Sentencia SL3843-2015/46843 de marzo 25 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL3843-2015

Rad.: 46843

Magistrado Ponente

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 9

Bogotá, D. C., veinticinco de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

El censor le endilga al tribunal haber determinado el ingreso base de liquidación —IBL— de la pensión de vejez del demandante, aplicando una fórmula para la actualización de los salarios base de cotización, que fue recogida por la Corte, desde la sentencia del 13 de diciembre de 2007, Radicado 30602, por lo que ha debido obtener dicho IBL de acuerdo a los lineamientos trazados a partir de la referida providencia.

Al respecto, observa la Sala que efectivamente el juez colegiado obtuvo el IBL de la pensión de vejez del demandante aplicando la fórmula

FORMUL(1)
 

Fórmula anterior que había sido utilizada por esta Sala de Casación Laboral desde la Sentencia CSJ SL, 20 abr 2007, Rad. 29470, cuando se dijo:

Por último, para obtener el ingreso base de liquidación, se toma el salario devengado en cada mensualidad, y ya actualizado se multiplica por el número de días retribuidos para cada mes y se divide por el total de días reseñado, es decir 2.613; luego se suman los resultados de todas estas ponderaciones y, al total se le aplica el 75%, obteniéndose así el monto de la pensión.

Fórmula:

FORMUL(2)
 

Vp = Valor pensión

Ʃ = Sumatoria

F i IBL =

Fecha inicial para IBL = Es la fecha hasta la cual llega el conteo de número de días para IBL, retrocediendo desde la fecha de la última cotización.

F IBL =

Fecha final para IBL= Es la fecha de la última cotización

SD = Salarios devengados en el tiempo

Establecido para IBL.

IPCF = IPC final = IPC año de fecha de pensión

IPCI = IPC inicial = IPC del año de cada

Salario respectivamente

T SD = Tiempo en número de días de cada salario

T IBL = Tiempo en número de días para IBL

Sin embargo, tal como lo pone de presente la censura, dicho criterio jurisprudencial fue recogido por la Sala en la sentencia del 13 de diciembre de 2007, Radicado, 31222, al considerar que:

… bajo un nuevo examen del tema, estima la Sala que debe revisar las pautas que en un principio se adoptaron para la aplicación de la fórmula matemática que sirvió para dar efectividad al mecanismo de la actualización aludida, ello para el contingente de trabajadores que se hallen en las circunstancias especiales antedichas, y bajo esta órbita modificar su criterio; no sin antes poner de presente, que la fórmula que ha venido utilizando en casos semejantes, al haber sido objeto de cuestionamiento a través de tutela, la Corte Constitucional, en su Sala Sexta de Decisión consideró que “la adopción de metodología de cálculo adoptada por los jueces se fundamentó suficientemente, estuvo basada en razones de peso y no puede, por ese hecho, catalogarse como arbitraria” (Sent. T-440 de 1º de junio de 2006); sin embargo, esa misma corporación, a través de la Sentencia de Tutela T-425 de 2007, siguiendo un criterio jurisprudencial distinto al antes referido, decidió aplicar la fórmula según la cual debía multiplicar el valor histórico que se traduce en el “promedio de lo devengado por el demandante durante el último año de servicios, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a fecha a partir de la cual se reconoció la pensión, entre el índice inicial,…” con el argumento de que “refleja criterios justos equitativos…”.

Partiendo entonces, de que el cometido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es actualizar anualmente la base salarial para tasar la mesada pensional, esto es, garantizar que los ingresos que integran ese IBL conserven su valor, se estima que en asuntos donde sea procedente la actualización, dicho fin se logra adecuando el mencionado precepto legal a cada situación, y en términos de la fórmula a aplicar, buscar la que más se ajuste al mecanismo de mantener el poder adquisitivo de las pensiones.

En este orden de ideas, el tomar el valor monetario a actualizar y multiplicarlo por el índice de precios al consumidor final y dividirlo por el IPC inicial, es dable sostener que esta fórmula también cumple a cabalidad con el designio y espíritu de la norma en comento y demás postulados de rango constitucional que en materia pensional consagran los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, para efectos de determinar el ingreso base de liquidación y establecer el monto de la primera mesada en aquellos casos no contemplados en la ley de seguridad social, empero observando la variación del IPC para cada anualidad en la medida que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 así lo exige; lo cual es semejante a la fórmula que viene aplicando la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado.

Así pues, que en lo sucesivo para determinar el ingreso base de liquidación de pensiones como la que nos ocupa, se aplicará la siguiente fórmula, que más adelante se desarrollará en sede de instancia:

FORMUL(3)
 

De donde:

VA = IBL o valor actualizado

VH = Valor histórico que corresponde al último salario promedio mes devengado.

IPC final = Índice de precios al consumidor de la última anualidad en la fecha de pensión.

IPC inicial = Índice de precios al consumidor de la última anualidad en la fecha de retiro o desvinculación del trabajador.

Con esta nueva postura, la Sala recoge cualquier pronunciamiento anterior que resulte contrario con respecto a la fórmula que se hubiere venido empleando en casos similares donde no se contempló la forma de actualizar la mesada pensional, acorde con la teleología de las normas antes citadas.

Si bien la fórmula de actualización del IBL de la pensión utilizada por el tribunal, no coincide con el actual criterio fijado por la Sala a partir de las sentencias proferidas el 13 de diciembre de 2007, radicados 30602 y 31222, reiteradas en las del 14 de noviembre de 2012, Radicado 53712 y 18 de septiembre del mismo año, radicado 41130, entre otras, no procede el quiebre de la sentencia impugnada por cuanto al realizar la Corte el cálculo del IBL de la pensión del actor, con arreglo a la fórmula que plantea el recurrente, se obtendría un valor inicial de la mesada pensional, ligeramente superior al obtenido por el tribunal, tal como se explica en la siguiente tabla.

Ingreso base de liquidación-=$1.131.308,03
Fecha de pensión =04/04/2004
Porcentaje de pensión =75%
Valor de la primera mesada =$848.481,02

TABLA-1-
TABLA-1-
 

TABLA-2-
TABLA-2-
 

TABLA-3-
TABLA-3-
 

TABLA-4-
TABLA-4-
 

TABLA-5-
TABLA-5-
 

TABLA-6-
TABLA-6-
 

 

Como se observa, al calcular el IBL de la pensión de vejez del demandante, de acuerdo con la fórmula que viene utilizando esta corporación para el efecto, manteniendo los valores tenidos en cuenta por el tribunal y sobre los que no hay discusión, se tiene que el ingreso base de liquidación de la prestación, para el 4 de abril de 2004, sería de $1’131.308,03, que al aplicarle una tasa de reemplazo del 75%, arrojaría una mesada inicial de $848.481,02, es decir, superior a la obtenida por el ad quem.

Dado que el ISS es el único recurrente en casación y para no hacer más gravosa su situación, resulta forzoso mantener incólume la sentencia impugnada en este aspecto.

Por lo visto, aunque el cargo es fundado, no sale avante.

IX. Segundo cargo

Acusa la sentencia recurrida por aplicar indebidamente los artículos 9º de la Ley 153 de 1887; 19 del Código Sustantivo del Trabajo; 1613, 1617, 1626 y 1649 del Código Civil, en relación con los artículos 33 y 141 de la Ley 100 de 1993 y 12 del Acuerdo 049 de 1990.

En el desarrollo, arguye el censor que con esta acusación se pretende el quiebre de la sentencia del tribunal en cuanto condenó a la demandada a indexar cada una de las mesadas adeudadas al demandante; transcribe el aparte pertinente de la sentencia del ad quem, para afirmar que este incumplió lo previsto por el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral en virtud del principio de integración, “en cuanto manda citar los textos legales que aplica, es decir, cuáles son las normas que consagran la indexación que se reconoce”; que por ello se denuncia la infracción de los artículos 9º de la Ley 153 de 1887; 19 del Código Sustantivo del Trabajo; 1613, 1617, 1626 y 1649 del Código Civil, “sobre los cuales se ha estructurado en el campo del derecho civil, y por integración en el derecho laboral, la figura de la indexación de una obligación en dinero; indexación, que se advierte, es diferente a la prevista por la Ley 100 de 1993 para determinar el ingreso base de liquidación para las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes”; que tales preceptos fueron indebidamente aplicados, pues al haberse ordenado el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no procede la indexación, dado que esa clase de intereses ya incluye el resarcimiento de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. En su respaldo transcribe un pasaje de las sentencias CSJ SL, 21 nov. 2001, Rad. 16476 y CSJ SC, 27 nov. 2002, Rad. 7400.

