Sentencia SL4026-2017/51066 de febrero 8 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL4026-2017

Radicación 51066

Acta 04

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá D.C., ocho de febrero dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por María Leticia Fernández Durango, contra la sentencia dictada 16 de diciembre de 2010, por una Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que la recurrente promovió contra caja de previsión social de comunicaciones, Caprecom.

I. Antecedentes

Para que se declarara que a su hijo, hasta que cumpla 18 años de edad, y a ella misma, en forma vitalicia, les asiste derecho al reconocimiento “de la pensión compartida de sobreviviente” de su compañero permanente, Hernán de Jesús Urrego, “en la proporción que le corresponde como compañera permanente en los últimos 27 años, tal como lo prescribe el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 (…)”, la señora Fernández Durango demandó a Caprecom. Pidió el retroactivo indexado de las mesadas causadas desde el deceso y los intereses.

Fundó las anteriores pretensiones en la convivencia que mantuvo con el fallecido durante los últimos 27 años que precedieron al deceso y a que procrearon 6 hijos, 2 menores de edad para el 17 de agosto de 1992. Que si bien, el causante se había separado de su cónyuge desde hacía más de 27 años, su sociedad conyugal se encontraba vigente y que el seguro por muerte fue pagado a la esposa del extinto afiliado, Ana Isabel Quiroz, y a su hijo, quien ya era mayor de edad; sin embargo, la prestación demandada solo vino a ser concedida por Resolución 1479 de 5 de julio de 2006 a la cónyuge y se la negó a ella, debido a que la consideró como “simple amiga”, a pesar de las pruebas que demostraban que había sido la compañera permanente del causante y a que, en comunicación anterior, le había reconocido tal carácter.

También manifestó su inconformidad porque luego de transcurridos 14 años que tardó la enjuiciada para resolver la petición de pensión compartida, hubiera negado el derecho y dejó desprotegidos a quienes dependían económicamente del afiliado fallecido, para lo cual aplicó en forma parcial el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, con la reforma de la Ley 797 de 2003.

Básicamente, la demandada expuso que la negativa a conceder la pensión a la actora, obedeció a la falta de demostración de la condición alegada como soporte de su pretensión y a que, para la fecha de la muerte del causante, no existía posibilidad de compartir la pensión de sobrevivientes entre la esposa y la compañera permanente, sino que la situación debía dirimirse, como en efecto se hizo, bajo los lineamientos de la Ley 12 de 1975; a los hijos de María Leticia Fernández, les fue negado el derecho, dado que para cuando elevaron la solicitud, eran mayores de edad y las mesadas que les pudieren haber correspondido se encontraban prescritas.

Informó que ante el resultado adverso de la solicitud del seguro por muerte, la accionante guardó silencio, siendo que podía haber interpuesto los recursos pertinentes. Negó que hubiera dado aplicación a la Ley 100 de 1993, sino que hizo producir efectos jurídicos a las normas vigentes para la fecha de la muerte de Urrego Angarita, y dijo haber tenido claro que la unión matrimonial se mantuvo hasta el deceso de aquél, además que la convivencia de 27 años aducida en la demanda se derrumba, toda vez que durante este lapso el fallecido insituyó como beneficiaria de su seguro de vida a su esposa.

Se opuso al éxito de las pretensiones y formuló las excepciones de inexistencia de la obligación por falta del derecho alegado, prescripción y buena fe; también denunció el pleito a Ana Isabel Quiroz de Urrego (fls. 74 a 85).

La intervención ad excludendum de la recién mencionada inició por negar rotundamente la condición de compañera permanente de la demandante, toda vez que la convivencia entre la pareja de esposos nunca se interrumpió y los hijos extramatrimoniales del causante, no fueron fruto de una convivencia sostenida por la actora y su esposo. En lo demás, ratificó lo que adujo Caprecom.

Se opuso a la prosperidad de lo pretendido y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y temeridad o mala fe.

II. Sentencia de primera instancia

En la que fue proferida el 31 de julio de 2009, por la Jueza Adjunta al Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, con base en la convivencia simultánea del causante con su esposa y la accionante, Caprecom fue condenada a pagar la pensión de sobrevivientes a la segunda en el 50%, a partir del 1º de agosto de 2009 y absolvió por lo demás. Gravó con costas a la caja de previsión en igual porcentaje.

III. Sentencia del tribunal

La alzada se surtió por apelación de ambas partes y terminó con la sentencia atacada en casación. El Tribunal revocó la sentencia apelada, y en su lugar, absolvió a Caprecom de todas las pretensiones. Impuso costas a la actora y dejó las de primera instancia como venían.

Con base en lo argumentado por la demandada y en la sentencia de casación 20094 de 18 de julio de 2003, que copió en parte, y tras verificar que el causante murió el 17 de agosto de 1992, la Sala de Descongestión descartó la Ley 100 de 1993 como precepto legal llamado a servir de fuente para dirimir el litigio, toda vez que no había cobrado vigor jurídico para esa fecha.

