Sentencia SL3690-2017/76626 de marzo 15 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL3690-2017

Rad. 76626

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 09

Bogotá, D.C., quince de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

De conformidad con lo previsto en el artículo 143 del C.P.T. y de la S.S., y como se resaltó en la Sentencia SL17703-2015, la función de esta Corporación, en sede del recurso extraordinario de anulación, se restringe a i) verificar la regularidad del laudo arbitral, proferido con ocasión de un conflicto colectivo de intereses; ii) corroborar que el Tribunal de Arbitramento no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado; iii) examinar que la decisión no haya vulnerado derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes; iv) analizar que no contenga cláusulas abiertamente inequitativas para alguna de estas; v) devolver a los árbitros el expediente en el evento que no hayan decidido temas o aspectos sobre los cuales tienen competencia.

Por este camino, también se ha destacado que la Corte en ningún evento puede dictar una decisión de reemplazo para sustituir de fondo lo definido por los árbitros dentro de los conflictos colectivos, pues la legislación colombiana del trabajo ha previsto que estos deben fallarse en equidad, criterio que resulta totalmente extraño y ajeno a las decisiones en derecho que emite esta Corporación, por lo que, en consecuencia, en sede del recurso extraordinario de anulación, no pueden concederse o negarse de manera directa los aspectos propuestos en el pliego de peticiones, puesto que ello corresponde decidirlo a los árbitros como jueces naturales del conflicto.

Bajo este marco legal y jurisprudencial, la Corte se pronunciará sobre cada uno de los puntos objeto de inconformidad expuestos por la organización sindical recurrente, en los siguientes términos:

i) Participación de miembros del sindicato en el procedimiento disciplinario

En materia de procedimientos disciplinarios previos a la imposición de sanciones, cabe destacar que aun cuando la Corte ha sostenido que los árbitros tienen competencia para definir este tipo de controversias, en desarrollo de las garantías constitucionales al debido proceso y a los derechos de defensa y de contradicción, lo cierto es que dichos falladores no están legitimados para desconocer facultades o derechos que han sido reconocidos a las partes en virtud de la Constitución, la ley o la convención colectiva de trabajo, pues mantienen la limitación prevista en el artículo 142 del C.P.T. y de la S.S.

Frente a la presunta omisión de las facultades previstas en el artículo 115 del C.S.T. por parte de los árbitros, es preciso indicar que esta disposición, modificada por el artículo 10 del Decreto 2561 de 1965, consagra que antes de aplicar una sanción disciplinaria el patrono debe dar la oportunidad al trabajador inculpado de ser oído junto a dos (2) representantes del sindicato al cual pertenece, so pena de no producir efecto alguno la sanción disciplinaria que se imponga. En este sentido, dicha norma legal pretende hacer efectiva la participación de la organización sindical a la cual se encuentra afiliado el asalariado en los trámites disciplinarios que se sigan en su contra, a fin de velar por la relación de afiliación sindical, los intereses de la asociación en la defensa de sus miembros y el debido proceso y derecho de contradicción del trabajador sindicalizado, garantía legal que no puede ser desconocida por los árbitros en sus decisiones.

Bajo esta perspectiva, encuentra la Sala que el numeral 3º de la cláusula sobre procedimiento disciplinario, al señalar que el trabajador podrá acudir a la diligencia de descargos con un (1) acompañante, sin importar si es miembro del sindicato, omite la facultad reconocida por el artículo 115 del C.S.T., pues no garantiza la participación efectiva de la organización sindical en los asuntos concernientes a sus afiliados.

De esta manera, como el procedimiento arbitral desconoce abiertamente la previsión del artículo 115 del C.S.T., lo cual genera la ineficacia de la sanción disciplinaria que se imponga, habrá de anularse el numeral 3 de la cláusula sobre procedimiento disciplinario por ser manifiestamente ilegal.

ii) Permisos sindicales

Tal como consta en el pliego de peticiones obrante a folios 72-84 del cuaderno principal, la organización recurrente solicitó los siguientes permisos sindicales:

“CLÁUSULA 11. PERMISOS SINDICALES. La FUNDACIÓN PASCUAL BRAVO garantizará permisos sindicales remunerados y promediados con los tres (3) últimos meses de salario, durante la vigencia de la Convención Colectiva así:

a. Para los miembros de la Junta Directiva de SINTRAPLUS, CIENTO VEINTE (120) días por año, no acumulables y repartibles entre ellos de acuerdo con sus necesidades, con el fin de garantizar el ejercicio de las actividades ordinarias de la organización sindical.

b. Para los Delegados a las asambleas ordinarias y extraordinarias de la organización sindical, MEDIA JORNADA LABORAL, con el fin de facilitarles la asistencia a la respectiva asamblea sindical.

c. SESENTA (60) días de permiso, hasta para máximo cinco (5) trabajadores, para facilitarles la asistencia a cursos, congresos o cualquier otro evento sindical.

