Sentencia SL395-2018/50197 de febrero 21 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL395-2018

Rad.: 50197

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Castillo Cadena

Acta 6

Bogotá, D. C., veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…)

XII. Consideraciones

Valga la pena acotar que la crítica de orden técnico que exhibe la réplica no admite vocación de prosperidad en la medida que desconoce la independencia y autonomía que los cargos tienen, siendo plenamente válido que de acuerdo a las directrices que gobiernan cada vía, se acepten o no los fundamentos fácticos de la providencia recurrida.

Hecha la anterior precisión es de recibo anotar que quedan fuera de debate los siguientes soportes fácticos: i) que la Empresa de Energía de Bogotá fue sustituida por Codensa S.A. ESP, ii) que el actor se vinculó con la primera mencionada a partir del 11 de diciembre de 1987, iii) que al momento de la presentación de la demanda estaba vinculado con Codensa S.A y llevaba más de 20 años de servicio a la compañía en virtud de la sustitución, iv) que suscribió un “otro sí” a su contrato de trabajo en el que se consignó aceptar la modalidad de salario integral, v) que renunció a los beneficios de la convención colectiva, vi) que a partir de 2008 se afilió nuevamente a la organización sindical, vii) que por reunir los requisitos previstos en la cláusula 34 de la convención colectiva solicito se le concediera la pensión de jubilación, viii) que desempeña el cargo de profesional senior y ix) que la demandada le negó el derecho pretendido.

El sentenciador entendió que, al existir como modalidad de retribución el del salario integral que lleva inmersa la compensación de prestaciones extralegales, la pensión de jubilación convencional no podía concederse al trabajador, quien además había renunciado a los beneficios de la convención colectiva, pues las calificó de prerrogativas excluyentes; de otra parte, le reprochó al actor no haber contado con la aquiescencia de la empresa para afiliarse al sindicato y, finalmente, señaló que no era ético formular la reclamación impetrada.

La censura por su parte aduce que, si bien el asalariado renunció a los beneficios de una convención, fue exclusivamente a la que regía en el momento en que suscribió una modificación a su contrato de trabajo, lo cual no le impedía ni afiliarse nuevamente a la organización sindical ni beneficiarse de las prerrogativas convencionales; y que el tribunal no aplicó el entendimiento que esta Corte dio al artículo 18 de la Ley 50 de 1990 cuando definió su exequibilidad.

Resulta importante para definir el asunto en debate, que el demandante suscribió el siguiente texto que reposa a folio 89 del plenario:

Mediante la presente me permito comunicarle que renuncio expresamente a los beneficios de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, suscrita entre Codensa S.A. y Sintraelecol.

Igualmente les manifiesto que me acojo al régimen establecido para los trabajadores que son remunerados con salario integral. En consecuencia, les solicito aplicarme dicho régimen, en el entendimiento de que su disfrute es integral y en desarrollo del principio de inescindibilidad, incompatible con los beneficios de la Convención Colectiva de Trabajo. (Negrillas fuera de texto).

A su vez el “OTRO SI” que la documental de folio 88 reporta se agregó al contrato que celebró el actor el 1º de junio de 1996, en el que se admitió que la vinculación contractual inició el 4 (sic) de diciembre de 1987, señala:

Cláusula Primera: Codensa S.A. ESP se obliga a remunerar la prestación de los servicios en la suma integral mensual de $4.968.366.oo pagaderos por mes vencido. Este salario integral, además de retribuir el trabajo ordinario, compensa de antemano el valor de las prestaciones, recargos y beneficios tales como los concernientes al trabajo nocturno, extraordinario o de horas extras, en días de descanso obligatorio, sobresueldos, descansos dominicales o festivos, primas legales y extra legales, la cesantía y sus intereses, los suministros en especie, los subsidios y en general toda clase de prestaciones legales y extralegales, excepto las vacaciones legales.

Cláusula Segunda: En virtud de este contrato, a partir del 1º de enero del 2000 las únicas obligaciones salariales y prestacionales de Codensa S.A. ESP para con el TRABAJADOR se reducen a pagarle el salario integral ya definido de mutuo acuerdo entre Codensa S.A. ESP y el TRABAJADOR, y el derecho legal a las vacaciones.

De la lectura desprevenida a la dimisión que presentara el trabajador respecto de la convención colectiva, aun cuando no reporte fecha específica, es necesario destacar como lo hizo el censor, que aquella se refirió expresa y exclusivamente a la que estaba vigente al momento de la suscripción del mentado documento, vale decir, que no hubo renuncia a beneficios posteriores.

De otra parte, aunque la modalidad de salario integral presupone involucrar en su contenido las prestaciones extralegales, como lo advirtió en su momento la Corte, ellas son la que pudieran originarse en vigencia del vínculo laboral, no las que surgen una vez se pone fin a aquel. De tal suerte que la pensión, que como tal resulta de la mayor trascendencia dada la naturaleza de prestación social aún bajo la condición de tener un estirpe extra legal, no puede entenderse comprendida dentro de las prerrogativas extralegales que se compensan en ese tipo de remuneración.

