Sentencia SL3869-2017/50006 de febrero 1 de 2017 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación n.º 50006

Magistrado Ponente

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas 

Acta 03

Bogotá, D. C., primero de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: IV. RECURSO DE CASACIÓN

Fue interpuesto por el demandante y con él pretende que la Corte «case o anule totalmente la sentencia de primera y de segunda instancia a fin de que esta corporación en su lugar se sirva condenar al ISS al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por alto riesgo estipulada (…), desde el momento en que cumplió los requisitos para acceder a la citada prestación».

Con tal propósito, formula un cargo, replicado en tiempo.

V.CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia por «INFRACCIÓN POR VÍA INDIRECTA POR ERROR DE HECHO, por inapreciación de las pruebas allegadas al proceso ordinario, mas (sic) exactamente las certificaciones expedidas por el Señor ANTONIO RODRÍGUEZ jefe de relaciones industriales de Alumina del 7 de julio de 1998 y 23 de julio de 1997».

En la demostración, manifiesta que en la certificación de 23 de junio de 1997 consta que trabajó para Alumina S.A. entre el 8 de noviembre de 1976 y el 21 de julio de 1997, lo cual es reiterado en la de 7 de julio de 1998, a la vez que agrega que se desempeñó como ayudante de fundición, con exposición a 45º C «por espacio de 50 minutos continuos hasta tres oportunidades durante el tiempo de 8 horas con intervalos de 1.30 horas aproximadamente».

Enseguida, elabora un cuadro que denomina «CARGA DE TRABAJO SEGÚN COSTO ENERGÉTICO» y destaca que las certificaciones aludidas fueron expedidas con destino al ISS para el análisis de la viabilidad de la prestación especial, y afirma que sí fueron tomados en cuenta por el ente de seguridad social, toda vez que la negativa al reconocimiento impetrado se fundó en la falta de la cotización adicional. Añade que tales documentos son auténticos en los términos del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

En punto a la descalificación de la constancia suscrita por Antonio Rodríguez Barber, dice que esta persona tenía atribuciones de representación legal, toda vez que fue quien firmó el acta de conciliación de 23 de julio de 1997, en la que se anotó que el demandante fue ayudante de fundición, y se comprometió a pagarle una suma de dinero.

Reitera que en sede gubernativa, la pensión fue negada por el no pago de los 6 puntos adicionales y por no estar laborando al momento de elevar la solicitud, que no por haber omitido acreditar la prestación del servicio en altas temperaturas, lo cual estaba claro para el Instituto. Por ello, insiste, satisface las exigencias de los artículo 2 y 3 del Decreto 1281 de 1994, modificados por artículo 117 del Decreto 2150 de 1995, que trascribe, para finalizar pidiendo nuevamente que se casen las sentencias de primera y segunda instancia.

VI. RÉPLICA 

Alumina S.A. aduce que cuando elevó la petición pensional, el accionante no contaba con la edad, ni la densidad de aportes, exigidas en la norma legal, ni se hallaba laborando para esa fecha. Y que si tuviera derecho, la pensión especial estaría a cargo del Instituto de Seguros Sociales. En todo caso, afirma, tiene derecho a la pensión de vejez ordinaria, en tanto pertenece al régimen de transición.

El Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones, destaca como deficiencias técnicas: a) carencia de proposición jurídica del único cargo; b) acusar una misma prueba de no ser valorada y sido apreciada erróneamente; c) se dejaron de precisar las pruebas que fueron preteridas y mal valoradas; d) «lo que se pretende plantear es que, el Tribunal, no tenía competencia para negar lo pretendido con fundamento en el supuesto fáctico que no encontró demostrado, lo que no es discutible por la senda indirecta».

Dice que el ad quem no desconoció lo que objetivamente exhiben las certificaciones de la empresa, sino que le dio mayor poder de convicción a otras piezas del proceso.