Enseguida, trascribió los 3 artículos de la Ley 113 de 1985 y concluyó que “la norma transcrita anteriormente, no consagra la pensión compartida, siendo procedente, entonces, solo otorgar la misma a la cónyuge supérstite, razón por la cual se revocara (sic) la sentencia en totas (sic) sus partes”.

IV. Recurso de casación

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia gravada, y en sede instancia, confirme la de primer grado, a excepción de la fecha de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, 1º de agosto de 2009, y la absolución del retroactivo pensional y los intereses por mora y la indexación, que deberán revocarse; en lugar de lo anterior, pide le sea concedido lo solicitado, junto con el retroactivo de la pensión, desde el 17 de agosto de 1992 hasta la ejecutoria del fallo, con la indexación correspondiente y los intereses por mora.

Con tal propósito, formula 3 cargos, no replicados.

V. Primer cargo

Acusa la Sentencia de violar directamente “la norma sustancial, por inaplicación de la Ley 54 de 1990. Norma que regulaba la unión marital de hecho y sus efectos económicos normatividad vigente para el momento de causarse este derecho”.

Sostiene que al aplicar exclusivamente las leyes 12 de 1975 y 113 de 1985, el tribunal ignoró el cambio que ha tenido el concepto de familia, como en la Ley 54 de 1990, “vigente al momento de causarse este derecho fortalecida y nutrida por los artículo[s] 5º, 13 y 42 de la Constitución de(l) 1991, la cual prescribió principio de igualdad de derechos económicos para las parejas en unión marital de hecho”; por tal razón, se equivocaron “los magistrados ponentes” al argumentar “que la única norma que existía para tal momento de los hechos que regulara [la] pensión de sobreviviente[s] era la Ley 12 de 1975 y la Ley 113 de 1985, y que por lo tanto está (sic) normatividad no consagraba la pensión compartida y porque, además motivaron que esta normatividad de la Ley 12 de 1975 y la Ley 113 de 1985, privilegiaba al cónyuge supérstite que mantuviera vínculo matrimonial con el causante. Así este hubiera estado separado del cónyuge sobreviviente a la hora de su muerte”.

Dice que por ello “los magistrados ponentes (…), aunque ratificaron y probaron durante el debate probatorio la convivencia y la dependencia entre los compañeros permanentes (…) en los últimos 27 años, y aun así negaron el derecho a la compañera permanente argumentando que (…) Urrego Angarita al momento de fallecer tenía aún el vínculo matrimonial con la cónyuge (…), la cual duró separada de su esposo hasta la hora de su muerte y desde hacía más de 27 años”.

Agrega que “los magistrados ponentes” interpretaron erróneamente la Ley 12 de 1975, “desconocieron e inaplicaron la Ley 54 de 1990, que regulaba la unión marital de hecho y sus efectos económicos”. Por último, copió una parte de la Sentencia T-098 de 2010.

VI. Segundo cargo

Acusa violación directa por inaplicación “de los artículos 2º, 4º, 5º, 13, 42, 43, 48 y 53 consagrados en La Constitución Colombiana del año 1991 vigente al momento de causarse el derecho”.

Dice que los falladores de segundo grado omitieron tener en cuenta que la Constitución Política es norma de normas y dejaron de aplicar los preceptos indicados en la proposición jurídica, que disponen que entre los fines esenciales del Estado se encuentra el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2º); igualmente, el artículo 4º constitucional, según el cual en caso de que una norma legal sea incompatible con la Carta Superior, prevalece esta última; también, fue desconocido el artículo 5º ibídem que ampara la no discriminación de la familia como instituto básico de la sociedad.

Igualmente, prosigue, se dejó de aplicar el artículo 13 superior, que ordena que “todos estamos en el mismo derechos (sic) económicos y sociales y que no habrá discriminación por razones de sexo, raza origen nacional o familiar religión, opinión política o filosófica (…)”. En el mismo sentido, afirma, se trasgredió el artículo 42 del estatuto fundamental, que contiene un nuevo concepto de familia.

En adelante, el recurrente se ocupa de reproducir algunos fallos de revisión de tutela y constitucionalidad, otros del Consejo de Estado, y la Sentencia de casación 29898 de 25 de noviembre de 2008. Asevera luego, que el mejor derecho entre compañera permanente y cónyuge lo tiene quien demuestre convivencia efectiva durante los 5 años anteriores a la muerte del causante, predicamento inobservado por el ad quem, a sabiendas de la vigencia de la Constitución de 1991, en la que se consagraron los principios arriba referidos, contrario a lo que aconteció en un proceso fallado por la autoridad judicial últimamente mencionada, en el que ante una situación similar se otorgó la pensión compartida “bajo el principio de la favorabilidad, toda vez, que si bien es cierto, el artículo 132 del Decreto 1213 del 8 de junio de 1990 no incluía a la compañera para obtener el derecho de sustitución pensional, La Constitución Nacional de 1991, en los artículos, 13, 42 48 y 53, sí prescribió el trato igual para las familias conformadas por fuera del matrimonio (…)”.

VII. Tercer cargo

Sostiene que la Sentencia del ad quem violó el principio de favorabilidad, establecido en el artículo 53 de la Constitución Política.

