Sentencia SL3986-2018 de septiembre 18 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 2

Magistrada Ponente:

Cecilia Margarita Durán Ujueta

SL3986-2018

Rad.: 57785

Acta 32

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JAIME GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), en el proceso que le instauró a la COORDINADORA INTERNACIONAL DE TRÁFICOS S.A., CORDITRÁFICOS y, solidariamente, a SENIA ESTHER LÓPEZ GONZÁLEZ, MARÍA ELENA BOTERO MERINO y HERNÁN DARÍO BOTERO MERINO.

Se acepta el impedimento manifestado por el magistrado SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Código General del Proceso.

I. ANTECEDENTES

JAIME GUTIÉRREZ GONZÁLEZ llamó a juicio a la COORDINADORA INTERNACIONAL DE TRÁFICOS S.A., CORDITRÁFICOS y, solidariamente, a SENIA ESTHER LÓPEZ GONZÁLEZ, MARÍA ELENA BOTERO MERINO y HERNÁN DARÍO BOTERO MERINO, para que se declarara que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, entre el 1º de abril de 2001 y el 1º de febrero de 2011; que terminó por justa causa imputable al empleador, por haber incumplido el contrato de trabajo; que a la finalización del mismo no pagó los salarios pendientes ni la liquidación de prestaciones sociales (fls. 2 a 25 y 92 a 96, cdno. ppal.).

Como consecuencia, pidió que se condenara al pago de: i) los salarios dejados de percibir, ii) las comisiones establecidas como remuneración, iii) las cesantías, iv) la sanción moratoria por no consignación de cesantías, v) intereses a las mismas, vi) vacaciones, vii) primas de servicio, viii) las indemnizaciones contenidas en los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, ix) los aportes a seguridad social integral en pensiones, x) la indexación, xi) lo que se pruebe ultra y extra petita y xii) las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, en que celebró contrato con la sociedad demandada, a término indefinido, el 1º de abril de 2001, para ocupar el cargo de ejecutivo comercial; relación que se mantuvo de manera ininterrumpida hasta el 1º de febrero de 2011; que el salario pactado era de $ 600.000; que también se pactó como remuneración el pago de comisiones, correspondiente a un porcentaje sobre el valor de las ventas de servicios que realizaba y se liquidaban y cancelaban mensualmente; que el contrato inicial se complementó con una adenda del 30 de agosto de 2001; que su labor era subordinada, atendiendo instrucciones del empleador y horario de trabajo en los lugares señalados por este; que durante el desarrollo de su labor no recibió queja o llamado de atención alguno.

Afirmó, que dio terminado su contrato de trabajo el 1º de febrero de 2011, por culpa del empleador; que los argumentos expresados en su carta de renuncia motivada, fueron que el superior realizó las liquidaciones de sus prestaciones sociales sobre un sueldo mensual que no corresponde al verdadero devengado; que no se han consignado a ningún fondo las cesantías completas a las que tiene derecho; que las cotizaciones al fondo de pensiones, a salud y riesgos profesionales, se efectuaron por valores muy inferiores al verdaderamente devengado.

Expresa, que la empresa tenía retrasos en los despachos, lo que le generaba detrimento en sus ingresos, por constituir las comisiones parte de su salario; que se consideraba acosado con la aplicación de políticas de disminución de cumplimiento de la empresa para con sus clientes; que durante la vigencia de la relación lo hicieron suscribir varios contratos de trabajo con diversas cooperativas a las cuales no les prestaba servicios como son: Benefits & Suport B&S, Sistemas Asociados SIPRO y Construir CTA; que a pesar de los contratos con las cooperativas, la relación con la demandada se extendió de manera ininterrumpida, desde el 1º de abril hasta el 1º de febrero de 2011.

Adujo, que siempre existió un contrato de trabajo a término indefinido, toda vez que nunca hubo solución de continuidad en la relación laboral; que desde el momento de la terminación del vínculo laboral, ha requerido verbalmente el pago de las acreencias, sin obtener respuesta; que el 10 de marzo de 2011, uno de los demandados realizó un depósito al Banco Agrario de Colombia, que le correspondió por reparto al Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá; que se dirigió al Juzgado en comento, donde fue informado de la orden de no entrega impartida por parte del consignante, por lo que el despacho se abstuvo de realizar la entrega del título a su favor; que la empresa enjuiciada a la fecha de presentación de la demanda, aún no ha dado cumplimiento al pago de la liquidación salarios y prestaciones.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada COORDINADORA INTERNACIONAL DE TRÁFICOS S.A CORDITRÁFICOS, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó el vínculo en el año 2001, pero aclaró que finalizó en el 2002, por renuncia del trabajador, el monto del salario, la adenda del contrato suscrita el 30 de agosto de 2001, que no presentó queja o llamado de atención al dependiente; que se realizó depósito judicial que le correspondió al Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá. Respecto de los demás, dijo no ser ciertos, no constarle o no ser hechos.

En su defensa, propuso como excepciones de fondo, las de inexistencia de la obligación, prescripción y buena fe (fls. 103 a 122, del cdno. ppal.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 16 de enero de 2012 (fls. 685 CD, ibidem), resolvió:

Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y en consideración a que resultaron parcialmente probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y prescripción, se condena a la empresa COORDINADORA INTERNACIONAL DE TRÁFICOS S.A., CORDITRÁFICOS S.A., a reconocer y pagar al demandante JAIME GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, las siguientes sumas de dinero por los conceptos que en cada caso se detallan: 

Respecto del año 2009 entendido como mayor valor por concepto de cesantía $ 1.575.680, por concepto de mayor valor de prima de junio $ 787.840; por concepto de mayor valor de la prima de servicios diciembre la suma de $ 787.840; por concepto de mayor valor de intereses a la cesantía la suma de $ 189081,60 para total de $ 4.128.281. 

Por el año 2010 por concepto de mayor valor del auxilio de cesantías la suma de $ 1.565.480, de prima de junio la suma $ 782.740; la prima de servicios del mes de diciembre la suma de $ 782.740, por concepto de mayor valor la compensación en dinero de las vacaciones la suma de $ 782.740, por concepto de mayor valor de intereses a las cesantías la suma de $ 187.857,60, para un total de $ 4.101.557,60. 

Para el año 2011, respecto del mes de enero de dicho por concepto de mayor valor del auxilio de cesantías la suma de $ 130.456,67, prima de servicio de junio la suma de $ 130.457,67; por concepto de compensación de las vacaciones la suma de $ 65.228,83, por concepto de mayor valor de los intereses a las cesantías la suma de $ 15.684, 80 para un total de $ 341.796. 

