CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL3840-2015

Radicación 38590

Acta 9

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., veinticinco de marzo de dos mil quince.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la CORPORACIÓN CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ECOPETROL contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, el 8 de abril de 2008, en el juicio que le promovió PEDRO ANTONIO ORTIZ LOZANO.

I. ANTECEDENTES

El señor PEDRO ANTONIO ORTIZ LOZANO demandó a la CORPORACIÓN CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ECOPETROL, con el fin de que fuera condenado a reintegrarlo al mismo cargo que desempeñaba al momento del despido o a otro de igual o superior jerarquía, así como a reconocerle y pagarle los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato hasta que se haga efectivo el reintegro, junto con los aumentos legales y convencionales o, subsidiariamente, la indemnización por despido sin justa causa, la indexación, lo ultra y extra petita y las costas procesales.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, el demandante adujo que se vinculó con la demandada, mediante contrato a término indefinido, desde el 10 de diciembre de 1988 hasta el 30 de junio de 1998; que el último cargo desempeñado fue de Cajero Barman con un salario de $ 600.000 pesos mensuales; que laboró un total de 9 años, 6 meses y 20 días; que, al momento de la desvinculación por parte de la Corporación demandada, se encontraba afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Gastronómica, Hotelera y Similares – HOCAR-, Subdirectiva Bogotá D.C.; que el 9 de julio de 1997, la sociedad demandada suscribió una Convención Colectiva de Trabajo con la citada organización sindical, la cual había sido depositada en debida forma ante el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social; que en el artículo 35 de la mencionada convención se pactó un procedimiento para aplicar sanciones, sin el cual se predicaba sin efectos el despido efectuado; que la Corporación demandada no cumplió con dicho procedimiento; que el 26 de junio de 1998, la Directora de Recursos Humanos le comunicó la decisión de dar por terminado su contrato; que los hechos consignados en la carta de despido carecían de veracidad y no se ajustaban a ninguna de las causales que taxativamente señalaba la ley; que el 27 de marzo de 1998, solicitó a la demandada el reintegro al mismo cargo desempeñado, sin que a la fecha se le hubiese dado contestación alguna.

Al dar respuesta a la demanda (fls. 20-25 del cuaderno principal), la accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, reconoció como ciertos la vinculación laboral con el actor y los extremos de la misma, el último cargo desempeñado y la comunicación de la Directora de Recursos Humanos de dar por terminado su vínculo laboral; dijo no constarle algunos; y negó los demás. En su defensa propuso las excepciones de mérito que denominó falta de causa, inexistencia de la obligación, prescripción, compensación, pago y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 24 de marzo de 2004 (fls. 138-142 del cuaderno principal), absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al conocer del proceso, por apelación interpuesta por el demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, actuando en descongestión, mediante fallo de 8 de abril de 2008 (fls. 18-28 del cuaderno principal), revocó el proferido por el a quo y, en su lugar, ordenó a la demandada reintegrar al actor al mismo cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior jerarquía, así como pagarle los salarios y prestaciones dejadas de percibir, entre el momento del despido y el efectivo reintegro.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró, como fundamento de su decisión, que no existía controversia alguna entre las partes en lo que tenía que ver con el vínculo laboral y sus extremos; que la inconformidad del apelante se limitaba a que la demandada no había dado cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 35 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para el periodo 1997-1999, cuya prueba había sido pedida y decretada dentro del tiempo legal, pero que había sido allegada al expediente después de que el Juzgado emitiera su sentencia definitiva; que, no obstante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó tenerla como prueba, mediante auto de 10 de junio de 2004, de conformidad con el artículo 84 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; que, de acuerdo con la certificación emanada de la Coordinadora del Grupo de Archivo Sindical del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Gastronómica Hotelera y Similares de Colombia – Hocar- se encontraba inscrito como una organización de primer grado y de industria, con personería jurídica 121 de 13 de noviembre de 1934; que este sindicato suscribió con la Corporación demandada una Convención Colectiva de Trabajo, para el periodo 1997-1999, visible a folios 177 a 199, la cual cumplía con las exigencias del artículo 469 del CST, para ser tenida en cuenta dentro del plenario.