X. Consideraciones

El censor le reprocha al tribunal haber ordenado la indexación del valor de las mesadas pensionales al actor, siendo que también ordenó el pago de intereses moratorios sobre dichas mesadas, lo que, aduce, no resulta procedente “dado que esa clase de intereses ya incluye el resarcimiento de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda”.

Al respecto, estima la Sala que le asiste razón a la censura en cuanto afirma que la imposición de intereses moratorios es incompatible con la indexación, en tratándose de la misma obligación, ya que la indexación o corrección monetaria, tiene por objeto mantener constante el valor adquisitivo de la moneda. Por su parte, los intereses, al igual que la indexación, constituyen una forma de resarcir la pérdida del poder adquisitivo que sufre la moneda por el simple transcurso del tiempo.

Quiere decir lo anterior que bien puede el acreedor solicitar la indexación, o los intereses moratorios, a su elección. Pero en manera alguna le es dable pretender ambas cosas al tiempo, ya que de concederse en forma simultánea la corrección monetaria y los intereses por mora, habría un enriquecimiento injusto de una de las partes toda vez que la tasa de interés incluye el componente inflacionario.

En otras palabras, tiene por objeto la indexación que “no se enriquezca de manera injusta una de las partes de la relación sustancial a costa de la otra” (CSJ SC, feb. 21 de 1984, CLXXVI, pág. 33). La “recomposición económica lo único que busca, en reconocimiento a los principios universales de equidad e igualdad de la justicia a los que de manera reiterada alude la jurisprudencia al tratar el tema de la llamada ‘corrección monetaria’ (G.J, Ts. CLXXXIV, pág. 25, y CC pág. 20), es atenuar las secuelas nocivas del impacto inflacionario sobre una deuda pecuniaria sin agregarle por lo tanto, a esta última, nada equiparable a una sanción o un resarcimiento (cas. civ. de 8 de junio de 1999; Exp. 5127)”. Como lo ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia: “Al fin y al cabo, como bien se ha corroborado por la doctrina especializada, “No estamos aquí frente a un problema de responsabilidad civil sino que, por el contrario, nos hallamos en la órbita del derecho monetario, en donde la indexación se produce en razón de haber perdido la moneda poder adquisitivo. ¡Sólo eso, y nada más que eso!”(1) (...)”(2).

Por su parte, puede definirse el interés como una forma o mecanismo de ajuste de las obligaciones pecuniarias. Una de las expresiones de esta forma de ajuste de las obligaciones pecuniarias es “la tasa de interés que incluye la inflación (componente inflacionario) y que, por ende, “conlleva al reajuste indirecto de la prestación dineraria”(3), evento en el cual resulta innegable que ella, además de retribuir —y, en el caso de la moratoria, resarcir— al acreedor, cumple con la función de compensarlo por la erosión que, ex ante, haya experimentado la moneda (función típicamente dual)”(4)”.

De lo dicho se desprende que el interés moratorio, al igual que la indexación, cubre la pérdida del poder adquisitivo del dinero.

En ese orden de ideas, estima la Sala que los intereses moratorios y la indexación son incompatibles, dado que el interés comprende el concepto de la corrección monetaria, razón por la cual obligar al deudor a pagar indexación e intereses, sería como imponerle una doble condena por un mismo rubro, lo que de suyo apareja un enriquecimiento sin causa del acreedor con un correlativo empobrecimiento del deudor.

Así lo ha considerado esta Sala de la Corte, en Sentencia CSJ SL16440-2014, en la que reiteró lo dicho en la CSJ SL, 22 ago. 2012, Rad. 42477, cuando adoctrinó:

Acerca de la condena simultánea a la indexación y a los intereses moratorios, se pronunció la Corte en la Sentencia CSJ SL, 22 ago. 2012, Rad. 42477, en los siguientes términos:

“Así las cosas, debe decirse que impuesta la condena por concepto de intereses moratorios, no cabía la indexación de las mesadas, por ser incompatibles, en cuanto ambas cargas económicas tienen una misma finalidad, esto es, paliar los efectos adversos producidos por la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones, además, que en la fijación de los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, ya está involucrado el componente inflacionario que afecta el poder adquisitivo del dinero.

“Ahora bien, aun cuando es cierto que la Corte en sentencia del 1º de diciembre de 2009, Radicación 37279, precisó que eran compatibles la indexación y los intereses moratorios de Ley 100 de 1993, tal como lo afirma el opositor, dicho criterio fue rectificado en la sentencia del 6 de diciembre de 2011, Radicación 41392, en la que se acogió lo precisado por la Sala de Casación Civil de la misma corporación el 19 de noviembre de 2001, Expediente 6094.

“En atención al referente jurisprudencial que ahora se reitera, es claro que el tribunal sí incurrió en la violación de las normas denunciadas y, por ende el primer cargo tiene éxito; por ello queda relevada la Corte del estudio del segundo que tiene el mismo alcance”.

Conforme a los apartes transcritos, los intereses moratorios y la indexación son incompatibles frente a su aplicación a las mesadas pensionales en mora de pago, en la medida en que los intereses moratorios involucran un componente “inflacionario que afecta el poder adquisitivo del dinero”, es decir, incluyen la indexación, por lo que sería una doble carga por el mismo concepto, aclarando que impuesta la condena por intereses moratorios no hay lugar a otra por la indexación.

En efecto la indexación está dirigida, entre otras, a actualizar una deuda laboral o pensional con el índice precios al consumidor, IPC, certificado por el DANE, para así paliar los efectos negativos que le causa la inflación económica al valor nominal en el transcurso del tiempo; en tanto que los intereses moratorios, conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por su carácter resarcitorio económico constituyen un mecanismo para dar respuesta al retardo en la solución de las mesadas pensionales, la cual incluye la orientación a impedir que estas devengan irrisorias por la notoria pérdida del poder adquisitivo de los signos monetarios (CSJ SL, 12 mayo 2005, Rad. 22605), para lo cual se aplica la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúa el pago de la obligación.

En atención a que el cargo tercero se propuso en subsidio del que acaba de estudiarse, la Sala se releva de su estudio.

XI. Fallo de instancia

En instancia, bastan las consideraciones expuestas en sede de casación para concluir que no hay lugar a ordenar la indexación de las mesadas pensionales adeudadas al demandante. Importa agregar, de otro lado, que en la demanda inicial la parte actora solicitó los intereses moratorios y no la indexación de las mesadas adeudadas, de modo que no podía el tribunal, como juez de segunda instancia, imponer condena por este concepto. Al hacerlo así profirió un fallo extra petita, siendo que las facultades de que trata el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son privativas del juez de primera o única instancia, mas no del ad quem como juzgador de segunda instancia.

Estas consideraciones resultan suficientes para casar parcialmente la sentencia impugnada en cuanto condenó al ISS a indexar cada una de las mesadas pensionales adeudadas al demandante y, en su lugar, absolverla de dicha indexación. No se casa en lo demás la decisión recurrida.

Sin costas en el recurso de casación. En primero y segundo grado, tal como se definió en las instancias.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el veintiséis (26) de febrero de dos mil diez (2010) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Edgar de Jesús Londoño Escobar contra el Instituto de Seguros Sociales, en cuanto condenó a la demandada a pagar al actor cada una de las mesadas pensionales adeudadas, “debidamente indexadas hasta la fecha del pago efectivo” y NO LA CASA en lo demás.

En instancia absuelve al ISS de indexar las mesadas pensionales adeudadas al actor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Sin costas en el recurso de casación. En primero y segundo grado, tal como se definió en las instancias.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) Luis Moisset De Espanés; Ramón Daniel Pizarro y Carlos Gustavo Vallespinos. Inflación y Actualización Monetaria. Buenos Aires. Ed. Universidad. 1981. Pág. 116.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de noviembre de 2001, Expediente 6094.

(3) Jorge Bustamante Alsina. Indexación de deudas de dinero. En Responsabilidad civil y otros estudios. Buenos Aires. Abeledo Perrot. 1984. Pág. 166.

(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de noviembre de 2001, Expediente 6094.