Ahora consistente con la determinación adoptada por el juzgado y habiendo la empresa propiciado la terminación del contrato de trabajo por justa causa deberá condenarse a la empresa demandada a la indemnización del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo estimada en la suma de $ 4.762.448, también consiste con la determinación adoptada en esta oportunidad por concepto de indemnización moratoria del artículo 99 de la Ley 50/1990 deberá condenarse a la empresa al pago de la suma de $ 50.215.812 y por concepto de moratoria la suma de $ 24.442,564 para un total de $ 87.992.459,67, a lo cual deberá restársele la suma de $ 2.673.114 que corresponden al depósito judicial realizado por la empresa en el entendido que la condena definitiva deberá alcanzar la cifra de $ 85.319.345, a propósito del depósito judicial hay constancia en el proceso que dicha suma de dinero no se le canceló al trabajador, porque aparecía con nota restrictiva de no pago conforme documental de folio 57 del expediente, en sentido extraña el juzgado la falta de previsión de la empresa de no haber constatado esta circunstancia de haber enderezado el impase a tiempo como responsabilidad social de verificar que las prestaciones sociales del trabajador hubieran llegado a su destinatario natural, igualmente se condena a la empresa demandada al pago de la diferencia de los aportes de salud, pensión y riesgos profesionales de acuerdo con el cálculo actuarial que realicen las correspondientes administradoras de salud, pensión y riesgos profesionales de acuerdo con el cálculo actuarial que realicen las correspondientes administradoras de salud pensiones y riesgos profesionales. 

SEGUNDO: ABSOLVER a la empresa demandada de las demás suplicas de la demanda en los términos y condiciones señaladas por el juzgado. Costas a cargo de CORDITRÁFICO S.A., por haber sido vencida en juicio. 

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, al decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante fallo del 29 de febrero de 2012 (fls. 818 CD, ibidem), resolvió:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 16 de enero de 2012 por el Juzgado 24 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá dentro del proceso ordinario laboral promovido por Jaime Gutiérrez González en contra de la Coordinadora Internacional de Tráficos S.A., Corditráficos, para en su lugar absolver a la demandada de las condenas impuestas conforme a lo considerado. 

SEGUNDO. COSTAS Las de primera instancia estarán a cargo de la parte demandante. En esta instancia estará a cargo también de la parte demandante y a favor de la demandada, para lo cual se señalan agencias en derecho en la suma de $ 567.000 pesos (negrilla del texto original).

En lo que interesa al recurso, consideró el tribunal que el problema jurídico consistía en determinar, en primer lugar, si entre las partes existió unidad contractual apoyada en un contrato realidad, durante el interregno en el cual el demandante fungió como trabajador asociado en diferentes cooperativas de trabajo asociado; en segundo lugar, si se demostró dentro del proceso la incidencia salarial del auxilio de productividad, que llevó al juez de conocimiento proferir sentencia condenatoria, atendiendo sus facultades extra petita y, como tercer punto, las condenas por indemnización moratoria y por despido gravitadas con facultades extra petita relacionadas con el auxilio de productividad y, una vez verificado lo anterior, la conducencia o no del reajuste de las condenas impuestas por todo el tiempo laborado. Como marco normativo señaló los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 128 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el 15 de la Ley 50 de 1990 y 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 28 de la Ley 789 de 2002.

Así las cosas, consideró:

1. En cuanto al nexo laboral, resulta indubitable la aserción a la que llegó el Juez de conocimiento, respecto de la prestación del servicio del demandante, no solo mediante contratos de trabajo a término indefinido, los cuales tuvieron ocurrencia, entre el 1º de abril de 2001 al 28 de febrero de 2002 y del 1º de marzo de 2008 al 31 de enero de 2011, sino a través de las cooperativas de trabajo asociado SIPRO, Construir S.A. y Benefis Ansport, por el intervalo de marzo de 2002 a febrero de 2008, que esta afirmación encuentra apoyo en la documental allegada y la versión entregada por la representante legal de la entidad accionada, quien expuso con claridad que el actor prestó sus servicios a CORDITRÁFICOS; que ante el azote que tuvieron que soportar en las carreteras por la multiplicidad de robos que se estaban presentando, la empresa accionada se vio obligada a efectuar un replanteamiento administrativo contratando procesos productivos, a través de cooperativas por el tiempo citado, lapso en el que no existía personal de planta.

Añadió, que el punto neurálgico de la inconformidad del accionante, gira entorno a que entre las partes existió una unidad laboral, por cuanto se dieron los elementos constitutivos de contrato de trabajo, cuando fue contratado, a través de las cooperativas de trabajo, entre marzo de 2002 y febrero de 2008 existiendo un contrato realidad; que es claro que conforme a la documental allegada, el demandante, durante el periodo señalado, fue trabajador asociado y, en virtud de ello, prestó su servicio a la accionada

Razonó, que del elenco testimonial aportado debe decirse que Carmen Elisa Quevedo, Jenny Liliana Ortegón Sánchez y Elizabeth Durán Mahecha expusieron que el demandante estuvo vinculado a las cooperativas; que era del área comercial; que no cumplía horario; que manejaba su tiempo; que no rendía informes, versiones que no ayudaron a establecer la unidad laboral alegada por parte del actor, periodo dentro del cual no se avizora que hubiera existido intervención directa de la demandada, tendiente a direccionar la actividad del accionante y menos la obligación de un horario para la ejecución de la labor, tampoco fue acreditado que durante ese período fuera la entidad accionada, la que sufragaba la contraprestación del servicio del demandante, se observa es el pago de las compensaciones, por parte de las cooperativas, por tanto, no puede predicarse que en dicho interregno, se configuró fue una verdadera relación laboral.

2. Con relación a la prueba solicitada por la parte demandante al interponer el recurso de alzada, que complementaría una prueba ya pedida en la primera instancia, a su juicio no se hizo necesario decretarla de nuevo en esa instancia, por cuanto lo enviado por el Banco de Bogotá fue suficiente para adoptar la decisión, pues en la documental aportada se observa el movimiento de la cuenta de ahorros que posee el demandante en dicha entidad bancaria, durante el lapso de octubre de 2005 hasta marzo de 2008 y solo a partir de abril de esa anualidad se observó pago de nómina por parte CORDITRÁFICOS S.A. hasta el 31 de enero de 2011, que con esos documentos no se demostró que durante el periodo que estuvo vinculado a las cooperativas de trabajo fuera CORDITRÁFICOS o sus socios quienes efectuaron sus pagos, por lo que no existió unidad laboral.