Agregó que, para determinar si el demandante gozaba de los privilegios de la referida Convención Colectiva de Trabajo, bastaba con observar que en el artículo 44 de esta se había acordado su aplicación a todos los trabajadores de nómina de la empresa; que, así mismo, el artículo 33 convencional “consagra lo referente a los ascensos, reemplazos, temporales, traslados transitorios y lleno de vacantes, en el numeral 3.9, inciso segundo se consignó que “El Club se compromete a mantener la siguiente nómina de trabajadores. CARGOS POR NÓMINA CLUB DE ECOPETROL. Nombre. Pedro Ortiz. L. CARGO: Caj.-Barman, CLASI. Nivel 5. SUELDO $ 280.000”, por lo que se determinaba la calidad de beneficiario del actor de la Convención Colectiva de Trabajo, 1997-1999; que al analizar el artículo 35 de la misma, no existía duda alguna de que el empleador debió haber notificado al trabajador, para ser escuchado en descargos, en el perentorio término de 4 días hábiles, contados desde el día en que se cometió el hecho, por lo que de no hacerlo dentro del plazo convencional, implicaba que el Club no podía adelantar el procedimiento, quedando el empleado libre de todo cargo por los hechos en controversia; que el despido o sanción sin el cumplimiento del trámite convencional no surtía ningún efecto.

Precisó que “Con fundamento en el material probatorio allegado al plenario concretamente de la citación hecha al trabajador para descargos, a través de la cual se colige que los hechos sucedieron el día domingo 7 de junio de 1998 y solo hasta el martes 9 de junio del mismo año, ante revisión realizada por la tesorería, el Club conoce de los hechos, por eso con escrito del 12 de junio de 1998, notifica al hoy demandante para que concurra a presentar sus descargos el 17 de junio de 1998, la Sala considera que no obstante la empleadora haber adelantado el procedimiento previsto en la norma convencional, no lo hizo en el término indicado, o sea, dentro de los cuatro (4) días hábiles, esto es, el jueves 11 de junio de 1998, contados a partir del día en que se cometió el hecho, 7 de junio de 1998, pues dejó transcurrir cinco (5) días –12 de junio de 1998- para citarlo a descargos y como es la misma convención colectiva la que señala que si el Club no notifica al trabajador dentro de los cuatro (4) días hábiles contados a partir del día que cometió el hecho, no podrá iniciar procedimiento, por lo que el trabajador quedará libre de todo cargo por esos hechos y además no surtirá efecto la sanción o despido que se imponga sin el cumplimiento del procedimiento descrito”; que, en este orden de ideas, al ser extemporánea la citación a descargos y no producir efectos el despido, el trabajador debía ser reintegrado al mismo cargo que desempeñaba al momento del despido o a otro de igual o superior jerarquía, debiéndosele cancelar todos los emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir, entre el momento de la terminación del vínculo y el efectivo reintegro.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la Corporación demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la Corporación recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme en todas sus partes la proferida por el juez de primer grado.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y, enseguida, se estudian. La Corte analizará en primer lugar el cargo segundo por motivos de método.

VI. SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia impugnada de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 62, 63 y 64 del CST, modificados por los artículos 7º y 8º del Decreto 2351 de 1965 y 6 de la Ley 50 de 1990 y 467 del CST, en la de aplicación indebida, los artículos 29 de la Constitución Política de 1991 y115 del CST y, en la de violación medio, los artículos 25, 54, 60, 61, 77, 83 y 84 del CPT y de la SS.

Afirma que la anterior violación se dio como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, el reintegro convencional invocado por la parte actora.

2. No dar por demostrado, estándolo, que los días martes eran inhábiles para la relación laboral entre las partes de este proceso.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la demanda citó al actor a rendir descargos dentro de los cuatro días siguientes a la fecha en que ocurrieron los hechos en que se invocaron como justa causa de despido y, en todo caso, dentro de los cuatro días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de los mismos.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tuvo las debidas oportunidades y garantías para el ejercicio del derecho de defensa.

Sostiene que estos errores de hecho fueron cometidos por la errónea apreciación de la confesión contenida en las respuestas a las preguntas 6, 9, 10, 13 y 16 del interrogatorio del demandante (fls. 37 y ss.), la carta de citación a descargos de 12 de junio de 1998 (fls. 65), el contrato de trabajo (fl. 9), el acta de primera instancia de 17 de junio de 1998 (fls. 71 a 73), el acta de descargos (fls. 68, 69 y 70), el acta de segunda instancia de 24 de junio de 1998 (fls. 74 a 76), la comunicación de 17 de junio de 1998 (fl. 66), la carta de 14 de febrero de 2000 (fls. 10-11), el escrito de la demanda como pieza procesal (fls. 2 y ss.), la carta de terminación del contrato (fl. 77), el reglamento interno del trabajo (fls. 100 a 137) y la Convención Colectiva de Trabajo de 24 de junio de 1997 (fls. 143 y ss. y 176 y ss.), así como de los testimonios de Erico Rojas (fls. 42 y ss.), Eduardo Serrano (fls. 49 y ss.), José Algarra (fls. 55 y ss.) y Misael Hernández (fls. 57 y ss.).

En la demostración del cargo sostiene el censor que cuestiona todas las pruebas que se vinculan como mal apreciadas, pese a que en relación con algunas de ellas no resulta evidente su utilización por el Tribunal al momento de proferir su decisión, por cuanto en el cuerpo de la misma, afirmó el fallador que adoptó su sentencia con fundamento en el material probatorio, lo cual impone concluir que estudió en su totalidad los elementos que lo conforman, por lo que era obligatorio para las partes creer en las afirmaciones de los jueces, así no se compartieran; que la parte actora en su demanda solicitó como prueba genéricamente la convención colectiva de trabajo suscrita entre la sociedad demandada y la organización sindical SINTRASAVOY y, posteriormente, en el acápite de oficios, solicitó que se requiriera al Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social para que enviara la copia de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 9 de julio de 1999 entre la Corporación Club Social y Deportivo Ecopetrol y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Gastronómica y Hotelera y Similares en Colombia; que, por su parte, el Tribunal aceptó que en el proceso se encontraba el texto convencional de los años 1997-1999, visible a folios 177 a 1999, pero no reparó que esta convención no concordaba con ninguna de las dos peticiones de prueba que había formulado la parte actora, pues la que fue allegada no está suscrita por SINTRASAVOY ni se encuentra fechada el 9 de julio de 1999, lo cual, dice, significa que el Tribunal apreció una prueba que no fue pedida, ni decretada oportunamente y que, si bien en segunda instancia se admitió, resultaba claro que ello había obedecido a una confusión generada por las solicitudes del demandante y por la incorporación que inicialmente hizo del ejemplar de la convención (fl. 143) y, con posterioridad, por medio de su apoderada judicial (fl. 175); que, entonces, la convención colectiva valorada no corresponde con lo que fue solicitado en el escrito de la demanda, motivo por el cual el Tribunal erró al apreciar las documentales de folios 144 y siguientes y 176 y siguientes, pues no debió tenerlas en cuenta dado que se incorporaron en segunda instancia bajo el supuesto errado de haber sido pedidas y decretadas en tiempo; que esto significa que la parte actora no acreditó la cláusula convencional en la cual apoya su pretensión de reintegro.

Aduce que el punto de mayor controversia en la sentencia de segundo grado es que el Club no cumplió con citar al demandante para rendir descargos dentro de los 4 días hábiles siguientes, contados a partir del momento en que se cometió el hecho; que, para el Tribunal, la falta ocurrió el 7 de junio de 1998 y la citación a descargos se realizó el 12 del mismo mes y año, lo cual en criterio del ad quem es extemporáneo, pues dejó transcurrir 5 días cuando ello es evidentemente equivocado, dado que en realidad entre tales fechas, el 7 de junio y el 12 de junio de 1998, solo transcurrieron cuatro días hábiles para las partes, dado que los días martes no eran hábiles, en relación con la prestación de los servicios del actor, debido a que en el contrato de trabajo se había estipulado que el martes era de descanso, motivo por el cual no tenía la condición de hábil dentro de la relación laboral; que el Tribunal, aceptando que apreció todas las pruebas, claramente observó mal el contenido del contrato de trabajo, pues no reparó en la condición de inhábil del día martes lo cual impedía contabilizarlo para efectos del término convencional para la citación de descargos.

Señala que la jurisprudencia de esta Sala reiteradamente y por más de 25 años, ha sostenido que la oportunidad para concretar las medidas del empleador, como sancionar, despedir o llamar a descargos, se mide a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de los hechos correspondientes o desde que tuvo oportunidad de conocerlos, pero no desde la ocurrencia de los mismos cuando el empleador no se ha enterado en tal oportunidad; que, aun suponiendo que los días martes fueran hábiles, para efectos de contabilizar el lapso pertinente que en este caso es de 4 días, según la convención colectiva de trabajo, la demandada cumplió rigurosamente con dicho plazo, tal como reiteradamente ella lo afirma, pues el conocimiento de las irregularidades cometidas por el actor solo llegaron a su conocimiento el 9 de junio de 1998 y, por eso, para la fecha en que se le llamó a los descargos, esto es, el 12 de junio, solo habían transcurrido 3 días; que el mismo Tribunal acepta que el conocimiento de las faltas solo se produjo el martes 9 de junio, por lo que resulta incuestionable que la empleadora actuó de conformidad con lo pactado en la Convención Colectiva de Trabajo.

Finalmente, afirma que el ad quem a la postre concluyó que no se cumplió el procedimiento convencional y que, por ello, no se atendió debidamente el trámite del ejercicio del derecho de defensa del demandante, por lo que había que acudir a las comunicaciones y documentos de folios 65, 66, 68 a 70, 71 a 73, 74 a 76 y 77 para aceptar como evidente el cuidado que la entidad demandada tuvo en el cumplimiento de las garantías del demandante, quien no niega que incurrió en las irregularidades que le pusieron de presente al citarlo a descargos y se le reiteraron en la carta de despido, con las cuales resulta clara la violación de sus obligaciones y prohibiciones y la configuración de la justa causa de despido; que hay que observar el interrogatorio de parte del demandante, en el cual acepta que hubo un faltante que fue detectado el 9 de junio de 1998 y que se le comunicó el 12 siguiente y que ese faltante obedeció a su responsabilidad, que su única inconformidad era con el término de citación a descargos y que había sido anteriormente sancionado por otros faltantes, lo cual significa que el actor no discute la existencia de los hechos que se le atribuyeron como violatorios de sus responsabilidades, lo cual lleva a que, en sede de instancia y ante la prosperidad del cargo, se concluya que lo único en que centra el actor su defensa es en que no se le citó dentro del término de los 4 días siguientes a la fecha de la falta, argumento que queda sin ningún respaldo como consecuencia de la prosperidad de uno cualquiera de los tres primeros dislates denunciados; que se incluyen como parte de la acusación la carta de despido pues a partir de ella se identifican las faltas cometidas por el actor, el reglamento interno del trabajo por cuanto fue citado en la misma y en la comunicación del 14 de febrero de 2000, pues la demandada siempre sostuvo y así lo aceptó el ad quem, que el conocimiento de los hechos lo tuvo el 9 y 12 de junio de 1998, por lo que mal se le puede exigir que iniciara el procedimiento de descargos por unas irregularidades sobre las cuales no tenía conocimiento.

VII. RÉPLICA

Manifiesta que el cargo no enuncia el artículo 467 del CST, por lo que la proposición jurídica resulta insuficiente; que la jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado en múltiples ocasiones la obligatoriedad de indicar la norma legal en mención, para este tipo de eventos; que, de todas formas, si bien es cierto que en la demanda se solicitó tener como prueba la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la sociedad demandada y la organización sindical SINTRASAVOY, la cual no tenía nada que ver con el presente proceso, lo cierto es que ello no afecta la validez de la Convención Colectiva de Trabajo allegada, pues sí fue solicitada en el acápite de oficios; que no le asiste razón a la censura cuando afirma que la mencionada prueba no puede tenerse en cuenta, pues sí fue pedida y decretada dentro del juicio; que está acreditado que la falta ocurrió el 7 de junio de 1998, tal como se desprende de los folios 65 y siguientes y que también el demandante fue citado a rendir descargos el 12 de junio de 1998, por lo que, para esta fecha, la citación a descargos ya era extemporánea, pues la empresa había dejado transcurrir 5 días para la citación a descargos, incumpliendo de tal forma el procedimiento convencional; que, en cuanto a que el martes es un día de descanso y, por tanto, un día no hábil, se trata de un hecho nuevo que no había sido aducido por la demandada en las instancias; y que el artículo 35 convencional no establece que el término comienza a contarse desde que el empleador tenga conocimiento del hecho.

VIII. CONSIDERACIONES

La Corte debe resaltar que, en el presente asunto, el fundamento fáctico de la sentencia impugnada estribó en que i) los hechos en controversia sucedieron el domingo 7 de junio de 1998 y tan solo hasta el martes 9 de junio siguiente, luego de la revisión realizada por la tesorería, el Club demandado conoció de los hechos, ii) el 12 de junio de 1998, la demandada notificó al demandante, para que concurriera a presentar los descargos el día 17 de junio de 1998, iii) a pesar de que la entidad agotó el procedimiento del artículo 35 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1997-1999, no llamó a descargos al trabajador dentro de los 4 días hábiles contados desde que se cometió el hecho, esto es, a partir del 7 de junio de 1998 y iv) es la misma Convención Colectiva de Trabajo, en su artículo 35, la que señala que si el club no notifica al trabajador dentro de los 4 días hábiles contados a partir del momento en que se cometió el hecho, no puede iniciar procedimiento alguno, por lo que el trabajador queda libre de todo cargo por estos hechos, sin que tuviera efectos el despido o la sanción impuesta.

Frente al primer argumento del cargo, en cuanto a que el Tribunal se equivocó al apreciar la Convención Colectiva de Trabajo de 1997-1999, obrante a folios 177 a 199, pues, alega, jamás fue pedida, ni decretada en el juicio, la Corte debe resaltar que si bien le asiste razón a la censura en tanto que el actor en el acápite de pruebas de la demanda inicial solicitó que se tuviera como tal la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la sociedad demandada y la organización sindical SINTRASAVOY, la cual nada tiene que ver en el presente proceso y, además, en el acápite de oficios, indicó que se requiriera al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que allegara la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 9 de julio de 1999, entre la Corporación demanda y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Gastronómica, Hotelera y Similares de Colombia, incurriendo en una imprecisión en la fecha de suscripción indicada, lo cierto es que estas circunstancias no dejan de constituir errores intrascendentes, que no inciden en la decisión final del juez de primera instancia de requerir al Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, para que allegara copia autenticada de las convenciones suscritas en los años 1994 a 1998, con su respectiva constancia de depósito (fl. 30), luego de haber decretado el texto convencional como medio probatorio (fls. 27 y 28), de modo tal que, al ser decretada en primera instancia, sin que hubiese sido allegada en tiempo por el mencionado ente ministerial, la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 24 de junio de 1997 por la empresa demandada y por el sindicato HOCAR, que fue allegada por el demandante al momento de proferirse el fallo de primer grado, era una prueba susceptible de introducirse al juicio por el Tribunal en virtud de las facultades del artículo 84 del CPT y de la SS, tal como en efecto se dio mediante el auto de 10 de junio de 2004 (fl. 201), convirtiéndose en un medio probatorio válido dentro del plenario, por lo que, en consecuencia, en ningún error de apreciación pudo incurrir el ad quem al analizarla dentro de la sentencia impugnada.

Ahora bien, no le asiste tampoco razón a la Corporación recurrente, al indicar que el Tribunal erró al contabilizar los 4 días dispuestos por el artículo 35 de la Convención Colectiva de Trabajo, vigente para el periodo 1997-1999, bajo el argumento de que entre el 7 de junio de 1998 y el 12 del mismo mes solamente trascurrieron 4 días y no cinco, pues, precisa, los martes no eran días hábiles para la prestación del servicio del actor según lo pactado en el contrato de trabajo, por cuanto para la Sala la censura pretende introducir con este tema lo que se ha denominado por la jurisprudencia como hecho nuevo en casación, toda vez que la presunta inhabilidad del día de descanso del demandante, para efectos de la contabilización del término convencional, nunca fue planteado por la entidad demandada en las instancias previas, a fin de que el citado tuviera la oportunidad de controvertir y discutir este hecho, siendo ventilado solamente en sede del recurso extraordinario de casación, de modo tal que le está vedado a la Corte pronunciarse sobre este aspecto, en aras de salvaguardar el debido proceso del actor.

De todas formas, para la Corte resulta claro que la recurrente no puede derivar la inhabilidad de los días a efectos de contabilizar los términos del trámite convencional previo a la imposición de sanciones, a partir de lo indicado en el contrato individual de trabajo, pues lo cierto es que la Convención Colectiva de Trabajo de 1997-1999 no precisó nada al respecto sobre los días inhábiles en lo referente a lo consagrado en ella (fls. 144-167 del cuaderno principal), por lo que mal se haría en extender las previsiones del contrato individual a lo pactado por la empresa y la organización sindical, en los acuerdos producto de la negociación colectiva, puesto que son las partes en esta las llamadas a regular la forma en que se contabilizan los términos establecidos en el texto convencional.

En lo que concierne al presunto error cometido por el juez de segundo grado, al contabilizar el término de los 4 días dispuestos por el artículo 35 de la Convención Colectiva de Trabajo, desde la ocurrencia del hecho y no a partir del día en que la empresa conoció del mismo, la Corte avizora que sí hay una equivocación manifiesta y trascedente por parte del Tribunal, toda vez que, a pesar de haber encontrado que el empleador conoció de los hechos el 9 de junio de 1998, luego de haberse realizado el informe de tesorería, omitió el fallador completamente esta circunstancia y decidió contar los términos del procedimiento convencional, desde el día domingo 7 de junio de 1998, sin tener en cuenta que para este momento el empleador no conocía de los faltantes en el inventario efectuado en esta fecha al trabajador y, por ende, no podía dar estricta aplicación al mandato convencional de llamarlo a descargos dentro de los 4 días siguientes.

Para la Corte el hecho que dio por establecido el ad quem de que la empresa conoció de la falta de su trabajador solamente hasta el 9 de junio de 1998, luego de que la tesorería elaborara el informe respectivo sobre el inventario efectuado el 7 de junio anterior, no podía conducirlo a efectuar una interpretación y aplicación literal del artículo 35 del texto convencional, por cuanto la obligación contenida en éste de llamar a descargos al trabajador en los 4 días siguientes luego de ocurrido el hecho no podía entenderse alejado de las circunstancias particulares del caso y con afectación grave del derecho de defensa y contradicción del empleador, lo cual implicaba necesariamente que el término mencionado se iniciara a contabilizar desde el conocimiento efectivo de los hechos constitutivos de la falta en la que había incurrido el trabajador, en aras de garantizar el debido proceso del patrono, a quien no podía exigírsele el cumplimiento estricto de un procedimiento convencional y de los términos establecidos para ello, sin haber conocido previamente las circunstancias de la falta, dado que ello supondría imponerle una carga imposible de cumplir, deviniendo, entonces, la comprensión que el Tribunal hizo del trámite convencional en ajena y extraña a lo razonable.

Y es que para la Corte no podía llegarse a la conclusión a la que arribó el Tribunal, por cuanto los jueces en la definición de los casos y en la interpretación de las normas están atados al respeto de las garantías fundamentales de las partes, entre las cuales se encuentra el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción, de tal suerte que si la verdad procesal llevó al fallador de segundo grado a encontrar acreditado que los hechos solamente fueron conocidos por aquel el día 9 de junio de 1998, cuando tesorería logró determinar los faltantes del inventario realizado al trabajador el domingo 7 de junio anterior, era a partir de este momento en que empezaban a correr los 4 días para efectuar el llamado a descargos al trabajador, so pena de no poder iniciar posteriormente ningún procedimiento por el mismo hecho.

En este orden de ideas, si el término convencional debía contarse desde el 9 de junio de 1998, lo cierto es que la empresa sí llamó a descargos al trabajador dentro del término convencional, pues lo hizo al cuarto día de haberse enterado del hecho, esto es, el 12 de junio siguiente, tal como lo dio por acreditado el Tribunal y como consta a folio 65 del cuaderno principal, razón por la cual respetó en estricto rigor el término establecido en el artículo 35 de la Convención Colectiva vigente, antes de la imposición del despido frente a las faltas que alegaba, por lo que incurrió el fallador en un error de hecho evidente, manifiesto y trascendente en la decisión del caso, imponiéndose, de esta manera, que la Corte case la sentencia impugnada.

Al resultar fundado el cargo, se torna innecesario el estudio del primero, por cuanto en este se pretende demostrar, por la vía directa, el error del Tribunal en cuanto a que los términos convencionales deben contarse desde el conocimiento efectivo del hecho por parte del empleador, lo cual quedó suficientemente analizado por esta Corporación en los términos atrás indicados.