VII. CONSIDERACIONES

Si bien la segunda opositora tiene razón en cuanto a las deficiencias técnicas que enrostra al único cargo formulado por la censura, es posible emprender el pertinente análisis de fondo, debido a que a lo largo de su exposición, el demandante alude a la violación de los artículos 2 y 3 del Decreto 1281 de 1994, que consagran el derecho a la pensión de vejez especial, con lo cual se suple la ausencia de proposición jurídica en la formulación de la acusación.

De otra parte, la incorrección en que incurre la impugnación al solicitar la casación de los fallos de primer y segundo grado, no ofrece problema para entender que es el quiebre del fallo del Tribunal lo que se propone, en tanto en la demostración del cargo toda la argumentación se dirige contra el del órgano judicial colegiado.

Al inicio de la demostración, el impugnante reprende al Tribunal porque apreció con error las certificaciones suscritas por Antonio Rodríguez Barber, según las cuales, el señor Palacio laboró para la demandada desde el 8 de noviembre de 1976 hasta el 21 de julio de 1997, «desempeñando el cargo de Ayudante de Fundición», y que «dentro de sus labores efectuaba el colado de aluminio líquido (vaciado en los moldes) teniendo exposiciones a temperaturas de 45 C, por espacios de 50 minutos continuos hasta tres (3) oportunidades durante el turno de ocho (8) horas, con intervalos de 1:30 horas aproximadamente, tiempo durante el cual el ejecutaba otras labores, como clorinar, batir, escoria, etc.».

No obstante la claridad de estas dos certificaciones en punto a los extremos temporales de la vinculación y el cargo y funciones desempeñadas (fls. 7 y 8), además de que tanto el ISS como la empresa Alumina admitieron como ciertos los hechos tercero y cuarto de la demanda inicial, y en la conciliación del 23 de julio de 1997 –que fue aportada por la última empresa--, se dijo que la labor desarrollada por el demandante fue el de ayudante de fundición, el ad quem acogió el escrito de respuesta a un requerimiento del juzgado, en el que Alumina S.A. informó que Juan Evangelista Palacio había trabajado a su servicio, dentro de los mismos extremos temporales «desempeñando el cargo de Operario Montacargas», lo cual fue ratificado por dicha sociedad al contestar la demanda. Y sin esgrimir ninguna razón, el juzgador de alzada, coligió que las citadas constancias de folios 7 y 8, estaban alejadas de la verdad, y que presumía que lo perseguido por el demandante fue «timar» al sistema de seguridad social, razón por la cual ordenó la compulsación de copias para que se investigara el posible punible.

En casos como el que ahora convoca su atención, es cierto que la Sala tiene adoctrinado que en virtud de la preceptiva del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, los juzgadores de instancia están asistidos de una amplia libertad en materia de valoración de las pruebas, en la medida en que no está «sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes».

Y ha insistido en que dentro del marco de libertad valorativa que el precepto adjetivo mencionado le otorga, el fallador de instancia puede optar por darle mayor credibilidad a uno u otro elemento persuasivo, y que en esa misma dirección, no le es permitido al juez de casación invadir ese ámbito de autonomía que ostenta el Tribunal.

No obstante, también es cierto que en su función, a la Corte le corresponde ejercer el control de legalidad de las sentencias que llegan a su conocimiento en virtud de la interposición del recurso de casación, en aras de que la ley sea correctamente aplicada e interpretada de forma que se avenga a su cabal y genuino sentido, y que frente a un desatino probatorio mayúsculo, tiene la obligación de reparar el agravio inferido a las partes, como objetivo secundario del recurso extraordinario.

En el caso bajo estudio, es evidente que el Tribunal le otorgó mayor peso probatorio a un escrito emanado de la propia empleadora, con el que dio respuesta a un oficio librado por el juez a quo, según el cual el demandante fungió como operario de montacargas y que fue expedido mucho tiempo después de haberse terminado el contrato de trabajo y cuando la contienda judicial ya se había trabado y tenía conciencia de que gran parte del resultado dependía de la respuesta que diera, así como del perjuicio que en el futuro podría ocasionarle una decisión adversa.

