiembre de 1995, junto con la planilla de relación de trabajadores por los cuales se cotizó (fls. 143 y 144, repetido a fls. 200 y 201). 

10. Autoliquidación de aportes al ISS correspondiente a octubre de 1995, junto con la planilla de relación de trabajadores por los cuales se cotizó (fls. 145 y 146, repetido a fls. 202 y 203). 

11. Autoliquidación de aportes al ISS correspondiente a noviembre de 1995, junto con la planilla de relación de trabajadores por los cuales se cotizó (fls. 147 y 148, repetido a fls. 204 y 205). 

12. Certificado obrante de fls. 32 a 39. VI. 

DEMOSTRACIÓN:

Señala que acepta la prestación del servicio por parte de la demandante en el primer y segundo periodo de 1995, pero reprocha que el Tribunal concluyera que en esta data existió omisión en la cotización a pensiones; alega que el juzgador valoró las planillas obrantes a folios 129 a 148, pero pasó por alto que en dichas documentales constaban los aportes realizados en 1995.

Asegura que el ad quem incurrió en un error evidente al estimar que en el año de 1995 no se cumplieron con los aportes de la señora Rose Nelly Baud, pues de las planillas de autoliquidación de aportes al ISS se apreciaba que existió cotización por los dos periodos de esta anualidad, esto es, para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.

A reglón seguido, esgrime que el tribunal valoró de manera equivocada las novedades de afiliación y cotizaciones en pensiones al ISS (fls. 23 a 28), pues asegura que:

[...] el que allí no figuren las cotizaciones a pensiones por el periodo de 1995, ello de ninguna manera puede interpretarse como ausencia de cotización, ya que en todas las planillas de liquidación de aportes debidamente selladas y recibidas con pago por el banco, se aprecia que en el año de 1995, sí se efectuaron los aportes a pensiones. 

Finalmente, señala que el juzgador de segunda instancia no tuvo en cuenta que en los dos periodos de 1994 la demandante tenía contrato de prestación de servicios; discute que en la constancia de folio 38 se encontraba que la actora tuvo para esta fecha un vínculo de prestación de servicios y no un contrato laboral, y por esto, el tribunal no podía establecer el nexo laboral en este periodo, y tampoco exigir cotización para la misma data.

X. RÉPLICA

La demandante opositora asegura que el recurrente se equivoca al atacar la sentencia del Tribunal por la vía indirecta y acusar la violación de normas por aplicación indebida, y hacer la sustentación con argumentos jurídicos, pues son «conceptos incompatibles».

Agrega que el Tribunal no violó disposición legal alguna, porque las pruebas obrantes en el expediente lo llevaron al convencimiento de que la Universidad demandada no cumplió con las obligaciones de afiliación y cotización a la seguridad social. Asevera que las certificaciones militantes en el proceso, dan respaldo a la decisión de la sentencia gravada sobre la vinculación en el año de 1994.

XI. CONSIDERACIONES

Le corresponde a la Sala determinar si el tribunal erró al estimar: i) que la universidad no realizó las cotizaciones de la señora Rose Nelly Baud para el primer y segundo periodo de 1995; y ii) que la demandante tenía un contrato de trabajo para el año de 1994.

En relación con el primer punto, aduce la recurrente que el juzgador apreció equivocadamente las planillas de autoliquidación obrantes a folios 129 a 148, pues asegura que estas documentales acreditan los aportes que realizó la demandada para el año de 1995, donde incluyó a la demandante.

De igual forma, argumenta que el ad quem valoró erróneamente las copias de la relación de novedades de afiliación y cotización en pensiones al Instituto de Seguros Sociales militantes a folios 23 a 28; señala que no se puede interpretar como ausencia de cotización el hecho de que en los referidos documentos no figuren las cotizaciones a pensiones por el periodo de 1995, en razón a que en todas las planillas de liquidación de aportes se aprecia que sí se hicieron los aportes a pensión.