IX. SENTENCIA DE INSTANCIA

En sede de instancia, encuentra la Sala que en el recurso de apelación, el demandante manifestó dos razones de inconformidad frente a la sentencia de primer grado, consistentes en i) el incumplimiento por la demandada del trámite convencional previsto para antes de imponer las sanciones o el despido, al haber llamado al trabajador a rendir descargos al 5 día hábil luego de ocurrido el hecho endilgado, cuando lo impuesto por la cláusula convencional era hacerlo dentro de los 4 días siguientes contados desde la misma época y ii) la no acreditación de la infracción por parte del demandante de las normas del Reglamento Interno del Trabajo, por cuanto había desempeñado sus labores con total responsabilidad.

En cuanto a la primera inconformidad, a la Corte le bastan las consideraciones efectuadas al momento de estudiar el recurso extraordinario de casación, por cuanto, como se vio, la empresa llamó al trabajador a rendir descargos el 12 de junio de 1998, es decir, dentro de los 4 días hábiles siguientes contados desde el momento en que tuvo conocimiento del hecho constitutivo de la falta, es decir, desde el 9 de junio de 1998, tal como lo ordenaba la cláusula 35 de la Convención Colectiva de Trabajo, vigente para el periodo 1997-1999.

En cuanto a los hechos endilgados por la empresa en la carta de despido de que “1. El día martes 9 de junio de 1998 de acuerdo con informe de tesorería, al revisar la planilla de ventas 925 el inventario del día 7 de junio de 1998 el control de mesa 139, usted reporta un faltante en ventas de $ 54.000 correspondiente a 108 gaseosas, que además de ser un menor valor entregado, se refleja en la cartulina 139, ya que está totalizada por $ 219.950, valor que efectivamente fue entregado al Coordinador de eventos y los valores registrados en la cartulina suman $ 273.950” y que “2. El día 12 de junio de 1998, al efectuar inventario físico de productos del punto de venta a su cargo, se encuentra un faltante físico de productos, así: 12 paquetes de papas $ 4.800, 13 cajas de cigarrillos Marlboro $ 16.900, 2 cervezas Caribe $ 1.200, Total $ 22.900” (fls. 77-78 del cuaderno principal), el demandante en la diligencia de descargos reconoció expresamente el faltante en las mercancías del inventario por valor de $ 22.900 y adujo que se debió a un préstamo que hizo a la señora Martha Rueda, a pesar de conocer que este tipo de operaciones entre los puntos de venta exigía un procedimiento particular. Asimismo, en el interrogatorio de parte, el demandante confesó la responsabilidad en el faltante de dinero en las mercancías vendidas, en su calidad de Cajero de la Corporación como lo era para todos los que ocupaban este cargo en la empresa (fls. 37-40) y también el testimonio de Erico Rojas Díaz, miembro de la Comisión Paritaria de Reclamos, da cuenta del faltante de mercancías del 12 de junio de 1998, motivo por el cual se encuentran acreditadas dentro del plenario, a juicio de esta Sala, las faltas cometidas por el demandante, endilgadas por la empresa en la carta de terminación del contrato y que éstas lo fueron en desarrollo directo de las funciones que tenía el actor como Cajero-Barman de la demandada.

Por lo anterior, se configuró la infracción de los literales D, E y G del artículo 47 del Reglamento Interno del Trabajo, de conformidad con los cuales el trabajador tiene como deberes ejecutar los trabajos con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible y mantener la veracidad de los hechos (fls. 100- 128), así como el desconocimiento de los deberes, consagrados en los artículos 51, numerales 1º, 5º y 9º y 56 del mismo, relativos al desempeño de las labores con total honestidad y responsabilidad, tal como lo adujo la empresa demandada en la carta de despido, siendo que la violación por parte del trabajador de las obligaciones reglamentarias es una falta que se considera como grave, de conformidad con el literal d) del artículo 56 del reglamento en mención y, en consonancia con el artículo 62, literal a) del CST, numeral 6º, constituye una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del patrono, de forma tal que no existe mérito para condenar a la empresa demandada a ninguna de las pretensiones incoadas en su contra en el libelo de la demanda.

Por estos motivos, se confirmará la sentencia del juez de primera instancia.

Costas en las instancias a cargo del demandante. Sin lugar a ellas, en el recurso extraordinario.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 8 de abril de 2008 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, dentro del proceso ordinario laboral seguido por PEDRO ANTONIO ORTIZ LOZANO contra la CORPORACIÓN CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ECOPETROL. En sede de instancia, confirma la decisión absolutoria de primer grado.

Costas en las instancias a cargo del demandante. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.