En cambio, en términos inadecuados por cierto, descalificó las certificaciones expedidas por el jefe de relaciones industriales de la época, en fechas muy cercanas a la terminación de la relación de trabajo, cuando no se avizoraba la posibilidad de que entre las partes surgiera un conflicto que lo enfrentara con su ex trabajador y pudiera reportarle consecuencias nocivas a sus intereses.

El desatino del ad quem adquiere mayor notoriedad al pretender que el resultado de tan desafortunado ejercicio de juzgamiento, pudiera corroborarse con lo que la propia sociedad, como ya se dijo, respondió en el escrito de contestación a la demanda, como si lo que afirma una parte pudiera reportarle ventajas probatorias, que fue lo que hizo también el juzgador al preferir lo manifestado por Alumina S.A. en el documento que remitió al juzgador de la instancia inicial.

La razón está de lado de la censura porque, además, como lo destaca en su escrito, en el acta de conciliación suscrita entre la demandada y el demandante el 23 de julio de 1997 (fls. 35 y 36), se hizo constar que el cargo ocupado por el actor fue el de ayudante de fundición, lo cual también fue expresamente aceptado por el ISS al contestar los hechos 3, 4 y 10 (fls. 28 a 30), inobservados por el Tribunal, a los que alude el impugnante al recabar en que los motivos que sirvieron a la entidad para negar la pensión de vejez en la modalidad solicitada, fueron el hecho de no haber cotizado los 6 puntos adicionales exigidos por la norma legal y no encontrarse prestando al servicio al momento de presentar la petición.

Sin abundar en razones adicionales, el cargo es fundado.

Sin embargo, la Corte no puede casar la sentencia gravada, debido a que al ubicarse como Tribunal de instancia, encontraría lo siguiente:

El fallador de la instancia inicial no encontró viable el reconocimiento de la pensión de vejez especial, debido a que el demandante no acreditó haber estado sometido a altas temperaturas durante el tiempo legalmente exigido «pues si bien la certificación de folio 8 afirma que lo estuvo, de ella no se desprende certeramente y sin lugar a dudas que dicha exposición a altas temperaturas se dio durante toda la vigencia de toda la relación laboral o en su defecto por cuantas semanas, sin que se pueda asemejar dicho documento a una experticia como lo pretende hacer ver la apoderada de la parte actora». En tal virtud, dijo, «no obra dentro del expediente prueba de un estudio o experticia seria de puesto de trabajo y funciones desempeñadas por el actor, que de certeza (…) del número de semanas efectivamente cotizadas o laboradas por el actor en altas temperaturas, requisito sine cuanon (sic) para la prosperidad de las pretensiones (…)».

Si bien, se equivocó el juez al exigir que para efectos de demostrar la exposición a altas temperaturas era necesario aportar un medio de prueba calificado, lo cual no se estima compatible con un esquema en el que impera la libertad del juez en la valoración de las pruebas, lo cierto es que ni de las constancias expedidas en 1997 y 1998 por la demandada, ni del acta de conciliación antes referida, es posible extraer información siquiera aproximada, sobre el tiempo en que el accionante ejecutó oficios con exposición a altas temperaturas, toda vez que ninguno de esos elementos precisa los hitos inicial y final en que se ocupó de la actividad de auxiliar de fundición.

Tampoco, es plausible considerar una eventual permanencia del demandante en el oficio referido durante toda la vigencia del contrato de trabajo, en tanto que según su texto (fls. 130 a 132), la labor inicialmente desarrollada por aquél fue la de ayudante de oficios varios y así fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales (fl. 133).

Dado que el cargo resultó fundado, aunque impróspero, no se impondrán costas por el recurso extraordinario.

VIII. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 17 de junio de 2010 por una Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Cali, en el proceso promovido por JUAN EVANGELISTA PALACIO JARAMILLO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, al que fue llamado a integrar el contradictorio ALUMINIO NACIONAL S.A. (ALUMINA S. A.)

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.