Pues bien, frente a los reproches endilgados cabe destacar que el ad quem se equivocó, pues en las planillas de autoliquidación de folios 129 a 148 aparece que la demandada cotizó por la actora durante el año de 1995, salvo en el mes de junio. Es evidente que el empleador no tiene otra forma de demostrar que hizo el pago de los aportes a la seguridad social, sino con la autoliquidación que contenga el sello del Banco, en la época en que estaba previsto que se cubrieran la obligaciones de esa manera. Adicionalmente, las partes no cuestionaron dichos documentos ni los tacharon de falsos.

Así las cosas, el empleador no puede sufrir las consecuencias de la desorganización documental de la administradora de pensiones.

Y en el evento en que dichas cotizaciones no se hubieran incluido en el balance de aportes de la actora, por no haber realizado la empleadora la novedad de ingreso por los contratos de trabajo celebrados en ese año, debe recordarse que en esas condiciones dichos aportes no pierden validez, en cuanto de conformidad con el artículo 13 del Decreto 692 de 1994, la afiliación al sistema es permanente y no se pierde por haber dejado de cotizar uno o varios periodos, sino que se pasa a la categoría de inactivos, cuando tenga más de seis meses de no pago de cotizaciones.

El segundo aspecto planteado por la censura en esta acusación, alude a que el tribunal valoró de manera equivocada la certificación expedida por el director de recursos humanos de la universidad convocada a proceso (fls. 32 a 39), pues para el año de 1994 la demandante estaba vinculada mediante un contrato de prestación de servicios, por lo que no le eran exigibles las cotizaciones en este periodo.

Revisado por la Sala ese medio de convicción, se advierte que, en efecto, en la certificación expedida por el director del departamento de recursos humanos de la universidad, se señala que la demandante estuvo vinculada mediante contrato de prestación de servicios en el primer y segundo periodos de 1994, por lo que resulta ostensible la equivocación de la sentencia al estimar que en esos lapsos hubo vínculo laboral, circunstancia que lo llevó a concluir erróneamente sobre la obligación de cotizar por parte de la llamada a proceso.

Se impone precisar que en esas circunstancias, para el año 1994 la actora no tenía la obligación de cotizar al sistema general de pensiones, pues para dicha data no había entrado en vigencia la Ley 789 de 2003, la cual en su artículo 4° consagró que durante la ejecución del contrato de prestación de servicios debían «efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen».

De igual forma, para la época mencionada aún existía la posibilidad para las instituciones privadas de educación superior, de que los profesores hora catedra cuando su carga docente fuera inferior a la de un profesor de medio tiempo, se vincularan mediante contratos de prestación de servicios, en razón a que la declaración de inexequibilidad de las expresiones «o mediante contratos de servicios» y «en cuanto a honorarios se refiere» contenidas en el artículo 106 de la Ley 30 de 1992, se surtió mediante Sentencia CC C517/99, como ya se anotó.

En el anterior contexto, esta acusación es igualmente próspera.

Así las cosas, el fallo del tribunal será casado en su integridad.

Sin costas en el recurso extraordinario, dada la prosperidad de los cargos.

Para mejor proveer en instancia, se ordena que por Secretaría se oficie a la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, a fin de que en el término de diez (10) días contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, certifique los extremos de los contratos de trabajo celebrados entre el 12 de febrero de 1979 al 31 de diciembre de 1982; en los años de 1984 y 1990, y el salario devengado en esos periodos por la docente Rose Nelly Baud Bersier, identificaba con cédula de Extranjería nº 146.629 de Bogotá.

Igualmente, ofíciese a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., para que en el término de diez (10) días contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, envíe copia de la sentencia dictada en el expediente Nº 971021309 A, en el proceso seguido por Rose Nelly Baud Bersier contra la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Documental que la Secretaría pondrá a disposición de las partes por el término de tres (3) días a partir de la fecha de su recibo. Cumplido lo anterior, pasará el expediente al Despacho para dictar el respectivo fallo.

XII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el dieciséis (16) de abril de dos mil diez (2010), dentro del proceso ordinario laboral adelantado por ROSE NELLY BAUD contra la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en liquidación, hoy sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

Para mejor proveer en instancia, por Secretaría ofíciese a la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en la forma indicada en la parte motiva.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y vuelva el expediente para dictar fallo de instancia.

Magistrados: Fernando Castillo Cadena, Presidente de la Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán».