Sentencia SL3710-2017/61425 de marzo 15 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL3710-2017

Radicación 61425

Acta 09

Bogotá, D.C., quince de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IX. Consideraciones

La Sala procederá al estudio conjunto de estos dos cargos que se formulan contra la sentencia del tribunal, no obstante que se orientan por vías distintas, en atención a que denuncian similar elenco normativo, persiguen idéntico objetivo y presentan graves defectos de técnica.

En lo referente a la primera acusación, es oportuno recordar que para que un cargo por vía indirecta tenga posibilidades de prosperidad, el yerro fáctico que se le impute a la sentencia tiene que ser evidente, manifiesto, que brille al ojo, esto en razón a que la decisión de segundo grado viene amparada por las presunciones de legalidad y acierto. Además debe constituirse sobre prueba calificada, lo que abriría la puerta a un análisis posterior de la que no tenga tal connotación.

Esta reflexión resulta oportuna, porque el censor apartándose de dichos lineamientos, lo que pretende en esencia es desvirtuar los razonamientos del Juzgador Ad quem, pero no demostrando ante el tribunal de casación la existencia de un error en la sentencia de la magnitud del que se exige en el recurso extraordinario, sino tratando de imponer su propia visión del pleito sobre la razonable del tribunal, y haciendo alusión únicamente a prueba testimonial, que como se sabe no es calificada en casación del trabajo y de la seguridad social en los términos del artículo 7° de la Ley 16 de 1969, que asigna tal carácter al documento auténtico, la confesión e inspección judiciales. En otras palabras, la Corte en casación sólo podría valorar la prueba no calificada cuando previamente hallare error manifiesto en medio apto, lo que no es aquí el caso.

Ahora bien, en la segunda acusación orientada por la vía jurídica, el censor dejando de lado una vez más, reglas elementales del recurso extraordinario, acude para sustentarla a alegaciones de carácter fáctico y afirma hechos que nunca fueron establecidos por el tribunal, como el relativo a que la pareja Prieto – García no cohabitaba bajo el mismo techo por motivos de trabajo y seguridad, cuando para la sentencia las razones de la separación no pasaron de ser meras suposiciones de los declarantes, porque en el ejercicio intelectual que efectuó el juzgador al valorar los testimonios, éstos no le merecieron plena credibilidad como fácilmente se observa en el siguiente pasaje:

(...) si bien es cierto en la demanda se afirma que la actora convivía con el fallecido, dicho supuesto no quedó probado ni demostrado al interior del plenario, con el relato rendido por los declarantes en mención, de quienes se advierte su versión no se aviene la razón de su dicho, sin indicar las circunstancias de tiempo modo y lugar en que dicen ocurrieron los hechos, por lo que en sentir de este cuerpo de decisión colegiado, sus dichos no son obra exclusiva de los mismos, sino al parecer de interacción ajena dadas las concordancias solamente en determinados relatos, como que eran vecinos de la actora, que ella se tuvo que venir del Caquetá supuestamente por estar en riesgo sus hijos, ni siquiera sabían cuándo y de qué murió el causante, ni con quién vivía, pues sus dichos entraron en contradicción con lo confesado por la misma demandante.

Por último, se ha de advertir que el Tribunal no desconoció la vigencia del vínculo matrimonial de la pareja Prieto – García y la calidad de cónyuge de la recurrente hasta el momento del fallecimiento del pensionado, la razón fundamental para no condenar a la pensión de sobrevivientes estuvo en la ausencia de demostración de la convivencia por el término establecido en la norma aplicable, -artículo 47 original de la Ley 100 de 1993-, hasta la muerte y de no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a ella.

Ese supuesto fáctico, al no haber sido derruido a través de prueba calificada, se constituye en el soporte de la legalidad del fallo acusado, y la circunstancia de que el tribunal hubiera hecho alusión a la supuesta manifestación del causante sobre su voluntad frente a los beneficiarios de la pensión, no pasó de ser un argumento adicional para corroborar su decisión, y que de todas maneras resulta irrelevante, puesto que la vocación para ser beneficiario de la prestación de sobrevivientes la regula la ley y no el querer del afiliado o pensionado que fallece.

Por las razones indicadas, se desestiman los cargos.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta y uno de agosto (31) de agosto de dos mil doce (2012) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por María Ofelia García De Prieto contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, sustituida procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, y en el que actuó como litisconsorte necesaria Beatriz Toledo Cuellar en nombre propio y en representación del menor Cristian Hernando Prieto Toledo.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».