El tema que ocupa la atención de la Sala ya ha sido definido, recientemente en la Sentencia SL6305-2016, 27. abr. 2016, Rad. 41825, al resolver una controversia con idénticos ribetes fácticos, en los siguientes términos:

Ciertamente, tal y como lo pone de presente la censura, la renuncia que hizo el demandante de los beneficios previstos convencionalmente, sí estuvieron limitados en el tiempo, en tanto como con claridad se señaló en la documental ya transcrita, tal dimisión se circunscribió única y exclusivamente a los que prevé la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 8 de mayo de 1998, entre Codensa S.A. y Sintraelecol, con vigencia del 1º de enero de 1998 al 31 de diciembre de 1999, sin que logre deducirse de tal medio de convicción que también abarcara los beneficios del acuerdo vigente para los años 2004 a 2007, ya que es en perspectiva de su artículo 34 de donde se pretende deducir el derecho demandado en esta contención.

En las condiciones anteriores, si el aquí demandante delimitó la renuncia de los beneficios respecto de la convención colectiva ya relacionada, esto es, la vigente entre el 1º de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 1999, no es acertado deducir que tal abdicación se haga extensiva a las que posteriormente se suscriban, pues eso no fue lo que se expresó en la citada documental, y por ende sí incurrió el sentenciador de alzada en el desacierto que se le endilga en ese sentido. A este mismo aserto arribó la Corte en la Sentencia CSJ SL, 5 ago. 2015, Rad. 47051, en donde se estudió la misma situación en la empresa aquí demandada.

De otro lado, el otro aspecto que también controvierte el impugnante, y que se relaciona con el hecho de si por haberse pactado salario integral entre las partes contratantes, al actor no le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, por cuanto como lo dedujo el tribunal, ello equivaldría en la práctica a un doble régimen prestacional incompatibles entre sí, o si por el contrario, como lo destaca el censor, ese tipo de beneficio extralegal no puede ser considerado dentro de la integralidad de la remuneración.

Para resolver el anterior interrogante debe precisar la Corte, que el salario integral no tiene como finalidad compensar de antemano el pago de la pensión extralegal de jubilación contenida en la Convención Colectiva de Trabajo, pues lo que aparece comprendido dentro de esa forma de remuneración, son todas aquellas prestaciones que se generan durante la vigencia del contrato de trabajo, tales como al auxilio de cesantía, intereses, primas legales y extralegales, recargos o jornada suplementaria, dominicales y festivos, entre otros, pero no aquellas que tienen como finalidad amparar los riesgos derivados de la invalidez, la vejez o la muerte, así los mismos sean de naturaleza convencional, como ocurre en este caso.

Lo anterior por cuanto, el espíritu del legislador al expedir la Ley 50 de 1990, y en especial al consagrar la posibilidad de pactar la modalidad de salario integral, era precisamente la de incorporar en esa remuneración, además de los servicios directos prestados por el trabajador, el pago de las prestaciones sociales legales o extralegales generadas durante la ejecución del contrato, mas no aquellas prestaciones de naturaleza previsional, sean legales o convencionales, como sería en este caso las pensiones derivadas de una Convención Colectiva de Trabajo.

En consecuencia, si bien es cierto que un trabajador con salario integral no tiene derecho a prestaciones sociales, por cuanto las mismas ya se encuentran incluidas dentro de esa remuneración, ello no significa que aquellos beneficios previsionales acordados convencionalmente, también se encuentren involucrados dentro de esa modalidad salarial, pues no resulta posible confundir para estos efectos, los conceptos de prestaciones sociales y prestaciones previsionales, ya que mientras las primeras se constituyen en los beneficios adicionales al salario que el empleador debe reconocer al trabajador vinculado mediante contrato de trabajo por los servicios que este le ejecuta, las segundas son aquellas contingencias que amparan la invalidez, la vejez o la muerte, bien se trate de las establecidas legalmente o las que se acuerden en convenciones colectivas de trabajo o pactos colectivos. Así se dijo en la sentencia con radicación 47051 anteriormente citada.

Como el anterior precedente se ajusta a los soportes fácticos del presente caso, se casará la sentencia recurrida y en sede de instancia con base en los mismos argumentos esgrimidos en sede casacional, se confirmará la sentencia del Juzgado 18 Laboral de Bogotá emitida el 23 de enero de 2009, que en su integridad advirtió sobre las particularidades del presente caso, en especial el otorgamiento de la prestación una vez se verifique el retiro del trabajador.

Ahora bien, no es de recibo fulminar la condena tendiente a imponer como “indemnización” el pago del retroactivo desde la fecha en que el trabajador reunió los requisitos convencionales para lograr la prestación, porque como bien lo advirtió el juez de primer grado, los mentados perjuicios morales y materiales a que alude el recurrente no se encuentran probados en el plenario.

Como el cargo prospera, no se impondrán costas en el recurso extraordinario; en las instancias correrán a cargo de la entidad demandada.

XIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de octubre de 2010, en el proceso que instauró Pedro Jaime Aponte Fandiño contra Codensa S.A. ESP.

En instancia, CONFIRMA la sentencia del Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá emitida el 23 de enero de 2009.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.