PAR.—SINTRAPLUS notificará al menos con tres (3) días calendario de antelación los correspondientes permisos, mediante comunicación escrita dirigida a la dirección de la FUNDACIÓN. En cualquier caso la organización sindical velará por la oportunidad y conveniencia en la solicitud de tales permisos con el fin de que no se afecte el normal funcionamiento de los diferentes centros de trabajo”.

No observa la Sala que los árbitros hubiesen dejado de pronunciarse sobre alguno de los permisos solicitados en el pliego, pues si bien allí se discriminan varias actividades frente a las cuales se solicita un determinado número de días, ello no impedía que los falladores concedieran indiscriminadamente un número global de horas “…para todas las actividades”, como se dice al final del respectivo inciso.

Tampoco se muestra inequitativa la disposición arbitral, como lo aduce la recurrente, pues no aparecen acreditadas cuáles son las necesidades especiales de la organización sindical, que, se sostiene en el recurso, no consulta lo resuelto por el Tribunal.

Por lo tanto, no se anulará la cláusula referente a permisos sindicales, pues ello iría en contravía de los intereses del mismo sindicato, ni se devolverá el laudo al Tribunal en la forma solicitada.

iii) Auxilio sindical

El Tribunal de Arbitramento concedió en el laudo un auxilio a la organización sindical por la suma de $ 700.000, pagaderos durante su vigencia así: $ 350.000 dentro de los 30 días siguientes a su expedición y $ 350.000 a más tardar el 31 de octubre de 2017.

Lo primero que debe advertir la Sala es que no existen parámetros para determinar si la cifra reconocida por los árbitros como auxilio sindical resulta inequitativa, pues el solo hecho de que la organización sindical tenga 115 miembros nada indica sobre la necesidad del auxilio. Además, la Sala no puede acceder a la solicitud de anulación de esta cláusula, pues ello comportaría la eliminación del beneficio económico a favor del sindicato, en detrimento de sus propios intereses, dado que esta Corporación, en sede del recurso de anulación, no cuenta con facultades legales para sustituir o modificar el pronunciamiento de los árbitros quienes fallan en equidad lo solicitado por el sindicato, por lo que se mantendrá el auxilio sindical en los términos en que fue concedido por el Tribunal.

En consecuencia, no se anulará la cláusula del laudo sobre auxilio sindical.

iv) Incremento salarial

Contrario a lo alegado por la organización recurrente, la concesión de un incremento salarial para los años 2017 y 2018 en el mismo porcentaje del índice de precios al consumidor no luce irrazonable o manifiestamente inequitativa, pues lo cierto es que con ello los salarios se reajustan en relación con la variación que han tenido los precios en la economía, en especial, los de la canasta familiar.

Cabe resaltar que la jurisprudencia de esta Corporación ha estimado que los árbitros pueden conceder los incrementos de los salarios de los trabajadores que estimen pertinentes y convenientes a la luz de los principios de equidad, razonabilidad y proporcionalidad, sin que en ello estén atados estrictamente a lo solicitado por la organización sindical o a aumentos superiores al índice de precios al consumidor, puesto que este tipo de beneficios estará determinado por las circunstancias económicas y financieras particulares de la empresa.

De manera que como lo ordenado por los árbitros en cuanto a que el aumento salarial de los años 2017 y 2018 corresponde al índice de precios al consumidor no luce abiertamente inequitativo o desproporcionado, es por lo que el juez de anulación no puede interferir en la decisión adoptada por aquellos, máxime que el incremento en tales términos es el que ha venido haciendo la Fundación a los trabajadores en los años anteriores, tal como se desprende del acta de folios 109 y siguientes.

Por lo anterior, no es atendible el reproche expuesto por la recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Anular el numeral 3º de la cláusula sobre procedimiento disciplinario.

2. No anular las demás disposiciones impugnadas del laudo arbitral.

Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta judicial y envíese el expediente al Ministerio de Trabajo para lo de su competencia”.