3. Respecto a la prima de productividad señaló, que no comparte la posición del juzgador de primera instancia, cuando determinó que constituía factor salarial en los términos del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, dada la habitualidad en que fue concebida por la entidad empleadora y porque retribuía la prestación del servicio del actor, pues existía certeza del convenio al que llegaron las partes al darle desalarización a aquel beneficio extralegal, en virtud de la permisión que otorga el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, la circunstancia de ser habitual a la cual acudió el Juez de primer grado para determinar la incidencia salarial de tal beneficio, no le resta validez al convenio entre las partes, ni estaba demostrado que la misma tuviera como fin la retribución del servicio.

Concluyó, que al no estar probada la naturaleza salarial de aquél privilegio extralegal, no podía el Juez proferir la condena de reajuste de cesantías, intereses a las mismas, de la prima de servicios, vacaciones, aportes a la seguridad social por los años 2009, 2010 y 2011 e indemnizaciones moratorias, tanto la establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como la contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002.

4. En cuanto a la indemnización por despido, adujo que las razones por las cuales el actor consideró dar por finiquitado el nexo laboral no fueron demostrados en el proceso, por quien tenía a cargo la carga de la prueba.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Por medio del presente recurso extraordinario de casación, solicito de la H. Corte Suprema de Justicia, en Sala Laboral, CASAR EN SU TOTALIDADla sentencia proferida por el H. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Laboral, el día 29 de febrero de 2012, dentro del proceso de la referencia y con la cual se desató el recurso de Apelación interpuesto por las partes demandante y demandada (sic). 

En caso de ser de recibo para su H. Sala de Casación Laboral, el Cargo Primero de esta demanda, solicito de Sus Señorías, casar la sentencia en la forma como aquí se expresa, con base en los demás cargos que más adelante expondré. 

Casada la sentencia objeto de la presente impugnación, solicito de la H. Corte Suprema de Justicia, en Sala Laboral, en SEDE DE INSTANCIA, proceda a emitir SENTENCIA, con la que se disponga:

• Revocar parcialmente la sentencia de primer grado, en cuanto lo atiente la decisión de declarar parcialmente las excepciones de inexistencia de la obligación y prescripción, para en su lugar: 

1. DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, PRESCRIPCIÓN Y BUENA FE, alegadas por la pasiva, como medio de defensa a las pretensiones de la demanda. 

2. Declarar que entre las partes existió un CONTRATO REALIDAD, que se conformó como una RELACIÓN ÚNICA, la cual se extendió desde el 1º de abril de 2001 y hasta el 11 de febrero de 2011. 

Confirmar la sentencia de primer grado, en el sentido de reconocerle calidad de factor salarial al “auxilio de productividad”, debatido ampliamente en el proceso; 

Modificar la Condena impuesta a la demandada, conservando la fuente del parámetro cuantitativo al “auxilio de productividad”; en consecuencia, modificar así la sentencia en el sentido de: 

1. Tomar como base de condena “por mayor valor”, el valor total del “auxilio de productividad”, que por cada mes de servicio reconoció y pagó el empleador al trabajador, esto es, el doble de lo reconocido en la sentencia de primer grado. 

2. Extender los efectos liquidatorios de la condena a la totalidad de término de la relación laboral, por concepto de mayor valor, en lo que tiene que ver con: 

2.1. El auxilio de cesantías; 

2.2. La indemnización moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, calculadas bajo los postulados y precisiones que su H. Corte ha tenido a bien precisar. 

2.3. Intereses a las cesantías, en cuanto al término que se considere procedente; 

2.4. Primas de servicio, en cuanto al término que se considere procedente; 

2.5. Vacaciones, en cuanto al término que se considere procedente; 

2.6. Los aportes en seguridad social en pensiones, de acuerdo con el cálculo actuarial que el correspondiente fondo disponga. 

2.7. Los aportes en seguridad social en salud, de acuerdo con el cálculo actuarial que la correspondiente EPS disponga. 

Confirmar la sentencia de primer grado en cuanto a: 

1. Declarar el reconocimiento de justa causa, atribuible al empleador, para la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del trabajador y, en consecuencia, condenar a la demandada al pago de la Indemnización de que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. 

2. Declarar responsable a la demandada de la demora en el pago de la liquidación, que por depósito judicial intentó, sin que fuera efectiva su entrega al destinatario, en tiempo, por causa atribuible a ella; en consecuencia, condenar a la pasiva al pago de la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. 

3. La Condena en costas a cargo de la demandada. 

Con tal propósito, formula tres cargos, por la causal primera y «tercera» de casación, los cuales fueron replicados y se estudiaran a continuación.

VI. CARGO PRIMERO

Con apoyo en la causal «tercera» del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, acuso la sentencia impugnada de haber incurrido en la causal del «numeral 6º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, esto es: “Cuando se omiten los términos y oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión”; en relación con los artículos 82 y 83, del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social» (fls. 6 a 32, cdno. de la Corte).

Para la demostración del cargo, señala que el tribunal, sin previo pronunciamiento respecto de la petición elevada por la parte demandante, dentro del término de traslado del recurso de alzada, que milita a folios 795 a 797 del cdno. ppal., junto con los anexos del mismo, obrantes a folios 798 a 807 ibídem, en la que se insiste en la evacuación estricta de la prueba allí enunciada, cual es: el Oficio 1287 del 27 de octubre de 2011, emitido por el Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá, en primera instancia de este proceso, exponiendo la importancia de la misma en el concurso de medios demostrativos para la definición de fondo del asunto de que trata la demanda de origen y excepciones del demandado.

Resalta, que la petición de prueba que se allegó al tribunal, no fue objeto de pronunciamiento previo a la audiencia en la cual se dio lectura a la sentencia ahora recurrida, pretermitiendo así la oportunidad probatoria, el mencionado oficio, no se respondió en debida forma por parte del destinatario Banco de Bogotá, sin culpa de esta parte, que fue quien la pidió oportunamente, habiéndose decretado en forma legal en primera instancia y no dando oportunidad de su evacuación, conforme a los términos de los artículos 82 y 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Aduce, que la sentencia se pronuncia en uno de sus apartes sobre la petición y prueba, contenido que en nada se identifica con la orden impartida por el Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá, pertinente al objeto de la probanza.

Agrega, que del procedimiento y condiciones de emisión de la providencia recurrida, se evidencia que no se tuvo oportunidad, ni manera de sanear la causal aquí invocada, pues solo en el texto final de la sentencia, obra pronunciamiento del tribunal, sobre el particular, sin que en ella se permitiera alegación alguna por esta parte peticionaria.

Asegura que el tribunal, en el trámite de la segunda instancia y en la sentencia ahora impugnada, incurrió en la causal de nulidad mencionada, pues pretermitió íntegramente el término probatorio de la segunda instancia, sin que ella se haya saneado y existiendo las condiciones de hecho y de derecho, para que dicha etapa se evacuara en debida forma, lo que hubiera llevado, de manera inequívoca, al ad quem a emitir una sentencia en sentido opuesto al cual lo hizo y a acoger favorablemente todas y cada una de las peticiones del libelo introductorio de este proceso.

Por lo anterior, solicita reconocer la causal en mención y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de segunda instancia sobre la que versa esta demanda.

VII. RÉPLICA

CORDITRÁFICOS S.A. manifiesta que la causal tercera de casación fue derogada por el artículo 23 de la Ley 16 de 1998 y los incisos 2º y 7º de la Ley 16 de 1969; que, en materia laboral, no existe causal por vicios de procedimiento, que eventualmente puedan terminar en nulidades en las instancias, como a la que se refiere la impugnante en casación; que si consideraba que se reunían los requisitos para la declaratoria de la nulidad a que se contrae el numeral 6º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, debió advertirlo en la respectiva instancia, pues es incuestionable que el recurso de casación por ser extraordinario, no constituye una tercera instancia; que no obstante, el tribunal si decidió la solicitud que hizo la parte actora en su alegato, tendiente a la práctica de la prueba; que en la audiencia el ad quem fue claro al expresar que no era necesario decretar la prueba, pues era suficiente la enviada por el Juzgado que correspondía a la respuesta dada por el Banco de Bogotá en la que aparecían los pagos realizados por la Cooperativa a Gutiérrez González (fls. 55 a 63, ibidem).

VIII. CONSIDERACIONES

En primer lugar, es de recordar que la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor técnico que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una demanda de esta naturaleza y categoría está sometida en su formulación a una técnica especial y precisa, que de no cumplirse conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable imposibilitando el estudio de fondo de los cargos.

Igualmente, en numerosas ocasiones ha dicho esta corporación, que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta que la labor de la Corte, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el Juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para dirimir rectamente el conflicto (Sent. CSJ SL14055-2016, reiterada, entre otras, por la providencia CSJ SL10092-2017).

Así mismo, con relación a los requisitos de forma de la demanda en el recurso extraordinario de casación esta Sala en Sentencia CSJ SL8626-2014, sostuvo:

Sobre las exigencias de forma de la demanda de casación ha dicho esta Corte: 

[...] la Corte, una vez más, se siente precisada a expresar, afincada en el sistema constitucional y legal, que la demanda de casación, con la cual se pretende el quiebre de la sentencia impugnada, está sujeta a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Esos precisos requerimientos de técnica se reclaman no por el simple prurito de tributar reverencia a la formalidad, sino porque son consustanciales a la racionalidad del recurso de casación, forman su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.

Por esa razón, desde antaño, esta Sala de la Corte ha adoctrinado que “El cargo ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende” (Sentencia de 18 de abril de 1969. Gaceta Judicial t. CXXX, Nos. 2310-2312, pág. 377). CSJ SL 17 de mayo de 2011, Rad. 42037.

Visto lo anterior, encuentra la Sala que el escrito con el que se pretende sustentar la acusación contiene graves deficiencias técnicas que compromete la prosperidad de este cargo y que no es factible subsanarlas, por virtud del carácter dispositivo del recurso de casación, por las siguientes razones:

El recurrente funda su acusación en la causal tercera del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ignorando que dicha causal fue derogada en forma expresa por el artículo 23 de la Ley 16 de 1968 y, a partir de ese momento, en el régimen de casación laboral no existe como causal el incurrir en nulidad durante el trámite del proceso, por tanto, de la actual reglamentación normativa se puede colegir que la esfera casacional no es el escenario propicio para proponer nulidades procesales, que deben ser resueltas en las instancias, mal podría esta corporación ocuparse del estudio de nulidades, como lo propone el memorialista, cuando no existe disposición alguna de donde pueda deducirse esa facultad, por lo que la acusación resulta improcedente.

Sobre el tema esta corporación en Sentencia CSJ SL, 15 feb. 2011, Rad. 40624 ha sostenido:

Al respecto, señala la Sala que, de tiempo atrás, tiene dicho la jurisprudencia que la casación del trabajo solo se ocupa de los errores in judicando, por decisión expresa de los legisladores, que consideraron pertinente eliminar para esta jurisdicción los errores in procedendo, como si se contemplan en la civil. 

[...] lo cual muestra que no puede ser motivo de casación, que el juez hubiere dejado de practicar una prueba pedida oportunamente, o dejado de decretar oficiosamente una que realmente se necesitaba, como lo pretende el recurrente. 

En principio, las omisiones probatorias y los vicios del procedimiento deben ser corregidas en las instancias, porque la Corte, por disposición expresa del legislador, no tiene competencia para ello. 

Adicionalmente, es evidente que la proposición jurídica es insuficiente para el estudio del cargo, dada su naturaleza dispositiva, como quiera que no se denuncian normas sustantivas del orden nacional que contengan o regulen el derecho que el recurrente reclama, que considera le fueron desconocidos en la decisión atacada.

Así lo expuso esta Sala en la Sentencia CSJ SL2123-2018, en donde se dijo:

[...] carecen de proposición jurídica, pues no acusan ninguna norma sustancial de carácter nacional que consagre los derechos que son objeto de la presente controversia judicial, con lo que desconoce el mandato del numeral 5º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual quien acude al recurso extraordinario de casación debe indicar el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que presuntamente haya quebrantado el sentenciador de segundo grado, lo cual no se deja inferir ni siquiera someramente de los cargos.

Lo dicho en precedencia, desde luego no significa que deba integrarse una proposición jurídica completa, pero la censura sí tenía la obligación de acusar por lo menos una ley sustantiva de alcance nacional, contentiva del derecho pretendido. Como quiera que el recurrente no atendió esta exigencia de las normas que gobiernan al recurso extraordinario de casación, es razón por la que el primer cargo se desestimará.

En consecuencia, se desestima el cargo.

IX. CARGO SEGUNDO

Acusa la sentencia impugnada por aplicación indebida,

[...] del artículo 60 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social y del artículo 87 y 177 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 22, 23, 24, 35 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social; 1º y 2º de la Ley 50 de 1990; artículo 53 de la Constitución Política; que conllevó al H. tribunal, en Sala Laboral a declarar la inexistencia de la relación laboral única, sustentando su decisión en apartes de la documental y de la prueba testimonial aportadas al proceso, mas, que en cada caso, no analizó cada prueba de manera integral, ni la totalidad del acervo probatorio; generando APRECIACIÓN ERRÓNEA de los medios probatorios en que soporta su decisión; y así los siguientes ERRORES DE HECHO, los cuales procedo a desarrollar a continuación de su enunciado:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que “el contrato de trabajo suscrito entre las partes aquí en contienda, a término indefinido, en virtud del cual el actor se desempeñó como ejecutivo comercial desde el primero de abril de 2001 y que terminó el 8 de febrero de 2002 por renuncia presentada por el demandante y aceptada por la entidad empleadora Corditráficos” (negrilla del texto original).

Asegura, que el anterior desacierto se dio como consecuencia de la interpretación errónea de las siguientes pruebas:

a. INTERROGATORIO DE PARTE, absuelto por la Representante de la demandada, en audiencia celebrada el día 27 de octubre de 2011, ante el Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., donde la deponente manifiesta, al ser interrogada por el despacho: 

“— Juez: muy bien, indíquele al Juzgado si usted sabe si el señor Jaime Gutiérrez González ha prestado sus servicios personales a Corditraficos S.A. de manera directa o indirecta. 

— Declarante: sí señor, lo ha prestado en ambas modalidades. 

— Juez: a ver. 

— Declarante: la primera modalidad, en forma directa, desde febrero del 2001 aproximadamente a marzo del 2002, y posteriormente en forma indirecta a través del sistema de cooperativas, y luego nuevamente, en el año 2008, vuelve a vincularse me parece que alrededor del mes de marzo, y hasta marzo (sic), me parece, no recuerdo exactamente, del año 2011, es decir, ha tenido en forma ininterrumpida cuatro años de prestación de servicios directamente con la empresa Corditraficos, y el resto a través del sistema de cooperativa”.

Y más adelante, puntualiza: “— Juez: a ver, cuénteme a ver específicamente qué realiza.

— Declarante: bueno, como consultores que somos de la compañía, la gerencia general y la junta directiva nos ha solicitado, quiero aclarar que yo fui miembro de la junta directiva de Corditraficos, en un periodo aproximado de cuatro años, figura en la cámara de comercio la respectiva inscripción, ya en este momento no lo soy pero en su momento lo fui. 

— Juez: en la parte laboral. 

— Declarante: en la parte laboral nosotros junto con la gerencia fijamos las, digámoslo, las condiciones o las estrategias dependiendo de la situación que se esté presentado en el sector, como le explicaba yo asesoro a un grupo muy amplio de trasportadoras y quiero hacer claridad en este caso en particular sobre la pregunta que debe estar en el ambiente, en relación de porque Corditraficos ha contratado cooperativas, a partir del año 2002 y hasta el 2008, y quiero entonces ponerme en contexto para explicar esta situación, como le mostraba, como le indicaba en el año 1999 y 2000 se presenta una gran ola de siniestralidad en el sector de trasporte, esto fue antes del gobierno Uribe y las carreteras del país fueron azotadas por el tema de inseguridad, se robaron muchísimo las cargas, esto afecto la productividad de las compañías, la productividad de las empresas, y obligó a que las empresas replantearan su estrategia comercial y su estrategia administrativa, en ese momento, en el año 2001-2002 se dio en el sector de trasporte en boga la figura de contratar los procesos productivos a través de cooperativas entonces contratamos si no mal recuerdo, construir, con ella contratábamos coteros, con ella contratábamos conductores, con ella contratamos toda la parte de la venta, y esto fue común a todo el sector de trasporte, muchísimas empresas Inantra, Trasboy, bueno muchísimas hicieron uso de esa figura durante bastante tiempo, en ese momento no estaba como en cuestionamiento si las cooperativas estaban haciendo una labor de intermediación sino se veía como algo legítimo, así se hizo, incluso en algunos casos como el caso de Jaime para el año que él estuvo prestado el servicio, y luego presenta renuncia, pues ¿Por qué se presenta esa renuncia?, pues porque en ese momento se bajó la productividad de él y su parte de comisiones bajo bastante, y dado que habíamos sido azotados por el tema de piratería, pues nosotros no podíamos seguir reconociendo unas comisiones o unos valores tan altos, entonces se decide terminar esos vínculos, y se arranca las prestaciones con las cooperativas para poder (sic). 

— Juez: usted sabe de qué fecha a qué fecha, si así es, el señor Gutiérrez tuvo vínculos con Corditraficos a través de cooperativas de trabajo. —Declarante: yo recuerdo que fue una política general de Corditraficos”. 

Menciona, que el tribunal comete el yerro enrostrado en esta demanda, pues ante lo dicho por la representante de la actora, se denota que la política de la empresa, conllevó a la imposición de renuncias, para inmediatamente imponer a los trabajadores la afiliación a las mencionadas cooperativas; pero igualmente, se evidencia de la declaración, que ha de tenerse como confesión de la representante de la demandada, que para la época en que ella misma argumenta que su empresa no tenía vínculo laboral con el demandante, la compañía no tenía personal de planta, como lo señala la misma sentencia.

De acuerdo con lo anterior, señala que lo lógico era concluir que la supuesta terminación nunca se dio y que la relación laboral diversa y distanciada en el tiempo, que pregona, tan asiduamente el tribunal, en la sentencia objeto de esta demanda, en realidad fue un solo vínculo mediante relación laboral única.

Luego dice que el testimonio de la señora Carmen Elisa Quevedo Vega, quien, a criterio del tribunal, confirma la tesis pregonada por la demandada, pues que entre las partes no existió una única relación laboral, sino diversas, en tiempos distantes, toda vez que, según su dicho, el trabajador no cumplía horario, ni entregaba informes, adicionado a que, «entre los años 2002 y 2008 trabajaron con las cooperativas que siempre estaba una persona pendiente de ella y que ellas siempre le pago puntualmente y que fueron muy correctas». De lo anterior, concluyó el juzgador de segunda instancia, que el vínculo laboral entre las partes se perdió entre los años 2002 y 2008, pues según la conclusión que efectuó, no había subordinación entre el dependiente y la entidad accionada, pero se olvida que la testigo afirma, al ser interrogada por el Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá:

“— Juez: Muy bien, usted sabe si el señor Gutiérrez por el periodo comprendido entre marzo del 2002 y febrero del 2008 trabajó en la coordinadora internacional. 

— Testigo: no señor, porque son empresas temporales. 

— Juez: el despacho requiere a la testigo para que se límite a responder lo que el juzgado le pregunté. ¿Usted sabe si el Sr. Gutiérrez se trabajó en la empresa coordinadora internacional de tráficos entre marzo de 2002 y febrero del 2008? 

— Testigo: sí Señor. 

— Juez: ¿Él trabajo haya (sic)? 

— Testigo: sí señor. 

Juez: puede precisar por favor quién era el empleador, el patrono del Sr. Gutiérrez entre marzo del 2002 y febrero del 2008 

— Testigo: me puede repetir la pregunta. 

— Juez: ¿Quién era el empleador, para quien trabajaba el Sr. Gutiérrez entre marzo del 2002 y febrero de 2008? 

— Testigo: para Corditraficos S.A. 

— Juez: ¿qué tiene que decirnos usted sobre unas cooperativas de trabajo asociados en relación con el demandante y diríamos por ejemplo cooperativa de trabajo asociado Benefist y Supers BIS, cooperativa de trabajo asociado sistemas productivos CIPRO y cooperativa de trabajo asociado construir CTA., usted nos puede contar alguna cosa de esas cooperativas en relación con el demandante. 

— Testigo: no señor. 

Advierte, que el tribunal se equivocó con esta prueba, pues no solamente no denota la inexistencia de vínculo laboral, sino que, además, determina todo lo contrario, esto es, que, entre el demandante y la demandada, sí existió continuidad y unicidad del vínculo, desde 2001 y hasta 2011.

Asevera, que la prueba documental que obra a folios 40 a 50 del cdno. ppal., en donde se encuentran sendas certificaciones expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, «sobre la existencia, objeto y representación de las cooperativas, que pretende la demandada y el tribunal en su sentencia así lo acoge, la reemplaza en su calidad de empleador, más basta con leer, como debió hacerlo el H. tribunal, para establecer, como se lo acentuó esta parte, que, las mencionadas cooperativas, distan mucho en sus objetos», pues la una se dedica a las labores de manufactura y producción de bienes y servicios y la otra a las obras civiles, lo que lleva a concluir, contrario a como lo hizo el ad quem, que las mismas no tenían relación alguna con la labor del demandante a favor de la demandada, ni con el objeto de ésta.

Agrega, que la documental obrante a folios 59 y 134 ibidem, donde se da cuenta de las funciones del demandante en su condición de asesor o ejecutivo comercial, cargo que desempeñó durante la totalidad de la relación laboral, esto es, desde el 1º de abril de 2001 hasta el 1º de febrero de 2011, en donde se advierte que el mismo estaba encargado, a favor de la demandada, de ejercer actividades de promoción de servicios de transporte y consecución de clientes, lo que, a simple vista, permite concluir que tenía flexibilidad de horarios, pero que si conservó tantos años el empleo, como lo confiesa la representante legal, en su declaración antes estudiada, fue porque dio resultados a la accionada.

2. Dar por NO demostrado, ESTÁNDOLO, que el auxilio de productividad que la demandada pagaba de manera habitual, periódica y fija, a favor del trabajador, no constituye salario, además de la falta del elemento de subordinación del trabajador.

Explica, que ese desacierto del tribunal se dio, como consecuencia de la falta de apreciación de las siguientes pruebas:

— Documental obrante a folio 254 a 259 del cuaderno principal, que denotan la existencia de una dependencia y subordinación, por parte del asesor o ejecutivo Comercial, cargo que desempeñó a favor de la demandada, durante el tiempo de la relación laboral única; que estos documentos contradicen lo concluido por el tribunal en la sentencia recurrida, en cuanto a la falta de subordinación del trabajador a la empleadora.

— Documentos obrantes a folios 545 a 621 ibídem, donde se da cuenta de cheques y cuentas de cobro que el demandante y la accionada cruzaron para el pago de valores que no se tuvieron en cuenta, como factor salarial para las liquidaciones y pagos a favor del trabajador, en su calidad de tal, sea del caso destacar que aparecen documentos datados aún en fechas en que, según la demandada y la sentencia del ad quem, ahora recurrida, no existía vínculo contractual entre las partes. Pruebas que el tribunal no observó para hacer un estudio coordinado, sistemático e integral del acervo probatorio (fls. 24 a 31, cdno. de la Corte).

X. RÉPLICA

Considera que, de acuerdo con el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de pruebas, por lo que formará libremente su convencimiento con base en los principios científicos que informan la crítica de la prueba; que el interrogatorio no es prueba calificada; que el medio de convicción apto es la confesión judicial; que el tribunal no se equivocó al analizar la exposición de la representante legal pues consideró que la declarante explicó la vinculación directa inicial del actor hasta marzo del 2002 y la liquidación de pago de las prestaciones generadas por dicho contrato; así como que posteriormente, el accionante presto servicios cuando era afiliado a la cooperativa lapso en el cual la sociedad demandada no realizó pago alguno al demandante, pues éste estaba a cargo de la cooperativa.

Agrega, que frente a los documentos de folios 40 a 50 del cdno. ppal., el planteamiento que hace el recurrente se asemeja más a un alegato de instancia, pues aspira a que se concluya que las mencionadas cooperativas distan mucho en sus objetos, pues la una se dedica a las labores de manufactura y producción de bienes y servicios y, la otra a las obras civiles, que por ello no tenían relación con el demandante, tema no discutido en la demanda inicial.

Alude, que referente al segundo error de hecho, este constituye un aspecto eminentemente jurídico y, por ello, al recurrente le correspondía formular una acusación por eventual desatino de derecho; con relación a la documental de folios a 254 a 259 del cuaderno principal, es evidente que el impugnante no precisa en que puedo consistir la equivocación del tribunal; que el testimonio de Carmen Elisa Quevedo Vega, no constituye prueba calificada (fls. 37 a 43, ibidem).

XI. CONSIDERACIONES

Aunque el recurrente en este caso no señala la vía por la cual endereza su acusación, es una falencia que se puede superar al revisar el desarrollo del cargo, toda vez que alude como concepto de violación la aplicación indebida, hace referencia a errores de hechos y a la apreciación errónea y falta de análisis de las pruebas, de donde se puede colegir que el cargo esta encauzado por la vía indirecta o de los hechos.

Sin embargo, se debe recordar que de acuerdo con lo normado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el artículo 23 de la Ley 16 de 1968, para que se configure el error de hecho, es indispensable que el cargo exprese las razones que lo demuestran y, a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que los desatinos aparezcan notorios, protuberantes y manifiestos, por provenir de la falta de apreciación o de la errada valoración de una o más pruebas calificadas.

La censura en este cargo encauzado por la vía indirecta, formuló dos (2) errores de hecho, orientados a demostrar que el tribunal se equivocó, en el primero, al dar por probado, no estándolo, que el contrato a término indefinido que celebró el demandante como ejecutivo comercial, terminó el 8 de febrero de 2002, por renuncia de actor y, en el segundo, dar por demostrado, estándolo que el auxilio de productividad no constituía salario y subordinación.

En ese orden, al remitirse la Sala a las pruebas calificadas que aparecen denunciadas, desde ya se advierte que no logran desvirtuar los fundamentos del fallo atacado.

Para demostrar el primer error de hecho señalado el recurrente se apoya en las siguientes pruebas:

1. Interrogatorio de parte absuelto por la representante legal.

De manera pacífica y reiterada, ha sostenido esta corporación que el interrogatorio de parte no es una prueba hábil en casación, salvo que entrañe una confesión, en los términos del artículo 195 del CPC; situación que no se presenta en este asunto, pues, aunque el recurrente aduce la representante legal confesó que «para la época en que ella misma argumenta que su empresa no tenía vínculo laboral con el demandante, la compañía no tenía personal de planta, como lo denota la sentencia», no logra explicar cuáles son las consecuencias jurídicas adversas de tal dicho o, en que le favorecía la afirmación de que para la época no existía personal de planta, por tanto no se acredita el yerro interpretativo que pretende derivar del análisis de este medio de convicción.

2. Respecto a la documental obrante a folios 40 a 50 del cuaderno principal, que obedecen a certificaciones expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, sobre la existencia, objeto y representación de las cooperativas.

El censor manifiesta que estas pruebas fueron interpretadas erróneamente, es decir que hubo una indebida valoración. No obstante, de la revisión al fallo de segunda instancia, se observa que no fueron objeto de análisis por parte del Tribunal y, en consecuencia, no puede haber cometido el error que se le enrostra.

3. Documental obrante a folios 59 y 134 del cuaderno principal.

Esta documental obedece a los dos contratos de trabajo celebrados por el actor con CORDITRÁFICOS. Sin embargo, el recurrente se limita a señalar, lo que en su sentir se desprende de estos documentos o lo que en su opinión demuestran estos medios probatorios, como que las actividades del demandante permitían concluir que tenía flexibilidad de horarios, pero en ningún momento revela cual es la indebida apreciación en la que incurrió el tribunal.

Ahora bien, frente al testimonio de Carmen Elisa Quevedo Vega, se encuentra la Sala relevada de estudiarlo, por no tener el carácter de prueba calificada en el recurso extraordinario de casación, a no ser que se demuestre la comisión de un desacierto fáctico protuberante sobre un medio de prueba que sí tenga el carácter de apto para ese efecto, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial, lo cual no ocurrió en el presente caso.

En consecuencia, ninguna de las pruebas denunciadas para demostración del primer error cumplen tal fin.

Para acreditar la comisión del segundo yerro señala la falta de apreciación de los siguientes medios de convicción:

1. Documental obrante a folio 254 a 259 del cuaderno principal.

Revisados los documentos, se observa que se trata de un llamado de atención y un pliego de cargos dirigidos al demandante con relación al incumplimiento del horario laboral, de fechas del 30 de agosto y 26 de agosto de 2010; así como un memorando por el incumplimiento con las reglamentaciones y entrega de la documentación requerida por la Gerencia con data del 4 de septiembre de 2001 y una solicitud de vacaciones por el periodo del 1º de marzo de 2009 al 1º de marzo de 2010; documentos que considera la censura contradicen lo concluido por el tribunal, en cuanto a la falta de subordinación por parte del trabajador a la empleadora demandada.

Si bien, de dichos de documentos se advierte que existía subordinación del actor con la empleadora, también resulta evidente que esta se presentó durante los años 2001, 2009 y 2010, periodos respecto de los cuales el tribunal dejó claro que existía un contrato de trabajo con la demandada así, entre el 1º de abril de 2001 al 28 de febrero de 2002 y del 1º de marzo de 2008 al 31 de enero de 2011; por tanto, no se observa error del juzgador de segunda instancia, toda vez la subordinación que echó de menos, es con relación al intervalo entre marzo de 2002 y febrero de 2008, la cual no se encuentra demostrada con las pruebas denunciadas.

2. Documentales obrantes a folios 545 a 621 del cuaderno principal.

Alega el recurrente, que estos documentos no fueron tenidos en cuenta como factor salarial para liquidaciones y que es de resaltar que tienen fechas aun en las cuales la demandada y la sentencia afirman que no existía vínculo contractual.

Revisados los medios probatorios, se advierte que corresponden a cheques, facturas de compra y órdenes de pago en las cuales CORDITRÁFICOS, reconoce al demandante durante todo el año 2008, diferentes sumas de dinero por concepto de servicio transporte, flete, sin que de dichos documentos se pueda desprender que los pagos efectuados hacían parte del salario del demandante y tampoco demuestran que el Tribunal se equivocó al determinar que el auxilio de productividad, no constituía salario, que es finalmente el yerro que se le endilga.

Por tanto, las pruebas acusadas no logran acreditar el segundo error de hecho que se al atribuye al tribunal.

En consecuencia, el cargo no prospera.

XII. CARGO TERCERO

Acusa la sentencia por violación de la ley sustancial por «falta de aplicaciónde los artículos 54, 82 y 83 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, en relación con los artículos 21, 22, 23, 24, del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, el artículo 29 de la Constitución Política, 174, 175 y 177 del Código de Procedimiento Civil».

Señala, que el error de hecho consiste en la abstención del tribunal de decretar las pruebas de oficio, que permitieran dilucidar las dudas que le llevaron a concluir, en su sentencia ahora recurrida, la pertinencia de declarar probadas las excepciones propuestas por la demandada.

En cuanto a la pertinencia de la prueba de oficio y la evacuación del periodo probatorio en la segunda instancia, la Corte ha sido reiterativa, que no es el común denominador, ni una forma de suplir la actividad o inactividad de la parte que soporta la carga de la prueba, por parte del juzgador; pero para la recta aplicación de los preceptos en cita, se ha establecido, como en este caso, la necesidad de acción participativa del Juez para complementar o disponer el arribo del medio probatorio, si por causa no atribuible a la parte interesada y gravada con la carga probatoria, no fue posible su incorporación al expediente en forma oportuna (fls. 31 a 33, cdno. de la Corte)

XIII. RÉPLICA

Aduce que, conforme al criterio jurisprudencial imperante, el tema de la pertinencia de la prueba oficiosa y su evacuación en la segunda instancia, no es el común denominador, ni mucho menos una forma de suplir la inactividad de la parte que soporta la carga de la prueba, máxime que en el presente asunto el juzgador analizó cuidadosamente todos y cada uno de los elementos de convicción solicitados por las partes y decretados en la primera instancia (fls. 43 a 45, cdno. de la Corte).

