Sentencia SL3670-2018 de agosto 29 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 3

Magistrada Ponente:

Jimena Isabel Godoy Fajardo

SL3670-2018

Rad.: 65716

Acta 29

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por MARTHA CECILIA CASTAÑO SORZA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 4 de septiembre de 2013, en el proceso que instauró contra Ecopetrol S.A.

I. ANTECEDENTES

Martha Cecilia Castaño Sorza, llamó a juicio a Ecopetrol S.A., para que se le condenara al reajuste de las cesantías y sus intereses, primas de servicios, «saldos y sanciones que se llegaren a probar» incluyendo «el estímulo al ahorro», indemnización moratoria, indexación, lo que resultara extra y ultra petita, además de las costas.

Fundamentó sus peticiones, en que: laboró al servicio de la demandada en ejecución de contrato de trabajo a términos indefinido, por 26 años 7 meses y 27 días, el último cargo fue de profesional II VIF, para el año 2010 devengaba como salario básico $ 3.644.372 y promedio mensual $ 6.183.226; aseguró que en noviembre de 2007 la empresa implementó una política salarial en la que estableció cuatro grupos de trabajadores de nómina directiva: (i) 2170 trabajadores, 61% de la nómina, sin retroactividad de auxilio de cesantía y sin jubilación a cargo de la empresa para el 31 de julio de 2010, (ii) 160 trabajadores, 5% de la nómina, sin retroactividad de auxilio y con posibilidad de jubilación a cargo de la empresa para el 31 de julio de 2010, (iii) 281 trabajadores, 8% de la nómina, con retroactividad de auxilio de cesantía y sin jubilación a cargo de la empresa para el 31 de julio de 2010 y, (iv) 924 trabajadores, 26% de la nómina, con retroactividad de la cesantía y con posibilidad de pensionarse a cargo de la empresa.

Señaló que en julio de 2008, a través de memorando interno la empresa informó que la estructura remunerativa se definiría sobre el ingreso mensual incluyendo el estímulo al ahorro, se advirtió a los directivos que si no renunciaban a la incidencia salarial del incentivo, no recibirían pago alguno para compensar la falta de nivelación, fue así que en virtud del incremento salarial diferenciado, la empresa provocó que quienes llevaran más tiempo devengaran menos de la mitad de la retribución que recibían los nuevos, diferentes ingresos a pesar de desempeñar los mismos cargos, responsabilidades y funciones.

Expresó que el aumento para los grupos 1 y 3, se tuvo en cuenta para todos los efectos legales, salariales, convencionales, prestacionales y pensionales, al paso que para los grupos 2 y 4 el incremento fue un aporte quincenal permanente a un fondo de pensiones voluntarias, con denominación «estímulo al ahorro», así que por dicho concepto le correspondió $ 3.534.200,oo sin incidencia remunerativa, lo que la llevó a presentar solicitudes a la empresa.

Para finalizar, informó que la empresa le otorgó pensión de jubilación a partir del 27 de julio de 2010, por valor de $ 5.582.928,oo sin tener en cuenta la incidencia salarial reclamada (fls. 2-16, cuaderno de las instancias).

Ecopetrol S. A., al dar respuesta, se opuso a las pretensiones. De los hechos solo aceptó: la vinculación laboral con la demandante, el cargo, el reconocimiento de la pensión y las solicitudes presentadas por la actora.

Propuso la excepción de prescripción y las que denominó, falta de causa e inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, enriquecimiento injusto, buena fe y, solicitó declarar la que apareciera demostrada en el proceso.

En su defensa adujo, que la política de compensación se materializó mediante el incremento en el ingreso monetario de los trabajadores, en consecuencia se aplicó a algunos casos a través de un aumento en el salario básico y en otros, en el reconocimiento de una suma representada en un ahorro aporte a un Fondo Privado de Pensiones a elección de trabajador, sin incidencia salarial (grupos 2 y 4), ello por cuanto la empresa no quiso ser discriminatoria en la aplicación a todos los trabajadores directivos de la citada política, lo anterior con el debido respaldo jurídico y con la aceptación expresa de la trabajadora (fls. 153 a 178 cuaderno de las instancias).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en fallo de 16 de julio de 2013, resolvió:

PRIMERO: CONDENAR a la demandada Ecopetrol S.A., al reconocimiento y pago a favor de la demandante MARTHA CECILIA CASTAÑO SORZA, con incidencia salarial de los valores reconocidos por concepto de estímulo al ahorro, liquidado de la siguiente manera: 