Asevera que los magistrados del tribunal no motivaron adecuadamente la sentencia gravada, pues se apartaron de la normatividad constitucional para la época en que se causó el derecho y que su “insipiente (sic) argumentación, se diluye al examinarla y probar su legalidad jurídica desde la hermenéutica. Toda vez que la jurisprudencia ordena aplicar los principios y en este caso especifico (sic) el principio de favorabilidad para la interpretación acertada a estos casos complejos”.

Dice que “los magistrados ponentes (…) interpretaron de manera errada e inaplicaron la normatividad más favorable para el momento en que se dieron los hechos, pues se debió escoger y aplicar la norma más favorable, contemplada [en] los artículos 2º, 13, 42, 48 y 53 de la Constitución (…) y la jursiprudencia (sic) unificada que ordena su aplicación. Se debió aplicar por el principio de favorabilidad la Ley 54 de 1990, y la jurisprudencia unificada al respecto, la cual estaba para el momento de los hechos y que sí precribía el derecho a pensión de sobreviviente para la compañera permanente que viviera en convivencia simultanea (sic) con la cónyuge”.

Termina con una cita y trascripción parcial de una sentencia del Consejo de Estado.

VIII. Consideraciones

Aunque no se trata propiamente de una demanda de casación que pudiera considerarse modelo de lo que debe ser la sustentación de esta clase de recurso extraordinario, de lo anotado por la censura en el escrito que se examina, es posible vislumbrar que su inconformidad radica en la aplicación a rajatabla de las leyes 12 de 1975 y 113 de 1985, sin tener en cuenta que con la Ley 54 de 1990 se introdujo un nuevo concepto de familia, con lo cual se violaron algunas normas de orden constitucional.

Dada la vía por la que se plantea la controversia, no se discute que para el 17 de agosto de 1992, cuando falleció Hernán de Jesús Urrego Angarita, el vínculo conyugal formado a raíz del matrimonio que contrajo este con Ana Isabel Quiroz el 12 de mayo de 1961 (fl. 109), se encontraba vigente; por el contrario, se trata de un supuesto fáctico pacífico a esta altura procesal, como también la convivencia simultánea de Hernán de Jesús Urrego con su esposa y la promotora de esta contención.

La infirmación de la Sentencia del a quo por parte del tribunal, se fundó en que dada la fecha de fallecimiento del causante, la normatividad aplicable eran las leyes 12 de 1975 y 113 de 1985, que no consagran la posibilidad de compartir la pensión de sobrevivientes entre la cónyuge supérstite y la compañera permanente.

Por su parte, la recurrente arguye que la irrupción del concepto de unión marital de hecho con la expedición de la Ley 54 de 1990, y la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, generaron un cambio en la concepción de la institución de la familia, particularmente en lo que concierne a la igualdad de derechos de las parejas formadas a partir de la celebración de un matrimonio o de la decisión de compartir vidas, sin formalidad alguna.

Surge palmar, entonces, que la censura no dirige su ataque contra el soporte central del pronunciamiento confutado, en tanto este no desconoció que la compañera permanente tuviera derecho a la sustitución de la pensión, sino que, se reitera, argumentó la imposibilidad de que la pensión que devengaba el causante fuera compartida por esposa y demandante, basado en la convivencia simultánea que el a quo halló acreditada, y que no es controvertida por la impugnante, dada la orientación de los cargos.

Así las cosas, como el pilar fundamental de la sentencia de segunda instancia se mantiene libre de ataque, por lo tanto incólume, y a pesar de que se dispensaran las falencias técnicas que presenta la sustentación del recurso, no habría forma de incursionar en el análisis de fondo de la acusación, dado el conocido carácter dispositivo de este medio de impugnación, de suerte que permanece intacta la presunción de legalidad y acierto de lo resuelto por el tribunal.

Conviene referir que en casos en los que la compañera permanente simplemente reclama la sustitución de la pensión, sin que se medie convivencia simultánea, y antes de la vigencia de la Constitución Política de 1991, en sentencias CSJ SL 4005-2016 y CSJ SL16573-2016 esta Sala de casación adoptó recientemente el criterio de que es procedente su otorgamiento, a partir de considerar la separación de hecho de los esposos como uno de los eventos en que se presenta falta de cónyuge, que es precisamente el supuesto fáctico carente de demostración en este contencioso, pues a partir de la convivencia entre cónyuge y causante, es que el ad quem llevó a cabo su análisis jurídico. 

Con todo, cumple destacar que el fallo gravado no se apartó de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, orientada a dar prevalencia al derecho de la cónyuge supérstite en los casos en que paralelamente su esposo convivía con otra persona, aún después de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 y la Ley 100 de 1993, pero antes de la Ley 797 de 2003; basta consultar, por ejemplo, las sentencias con radicaciones 42497 y 44806, de 15 de mayo de 2012 y 24 de septiembre de 2014, en su orden. 

A pesar de la improsperidad del recurso, no se imponen costas por el recurso extraordinario, en tanto no se planteó oposición.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2010 por una Sala de descongestión laboral del Tribunal Superior de Medellín, en el proceso promovido por María Leticia Fernández Durango contra Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, presidente de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.