XIV. CONSIDERACIONES

Esta Sala ha sostenido que quien acude al recurso extraordinario de casación debe cumplir con el mínimo de exigencias formales de carácter legal y jurisprudencial, a fin de permitir su examen de fondo por parte de esta corporación, toda vez que la estructura del ordenamiento jurídico colombiano otorga a los jueces de instancia la misión de definir la controversia sometida por las partes, determinando a cuál de ellas le asiste la razón jurídica y fáctica, mientras que a esta corporación se le asigna la función de verificar estrictamente la legalidad de la decisión de segundo grado.

De este modo, el respeto estricto a las exigencias formales derivadas del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y de la jurisprudencia inveterada de esta corporación en materia del recurso extraordinario de casación; como ya se ha dicho no constituye de ninguna manera un mero culto a la forma, sino que hace parte esencial de la garantía del derecho fundamental al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Constitución, dentro del cual se encuentra la denominada «plenitud de las formas propias de cada juicio», sin las cuales no se puede predicar el equilibrio de quienes participan dentro del proceso judicial.

Así las cosas, revisada la formulación de este cargo se advierte que contiene falencias técnicas que resultan insuperables como pasa a explicarse:

No señala la vía por la cual endereza el cargo, aduce como concepto de violación la «falta de aplicación», que no es un concepto de vulneración que contempla el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pero que la jurisprudencia de la Corte ha sido reiterativa en asimilarlo, al denominado infracción directa, que se configura cuando el juzgador desconoce o se rebela contra la norma legal a la luz de la cual se debe desatar la controversia; pero ocurre que la referida infracción directa se debe plantear cuando la controversia es de puro derecho, sin que se pueda determinar que este sea el caso, porque primero, como ya se dijo no señala la vía y segundo hace alusión a un error de hecho que es propio de la vía indirecta.

La jurisprudencia laboral también ha aceptado en asuntos excepcionales que por la vía indirecta se pueda acusar la sentencia por «falta de aplicación» de un precepto, como modalidad de aplicación indebida, pero sólo cuando el error ostensible de hecho, conlleva a que se inaplique la disposición legal que convenía al caso; no obstante, la censura ni siquiera logra explicar concretamente, por qué el error de hecho que menciona conduce a la no aplicación de las normas que denuncia y considera debieron ser fundamento de la decisión adoptada, de manera que no alcanza a acreditar que se trate de un caso excepcional de aquellos en que se podría aceptar la violación de este concepto.

Además, lo que plantea el recurrente como error de hecho no lo es, pues este se da cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o, le niega la evidencia que tiene o, cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida y lo expuesto no se traduce en una específica equivocación fáctica del fallador de alzada.

Adicionalmente, entremezcla aspectos facticos y jurídicos, pues si bien hace alusión a un error de hecho, propio de la vía indirecta o de los hechos, en la sustentación del cargo se refiere al decreto de la prueba y a su pertinencia de oficio, aspectos que resultan ser netamente jurídicos, los cuales debió plantear por la vía directa o de puro, lo que hace imposible siquiera entender cuál sería la vía de ataque propuesta.

Las inconformidades respecto a la aducción, aportación, decreto y validez de pruebas deben orientarse por vía de puro de derecho. Así recientemente lo recordó la Corte, en la Sentencia CSJ SL15529-2017, al decir:

Si lo que pretende el recurrente es el reproche de aspectos relativos a la aducción, aportación, decreto y validez de pruebas, la senda de acusación debe ser la vía directa, bajo la modalidad de violación de medio de las normas procesales que regulan el aspecto debatido; así lo ha señalado esta Sala, entre otras, en la Sentencia CSJ SL, 18 Jul 2014, Rad. 46464 en donde dispuso: 

[...] con reiteración, que la acusación de asuntos concernientes a la aducción, aportación, decreto y validez de pruebas únicamente es susceptible de impugnación por la vía directa, debiéndose acusar la violación de medio de las normas procesales pertinentes, pues antes que incurrirse por parte del sentenciador en un equivocado entendimiento de los hechos, lo que en realidad se presenta es la infracción de las normas procesales que rigen la producción, aducción y validez de los medios de convicción legalmente admisibles (ver sentencias CSJ SL, 1 Jun 2006, Rad. 27452 y CSJ SL, 7 Feb 2001, Rad. 15438, entre otras). 

De lo expuesto, resulta evidente que el recurrente amalgama o entremezcla de forma indebida las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial que son excluyentes; pues su formulación y análisis deben ser diferentes y por separado, por razón de que la primera conlleva es a un error jurídico, mientras que la segunda a la existencia de uno o varios yerros fácticos, por lo que deben plantearse en distintos cargos.

Ha dicho la Sala en la Sentencia CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 36684, reiterada en la CSJ SL830-2018 que:

Importa recordar que a la violación de la ley sustantiva de carácter nacional se llega por dos senderos: directo e indirecto. El primero de ellos tiene como punto de partida la ausencia de todo reparo de linaje probatorio, como que supone absoluta conformidad del recurrente con las conclusiones fácticas y probatorias del fallador de instancia; mientras que, en el segundo, la deficiente valoración del caudal probatorio es el medio por el cual se llega a transgredir la ley. 

A no dudarlo, la directa y la indirecta, por su naturaleza, son dos modalidades irreconciliables de ofensa al derecho sustancial, de suerte que el recurrente en casación no puede achacar al juzgador de instancia, de manera simultánea, el quebranto de la ley sustancial por la vía directa, esto es, con prescindencia de toda cuestión probatoria, y la incorrecta estimación del torrente probatorio. 

Por tanto, se desestima el cargo.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de JAIME GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.750.000.oo, que se incluirán en la liquidación que el Juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el art. 366 del Código General del Proceso.

XV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), dentro del proceso ordinario laboral seguido por JAIME GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, contra la COORDINADORA INTERNACIONAL DE TRAFICOS S.A., CORDITRÁFICOS, y solidariamente a SENIA ESTHER LÓPEZ GONZÁLEZ, MARÍA ELENA BOTERO MERINO y HERNÁN DARÍO BOTERO MERINO.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Santander Rafael Brito Cuadrado, impedido—Cecilia Margarita Durán Ujueta—Carlos Arturo Guarín Jurado.