1. Auxilio de cesantías: $ 4.846.689,75 

2. Intereses a las cesantías: $ 497.305,39 

3. Prima de servicios: $ 4.846.689,75 

4. Vacaciones $ 2.423.344,88 

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada Ecopetrol S.A., al pago de las mesadas pensionales a favor de la demandante MARTHA CECILIA CASTAÑO SORZA, a partir del 27 de julio de 2010, incluyendo como factor salarial el estímulo al ahorro, para efectos de reajustar la mesada pensional devengada por la demandante a 14 de abril de 2010, liquidada en la suma de $ 5.582.928 mensuales; al igual que las mesadas adicionales debidamente indexadas de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el período comprendido entre dicha fecha y aquella en la que se realice el pago. 

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de buena fe propuesta por la buena fe (sic). 

CUARTO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones impetradas en la demanda. 

QUINTO: CONDENAR en costas a la demandada. TÁSENSE. 

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., conoció el recurso de apelación de la demandada, que resolvió en fallo del 4 de septiembre de 2013, en la que dispuso revocar la decisión apelada y absolver a la demandada de todas y cada una de las pretensiones, sin costas en la apelación, las de primer grado a cargo de la demandante (fls. 342 a 360, cdno. de las instancias).

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem precisó que no estaban en controversia, la vinculación de la demandante con la convocada al juicio hasta el 30 de mayo de 2010, el salario promedio, que la empleadora le reconoció un estímulo al ahorro económico mensual, sin incidencia salarial, equivalente a $ 3.534.200,oo a través de aportes voluntarios a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y, que a la accionante se le reconoció la pensión de jubilación a partir del 27 de julio de 2010, en cuantía inicial de $ 5.582.928,oo.

En lo que tituló como «ESTÍMULO AL AHORRO ECONÓMICO», copió los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo para de ellos deducir, que no admitía discusión que los pactos de exclusión salarial en la última de las disposiciones enunciadas, facultan a las partes para restarle tal carácter a algunas sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador de su empleador como auxilios, beneficios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados extralegalmente por el empleador cuando hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario, lo anterior como lo ha señalado esta Sala de Casación CSJ SL, 25 ene. 2011, rad. 37037.

Con el fin de definir si el estímulo al ahorro que de manera extralegal reconoció Ecopetrol a la trabajadora, constituía o no factor salarial, revisó, tanto la prueba documental como las respuestas dadas en los interrogatorios de parte.

Al revisar la naturaleza del estímulo observó, que el objetivo de la empresa era el de «mantener la equidad entre todo el grupo poblacional de Ecopetrol», frente a los grupos que surgieron con la entrada en vigencia de las leyes 50 de 1990 y 797 de 2003, al igual que el Acto Legislativo 01 de 2005, que benefician a los trabajadores más antiguos como la demandante, quienes mantenían la retroactividad de las cesantías y el derecho a pensionarse dentro del régimen de excepción, por lo anterior y, teniendo en cuenta la falta de competitividad de la empresa en relación con las demás de la industria del petróleo, que no le permitían aplicar un aumento generalizado, creó los cuatro (4) grupos poblacionales, que no fueron objeto de reparo por la Corte Constitucional en Sentencia T-969 de 2010, luego de lo anterior, expuso:

Del análisis conjunto de los medios de convicción reseñados en procedencia, concluye la Sala, que ante la pérdida de su talento humano por falta de competitividad frente al resto de la industria petrolera, atendiendo motivos objetivos plenamente justificados, Ecopetrol clasificó a sus trabajadores directivos en cuatro grupos, según los beneficios que recibían (antigüedad, retroactividad de las cesantías, su proximidad a recibir pensión de jubilación en régimen de excepción) y, diseñó e implementó una política de compensación para mejorar su ingreso dentro de los parámetros de equidad, aplicando regímenes salariales diferentes a trabajadores de condiciones igualmente diversas y, así mantener la equivalencia económica igualitaria; que, en este sentido, para quienes contaban con retroactividad de cesantías y pensión a cargo de la empresa, el estímulo al ahorro fue expresamente excluido como factor salarial, según acuerdo escrito entre las partes, sin que pueda válidamente aducirse falta de información suficiente o carencia de comprensión. 

Copió apartes de la sentencia de esta Sala CSJ SL, 24 abr. 2007, rad. 27851, que adujo se refiere a la naturaleza salarial de aportes a fondos voluntarios de pensiones y, concluyó:

De lo expuesto se sigue, la legitimación del pacto de exclusión salarial suscrito por las partes el 24 de junio de 2008, visible a folios 205 a 206, respecto al beneficio denominado “estímulo al ahorro”, en consecuencia, nada imponía a la empresa incluirlo en la liquidación de las prestaciones sociales de la actora. Entonces, atendiendo que el juzgador de primera instancia arribó a una conclusión contraria, se impone revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, absolver a Ecopetrol de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. 

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Se plantea de la siguiente manera:

[...] respetuosamente solicito a la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia casar la sentencia por el suscrito acusada, emanada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá con fecha 4 de septiembre de 2013 y en su lugar confirmar la sentencia de primer grado, emitida por el Juzgado Veinte (20) Laboral del Circuito de Bogotá de fecha 16 de julio de 2013 (fls. 7 del cdno. de la Corte).

Con tal propósito en el aparte que denomina «MOTIVOS DE LA CASACIÓN», y que la Sala entenderá corresponde al:

VI. CARGO ÚNICO

Expresa:

Estamos atacando por la vía directa la decisión proferida por el Tribunal Superior de Bogotá toda vez que en su fallo encontramos que existe una interpretación errónea del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo puesto que nos encontramos frente a una norma sustancial como quiera que dicha norma establece taxativamente que constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. 

Lo anterior indica que un elemento caracterizador del salario es que corresponda a un pago como contraprestación directa del servicio del trabajador, cuya forma o denominación puede adoptarse de diferentes formas, es decir, un salario fijo, o uno variable, o uno compuesto por una suma fija y otra variable, en dinero o en especie, así que cuando el pago que recibe el asalariado tiene como causa inmediata el servicio que éste presta, o sea su actividad en la labor desempeñada, será salario sin que las partes puedan convenir en sentido contrario, En estos casos, cualquier cláusula que las partes acuerden para restarle naturaleza salarial a los pagos que recibe el trabajador por esos conceptos, será ineficaz. 

VII. RÉPLICA

Estima que la demanda de casación no ataca todos los fundamentos jurídicos de que se valió el tribunal para proferir la sentencia respectiva.

Aduce que si bien el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo consagra los pagos que no constituyen salario, la censora no tuvo en cuenta que la norma que gobierna la controversia es el artículo 127 de la referida codificación, tampoco se sabe qué es lo que quiere expresar la recurrente cuando se refiere a la norma invocada, cuando la misma hace referencia a los «Pagos que no constituyen salario», asevera además, que no hace un ejercicio lógico, ni expresa argumentos que indiquen a la Sala en que consistió la interpretación errónea alegada.

Insiste en que la recurrente no discutió todos los fundamentos jurídicos del fallo censurado, dentro de ellos las sentencias de esta corporación y de la Corte Constitucional, que se transcribieron en la sentencia, que no hace un juicio lógico, ni expresa argumentos que indiquen a esta corporación, en qué consistió la interpretación errónea del artículo 128, es decir, que no probó el cargo formulado.

Copió apartes de la Sentencia CSJ SL, 21 mar. 2002, rad, 17422 y adujo que por la vía directa escogida, están aceptados los otros sí firmados por la demandante y la voluntad libre de apremio, en consecuencia, que el «estímulo al ahorro» no es contraprestación directa del servicio, pues su finalidad correspondió a un ahorro en un fondo privado para mejorar la mesada pensional, en consecuencia el tribunal.

VIII. CONSIDERACIONES

Para iniciar advierte la Sala que, en el único cargo presentado por el memorialista, se incurre en deficiencias de orden técnico, como pasa a explicarse.

Debe decirse que no es factible hacer uso de este recurso extraordinario, para persuadir a la Corte de la tesis jurídica o fáctica que respalda las aspiraciones de la parte inconforme, pues la Sala de Casación Laboral no es juez instancia; su principal función, es la de ser órgano unificador de la jurisprudencia, ejercer a partir de la confrontación de la sentencia con la ley, una labor a través de la cual, le corresponde verificar, siempre que la demanda se haya presentado en debida forma, si para solucionar el conflicto, se mantuvo el imperio e integridad de la ley y se respetaron las garantías constitucionales de las partes.

Adicionalmente el cargo no se encuentra debidamente sustentado, dado que el escrito que contiene el recurso, no tiene argumento alguno dirigido a criticar, bien por la vía jurídica o por la de los hechos, de manera razonada, los supuestos desaciertos del sentenciador de segundo grado.

Tampoco se puede extraer del escrito presentado, ataque alguno a los pilares de la sentencia de segundo grado, lo que se observa es que la recurrente se refiere a los elementos que constituyen el salario y que cualquier disposición en contrario será ineficaz, pero, tampoco señala las presuntas equivocaciones cometidas por el juez colegiado al resolver la apelación contra la sentencia del a quo, por lo mismo, no ataca, ni mucho menos logra derruir los soportes del fallo objeto de impugnación, siendo así, la providencia debe mantenerse incólume como consecuencia de la presunción de acierto y legalidad de la que viene revestida.

Como lo ha señalado esta Sala de la Corte, entre otras, en la Sentencia CSJ SL1821-2018, la sustentación del recurso extraordinario de casación, exige que el recurrente cumpla con unos parámetros mínimos, en su formulación y argumentación, de manera que permita su estudio de fondo.

Así mismo, debe recordarse que los requerimientos del recurso de casación tienen soporte constitucional, toda vez que el numeral 1º, del artículo 235 de la Constitución Política, atribuyó a la Corte Suprema de Justicia, la función de actuar como «tribunal de casación», lo que implica que el recurso extraordinario, como materia de su actividad judicial, encuentra soporte en algunos pilares, dentro de los cuales se está, el que no se trata de un instituto oficioso.

En punto a los requerimientos técnicos del recurso extraordinario, concretamente en cuanto a la sustentación de la acusación, en sentencia, CSJ SL8988-2017, esta Sala de Casación puntualizó:

En consecuencia, al carecer los ataques del requerido ejercicio lógico jurídico de carácter demostrativo, dado que, como quedó dicho, brilla por su ausencia la necesaria explicación que le haga ver a la Sala el dislate interpretativo o fáctico en que pudo haber incurrido el tribunal, no se demarcó la senda a seguir como derrotero de estudio, lo que deja a la Corte sin el referente necesario para acometer su tarea, ya que al estar el ejercicio del recurso estrictamente delimitado por las causales establecidas por el legislador y dada la naturaleza dispositiva del mismo, el censor está obligado a realizar un correcto encuadramiento al formular los cargos, junto con su correspondiente desarrollo, que legitime a la Corte para actuar como sede de casación y, eventualmente, como sede de instancia, pues su función no es la de pronunciarse sobre los temas controvertidos dentro del debate procesal, sino sobre la legalidad de la decisión del tribunal.

A la luz de las reflexiones y precedentes, el cargo no resultaría estimable; sin embargo, de obviarse todas las falencias señaladas con anterioridad y de estimarse que en los términos presentados, el recurso extraordinario cumple con las formalidades legales, atendiendo la flexibilización que precisado esta Sala de Casación, se hace el estudio del tema objeto de debate en este asunto.

El ad quem fundamentó su decisión en que, es legítimo el pacto de exclusión salarial suscrito entre las partes, respecto del beneficio denominado «estímulo al ahorro», lo anterior, al observar que el objetivo de la empresa era el de «mantener la equidad entre todo el grupo poblacional de Ecopetrol», frente a quienes debido a la vigencia de las leyes 50 de 1990 y 797 de 2003, lo mismo que el Acto Legislativo 01 de 2005, beneficiaban a los trabajadores más antiguos como la actora, quienes mantenían algunas prerrogativas como la retroactividad de las cesantías y el derecho a pensionarse dentro del régimen de excepción.

La inconformidad de la recurrente radica en que, el salario es uno de los elementos de la relación de trabajo, que todo pago que se realice al trabajador como retribución directa por la prestación de sus servicios, continuo y habitual, constituye salario, no pudiendo existir, sobre el estímulo al ahorro, un pacto de exclusión salarial.

Así las cosas, el asunto que ocupa la atención de la Sala, gira en torno a determinar si el estímulo al ahorro es factor salarial.

No se discute que el referido estímulo al ahorro fue ofrecido por Ecopetrol a su trabajadora, de acuerdo a la política de compensación, exponiendo sus condiciones y poniendo en consideración de éstos su aceptación de forma voluntaria, donde se acordó que la trabajadora recibiría el estímulo, dejando establecida una cláusula en el contrato de trabajo, lo que no constituiría salario.

La recurrente indica que, conforme a lo dispuesto en los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, la suma representada en un aporte a un Fondo Privado de Pensiones, es constitutiva de salario y por ello, considera que conforme tales disposiciones cualquier suma de dinero que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, es salario, con independencia de la denominación que se adopte.

No obstante lo anterior, del texto de las disposiciones indicadas anteriormente, se puede concluir que las partes tienen la posibilidad de pactar qué sumas extralegales no constituyen factor salarial, de manera que tal estipulación solo resulta ineficaz en la medida en que contravenga los derechos mínimos del trabajador o desmejore las condiciones laborales.

Para el caso en estudio, el estímulo al ahorro fue pactado como una prestación sin connotación salarial, consistente en la entrega de un aporte voluntario a un fondo de pensiones cuyo monto variaba de acuerdo con la política de compensación empresarial, que en esa medida a juicio de la Sala no constituye salario, pues en esas condiciones no representa una contribución directa al servicio prestado por los trabajadores, sino que tiene una naturaleza distinta, como lo es el ahorro voluntario que además tiene dentro de sus connotaciones generar rentabilidad administrado por un fondo de pensiones y el hecho de que sea habitual y continuo, no la convierte por sí mismo en un factor salarial.

Ahora bien, del pacto sobre el pago del estímulo al ahorro reconocido a la recurrente, no se desprende que se desmejoren sus condiciones laborales, y por esa razón no puede considerarse como una cláusula que no surta efecto alguno, pues como se ha dicho consistía en una suma destinada al ahorro para mejorar las condiciones de la trabajadora, sin que obedeciera ello a una contraprestación directa de las funciones que cumpliera.

En un caso de similares contornos al que es objeto de estudio, esta Sala de Casación, Sentencia CSJ SL, 13 jun. 2012, rad. 39475, asentó:

[...] 

Así, en criterio de la Corte, el colegiado profirió su sentencia no solo bajo la égida de las normas legales pertinentes (arts. 127 y 128 del CST); también, a la luz de los principios constitucionales consagrados en el artículo 53 de la Carta Superior que por disposición directa remite a su vez al Convenio 95 de la OIT aprobado mediante la Ley 54 de 1962, ratificado por el gobierno colombiano el 7 de junio de 1963 y cuyo texto enseña: 

El término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que éste último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”. 

Es decir, como bien lo entendió el juez de alzada, si bien las partes tienen la facultad para acordar que determinada suma no tenga incidencia salarial, esa facultad no es absoluta, tal y como también lo ha enseñado la jurisprudencia constitucional, al señalar en la Sentencia C-401 de 2005, lo siguiente: 

Las fuentes positivas que permiten desarrollar la noción integral del salario, no sólo se encuentran en los artículos de la Constitución y la legislación interna; es menester acudir a instrumentos de derecho internacional que se encargan de desarrollar materias laborales y que, por virtud del artículo 93 de la Carta Política, hacen parte de la normatividad iusfundamental vigente en nuestro país, a través de lo que se ha denominado bloque de constitucionalidad [...] 

Esto quiere decir que para efectos del significado que en nuestro ordenamiento ha de tener la voz salario y, sobre todo, para la protección judicial del derecho a su pago cumplido, deben integrarse todas las sumas que sean generadas en virtud de la labor desarrollada por el trabajador, sin importar las modalidades o denominaciones que puedan asignarles la ley o las partes contratantes. Así, no sólo se hace referencia a la cifra quincenal o mensual percibida por el empleado —sentido restringido y común del vocablo—, sino a todas las cantidades que por concepto de primas, vacaciones, cesantías, horas extras —entre otras denominaciones—, tienen origen en la relación laboral y constituyen remuneración o contraprestación por la labor realizada o el servicio prestado. 

Las razones para adoptar una noción de salario expresada en estos términos, no sólo se encuentran en la ya referida necesidad de integración de los diferentes órdenes normativos que conforman el bloque de constitucionalidad, sino que son el reflejo de una concepción garantista de los derechos fundamentales, que en materia laboral constituye uno de los pilares esenciales del Estado social de derecho... 

No son de recibo las alegaciones que presenta la recurrente, pues el estímulo al ahorro, estuvo precedido de una política de compensación, y en razón a que dentro de la empresa existían disimiles condiciones en los trabajadores. Por eso fue que se presentó el trato diferencial.

Consecuente con los argumentos transcritos, que se comparten plenamente, el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la parte impugnante, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 3.750.000,oo, que se incluirá en la liquidación que haga el juez de primer grado.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia emitida el 4 de septiembre de 2013, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el proceso ordinario laboral promovido por MARTHA CECILIA CASTAÑO SORZA contra Ecopetrol S.A.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Donald José Dix Ponnefz—Jimena Isabel Godoy Fajardo—Jorge Prada Sánchez.